Zona especial de Progreso. Castigar buenos resultados
Dulce María Sauri Riancho
“No
hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Así sucedió con las
declaraciones del presidente nacional de la Asoociación Nacional de
Especialistas Fiscales (ANEFAC) de días pasados, en las que afirmó que Yucatán
no contaría con una Zona Económica Especial (ZEE), tal como se estableció desde
junio del 2016. Enseguida vinieron los desmentidos del responsable nacional de
las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien enfáticamente señaló lo contrario.
Tal parecía que habría sido un “malentendido” del dirigente de la ANEFAC pero,
como otro refrán expresa: “cuando el río suena, agua lleva”. Y en el caso
yucateco, lo que trae este embrollo declarativo tiene alguna base de realidad.
Sí habrá zona económica especial para Yucatán, pero no tendrá los mismos
incentivos fiscales de las de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.
Y la razón expresada por Gutiérrez Candiani es que el estado “ya salió de la
pobreza extrema”, de acuerdo a los índices de CONEVAL.
Pretender
desarrollar regiones rezagadas mediante ZEE no es una novedad, ni en México ni
en el mundo. El régimen de las maquiladoras de exportación implantado en la
década de 1960, permitió el desarrollo económico de la frontera norte de
México, en forma destacada Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Reinosa, entre
otras ciudades. Esta política fue tan exitosa que fue tomada como modelo por el
presidente Deng Xiaoping, quien la impulsó en la región pacífico-sur de China,
hasta transformarla en motor del despegue económico del gigante asiático. No
son una panacea para combatir la pobreza y la desigualdad, basta recordar que más
de la mitad de los intentos en el mundo (1,700), han terminado en fracaso. Esta
elevada tasa se debe a que no sólo se trata de aplicar medidas de naturaleza
fiscal o arancelaria, sino también de considerar las políticas públicas que las
deben acompañar y muy particularmente, entender el tejido social en que se
insertan.
Las
ZEE aspiran a cerrar las brechas regionales entre la región norte y sur-sureste
de México, creando nuevos polos de desarrollo industrial que “atraigan
inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen
una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población”. Fueron
creadas mediante una ley expedida por el Congreso de la Unión en abril de 2016,
en la cual se incluyó a Yucatán, ubicado en el décimo lugar de los indicadores
de pobreza entonces vigentes. El régimen de zona económica no es extensivo a
todo el territorio estatal sino a un municipio y una superficie delimitada en
la declaratoria expedida por el Ejecutivo federal con ese objeto.
En
materia de ZEE, nada ha sido fácil para el gobierno del estado, empresarios y
legisladores federales yucatecos. Estamos en la región sur-sureste, la más
deprimida del país; sin embargo, los tres estados peninsulares gozamos de una
situación un poco mejor que el conjunto. En este sexenio, Yucatán comenzó a
mostrar cambios favorables en los indicadores de combate a la pobreza,
crecimiento económico y de empleos formales. Hubo resistencias en la ciudad de
México para incluir a Yucatán, que fueron vencidas mediante una eficaz gestión
de los legisladores federales. Pero hubo una condición establecida sólo para
nuestro estado: la ZEE de Progreso podrá albergar exclusivamente a empresas
dedicadas a las telecomunicaciones, información (TIC) o de base tecnológica
avanzada. Esta limitación, lejos de perjudicar, permitirá concentrar los
esfuerzos en dotar a Yucatán de un espacio en la economía del conocimiento. Las
actividades manufactureras seguirán atendiéndose en el resto del estado y no
tendrán cabida en este régimen especial.
Las
autoridades se aplicaron en la tarea de cubrir todos los requisitos para que el
presidente Peña Nieto y su gabinete firmaran la declaratoria de ZEE. Tenemos Ley
de Coordinación de ZEE (12 diciembre de 2016); el Congreso autorizó al
Ejecutivo estatal para donar a la federación 18 predios de su propiedad en el
municipio de Progreso, con el objeto de conformar el territorio de la ZEE
yucateca (20 febrero de 2017). Fuimos los primeros en “palomear” la lista
completa. Pero el pasado 29 de septiembre, cuando se dieron a conocer tres
declaratorias de ZEE, no vino Progreso. Se dijo que atendían prioritariamente a
las entidades afectadas por sismos y huracanes en este fatídico septiembre. Que
vendríamos incluidos en el “segundo paquete”. Esperar unas semanas no parece el
fin del mundo, menos tratándose del proyecto de ZEE. Sí lo lastimaría seriamente
si se establece un tratamiento fiscal distinto para Progreso, dado que este año
dejamos de estar entre los 10 estados más pobres de México. ¿Castigar el éxito
relativo y los buenos resultados que se van alcanzando? Si así fuera, ya no
serían 10 años de no pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas que
operen dentro de la ZEE de Progreso, sino solamente 8 años y al 50%. ¿Y el IVA?
¿Tampoco será deducible 100%? ¿Y el régimen aduanero sería menos favorable?
La ZEE
de Yucatán es pieza de una estrategia integral de modernización en un mundo
global. Nos aprestamos a competir en las grandes ligas de las empresas líderes
en las TIC, a las cuales buscamos atraer y arraigar. Miles de jóvenes mujeres y
hombres yucatecos se están preparando en ingeniería y ciencias exactas. No es
quimera apuntar hacia el “Silicon Valley” de México, radicado en el Mayab. El
gobierno federal no puede actuar como el cangrejo con Yucatán: tirarlo hacia
abajo porque va saliendo del cubo. No nos conformaremos con menos incentivos
que los contenidos en las primeras tres declaratorias de ZEE.
A
nuestros legisladores federales: ¡abusados con el paquete económico! En las
próximas semanas tendrán cerquita a quienes firmarán la declaratoria. Aquí sí
podrá venir el presidente de la república el 30 de noviembre de 2018 a
inaugurar la ZEE de Progreso como postrer evento de su administración.