Reconstrucción nacional: costosa desconfianza

Dulce María Sauri Riancho

Cuesta mucho la desconfianza. Cierto es que nos la hemos ganado a pulso quienes hemos participado —o participan— en la vida pública. La corrupción es el combustible de la hoguera de incredulidad ciudadana sobre cualquier cuestión que tenga que ver con programas o acciones de los distintos niveles de gobierno o de sus instituciones. Por la desconfianza se han complicado y encarecido la organización electoral, el INE y los tribunales, los órganos locales, los partidos políticos y su financiamiento. Aun así, seguimos sin creer en los resultados electorales y regateamos la legitimidad del triunfador@ legal de los comicios. Cuando interviene el gobierno en algún asunto, de entrada presumimos concursos simulados, malos manejos de los fondos asignados y pésima calidad de las obras o servicios realizados.

“La burra no era arisca, los golpes así la hicieron”, dice el refrán, para explicar esta arraigada desconfianza social.

Estos sentimientos adversos hacia lo público se acentúan todavía más cuando se enfrenta una emergencia, como las secuelas de los sismos y huracanes que azotaron diversas partes del país en el mes de septiembre pasado. La sociedad dio muestras de su enorme capacidad de movilización ante una situación crítica, en particular la generación de los jóvenes millennials. Sin embargo, transcurrido el momento más agudo, la inmensa mayoría de los voluntarios sociales ha tenido que volver a sus diarias obligaciones de trabajo o de estudio. La conclusión lógica es que las tareas de reconstrucción de vidas y zonas afectadas queden bajo la responsabilidad de los especialistas, que son los servidores públicos. Entonces entra la desconfianza, más cuando desde el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso para renovar a las autoridades: presidencia de la república, legisladores federales y gobernadores en Chiapas, Puebla, Morelos y Veracruz, estados afectados, además de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Hay temor ciudadano sobre la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a reconstruir casas, templos, edificios y espacios públicos.

No importa el partido político de procedencia de los funcionarios. Se dice que todos, sin excepción, sólo buscan votos o, en el mejor de los casos, posicionamiento político de cara a los comicios del 1 de julio próximo. El juicio de la desconfianza abarca a todos, con particular intensidad al PRI, como partido en el gobierno.

El remedio que representa el sistema nacional anticorrupción todavía se encuentra en fase de instrumentación. Por otra parte, la exigencia de los damnificados de una pronta respuesta a sus necesidades más apremiantes de alimentación, casa y vestido se vuelve clamor, especialmente en dos de los estados más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. Y es que los fenómenos naturales golpearon en forma distinta a los grupos sociales. La vulnerabilidad es mucho mayor en los municipios más pobres de México, donde sus pobladores perdieron lo poco que tenían.

Otras son las urgencias y serán las necesidades los habitantes de las colonias de clase media de Ciudad de México, como la Roma, Condesa, del Valle o Villa Coapa, en las semanas y meses por venir. La necesidad es común, pero se requieren distintas estrategias y medidas para atenderla.

El lunes pasado, en Oaxaca el presidente Peña Nieto anunció apoyos por 120 mil pesos por casa perdida, para invertir en otra construcción. Los directores del Infonavit y del Fovissste dieron a conocer que ambas instituciones otorgarán créditos a sus derechohabientes para reparar o adquirir una nueva vivienda, además de gestionar el pago inmediato de los seguros contra sismos o inundaciones. El cedazo de medidas no parece alcanzar aún a aquellas familias clasemedieras de Ciudad de México que perdieron todo. Algunas, el departamento que rentaban; otras más, el condominio o la casa adquirida con el trabajo de muchos años. Se requiere, en consecuencia, el diseño de instrumentos financieros que permitan canalizar recursos a estos estratos de la población que, si bien tienen capacidad de pago, están pasando una situación de emergencia. Una especie de fondo que garantice los créditos para la reconstrucción de vivienda media, con tasa de interés muy por abajo del mercado. Respecto a la infraestructura y los edificios públicos dañados, habrá de realizarse una gran inversión con cargo principalmente al presupuesto gubernamental.

Resurge entonces la desconfianza ciudadana en la capacidad del gobierno para administrar los recursos con eficiencia y, a la vez, en forma transparente. Sería ilógico e injusto que se inhibiera cualquier acción en favor de los damnificados simplemente porque hay elecciones. A la vez, resulta inadmisible que alguna autoridad caiga en el proselitismo electoral con recursos provenientes de la atención a la emergencia. Los diputados se aprestan a discutir los proyectos económicos del Ejecutivo para 2018 en las próximas semanas. El secretario de Hacienda ya anunció que habrá modificaciones en la propuesta original. En este contexto, ha surgido la idea de un “fideicomiso nacional para la reconstrucción”, supervisado por ciudadan@s, que permita “esterilizar” recursos y acciones de cualquier intento de contaminación electoral. Sin detenerse a esperar que esta iniciativa transite los trámites legislativos, hace unos días 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas crearon #Epicentro, una plataforma para dar seguimiento al origen y uso de los recursos destinados para la reconstrucción. La oportunidad está abierta para otorgar un papel protagónico a la sociedad en la reconstrucción. Legisladores, partidos y aspirantes presidenciales tienen la palabra.— Mérida, Yucatán.