Cambios y permanencias
Dulce María Sauri Riancho
Contados uno a uno, han transcurrido 101 días desde que
arrancó el nuevo gobierno del Estado. Si los contrastamos con los 2,190
amaneceres que tiene el sexenio completo, apenas representa algo menos del 5%
del tiempo total. Como principio, el significado de esta vigésima parte del
periodo de Rolando Zapata arroja algunos datos sobre lo que nos espera para el
resto de su mandato.
¿Qué
cambió? Desde luego que el estilo de gobierno, comenzando porque el gobernador
¡llega a tiempo! Algunos eventos han dado inicio a su hora con auditorios casi
vacíos. Este simple cambio de conducta muestra respeto por los demás, una
actitud de verdadero mandatario hacia el tiempo de sus jefes, los ciudadanos.
Más importante aún es el principio de orden que se trasluce tras una correcta
organización de su agenda. El gobierno del Twitter acabó. No más fotografías de
un gobernante chateando, mientras el orador se afana vanamente en presentar sus
propuestas.
Cambió
también la forma de trabajo interno. Era voz popular que su antecesora no
acostumbraba realizar reunión alguna con sus funcionarios. Se decía que algunos
de ellos en todo el sexenio no tuvieron un solo acuerdo. Ahora, tengo la
sensación de que funciona un equipo para la discusión y el debate indispensable
para tomar decisiones e instrumentar su aplicación.
Cesaron
las caravanas interminables de camionetas blindadas cargadas de guardias de
seguridad que acompañaban los desplazamientos del gobernante en el estado más
seguro de México. La austeridad en su persona ha llevado a Zapata Bello a
renunciar a la frivolidad de los permanentes reflectores mediáticos a los que
fue tan adicta su antecesora, con los consabidos costos para el erario.
Llegó
la colaboración con autoridades de otros partidos políticos. El aniversario de
Mérida mostró al gobernador y al alcalde compartiendo civilizadamente los
festejos.
La
organización de la administración estatal también se modificó. El Código de la
Administración Pública sufrió cambios. La secretaría de Hacienda desapareció y
sus funciones de recaudación fueron asumidas por el recién creado Servicio
Tributario, en tanto que la parte del gasto pasó a la nueva Secretaría de
Administración y Finanzas, que a la vez heredó de la extinta Oficialía Mayor
las responsabilidades sobre los más de 30,000 burócratas estatales. También la
otrora poderosa Secretaría de Planeación y Presupuesto fue borrada del
organigrama y sus funciones de planeación pasaron a depender directamente de la
Oficina del Gobernador. Hubo también cambios de nombre entre las dependencias:
volvió la denominación de “Desarrollo” para lo rural, lo social y lo urbano.
Espero que la recuperación de su apelativo original signifique también un
viraje del enfoque asistencialista hacia la participación social y la
conducción gubernamental en las políticas y las acciones de estas áreas.
Entre
las dependencias hubo dos defunciones de abolengo: desapareció la Coordinación
de Comunicación Social y del organigrama operativo, la hechiza Secretaría de
Logística y Protocolo, ambas dependencias estrechamente ligadas al estilo
pasado de gobernar.
Como
era previsible, el equipo de gobierno cambió… pero no tanto. Hubo dos merecidas
ratificaciones: Educación y Desarrollo Urbano. En el primer nivel, destaca el
nombramiento del nuevo titular del Issstey, el ex secretario de Planeación,
quien seguramente recibió la encomienda de arreglar la situación financiera que
contribuyó a descomponer en la administración pasada.
¿Qué
faltó en estos primeros 100 días? Diría que las ausencias más notables han sido
las acciones para combatir “ferozmente” la corrupción. No basta con el
compromiso para evitar los excesos y las desviaciones vividas hasta hace unos
pocos meses. Es necesario proceder conforme la ley y realizar las
investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades. Si no hay sanción
por conveniencia o debilidad política, se corre el riesgo de repetir errores y
horrores de la anterior administración.
¿Qué
sigue? El compromiso más notable a la vista es la formulación del Plan Estatal
de Desarrollo 2012-2018, que el Ejecutivo del estado debe entregar antes del 1
de abril, a los seis meses de haber asumido el cargo. No debiera ser un simple
documento para cumplir el requisito de la Ley Estatal de Planeación, sino un
auténtico compromiso del gobierno con la sociedad que representa. Hay un
importante avance producto del trabajo de la Comisión de Transición, que generó
durante sus actividades 424 aportaciones y recomendaciones, contenidas en la
publicación Resultados de una transición ciudadana. Si bien esta comisión de 25
distinguidas personalidades del medio académico, empresarial y cultural de
Yucatán cumplió respecto al futuro, poco aportó para iluminar el pasado
reciente, pues al menos en el citado documento no hay observación alguna que
permita perfilar una evaluación sobre los aciertos y, muy particularmente, los
errores y deficiencias de la administración anterior.
Orgullo
y Compromiso fue el lema de campaña de Rolando Zapata Bello. Vale señalar el
cuidado que ha puesto en cumplir los 227 compromisos asumidos entonces. Con
diversos grados de concreción, abarcan múltiples temas y al estado en su
conjunto. Habrá ocasión de comentarlos con el detalle que ameritan. Por ahora,
en estos primeros 101 días de gobierno se mantiene la percepción social de que
Zapata Bello quiere cumplir. Ojalá logre liberarse del lastre de los “otros”
compromisos, los que aún le impiden realizar una cabal rendición de cuentas a
la ciudadanía yucateca.- Mérida, Yucatán.