Cambios y permanencias

Dulce María Sauri Riancho

Contados uno a uno, han transcurrido 101 días desde que arrancó el nuevo gobierno del Estado. Si los contrastamos con los 2,190 amaneceres que tiene el sexenio completo, apenas representa algo menos del 5% del tiempo total. Como principio, el significado de esta vigésima parte del periodo de Rolando Zapata arroja algunos datos sobre lo que nos espera para el resto de su mandato.

¿Qué cambió? Desde luego que el estilo de gobierno, comenzando porque el gobernador ¡llega a tiempo! Algunos eventos han dado inicio a su hora con auditorios casi vacíos. Este simple cambio de conducta muestra respeto por los demás, una actitud de verdadero mandatario hacia el tiempo de sus jefes, los ciudadanos. Más importante aún es el principio de orden que se trasluce tras una correcta organización de su agenda. El gobierno del Twitter acabó. No más fotografías de un gobernante chateando, mientras el orador se afana vanamente en presentar sus propuestas.

Cambió también la forma de trabajo interno. Era voz popular que su antecesora no acostumbraba realizar reunión alguna con sus funcionarios. Se decía que algunos de ellos en todo el sexenio no tuvieron un solo acuerdo. Ahora, tengo la sensación de que funciona un equipo para la discusión y el debate indispensable para tomar decisiones e instrumentar su aplicación.

Cesaron las caravanas interminables de camionetas blindadas cargadas de guardias de seguridad que acompañaban los desplazamientos del gobernante en el estado más seguro de México. La austeridad en su persona ha llevado a Zapata Bello a renunciar a la frivolidad de los permanentes reflectores mediáticos a los que fue tan adicta su antecesora, con los consabidos costos para el erario.

Llegó la colaboración con autoridades de otros partidos políticos. El aniversario de Mérida mostró al gobernador y al alcalde compartiendo civilizadamente los festejos.

La organización de la administración estatal también se modificó. El Código de la Administración Pública sufrió cambios. La secretaría de Hacienda desapareció y sus funciones de recaudación fueron asumidas por el recién creado Servicio Tributario, en tanto que la parte del gasto pasó a la nueva Secretaría de Administración y Finanzas, que a la vez heredó de la extinta Oficialía Mayor las responsabilidades sobre los más de 30,000 burócratas estatales. También la otrora poderosa Secretaría de Planeación y Presupuesto fue borrada del organigrama y sus funciones de planeación pasaron a depender directamente de la Oficina del Gobernador. Hubo también cambios de nombre entre las dependencias: volvió la denominación de “Desarrollo” para lo rural, lo social y lo urbano. Espero que la recuperación de su apelativo original signifique también un viraje del enfoque asistencialista hacia la participación social y la conducción gubernamental en las políticas y las acciones de estas áreas.

Entre las dependencias hubo dos defunciones de abolengo: desapareció la Coordinación de Comunicación Social y del organigrama operativo, la hechiza Secretaría de Logística y Protocolo, ambas dependencias estrechamente ligadas al estilo pasado de gobernar.

Como era previsible, el equipo de gobierno cambió… pero no tanto. Hubo dos merecidas ratificaciones: Educación y Desarrollo Urbano. En el primer nivel, destaca el nombramiento del nuevo titular del Issstey, el ex secretario de Planeación, quien seguramente recibió la encomienda de arreglar la situación financiera que contribuyó a descomponer en la administración pasada.

¿Qué faltó en estos primeros 100 días? Diría que las ausencias más notables han sido las acciones para combatir “ferozmente” la corrupción. No basta con el compromiso para evitar los excesos y las desviaciones vividas hasta hace unos pocos meses. Es necesario proceder conforme la ley y realizar las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades. Si no hay sanción por conveniencia o debilidad política, se corre el riesgo de repetir errores y horrores de la anterior administración.

¿Qué sigue? El compromiso más notable a la vista es la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, que el Ejecutivo del estado debe entregar antes del 1 de abril, a los seis meses de haber asumido el cargo. No debiera ser un simple documento para cumplir el requisito de la Ley Estatal de Planeación, sino un auténtico compromiso del gobierno con la sociedad que representa. Hay un importante avance producto del trabajo de la Comisión de Transición, que generó durante sus actividades 424 aportaciones y recomendaciones, contenidas en la publicación Resultados de una transición ciudadana. Si bien esta comisión de 25 distinguidas personalidades del medio académico, empresarial y cultural de Yucatán cumplió respecto al futuro, poco aportó para iluminar el pasado reciente, pues al menos en el citado documento no hay observación alguna que permita perfilar una evaluación sobre los aciertos y, muy particularmente, los errores y deficiencias de la administración anterior.

Orgullo y Compromiso fue el lema de campaña de Rolando Zapata Bello. Vale señalar el cuidado que ha puesto en cumplir los 227 compromisos asumidos entonces. Con diversos grados de concreción, abarcan múltiples temas y al estado en su conjunto. Habrá ocasión de comentarlos con el detalle que ameritan. Por ahora, en estos primeros 101 días de gobierno se mantiene la percepción social de que Zapata Bello quiere cumplir. Ojalá logre liberarse del lastre de los “otros” compromisos, los que aún le impiden realizar una cabal rendición de cuentas a la ciudadanía yucateca.- Mérida, Yucatán.