Las presiones, ¿efectivas? Paro de camiones
Dulce María Sauri Riancho
El sábado pasado se efectuó el segundo paro del transporte público concesionado de Yucatán. Se calcula que el 70% de los camiones y taxis que circulan en Mérida permanecieron inactivos esa mañana, y una cifra menor del transporte a los pueblos y ciudades del interior del estado.
El incremento escalonado del precio de los combustibles es parte de la política recaudatoria del gobierno. Le corresponde al Ejecutivo federal, de acuerdo con sus facultades, fijar los precios y tarifas del sector público, como la gasolina y la energía eléctrica.
Es la manera de compensar en parte la ausencia de una reforma fiscal integral que le proporcione a las administraciones gubernamentales de los tres niveles -federal, estatal, municipal- los recursos suficientes para realizar sus actividades.
En la negociación del Presupuesto de Egresos 2011 los diputados y el Ejecutivo federal acordaron gastar casi 3.5 ¡billones! de pesos. A la administración federal le corresponde juntar el dinero. Y si los impuestos no rinden lo suficiente, allá están los precios de las gasolinas para aportar lo que falte, pues los estados y los municipios convinieron en recibir una cantidad determinada de recursos, que no pueden ser disminuida o limitada, salvo que el presidente Calderón quiera generarse un problema mayúsculo.
Esta política gubernamental podría ser modificada con el fin de disminuir o eliminar las alzas de precios. Puede hacerse porque, en estos momentos, el barril de petróleo se cotiza muy por encima de los 65 dólares calculados en el Presupuesto. La apreciación del peso frente al dólar (12 pesos 10 centavos) disminuye lo que se tiene que pagar por las gasolinas importadas.
Al convocar a un paro como medida de presión política los concesionarios del transporte de Yucatán recogen el malestar por los aumentos de los precios y, en particular, de las gasolinas y energéticos, como el gas para cocinar y la propia electricidad.
Las manifestaciones de los transportistas afectan a los usuarios de manera directa y severa, no cabe duda.
Los concesionarios han tomado la iniciativa y han dado muestra de su fuerza y capacidad de movilización: hoy, contra el incremento de las gasolinas, mañana, si se ofreciese, por la subida de precio de los boletos de camión. Pero si consideramos su objetivo explícito, que es ejercer presión sobre el Presidente de la república para que cancele las alzas, quizá no sea el mejor camino para lograr sus propósitos.
Se podría aprovechar el ascendiente social de las organizaciones y la cercanía personal con la gobernadora para solicitarle que convoque a sus pares de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, con el fin de presentar al gobierno federal la demanda de modificar esta política que agravia a la mayoría de la población. En adelanto al posible señalamiento del Presidente del monto y la reducción de sus participaciones, los gobernadores debieran mostrarse dispuestos a sacrificar gastos superfluos e innecesarios que lamentablemente abundan, a favor del pueblo que representan.
Además, están los diputados federales. Ellos aprobaron el Presupuesto 2011. No tienen la atribución de fijar el precio de la gasolina, que es del Ejecutivo, pero sí poseen importantes instrumentos de negociación y de control de las políticas fiscales del Ejecutivo federal. Adicionalmente, la mayoría de los legisladores pertenece al PRI, mismo partido de cuatro de los cinco gobernadores del sureste.
Gobernadores más diputados, con una buena estrategia, lograrían un cambio de rumbo. Y no habría mal pensados que consideraran las movilizaciones de transportistas como una anticipación al aumento de los pasajes, preparando el terreno para transferir al gobierno federal el "costo político" de una decisión que corresponde al gobierno del Estado. Y cuando llegue el momento de revisar las tarifas del transporte público que no se olvide la gobernadora: los salarios mínimos sólo aumentaron ¡dos pesos diarios para este año!- Mérida, Yucatán.
El sábado pasado se efectuó el segundo paro del transporte público concesionado de Yucatán. Se calcula que el 70% de los camiones y taxis que circulan en Mérida permanecieron inactivos esa mañana, y una cifra menor del transporte a los pueblos y ciudades del interior del estado.
El incremento escalonado del precio de los combustibles es parte de la política recaudatoria del gobierno. Le corresponde al Ejecutivo federal, de acuerdo con sus facultades, fijar los precios y tarifas del sector público, como la gasolina y la energía eléctrica.
Es la manera de compensar en parte la ausencia de una reforma fiscal integral que le proporcione a las administraciones gubernamentales de los tres niveles -federal, estatal, municipal- los recursos suficientes para realizar sus actividades.
En la negociación del Presupuesto de Egresos 2011 los diputados y el Ejecutivo federal acordaron gastar casi 3.5 ¡billones! de pesos. A la administración federal le corresponde juntar el dinero. Y si los impuestos no rinden lo suficiente, allá están los precios de las gasolinas para aportar lo que falte, pues los estados y los municipios convinieron en recibir una cantidad determinada de recursos, que no pueden ser disminuida o limitada, salvo que el presidente Calderón quiera generarse un problema mayúsculo.
Esta política gubernamental podría ser modificada con el fin de disminuir o eliminar las alzas de precios. Puede hacerse porque, en estos momentos, el barril de petróleo se cotiza muy por encima de los 65 dólares calculados en el Presupuesto. La apreciación del peso frente al dólar (12 pesos 10 centavos) disminuye lo que se tiene que pagar por las gasolinas importadas.
Al convocar a un paro como medida de presión política los concesionarios del transporte de Yucatán recogen el malestar por los aumentos de los precios y, en particular, de las gasolinas y energéticos, como el gas para cocinar y la propia electricidad.
Las manifestaciones de los transportistas afectan a los usuarios de manera directa y severa, no cabe duda.
Los concesionarios han tomado la iniciativa y han dado muestra de su fuerza y capacidad de movilización: hoy, contra el incremento de las gasolinas, mañana, si se ofreciese, por la subida de precio de los boletos de camión. Pero si consideramos su objetivo explícito, que es ejercer presión sobre el Presidente de la república para que cancele las alzas, quizá no sea el mejor camino para lograr sus propósitos.
Se podría aprovechar el ascendiente social de las organizaciones y la cercanía personal con la gobernadora para solicitarle que convoque a sus pares de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, con el fin de presentar al gobierno federal la demanda de modificar esta política que agravia a la mayoría de la población. En adelanto al posible señalamiento del Presidente del monto y la reducción de sus participaciones, los gobernadores debieran mostrarse dispuestos a sacrificar gastos superfluos e innecesarios que lamentablemente abundan, a favor del pueblo que representan.
Además, están los diputados federales. Ellos aprobaron el Presupuesto 2011. No tienen la atribución de fijar el precio de la gasolina, que es del Ejecutivo, pero sí poseen importantes instrumentos de negociación y de control de las políticas fiscales del Ejecutivo federal. Adicionalmente, la mayoría de los legisladores pertenece al PRI, mismo partido de cuatro de los cinco gobernadores del sureste.
Gobernadores más diputados, con una buena estrategia, lograrían un cambio de rumbo. Y no habría mal pensados que consideraran las movilizaciones de transportistas como una anticipación al aumento de los pasajes, preparando el terreno para transferir al gobierno federal el "costo político" de una decisión que corresponde al gobierno del Estado. Y cuando llegue el momento de revisar las tarifas del transporte público que no se olvide la gobernadora: los salarios mínimos sólo aumentaron ¡dos pesos diarios para este año!- Mérida, Yucatán.