Frutos de la participación social
Columna publicada el día 10 de septiembre en el Diario de Yucatán
Dulce María.
¿Cómo participa la sociedad en la solución de los problemas colectivos? ¿Tiene alguna utilidad para la ciudadanía que se integren los llamados “representantes de la sociedad civil” a las numerosas comisiones y comités que acostumbra conformar el Gobierno cuando necesita ganar legitimidad? La respuesta políticamente correcta es “sí, indudablemente”. Empero, la sentencia bíblica (Mateo, 7.16) “Por sus frutos los conoceréis”, me hace ser cautelosa.
La Ley de Planeación obliga al Gobierno (en todas sus instancias) a abrir la participación a la sociedad en las tareas del desarrollo. En la práctica se ha privilegiado la forma más que la efectividad. Así, han proliferado los foros de consulta sobre cantidad de temas, convocados por el Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial, donde se recogen los planteamientos y puntos de vista de diversas organizaciones que acuden a la convocatoria. Pero, ¿alguien realiza un balance, una vez aprobada la ley o el programa, de lo que verdaderamente se incorporó? Eso sí, se toman muchas fotos de la instalación, se pronuncian discursos y así se llena el expediente de la consulta.
Firmado el 22 de enero, el Pacto Económico por Yucatán (PEY) es el compromiso del Gobierno y de organizaciones yucatecas para enfrentar la crisis económica. Contiene acciones, plazos y hasta fechas de ejecución, claramente precisadas para sus 52 objetivos, divididos en tres grandes apartados: 1) Apoyos al Consumo y al Presupuesto Familiar; 2) Apoyos a Empresas y Sectores Productivos en el Campo y la Ciudad, y 3) Inversión y Eficiencia Pública para Incentivar la Dinámica Económica.
El PEY (www.pey.yucatan.gob.mx) considera además la formación de un Comité de Evaluación y Seguimiento (Cesepey), integrado por 5 representantes del Gobierno, 3 del sector productivo (Canacintra, CMIC y Canacome), 3 del sector social (CTM, CROC y el presidente de la Juguera de Akil), todos ellos a invitación de la gobernadora.
Con mucho ímpetu inició el Cesepey sus funciones. Tras su instalación (el 6 de marzo) sólo se reunió en una ocasión (el 2 de abril), a pesar del compromiso de sesionar cada dos semanas durante los primeros tres meses y, después, una por mes. Parece que un manto de silencio fue tendido en torno al PEY y a su Comité de Evaluación, que evaluó muy poco, a juzgar por los resultados. La inconformidad general entre los usuarios del transporte público por el incremento de 20 por ciento en las tarifas resucitó el compromiso 4 del Pacto que a la letra dice: “…no se autorizarán aumentos en las tarifas de transporte…”. Ya sabemos lo sucedido.
Pero también está el punto 8, que compromete al gobierno a impulsar el establecimiento de acuerdos con colegios y universidades particulares en lo relativo a las colegiaturas. También podemos leer el punto 12, que incluye la constitución de un Fondo de Garantía Líquida con Nafinsa para contar con 225 millones de pesos de recursos garantizados para las empresas yucatecas. O el Fondo de Garantía Líquida para los productores rurales, incluido en el punto 39. O el sugerente punto 21, que compromete a otorgar licencias de trabajo a profesionistas “…que pudieran perder su empleo…” para realizar estudios financiados de manera tripartita por las empresas, la banca y las universidades. Del Pacto Económico por Yucatán, de su Comité de Evaluación y Seguimiento sólo se sabe que no cumplieron con sesionar cada dos semanas, que no lo han hecho desde el 2 de abril. La representación de la sociedad, depositada en las organizaciones empresariales y de trabajadores, tampoco ha rendido cuentas en un asunto que es de interés colectivo.
La rendición de cuentas es una obligación de todo representante, sea gobernador, legislador, presidente de una cámara empresarial o de alguna organización social, sociedad de padres de familia o de alumnos de una escuela. Le debe dar cuenta a quienes le brindaron su confianza para representarlos. Los integrantes del Comité de Evaluación tienen una responsabilidad compartida ante la sociedad yucateca. Deben dar cuenta de ella. No sólo se trata de los cinco funcionarios de gobierno, sino del conjunto de representantes que se comprometieron a vigilar las acciones públicas para enfrentar la crisis económica.
Los frutos de la participación social en las tareas de conducción de la vida pública tendrían que reflejarse sobre todo en la información veraz, clara y sin disimulo sobre el estado de cumplimiento de los compromisos. No es una tarea placentera, sobre todo cuando molesta a quien gobierna, que quizá preferiría que todo se olvide el mismo día que se firmó. Pero es indispensable hacerlo y exigir que se haga.— Mérida, Yucatán
Dulce María.
¿Cómo participa la sociedad en la solución de los problemas colectivos? ¿Tiene alguna utilidad para la ciudadanía que se integren los llamados “representantes de la sociedad civil” a las numerosas comisiones y comités que acostumbra conformar el Gobierno cuando necesita ganar legitimidad? La respuesta políticamente correcta es “sí, indudablemente”. Empero, la sentencia bíblica (Mateo, 7.16) “Por sus frutos los conoceréis”, me hace ser cautelosa.
La Ley de Planeación obliga al Gobierno (en todas sus instancias) a abrir la participación a la sociedad en las tareas del desarrollo. En la práctica se ha privilegiado la forma más que la efectividad. Así, han proliferado los foros de consulta sobre cantidad de temas, convocados por el Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial, donde se recogen los planteamientos y puntos de vista de diversas organizaciones que acuden a la convocatoria. Pero, ¿alguien realiza un balance, una vez aprobada la ley o el programa, de lo que verdaderamente se incorporó? Eso sí, se toman muchas fotos de la instalación, se pronuncian discursos y así se llena el expediente de la consulta.
Firmado el 22 de enero, el Pacto Económico por Yucatán (PEY) es el compromiso del Gobierno y de organizaciones yucatecas para enfrentar la crisis económica. Contiene acciones, plazos y hasta fechas de ejecución, claramente precisadas para sus 52 objetivos, divididos en tres grandes apartados: 1) Apoyos al Consumo y al Presupuesto Familiar; 2) Apoyos a Empresas y Sectores Productivos en el Campo y la Ciudad, y 3) Inversión y Eficiencia Pública para Incentivar la Dinámica Económica.
El PEY (www.pey.yucatan.gob.mx) considera además la formación de un Comité de Evaluación y Seguimiento (Cesepey), integrado por 5 representantes del Gobierno, 3 del sector productivo (Canacintra, CMIC y Canacome), 3 del sector social (CTM, CROC y el presidente de la Juguera de Akil), todos ellos a invitación de la gobernadora.
Con mucho ímpetu inició el Cesepey sus funciones. Tras su instalación (el 6 de marzo) sólo se reunió en una ocasión (el 2 de abril), a pesar del compromiso de sesionar cada dos semanas durante los primeros tres meses y, después, una por mes. Parece que un manto de silencio fue tendido en torno al PEY y a su Comité de Evaluación, que evaluó muy poco, a juzgar por los resultados. La inconformidad general entre los usuarios del transporte público por el incremento de 20 por ciento en las tarifas resucitó el compromiso 4 del Pacto que a la letra dice: “…no se autorizarán aumentos en las tarifas de transporte…”. Ya sabemos lo sucedido.
Pero también está el punto 8, que compromete al gobierno a impulsar el establecimiento de acuerdos con colegios y universidades particulares en lo relativo a las colegiaturas. También podemos leer el punto 12, que incluye la constitución de un Fondo de Garantía Líquida con Nafinsa para contar con 225 millones de pesos de recursos garantizados para las empresas yucatecas. O el Fondo de Garantía Líquida para los productores rurales, incluido en el punto 39. O el sugerente punto 21, que compromete a otorgar licencias de trabajo a profesionistas “…que pudieran perder su empleo…” para realizar estudios financiados de manera tripartita por las empresas, la banca y las universidades. Del Pacto Económico por Yucatán, de su Comité de Evaluación y Seguimiento sólo se sabe que no cumplieron con sesionar cada dos semanas, que no lo han hecho desde el 2 de abril. La representación de la sociedad, depositada en las organizaciones empresariales y de trabajadores, tampoco ha rendido cuentas en un asunto que es de interés colectivo.
La rendición de cuentas es una obligación de todo representante, sea gobernador, legislador, presidente de una cámara empresarial o de alguna organización social, sociedad de padres de familia o de alumnos de una escuela. Le debe dar cuenta a quienes le brindaron su confianza para representarlos. Los integrantes del Comité de Evaluación tienen una responsabilidad compartida ante la sociedad yucateca. Deben dar cuenta de ella. No sólo se trata de los cinco funcionarios de gobierno, sino del conjunto de representantes que se comprometieron a vigilar las acciones públicas para enfrentar la crisis económica.
Los frutos de la participación social en las tareas de conducción de la vida pública tendrían que reflejarse sobre todo en la información veraz, clara y sin disimulo sobre el estado de cumplimiento de los compromisos. No es una tarea placentera, sobre todo cuando molesta a quien gobierna, que quizá preferiría que todo se olvide el mismo día que se firmó. Pero es indispensable hacerlo y exigir que se haga.— Mérida, Yucatán