La espiral democrática y el cierre del círculo
De la apertura política al riesgo de restauración
Imagino la vida democrática reciente de México como el trazo
de una espiral. No una línea recta de progreso continuo ni una regresión
abrupta, sino un movimiento circular que avanza, se expande y, llegado cierto
punto, comienza a cerrarse sobre sí mismo.
Hace casi cincuenta años, en 1977, empezó a dibujarse ese
trazo con la reforma político-electoral que abrió el sistema del priismo
hegemónico a la pluralidad política y a la competencia dentro de cauces
institucionales. Fue el primer giro consciente para desmontar un régimen que
durante décadas se había adjudicado la representación exclusiva del pueblo, de
la nación y de la voluntad colectiva.
Durante las dos décadas siguientes recorrimos
aproximadamente 180 grados de esa espiral. La reforma de 1996 condensó la
presión social y el esfuerzo —tardío, pero real— del régimen postrevolucionario
por responder a las exigencias de equidad, autonomía electoral y competencia
efectiva. El clímax llegó en el año 2000 con la primera derrota presidencial
del PRI, acontecimiento que pareció confirmar que el sistema político mexicano
había cruzado un punto de no retorno.
La ilusión de la normalidad democrática
Lo que siguió fue una aparente normalidad democrática. No
exenta de conflictos, pero asentada en reglas aceptadas por todos los actores.
La lucha cívica dejó de concentrarse exclusivamente en la competencia electoral
y se desplazó hacia otro frente: la reducción del poder presidencial,
históricamente omnímodo, mediante la transferencia gradual de facultades y
controles hacia la sociedad.
Fue el tiempo de los órganos constitucionales autónomos, de
las instituciones de transparencia, de la vigilancia sobre el Ejecutivo y de la
construcción de mecanismos de rendición de cuentas. Una etapa de empoderamiento
ciudadano que tuvo un símbolo claro en el Sistema Nacional Anticorrupción: una
reforma constitucional impulsada desde la sociedad civil, no desde el poder.
Durante años se asumió que esa arquitectura institucional
había llegado para quedarse. Que la democracia mexicana, con todas sus
imperfecciones, había adquirido una base suficientemente sólida como para
resistir tentaciones autoritarias.
La disyuntiva de 2018
No lo sabíamos —o no quisimos advertirlo—, pero en 2018 el
país enfrentó una disyuntiva histórica. No se trataba solo de un cambio de
partido en el gobierno, sino de dos visiones contrapuestas sobre el ejercicio
del poder: profundizar la estrategia de desmantelamiento del presidencialismo o
restaurar un modelo de concentración política, centrado nuevamente en la figura
presidencial y articulado mediante una relación clientelar y paternalista con
la abstracción llamada “el pueblo”.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador marcó el inicio
del recorrido por los otros 90 grados de la espiral. Fue un proceso progresivo:
erosión de contrapesos, descalificación sistemática de autonomías,
recentralización presupuestal y una narrativa plebiscitaria que redujo la
complejidad democrática a una lógica binaria.
Hoy nos encontramos en torno a los 270 grados de ese giro:
lejos del autoritarismo originario, pero también claramente alejados del punto
de mayor apertura democrática.
Una reforma anunciada antes de ser presentada
En este contexto se inscribe la anunciada propuesta de
reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que, sin conocerse a
detalle, ha generado un campo de posicionamientos preventivos. Incluso la
elección de la cámara de origen —Diputados o Senado— será una señal política
relevante: rapidez y control, o contención y negociación.
En el discurso oficial, la reforma garantiza austeridad y
eficiencia. En el plano estructural, el debate real es otro: qué tanto
permanece intacta la arquitectura de contrapesos construida durante tres
décadas.
La oposición: advertencia de concentración
Para los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento
Ciudadano— el núcleo del problema no es presupuestal, sino político. Cambiar
las reglas del sistema electoral desde el poder genera desconfianza. La crítica
se centra en el debilitamiento del árbitro electoral y en la reducción de la
pluralidad política bajo el argumento de la simplificación y el ahorro.
La estrategia opositora no parece orientada a negociar el
contenido, sino a elevar el costo político de una reforma constitucional de
este perfil. Viene litigio, presión internacional y narrativa de regresión
democrática.
Los aliados incómodos
Más delicada para el poder resulta la reacción de los
aliados del bloque gobernante. El Partido del Trabajo ha advertido que
cualquier reforma debe preservar la pluralidad efectiva. El Partido Verde
Ecologista de México, más pragmático, no rechaza la reforma, pero subraya que
debe garantizar condiciones reales de competencia para todos.
Entre supuestos aliados, la discusión no es ideológica, sino
aritmética. Si el nuevo diseño institucional reduce incentivos de
supervivencia, la disciplina de bloque se vuelve frágil.
El Frente Amplio Democrático
En un registro distinto se ubica el Frente Amplio
Democrático (FAD), integrado por académicos, exfuncionarios y ciudadanas y
ciudadanos con experiencia directa en la construcción de la transición
democrática. Su crítica no es nostálgica ni partidista. Parte de una premisa
más profunda: la democracia no se abarata sin costo institucional.
El FAD no se limita a resistir la reforma, sino que propone
ampliar los cauces de participación, deliberación y control del poder. Su
advertencia es histórica: reducir pluralidad en nombre de la eficiencia es una
tentación recurrente que suele pagarse caro.
El Partido Verde y el cálculo
En las próximas semanas, más allá del discurso, la clave
estará en el comportamiento del Partido Verde. El Verde sabe cuándo presionar
al aliado y cuándo cambiar de posición con impecable naturalidad.
Basta recordar el primer año del gobierno de Vicente Fox,
cuando, tras haber sido aliado electoral del PAN, rompió la coalición y se
acercó al PRI derrotado. Hoy podría volver a desempeñar el papel que mejor
domina: el del partido “bisagra” que decide no en función de épicas
democráticas, sino de ecuaciones de supervivencia.
La variable internacional
Pero la espiral mexicana no gira en el vacío. El contexto
internacional se ha vuelto volátil: enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán,
recrudecimiento del diferendo con Cuba y un clima electoral estadounidense que
endurece discursos sobre seguridad, migración y crimen organizado rumbo a 2026.
En ese escenario, México es frontera, socio comercial y
pieza estratégica. El reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El
Mencho”, ha otorgado al gobierno mexicano un respiro político frente a
Washington. Un respiro oportuno para la administración de Claudia Sheinbaum,
que ha reducido temporalmente la presión bilateral en materia de seguridad.
Pero los respiros geopolíticos rara vez son permanentes.
Si la política interna comienza a proyectar señales de
concentración de poder o debilitamiento institucional —especialmente en el
ámbito electoral—, el margen de tolerancia puede estrecharse rápidamente. Las
narrativas de regresión democrática suelen utilizarse cuando el entorno
internacional se vuelve áspero.
Cerrar o expandir la espiral
México se encuentra en los 270 grados de su espiral
democrática. El gobierno cuenta con margen político, una oposición fragmentada,
aliados expertos en cálculo y, por ahora, un respiro internacional.
La pregunta es qué hará con ese margen.
Si la reforma electoral se utiliza para fortalecer la
arquitectura democrática, el país podría reabrir la espiral. Si se emplea para
cerrarla, el regreso al punto de partida no será una metáfora, sino una
advertencia histórica cumplida.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia.
Exgobernadora de Yucatán
