Bomba de profundidad 2026

 

Apenas inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión —el próximo 1 de febrero— comenzará la colocación de una bomba de profundidad, en el corazón del sistema político mexicano, destinada a detonar un año después, en 2027. No es una metáfora exagerada: se trata de la concurrencia de procesos electorales y del rediseño institucional. Reformas que se pretenden aprobar con suficiente anticipación para que, cuando llegue el momento, ya no exista margen de corrección.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que enviará una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, supuestamente derivada de los trabajos de una comisión encabezada por Pablo Gómez y que ya acumula meses de consultas, decenas de reuniones técnicas y de diagnósticos compartidos. Sin embargo, lo relevante no es tanto el origen de la iniciativa como su oportunidad política y sus efectos acumulados. Lo que se ha venido preparando es una reforma de régimen, diseñada para operar plenamente en las elecciones de 2027, el año en que México enfrentará la mayor concentración de procesos electorales de su historia reciente.

Saturación como método

En 2027, además de la elección federal de diputados, estarán en juego 17 gubernaturas, más de la mitad de las 32 entidades federativas del país. Habrá elecciones municipales en 30 estados, con la renovación simultánea de sus congresos locales. A lo anterior se sumará la elección de la mitad restante de jueces y magistrados federales, así como la elección de jueces y magistrados locales en un número significativo de entidades, en cumplimiento del mandato constitucional que fijó ese año como plazo máximo.

Nunca antes el electorado mexicano había sido convocado a decidir, en una misma coyuntura, sobre los poderes ejecutivos locales —estatal y municipal—, el poder Legislativo local, así como sobre una parte sustantiva del poder Judicial. Además se renueva la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No es democracia participativa llevada al extremo: es saturación institucional en la que la persona más versada simplemente se pierde.

La pregunta correcta no es si el sistema electoral puede resistir una elección de esa magnitud. La cuestión a indagar es qué y quién gana políticamente al forzarlo hasta el límite de la intrascendencia porque, a fin de cuentas, no importa a quién se elige ni para qué cargo.

El caos administrado

Desde hace años, el sistema electoral mexicano ha descansado en una premisa básica: la certeza. Certeza en las reglas, en los tiempos, en la actuación de las autoridades responsables y en la delimitación clara de los cargos en disputa. La concurrencia extrema rompe esa premisa. Multiplica boletas, sobrepone campañas, diluye el debate público y reduce al mínimo la capacidad ciudadana de evaluar trayectorias, propuestas y responsabilidades.

En ese contexto, cualquier irregularidad puede explicarse —y normalizarse— como consecuencia inevitable de la complejidad. Cualquier falla logística puede presentarse como accidente técnico. Cualquier conflicto poselectoral puede relativizarse como producto de la “magnitud inédita” del proceso. El riesgo no es el fraude clásico; es algo más trascendente: la erosión de la confianza.

El Instituto Nacional Electoral, ya presionado presupuestalmente y sometido a una descalificación política constante, sería llevado a un punto de tensión extrema. No por incapacidad técnica, sino por diseño político fríamente calculado.

Elección judicial y poder local: conflicto diferido

La elección de jueces y magistrados introduce, además, un factor adicional de inestabilidad. En los estados que renovarán gubernaturas, los nuevos ejecutivos llegarán con el incentivo inmediato de influir sobre los poderes judiciales locales, justo cuando éstos atraviesen un proceso de renovación. El conflicto entre poderes no solo es previsible: es de naturaleza estructural.

No es casual que el plazo constitucional límite para la elección judicial haya sido fijado en 2027. Al concentrar en ese año la disputa por el control político y judicial, se reduce la capacidad de los actores locales para procesar transiciones ordenadas. El resultado no es una justicia más democrática, sino una justicia atrapada en la lógica electoral.

Una reforma sin consensos

Toda reforma electoral auténtica parte de una lógica elemental: las reglas del juego deben construirse con amplio consenso, porque regulan la competencia entre adversarios. Cuando una reforma se impulsa desde la mayoría, como es en este caso, para operar en el momento de mayor concentración de poder de esa misma mayoría, deja de ser un acuerdo institucional y se convierte en una apuesta de dominación.

Eso es lo que vuelve especialmente delicado el momento elegido. Aprobar en 2026 una reforma para ejecutarla en 2027 no busca mejorar el sistema, sino cerrar el margen de reacción de la oposición, de las autoridades electorales y de la propia sociedad.

El contexto que no puede ignorarse

A este cuadro de saturación institucional conviene añadir un elemento que no puede seguir tratándose como nota al pie de página: el contexto internacional. En noviembre de 2026, Estados Unidos celebrará elecciones de mitad de mandato, y el presidente Donald Trump ha dejado claro que México ocupa un lugar central en su agenda política, tanto en materia comercial —con el T-MEC permanentemente bajo presión— como en seguridad. La narrativa sobre los cárteles y la intervención externa ha dejado de ser marginal. Pretender que una reforma electoral mal diseñada, aprobada en 2026 y ejecutada en el año de mayor concurrencia política de nuestra historia, no tendría efectos más allá de nuestras fronteras, constituye una ceguera estratégica.

Los escenarios de inestabilidad no se desarrollan en el vacío. La experiencia de Venezuela recuerda que los procesos de erosión institucional suelen comenzar con reformas “legales” que desordenan el sistema político, debilitan la legitimidad interna y abren flancos que otros no dudan en aprovechar. Pensar que “aquí no pasa nada” no es una defensa de la soberanía; es renunciar a ejercerla con inteligencia. Si la reforma electoral que se pretende aprobar en 2026 genera incertidumbre, conflicto o deslegitimación en 2027, el problema no será solo del régimen político en turno. Será un problema del Estado mexicano, en un momento internacional particularmente adverso. Y a ese riesgo —mucho mayor, mucho más delicado— se suma todavía otro instrumento constitucional cuya sola activación podría convertir la inestabilidad en ruptura. De eso hablare con mayor detalle en próxima ocasión, porque ya no se trata de una bomba de profundidad, sino de un artefacto dirigido hacia objetivos calculados para destruir instituciones y provocar inestabilidad.

En ésta que fue mi primera colaboración del año, reitero el reconocimiento al Diario de Yucatán por su generosidad al brindarme espacio para expresar mis ideas. A tod@s los lectores de su página editorial, ¡Feliz 2026!— Mérida, Yucatán