Dulce María Sauri Riancho

  Las declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, revelan con una nitidez poco habitual la profundidad de la regresión democrática en curso. Ante legisladores locales de su partido, Alcalde fue categórica: en los estados donde Morena es oposición —Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León— los diputados de Morena y aliados deben votar en contra de los presupuestos estatales para 2026. La razón, explicó, es sencilla: esos gobiernos votaron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Es una posición de Morena”, dijo. “Lo que no puede pretender la Oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta… y luego pensar que en sus entidades federativas nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”. No se trata de una frase suelta, ni de un exabrupto. Es la verbalización cruda de una lógica política que no deberíamos normalizar: la de convertir los presupuestos públicos en instrumento...

  La Fiscalía General de la República fue, quizá, la última gran institución de la transición democrática mexicana. Su carácter de órgano constitucional autónomo, incorporado en la reforma político-electoral de 2013 (publicada en febrero de 2014), parecía completar el entramado institucional que buscaba garantizar contrapesos reales en el Estado mexicano. Con un INE reforzado, un INAI elevado a rango nacional y un fiscal con duración transexenal, se creyó haber respondido a la antigua demanda de una procuración de justicia independiente de los ciclos sexenales y ajena a presiones políticas para perseguir —o dejar de hacerlo— a quienes infrinjan la ley. Era la expectativa. Hoy parece claro que también era una ilusión. Aunque la Fiscalía nació constitucionalmente en 2014, su vida real comenzó en 2019, con su primera Ley Orgánica. En ese marco fue designado Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal “autónomo”, un funcionario del Estado, no del gobierno en turno. Ese era el conc...