El hacha y el bisturí | Subcontratación y Banxico
16 diciembre*
En la proximidad del
cierre del periodo de sesiones, los legisladores aceleraron el paso para
aprobar diversas disposiciones, algunas de ellas indispensables, como las leyes
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que habrán de regir durante el año que
se iniciará en unos días.
A pesar de que estos
temas dominan el interés público, otros más, aparentemente distintos, permean
ahora el debate, especialmente los relacionados con dos reformas en el ámbito
federal, que se discuten en las cámaras de diputados y senadores.
Me refiero a la
iniciativa para eliminar la subcontratación, más conocida como “outsourcing” y
la propuesta de modificación de la Ley del Banco de México. Ambas guardan
grandes similitudes por las causas sociales que les dan origen, por la forma de
presentación y por la precipitación para llevarlas al pleno y aprobarlas.
El conjunto de
reformas para eliminar de tajo la subcontratación tiene el propósito de
defender los derechos laborales de las y los trabajadores sujetos a este
régimen todavía legal. Se ha cuestionado severamente que las personas
contratadas bajo esta modalidad no acumulan antigüedad (son despedidas en la
primera quincena de diciembre y recontratadas en enero) y, en consecuencia, las
vacaciones a que tienen derecho y la prima correspondiente se mantienen en lo
mínimo previsto por la ley. Desde luego, el reparto de utilidades no existe
para este tipo de trabajadores.
Por otra parte,
desde la perspectiva de numerosas empresas, la subcontratación permite recibir
una serie de servicios especializados que no forman parte de su objeto
principal de producción. Por ejemplo, el aseo y limpieza de sus instalaciones,
el mantenimiento de sus equipos de cómputo, o la seguridad y vigilancia.
Adicionalmente, el
mecanismo de la subcontratación permite solucionar problemas que afrontan
inversionistas extranjeros que se instalan en México, una especie de “llave en
mano” laboral que, desde su perspectiva, ayuda a incursionar en el complejo
mundo de la normatividad mexicana.
En 2019 se hizo un
primer intento para legislar y prohibir el “outsourcing”. La iniciativa se
presentó en el Senado y fue razón de una serie de mesas de análisis en donde
confluyeron empresarios, fiscalistas, dirigentes obreros y empresariales.
Aparentemente se habían conciliado posiciones que, sin embargo, no
cristalizaron en modificaciones a la propuesta original.
Hace unas cuantas
semanas, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial para
prohibir absolutamente la subcontratación. Las comisiones responsables
comenzaron sus tareas; convocaron a un parlamento abierto, en el que la inmensa
mayoría de las opiniones vertidas fueron adversas a la iniciativa.
Pero el factor más
importante para postergar la decisión en la Cámara de Diputados fue el canal de
comunicación que el presidente López Obrador abrió con los representantes de
las organizaciones empresariales, con el propósito de revisar la iniciativa y
realizar ajustes para su aprobación, que se pospuso hasta febrero.
El hacha quedó
temporalmente guardada. Esperamos el uso del bisturí para separar las prácticas
reprobables y eliminar a las empresas culpables de ellas y, en cambio,
preservar a todas aquellas que funcionan adecuadamente, con respeto pleno a los
derechos de las y los trabajadores y manteniendo el empleo de más de 4 millones
de personas, por cierto, inscritas en el Seguro Social.
La iniciativa de
reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) fue presentada por el
coordinador de Morena en el Senado quien también preside su junta de coordinación
política. Se trata de hacer obligatoria para el Banco Central la adquisición de
billetes y monedas extranjeras (principalmente dólares americanos) que captan
las instituciones bancarias comerciales.
Según la información
del propio Banco de México, sólo el uno por ciento de las remesas llegan en
efectivo; el volumen más elevado proviene de las transferencias electrónicas
(órdenes de pago) por cantidades que no exceden 150 dólares estadounidenses en
promedio. Si es tan reducido el monto en efectivo, ¿dónde se encuentra el
problema? Llama la atención la respuesta: en algunos bancos comerciales (se
asevera que son dos), que no han logrado convenios para que sus asociados en
Estados Unidos reciban los billetes y monedas que captan en México.
La minuta aprobada
por el Senado, enviada a Diputados el pasado jueves 10, ha tenido un rechazo
generalizado. Además de vulnerar la autonomía del Banxico, el cambio en la ley
lo pondría en grave riesgo de ser considerado “lavador” de dinero sucio,
principalmente procedente del narcotráfico que asuela a nuestro país.
No podemos
desestimar los llamados de alerta. En un mundo globalizado, de fronteras
abiertas, abrir una grieta en el escudo protector de Banxico sería colocar a
nuestro país en la mira de traficantes de droga y bandas del crimen organizado
que aprovecharían de inmediato esta posibilidad.
Escribo antes de
conocer si, finalmente, cundió la sensatez y se abrió un espacio político para
la reflexión y análisis que permita encontrar una manera de resolver los problemas
de disponer de moneda extranjera en algunas regiones de México sin poner en
riesgo al Banco Central, que le ha brindado estabilidad monetaria al país desde
el inicio de su autonomía, en 1994.
Hasta el momento se
ha librado el hacha sobre la subcontratación. Posiblemente también la que
pendía encima de Banxico. Si se hacen las consultas sobre remesas y captación
de dólares en efectivo, espero que se encuentre el camino para reducir
comisiones por envío, así como mejorar el tipo de cambio que se paga a las
familias que las reciben. Representa el 99% de los recursos que habrán
transferido los migrantes al cerrar 2020: alrededor de 40,000 millones de
dólares. A ellas, las familias receptoras, son a quienes debe ayudar una
reforma de ley, no a las bandas de crimen organizado, ni tampoco a los que
transgreden las normas contra el lavado de dinero.
Bisturí también
sobre las remesas, sería el mejor colofón de esta historia de sobresaltos y
autonomías en riesgo.— Ciudad de México.