Vacunas y medicinas | La urgencia del abasto
El desabasto
de medicamentos se ha vuelto uno de los aspectos más lacerantes en estos meses
de pandemia del Covid.
Atender la
emergencia demanda un suministro estable y oportuno de medicinas, insumos y
equipos médicos de calidad que, hasta la fecha, con mil razones y pretextos, no
ha logrado garantizar el gobierno de la república.
En esta
situación de grave necesidad, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados analizó la propuesta de reformar la Ley de Adquisiciones para darle
al Ejecutivo la posibilidad de comprar medicinas y vacunas en el extranjero.
Decidimos que no podíamos escatimar nuestro voto si se trataba de coadyuvar en
la solución de un asunto de vida o muerte para miles de personas. Con este
claro mandato de mis compañer@s, voté en la Comisión Permanente por un periodo
extraordinario de sesiones el pasado miércoles.
Por
aprobación del Congreso, el gobierno federal podrá realizar compras en el
extranjero sin licitación. Pero solamente a través de lo que se denomina
“organismos intergubernamentales internacionales”, como son la ONU, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Existía el
antecedente del convenio firmado con la OPS, en 2019, que permite al país el
acceso al fondo rotatorio y los fondos estratégicos de la ONU y de la Oficina
de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS). En ambos casos, estas
organizaciones internacionales negocian en condiciones ventajosas la compra
consolidada de medicamentos en cualquier parte del mundo donde se garantice
calidad y precio. Y lo más importante: incluye la vacuna contra el Covid-19
cuando esté lista.
La industria
farmacéutica ha sido “el villano favorito” del presidente López Obrador. Recién
iniciado su gobierno, una de las medidas fue concentrar todas las adquisiciones
de medicamentos e insumos para la salud en la Secretaría de Hacienda (SHCP),
haciendo a un lado a las autoridades de Salud.
Desde su
púlpito mañanero una y otra vez acusó —y sigue acusando— de corrupción a las
distribuidoras de medicinas y se descalificó a una de las empresas
farmacéuticas mexicanas más reconocidas (PISA), acusándola de fallas en la
fabricación de medicamentos para combatir el cáncer.
A la fecha,
ninguno de los dichos presidenciales se ha traducido en expedientes que lleven
los casos a los tribunales. El principal “logro” del gobierno fue desarticular
lo que funcionaba medianamente, con fallas, sin duda, pero aseguraba el
abastecimiento de medicinas en todo el territorio nacional, tanto al sector
público como privado (farmacias, hospitales).
Esta
situación se combinó con la disolución, por decreto, del Seguro Popular (SP),
afectando severamente la atención de la salud de más de 50 millones de
personas. El INSABI, su sustituto, nacido en enero de este año, no ha podido
siquiera despegar, aun cuando la mayoría de Morena autorizó que se emplearan
40,000 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos del difunto SP
para su arranque.
Las
urgencias de la pandemia agravaron el desorden que padecíamos y la
descoordinación del sector salud ha elevado exponencialmente los costos humanos
del Covid.
El anuncio
de la creación de una empresa estatal para distribuir medicinas —ya la llaman
la Conasupo de los medicamentos— aumenta el grado de incertidumbre sobre el
futuro inmediato.
Comprar
cientos de miles de productos para atender a millones de pacientes, con
distintas enfermedades es en sí, sumamente complejo. Transportarlos
oportunamente hasta los lugares donde se requieren, en condiciones de seguridad
y manteniendo su calidad, es cuestión todavía más complicada.
No puede
elevarse la temperatura, bajo el riesgo de perder su eficacia o de plano,
intoxicar en vez de curar. ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos habrán de
emplearse en esta nueva “aventura”? Y lo que es peor, no resolverá el problema
de los tratamientos a la niñez con cáncer, a quienes viven con VIH-Sida, a los
diabéticos e hipertensos, entre otros padecimientos.
Es un
contrasentido que, por un lado, el gobierno del presidente López Obrador luche
por la autosuficiencia alimentaria y la soberanía energética y, por otro,
vulnere a la investigación en salud y dañe a la industria farmacéutica
mexicana.
Y, otra vez,
se escoge la opción catastrófica: en vez de corregir vicios y desviaciones en
la distribución de medicinas, se inventa una empresa gubernamental para
realizar una tarea que no conoce. A ver si no terminan las Fuerzas Armadas
cumpliendo también esta tarea, en algunos meses.
La urgencia
de combatir la pandemia lleva a tomar medidas de carácter temporal y
transitorio en múltiples aspectos de la vida nacional. Una de ellas es la
atención al abasto de medicamentos e insumos médicos. Pero lo inmediato no
puede hacer a un lado la necesidad de contar con una industria farmacéutica en
México, que cumpla con los principios constitucionales de Calidad, Seguridad y
Eficacia en la atención a la salud.
Posdata. Mi
voto a favor del periodo extraordinario pasado motivó que recibiera comentarios
en las redes respecto a un posible tránsito partidista hacia Morena.