Masacre presupuestaria. Desmantelando Instituciones
Golpe a golpe, decreto a decreto, continúa implacable el
desmantelamiento de las instituciones y las políticas públicas del país, por
más exitosas que hayan sido. Con el argumento del combate a la corrupción y el
pretexto de la austeridad, a lo largo de estos meses el gobierno federal ha
adoptado diversas medidas para “jalar” recursos del gasto corriente al fondeo
de sus “proyectos estratégicos”.
Hace unos días, dictó una medida draconiana para reducir
drásticamente los gastos de operación de las secretarías y organismos
descentralizados y paraestatales de la administración en su conjunto.
Vistas de lejos y sin mayor información, las “medidas
administrativas” impuestas por el presidente de la república merecen un aplauso
general, porque ¿quién en su sano juicio podría manifestarse en contra de
reducir el desperdicio o latrocinio de los recursos públicos?
Sin embargo, cuando estas determinaciones se traducen en decretos,
como el del 23 de abril pasado, hay que prender las “luces rojas”.
Las consecuencias de su aplicación pueden afectar profunda
—y quizá irreversiblemente— a las instituciones, a sus trabajadores y, sobre
todo, a la ciudadanía que demanda obras y servicios del gobierno.
La amenaza se materializó el 22 de mayo, cuando la
subsecretaria de Egresos y la Oficial Mayor de la secretaría de Hacienda
ordenaron “la aplicación urgente y categórica de la medida de austeridad para
no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas
correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales […] para la Administración Pública Federal, incluyendo los recursos
supuestamente comprometidos”.
En consecuencia, todas las dependencias, con excepción de
las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Salud, deberán realizar los
recortes ordenados de sus presupuestos antes de que les sea entregado cualquier
miserable remanente.
Gastos
Para desempeñar sus tareas, las instituciones requieren
pagar la renta de los locales que ocupan, comprar material de oficina,
combustible para mover los vehículos en que se trasladan sus empleados para una
diligencia o inspección; necesitan adquirir insumos para la investigación
científica y tecnológica, como reactivos, accesorios y equipo de protección;
productos químicos, servicios de soft o hardware.
Estas necesidades se satisfacen con las partidas incluidas
en los capítulos 2000 y 3000, aprobados en el Presupuesto (PEF) 2020, por casi
350 mil millones de pesos, para el capítulo 2000 y por 266 mil millones de
pesos, para las erogaciones del capítulo 3000.
En abril pasado, cuando se dio la instrucción para aplicar
la reducción del 75%, las dependencias ya habían gastado casi 19% del
presupuesto aprobado en estos dos capítulos.
El “ahorro” estimado se calculaba en 374 mil millones, cifra
apetitosa para un erario agobiado por la falta de fondos suficientes para los
“proyectos del presidente”. Sin embargo, una vista más responsable y reposada a
las cifras de la guadaña presupuestal, deja ver que es irreal dejarle a la CFE
48 mil 400 millones de pesos, en vez de 193 mil 700 millones de pesos
presupuestados para su operación el resto del año. Si así fuera, la CFE
incumpliría el pago de Pidieregas (¿se acuerdan de ellos?), no podría adquirir
materia prima como carbón, pagarle el combustóleo a Pemex y el gas natural que
requieren sus termoeléctricas.
Hacienda
Creo que ni a la insaciable SHCP se le ocurriría quitarle al
IMSS o al Issste ni un centavo de los 64 mil 400 millones y 16 mil 900 millones
de pesos respectivamente, que tienen asignados para Materiales y Suministros,
justamente los gastos que impone el combate al Covid. Y en el capítulo 3000,
Servicios Generales, también los presupuestos de CFE, IMSS e Issste, no se deben
tocar, so pena de deterioro aún mayor de la calidad de sus servicios.
¿Quiénes quedan entonces para el “castigo de la austeridad”?
Las víctimas son las secretarías y dependencias de los Ramos Administrativos y
un poco de los Ramos Generales. Les quedan, a todas ellas, alrededor de 67 mil
millones de pesos, por lo que si se aplica la reducción del 75%, sólo
dispondrían de 17 mil millones de pesos para concluir el año y los otros 50 mil
millones de pesos se los embolsaría SHCP. Sí, ¿pero a qué costo?
Les pongo cuatro dramáticos ejemplos. La red de
instituciones que protegen el medio ambiente (Instituto Nacional de Ecología,
Profepa, Conanp, Conafor, Conabio) están en grave riesgo de desaparecer, tal
como se denunció en el Día Mundial del Medio Ambiente: no tendrán ni para pagar
lo más elemental en lo que resta del año.
Por su parte, el INAH, institución responsable de la
preservación del patrimonio arqueológico y cultural del país, enfrenta una
situación límite en sus responsabilidades de investigación, restauración y
defensa del patrimonio. La tercera es la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Delito (CEAV), que anunció en una comunicación el cese de sus
actividades por carecer de recursos para pagar la renta y a su personal, puesto
que ninguno de sus empleados tiene plaza ni disponen de edificios propios. La
cuarta, ni más ni menos que la Procuraduría de Defensa al Contribuyente
(Prodecon) que ya anunció el cierre de 16 de sus delegaciones en el país, de
tal manera que si queremos defendernos del SAT o de alguna institución bancaria
abusiva, habrá que viajar a la CDMX.
Dependencia
Tampoco las poderosas secretarías se salvan de la masacre
presupuestaria. La más afectada es la SEP, a la que despojaron de los gastos
para planteles educativos, recursos para las universidades públicas, como la
UNAM, el Politécnico Nacional (IPN) etc. También la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuito (Conaliteg) no tendrá para editar suficientes libros. Sufrirá
también la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que tendrá
que alimentar a las personas recluidas en los penales federales, brindar
seguridad y protección con una cuarta parte de los recursos necesarios. En
situación parecida se encuentran las secretarías de Comunicaciones y la de
Medio Ambiente; las secretarías de Desarrollo Rural y de Cultura perderán lo
que quedaba tras los recortes presupuestales.
No se requiere ser pitonisa para avizorar la parálisis
administrativa del gobierno. Personal que regresará a trabajar después de la
emergencia, pero que al no tener lo mínimo para operar, simplemente tendrá que
dilapidar el tiempo de la jornada laboral. Habrá seguramente demandas de los
proveedores de servicios al gobierno por incumplimiento de contratos y se
perderán aún más empleos en esas empresas.
El presidente López Obrador decidió no gastar en los rubros
asignados el presupuesto que él mismo puso a consideración de la Cámara de
Diputados.
La “austeridad que mata” —lo que ya se conoce como
“austericidio”— afecta vidas de personas, de amplios grupos sociales y de
instituciones.
Por la vía del ahorro simulado, se decide desarmar a una
administración profesional para sustituirla por un gobierno ocupado en
concretar su proyecto político. Las instituciones, ésas que estaban antes de la
llegada del presidente López Obrador, habrán de permanecer, así sea maltrechas
y lastimadas, después de concluir su periodo. Si todos las defendemos.— Mérida,
Yucatán