Segundo año de Vila. Nubarrones presupuestales

Dulce María Sauri Riancho

Ayer se cumplió el primer año de gobierno de Mauricio Vila Dosal. Varios e interesantes análisis se han realizado sobre los primeros doce meses de su gestión. El balance general es aprobatorio para casi todos los observadores y críticos, incluyendo la opinión ciudadana.

Inmerso en el difícil arte de mantener las políticas y acciones de su antecesor mientras les imprime su sello propio, el gobernador Vila ha podido capotear exitosamente los turbulentos tiempos de la 4T.

La esperanza era que, una vez instalada la administración federal a partir del 1 de diciembre del año pasado, se establecieran las líneas de colaboración fluida entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, indispensables para la buena marcha del país.

En particular, la coincidencia de fechas de arribo al poder de López Obrador y de Vila Dosal auguraba una relación sin ataduras del pasado, aún proviniendo de fuerzas políticas distintas. En estos diez meses transcurridos, las buenas formas se han cubierto. Pero hasta ahí.

Lograr armonía —al menos verbal— con el presidente de la República no es tarea menor. Sin embargo, esta buena relación no ha sido suficiente para impulsar proyectos y obras de infraestructura indispensables para Yucatán. Por ejemplo, el suministro oportuno y de calidad de gas natural sigue pendiente, hasta la fecha, a pesar del inicio de operaciones del ducto submarino que va del sur de Texas a Tuxpan, Veracruz.

Otro más: no ha rendido resultados el cambio de nombre de la Zona Económica Especial (ZEE) de Progreso, que ahora, siguiendo la nomenclatura del poder, se llamaría de “Bienestar”. El ambicioso proyecto para reforzar la estrategia de Yucatán Industria 4.0 continúa sin arrancar en forma definitiva.

Las sonrisas presidenciales tampoco se han traducido en aportaciones federales para obras de infraestructura de alcance estatal y el gobernador se ha visto limitado para apoyar a los ayuntamientos, que, a su vez, viven una pavorosa “sequía” presupuestal.

El ahorro y la austeridad autoimpuestos desde el principio de la administración de Vila eran —y son— condición necesaria, más no suficiente, para una gestión exitosa. Además de buena planeación, para la ejecución de los programas y de los proyectos cuidadosamente diseñados se requieren recursos presupuestales.

Percibo que algunas veces a contracorriente, otras, con una extraña frialdad de su contraparte federal, el gobierno yucateco continúa su promoción de inversiones en la industria y en el sector turístico. No se ha desalentado cuando en diversos eventos de talla internacional, la administración federal hace el vacío, no sólo en el financiamiento sino también con su asistencia, tal como sucedió en el reciente Foro por la Paz, en que el presidente López Obrador limitó su presencia a la cena efectuada en honor de los Premios Nobel.

El gobernador y sus funcionarios han conseguido en este primer año “arañar” las posibilidades de financiamiento público. Pero están tocando fondo, sobre todo para la realización de los proyectos de infraestructura física para el mejoramiento de las comunicaciones terrestres (carreteras, ferrocarril de carga hacia el centro del país), dragado y ampliación del puerto de altura de Progreso y las acciones de sustentabilidad en materia ambiental, que van desde la instalación de sitios adecuados de disposición de desechos sólidos en los distintos municipios hasta la vital protección de la calidad del agua en el subsuelo peninsular.

Ambas administraciones —federal y estatal— han arrancado formalmente su segundo año de gobierno. En los dos casos las señales no son promisorias para 2020, aunque el gobierno federal insista en negarlo.

Los efectos del fenómeno de la concentración de los recursos en la esfera federal afectarán todavía más a estados y municipios el próximo año.

Si prospera la iniciativa de presupuesto de egresos 2020 en sus términos, las participaciones en ingresos federales se reducirán para Yucatán 2.8% real (quiere decir, descontada la inflación). Como carambola, menos dinero para el estado significa también menos recursos para los municipios.

La tragedia presupuestal inducida por el gobierno federal no termina ahí. El campo es el más castigado, pues representa una disminución de 64% entre 2019 y 2020. Si comparamos con las autorizaciones de 2018, sólo tres pesos de cada diez de entonces podrán llegar al sector rural yucateco.

La tesis oficial —reiterada en la comparecencia del secretario de Hacienda el jueves de la semana pasada— es que los programas de ayuda a Adultos Mayores, Sembrando Vida (subsidios para sembrar árboles frutales), Becas, etc., están llevando recursos directamente a las personas, en Yucatán y en otras partes del país.

Eliminar FIRA, FOCIR y otros instrumentos financieros para los proyectos agropecuarios tendrá un alto costo en términos alimentarios y, desde luego, en la balanza agrícola del país pues, aunque el presidente lo niega sistemáticamente, exportamos mucho más que lo que importamos en alimentos y productos agrícolas.

Las y los legisladores que servimos a Yucatán habremos de oponernos a este proyecto de Presupuesto federal para 2020. Las razones son obvias: daña a las y los habitantes, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. El dinero del PEF no es del gobierno federal, es de la federación. Tod@s aportamos, vía pago del IVA, del ISR, impuestos de las gasolinas y tarifas de energía eléctrica. Luego, mediante una fórmula, se distribuye entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Del pastel presupuestal 2020, a Yucatán le tocan migajas. No podemos permitirlo. No hay excusa que valga, tampoco razón de austeridad o combate a la corrupción que pueda ocultar el propósito de concentración del poder en el presidente de la República. A costa, eso sí, de debilitar o condenar a la inanición a estados y municipios. Nadie se salvaría. Hay que actuar.— Mérida, Yucatán.