Riesgos para Yucatán. Tropiezos y caídas
Dulce
María Sauri Riancho
Los primeros seis meses de gobierno del
presidente López Obrador no han sido del todo favorables para Yucatán. Diversos
acontecimientos y decisiones adoptadas desde la esfera federal están impactando
en el desarrollo presente y futuro de sus habitantes. Acciones u omisiones,
apuntan resultados adversos para la dinámica económica y para la misma
organización social yucateca. Habrá quien considere que exagero, que esta
apreciación proviene de una actitud política hacia quien fue adversario
electoral y que logró imponerse por más de 30 millones de votos. Concédanme,
amig@s lector@s, el beneficio de la duda antes de condenarme a la caldera donde
se cocinan quienes opinan diferente a la 4T. Daré argumentos para avalar mi
aseveración, que tiene el propósito de preocupar a quienes podemos y debemos
incidir en las decisiones que atañen a nuestra tierra. Jerarquicé mis
preocupaciones en tres apartados, aparentemente de índole económica dos de
ellos, pero con profunda repercusión social si llegan a materializarse.
Cancelación de la Zona Económica
Especial (ZEE) de Progreso. El gobierno federal anunció la cancelación de las
ZEE, proyectos que perseguìan la industrialización y el desarrollo tecnológico
en el sur-sureste de México. La respuesta del gobernador Vila contempla un
cambio de nombre: Polo Tecnológico de Bienestar (PTB), que pretende recuperar
las acciones más relevantes que le daban características exclusivas a la ZEE
progreseña. “Blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones”, decía
Deng Xiao Ping, jerarca chino que implantó el modelo de las zonas económicas
especiales en la China comunista. Llámese como se llame, el proyecto progreseño
deberá conservar el tratamiento fiscal de excepción tanto para los gravámenes
federales como estatales y municipales. Y lo más importante: la “ventanilla
única” de trámites para las empresas que se instalen en el recinto del PTB.
Entonces, ¿por qué me preocupo? La pieza angular del proyecto es el
cumplimiento federal. Y no se percibe especialmente entusiasmado. Poco o nada
ha dicho la secretaría de Hacienda; tampoco Economía se ha manifestado. Y el
Conacyt, con el Parque Científico y Tecnológico, ha hecho caso omiso a la gran
infraestructura de investigación y académica que le daría sentido al PTB. Mi
percepción va en el sentido de que, para el gobierno federal,
Industrialización, Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico no le
corresponden a Yucatán en el reparto nacional del trabajo y del crecimiento
económico que ellos han decidido. Los próximos meses serán cruciales para
conocer el destino de la más ambiciosa propuesta de desarrollo del presente
siglo.
Anulación de proyecto para aumentar
suministro de gas natural. Apenas el sábado pasado se dio a conocer que el
gobierno federal había cancelado un contrato crucial para aumentar el
suministro de gas natural a la Península. Para Yucatán, no se trata solamente
del combustible menos contaminante y costoso para las turbinas de la CFE.
También son las empresas cuyos procesos industriales competitivos dependen de
energía de menor precio. Tal parece que el gigantesco gasoducto submarino que
cruza el Golfo de México desde el sur de Texas hasta Veracruz llevará gas
natural para las empresas del centro y norte del país. Yucatán no aparece en el
mapa de las prioridades energéticas ni industriales del gobierno federal.
Tampoco en este asunto se tomaron en cuenta las demandas del estado ni el justo
reclamo de un trato equitativo con otras regiones del país.
Conflicto de límites. Desde tiempos de
la Colonia y hasta la primera mitad del siglo XIX, la Península fue una sola
unidad administrativa: capitanía general, intendencia, estado de la federación.
Campeche fue segregado en 1857, aunque no se formalizó su constitución como
entidad hasta diez años después, en 1867. Y en noviembre de 1902 Yucatán sufrió
un nuevo desmembramiento al formarse el territorio federal de Quintana Roo.
Entre 1915 y 1935, en dos ocasiones fue reintegrado el territorio
quintanarroense a Yucatán, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas le restituyó
su carácter federal de manera definitiva. De los casi 140,000 km2 que abarca el
territorio peninsular, Campeche es la entidad más extensa (41%); le sigue
Quintana Roo, erigido en estado en 1974 (30%). A la entidad “madre”, Yucatán,
le quedaron modestos 39,612 km2 (29%). Sucesivos conflictos, incluyendo la
fijación del célebre Punto PUT (punto de unificación territorial), han
pretendido reducir aún más la superficie yucateca. Menudearon los problemas
entre Campeche y Quintana Roo, con Yucatán como tercero perjudicado en las
últimas décadas del siglo pasado y en un litigio que se creía resuelto, apenas
en 2017. Ahora, el Congreso de Quintana Roo revive el añejo problema, al
definir su territorio incluyendo una franja que va desde Chemax hasta Tekax y
Peto. Cada constitución estatal puede definir su territorio; por ejemplo, la
yucateca abarca hasta el arrecife Los Alacranes (art. 14). El problema se
genera cuando se pretende realizar actos de autoridad en el territorio del
vecino, como elección de autoridades, inversiones, o sumar su población para
las participaciones en ingresos federales. Entonces comienza el litigio. De
manera alguna podemos darnos el lujo de menospreciar la determinación del
Congreso quintanarroense, mismo que se renovará tras las elecciones del próximo
2 de junio. De nuevo, como lo hicieron en ocasiones anteriores, los tres
poderes de Yucatán deberán interponer una controversia constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia, tal como ordena el artículo 46 constitucional, si es
que no se llega a un “convenio amistoso”, con la aprobación de la Cámara de
Senadores.
Territorio amenazado, gas natural
regateado, polo tecnológico dudoso: ¿malos pronósticos? No se trata de
envolvernos en la retórica del regionalismo, pero tampoco de evadir una realidad.
Ellos, los de fuera, no conocen ni aquilatan la capacidad de una economía y una
sociedad que supieron desatar el yugo henequenero que los ahorcaba. Y
reconvertirse en el polo más dinámico y diversificado de la región sur-sureste
de México.— Mérida, Yucatán