Gobierno autosuficiente. Sociedad inútil

Dulce María Sauri Riancho

El 14 de febrero, en pleno Día del Amor y la Amistad, el presidente López Obrador emitió su Circular Uno. Dirigida a los integrantes del gabinete legal y del ampliado (es decir, toda la administración pública federal) les notificaba que había tomado la decisión de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”. El propósito presidencial de esta radical medida —dice— es acabar “en definitiva” con “la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”. En consecuencia, el Ejecutivo federal instruyó a que “todos los apoyos para el bienestar del pueblo” se entregaran de manera directa a los beneficiarios. No lo manifiesta la Circular 1, pero se infiere que el gobierno y sus empleados repartirán los recursos presupuestales, o sea, el dinero, en efectivo, sin que medie control alguno sobre su correcta aplicación. De inmediato se hicieron sentir las repercusiones de la Circular Uno. He aquí algunas.

Estancias Infantiles. De un plumazo, en una aparente ocurrencia “mañanera”, el presidente de la república anunció el fin del programa de atención a más de 300,000 niñ@s entre uno y cuatro años, para entregar directamente a sus padres el equivalente a $800 mensuales. El domingo pasado, en esta misma sección se publicaron los resultados de una encuesta en la que el 10% de los progenitores consultados por el Diario anunciaron que utilizarían los recursos “en otra cosa”, en tanto que sus hijos menores serían atendidos por familiares sin paga. Las estancias infantiles se instalaban mediante un apoyo financiero del gobierno federal ($70,000) para realizar las adecuaciones al local donde un grupo de mujeres cuidaban a las y los niños menores, recibiendo $950 mensuales por menor atendido. Tres instituciones federales concurrían para el buen desempeño del programa: Desarrollo Social (hoy del Bienestar), la SEP y el DIF. El gobierno apoyaba y supervisaba, pero eran (o son) las responsables de la estancia quienes proporcionaban los servicios.

Programa de Refugio contra violencia doméstica. Desde hace ya 15 años, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegsr) de la Secretaría de Salud financia estas áreas mediante la transferencia de subsidios a refugios para mujeres víctimas de violencia, junto con sus hij@s. Ellas no pueden siquiera salir a la calle sin correr el riesgo de sufrir agresiones por parte de sus cónyuges o parejas. Incluso, la ubicación de los refugios se mantiene en secreto, precisamente para mantenerlas fuera del alcance de sus perseguidores. Estos lugares funcionan, en primer término, gracias a las personas que laboran en ellos, a pesar de que ponen —y no exagero— su propia vida en peligro. El gobierno apoya con presupuesto, pero ellas y ellos hacen posible la existencia de estos sitios. Ahora, el úkase del 14 de febrero instruye para quitarles los ya de por sí magros recursos.

Comedores Comunitarios. Se instalaron en las zonas más pobres del país, donde la carencia de alimentación nutritiva y de calidad es parte de la marginación. Con fondos federales y la organización comunitaria, se procedía a preparar comidas calientes para niñ@s, adultos y ancian@s, con ingredientes y personal de la misma población. Ahora también desaparecen, porque cesarán las transferencias monetarias indispensables para su funcionamiento.

¿Y Prospera-Oportunidades? Este programa existe desde 1997. Fue diseñado para romper el círculo intergeneracional de la pobreza mediante la creación de mejores condiciones de salud, educación y alimentación. A la fecha, más de seis millones de familias en todo el país (en Yucatán son alrededor de 150 mil familias) reciben transferencias monetarias para becas escolares, apoyo alimentario, adultos mayores (65 y más). Desde el inicio, el dinero de los apoyos se entrega directamente a las madres de familia, sin intermediación alguna. Ignoro qué esté planeando el nuevo gobierno para hacer sentir a las familias beneficiarias que sólo a él, exclusivamente a él se debe la entrega del dinero.

Programa de Coinversión Social. Junto con la Sedesol en 1992, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) fue fundado para atender iniciativas de organizaciones sociales. Numerosos proyectos de organizaciones muy variadas han logrado, al paso de los años, contar con suficientes fondos para realizar sus tareas de servicio, siendo éstos complementados con recursos públicos. Todavía este año logramos en la Cámara de Diputados que se restableciera el programa en el Presupuesto federal 2019. Pero la Circular Uno lo condena a su desaparición, al prohibir la entrega de recursos a las organizaciones sociales.

No acabo de comprender las razones del rechazo gubernamental a todo aquello que huela a sociedad civil organizada. Descalificar todo lo que provenga de sus acciones a favor de la niñez, tercera edad, albergues o mujeres violentadas. No intento someter a psicoanálisis a la nueva administración, pero las decisiones comentadas encienden “focos rojos” en el semáforo de las relaciones del gobierno federal con la sociedad. Pretender que López Obrador solo podrá con la colosal tarea es engañarse y engañar al pueblo.

Imagen: El Universal

El pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución demanda la concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y las organizaciones sociales. Pero si no fueran suficientes los argumentos constitucionales, existe también una ley creada ex profeso para normar las relaciones entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad: la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. No estaría de más que el presidente López Obrador revisara su artículo 5, donde se consignan las 19 actividades de estas organizaciones reconocidas por la propia Ley, y por lo tanto, con capacidad para “acceder a los apoyos y estímulos públicos” (art. 6, f. V).

Hay otro camino, más fácil: que el presidente López Obrador recapacite, que vea aliados y no enemigos en la sociedad y sus organizaciones. La tarea es enorme. Hable con ellos, señor Presidente, no los descalifique. Por el bien de su administración y de tod@s.— Mérida, Yucatán.