Primera ley. Arranca gobierno de la 4T
Dulce María Sauri Riancho
Se ha vuelto costumbre cuando un gobierno inicia que la primera ley en cambiar es la que norma su organización interna. Fiel a esta tradición, Morena presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Loapf). No lo hizo directamente el presidente electo porque todavía no tiene las facultades constitucionales, pero estoy segura que cada palabra y sobre todo cada atribución y función de la iniciativa de marras fue consultada y aprobada por quien habrá de tomar posesión el 1 de diciembre.
“Bueno, si así lo quiere AMLO, ¿se van a oponer ustedes?”. Casi me parece tocar el susurro sarcástico de algún lector que nos recuerda cuando el PRI y el PAN decidieron cómo armar su gobierno algunos años atrás. Cierto, no seremos obstáculo para el próximo gobierno, ni por convicción ni por número, pues cuentan con suficientes legisladores para aprobar por sí mismos casi todo lo que quieran, excepto reformas constitucionales que les costaría un poco más de trabajo. Aun así, es obligación de las y los diputados revisar, dictaminar y debatir sobre las iniciativas, más cuando se trata de una ley que normará el funcionamiento de toda la administración pública federal.
La actual Loapf no es muy larga, sólo contiene 56 artículos. En esta ocasión se pretende reformar 27 de ellos, casi la mitad. Algunos cambios son adecuaciones de nombres (como cambiar Ciudad de México en vez de Distrito Federal), pero la mayoría reflejan una clara intención centralizadora del gobierno que está por iniciar, porque es la “medicina” que aplicarán a las instituciones “enfermas” de corrupción. En este sentido, sobresale la intención de desaparecer las oficialías mayores de todas las dependencias, excepto Defensa Nacional, Marina y Hacienda, para sustituirlas por “unidades de administración y finanzas”. Estas oficinas dependerán de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular nombrará a los responsables y sólo a él (ya sabemos que será Carlos Urzúa) rendirán cuentas. Como Hacienda concentrará todas las compras del sector público, desde papel, medicinas, equipo de cómputo, etcétera, estas unidades harán circo, maroma y teatro para que las y los trabajadores de sus dependencias cuenten con los medios necesarios para realizar sus funciones. Hacienda tendrá también a su cargo la administración y operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, (SIIPP-G), que era responsabilidad de la Función Pública desde 2006.
La furia centralizadora alcanza también a los programas y “acciones estratégicas en materias prioritarias”. Las famosas “delegaciones de programas para el desarrollo”, son más conocidas porque las encabezará un/a “súper-delegado/a” en cada una de las 32 entidades federativas, quien tendrá a su cargo la coordinación entre las autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo federal. En Yucatán, será Joaquín Díaz Mena. Estos personajes, especie de “gobernadores federales”, que recuerdan a los “jefes políticos” del porfiriato, dependerán de la Oficina de la Presidencia, es decir, de Alfonso Romo. Por primera vez desde que fue creada esta instancia en tiempos del presidente Salinas de Gortari, la oficina presidencial tendrá funciones ejecutivas, ni más ni menos la responsabilidad de hacer que funcionen correctamente programas como Prospera, Adultos Mayores, etc., además de las inversiones en infraestructura para estados y municipios, entre otras importantes responsabilidades.
Gobernación es la dependencia que sufrirá los principales cambios. Perderá de nuevo las funciones en materia de seguridad pública, que había recuperado en 2012, cuando desapareció la secretaría del mismo nombre. Además, el famoso Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) desaparecerá, para ser sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP).
Aparentemente, poco nuevo se encuentra en las atribuciones de la exhumada SSP, textualmente trasladadas de Gobernación. Sin embargo, las nuevas funciones relacionadas con la seguridad interior e incluso seguridad nacional pueden crear confusiones con la seguridad pública, e incluso desvirtuar el funcionamiento de áreas tan delicadas como los sistemas de inteligencia policial y política. Además, esta nueva gran secretaría tendrá a su cargo el sistema nacional de Protección Civil y la coordinación con los estados y municipios en caso de emergencias por huracanes, sismos, sequías, incendios y cualquier desastre que afecte a la población.
La secretaría de Bienestar se conformará sobre la base de la actual de Desarrollo Social. Destaca la incorporación de las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, así como cuatro acciones relacionadas con la inclusión del campo en las políticas de desarrollo social. Como no están claras las líneas de coordinación con la secretaría de Agricultura, puede haber tropezones y duplicidades. Y es que esta última, aligerado su largo nombre de “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, queda sólo como “Agricultura y Desarrollo Rural”. Si bien no pierde alguna de las 21 funciones de la antigua Sagarpa, no se explica en ningún lado qué sucederá con la Ganadería y la Pesca, importantes sectores económicos borrados de su denominación.
En síntesis, tres dependencias “obesas” a fuerza de centralizar: Hacienda, Seguridad y una revitalizada políticamente Oficina de la Presidencia. Una secretaría famélica: Gobernación. Varias funciones duplicadas o triplicadas, con límites imprecisos, son algunos de los problemas que un buen dictamen de comisiones unidas de la Cámara de Diputados y de Senadores podría corregir, si encontráramos en la mayoría morenista la actitud de mejorarla. Una gran ausencia: nadie se tomó la molestia de solicitar a la comisión de Presupuesto una estimación del impacto presupuestal, tal como obliga la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que prospere cualquier iniciativa de ley. ¿Minucias? Ya veremos.— Mérida, Yucatán.