Austeros o pichicatos. Apellidos de la austeridad

Austeridad es la palabra que ha puesto de moda el próximo presidente. Se afirma hasta la saciedad que el gobierno “será austero” y sus funcionari@s también. Que se combatirá vigorosamente cualquier exceso que represente abandonar la senda de la “mortificación de los sentidos y pasiones” (RAE, actualización 2017). Ojo, el gobierno tiene tres poderes, que debieran ser autónomos. Cuando un concepto es mencionado en forma tan reiterada y por personajes tan disímiles, más vale irse con precaución antes de caer en una polisemia, es decir, asignar pluralidad de significados a una misma expresión, dependiendo de la persona o las circunstancias en que se emita. Entonces, ¿cómo evadir la trampa del lugar común, más cuando de esta cualidad se derivarán un conjunto de decisiones y políticas públicas del gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre?

Hace unos días leí un interesante editorial de una futura compañera legisladora. Ella, Soraya Pérez Munguía, escribió “Austeridad sin inteligencia” para alertar sobre la repercusión en el funcionamiento gubernamental de una serie de medidas que se han vinculado con el futuro “gobierno austero” de López Obrador. Inspirada por estas reflexiones, decidí ponerle distintos apellidos a la austeridad, otra manera de precisar sus características y alcances. Parto de la consideración de que las cualidades personales no se transforman mecánicamente en virtudes públicas. Es más: en la esfera del ejercicio de gobierno, la aplicación indiscriminada de la austeridad puede incluso representar graves riesgos a la función pública. Veamos.

Austeridad disfuncional. Vienen los “recortes” al llamado “gasto corriente”, que incluye sueldos y salarios de la vilipendiada burocracia. Adiós a los contratos de honorarios de numerosos servidores públicos que, a pesar de haber trabajado por muchos años, nunca alcanzaron la ansiada plaza que les diera estabilidad laboral. Todavía peor les irá a los incorporados bajo el capítulo 3000, una especie de subcontratación repetida cada tres o seis meses, que permite a los gobiernos evadir responsabilidades laborales como la seguridad social y el aguinaldo. Se preguntarán, amig@s, por qué nunca obtuvieron sus plazas estos funcionarios. La razón está justamente en las apariencias de austeridad que, un gobierno tras otro, impedían incrementar la plantilla laboral. Ell@s son los que sostienen en buena medida las cargas de trabajo burocrático. Si se van, ¿quién lo realizará?

Austeridad Inútil. Suena bien vender el avión presidencial y devolver al Estado Mayor a los cuarteles militares. Pero el presidente de México tendrá que viajar. Lo hará en avión de línea comercial, con un mínimo de apoyo logístico, es decir, comunicaciones permanentes, ayudantes, choferes y grupo de seguridad. Tal vez serían, sin exagerar, un mínimo de 20 lugares reservados, probablemente, de última hora. ¿A quiénes bajarán para dar espacio prioritario a los colaboradores presidenciales? ¿Cuánto tiempo durará esta situación antes de que la realidad los lleve a tener que rentar aeronaves? ¿Cuánto costará en dinero? Como este ejemplo podríamos encontrar otros, en que bajo la razón de ser “sobrio, moderado y sin excesos”, se acabe erogando mucho más que antes.

Austeridad perversa. Bajo el pretexto de combatir excesos y vicios se ocultan las verdaderas razones de control o sojuzgamiento de un grupo a la omnímoda voluntad del presidente de la república. La primera arremetida la encontramos en el Congreso de la Unión. Morena tendrá la mayoría simple de legisladores que le permitirá definir las reglas para el funcionamiento interno de las cámaras de Diputados y de Senadores. Cierto que excesos y vicios añejos justifican los recortes que el grupo mayoritario pretende aplicar. Irónicamente, estos modernos ayatolas legislativos quieren acabar con todo aquello que le dio autonomía al Poder Legislativo en su actuación frente al Ejecutivo. Dos ejemplos: en 1997, año en que por primera vez la oposición fue mayoría al gobierno del PRI, se crearon el Canal del Congreso y el Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas (CEFP). El primero sirvió para divulgar las actividades camarales y transmitir en vivo las sesiones legislativas. Su calidad técnica y capacidad de producción de materiales interesantes se han basado en el otorgamiento de los recursos necesarios para realizar una eficaz función. El CEFP cumple 20 años de su fundación. Gracias a sus trabajos, la Cámara de Diputados puede realizar con mayor eficacia sus tareas de revisión del “paquete económico” y dar seguimiento al ejercicio del gasto público, sin depender de la buena voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Sin asesores en cantidad y de calidad suficiente, debilitado el CEFP y otros centros similares, los grupos parlamentarios opositores, como lo será el PRI en la próxima legislatura, quedarán librados a sus propias fuerzas y el Poder Legislativo, en su conjunto, quedará en riesgo de perder parte de su soberanía, reforzando los lazos de sumisión al Ejecutivo. Con su propia dinámica, esta estrategia de sujeción al presidente de la república también puede afectar al Poder Judicial.

El vestido de la austeridad tiene mucho paño de dónde cortar. Edificios innecesarios, remodelaciones de oficinas, gastos en comunicación social, programas duplicados e ineficaces, son algunas de las cuestiones indispensables de moderar o de plano, eliminar. Gastar mejor no implica reducir sin ton ni son los recursos necesarios para el servicio público de calidad y para consolidar el equilibrio entre poderes. La tijera tiene que estar bien afilada, pero orientada hacia la eficiencia, eficacia y transparencia. Austeridad inteligente y saludable es lo que demandamos como sociedad, no pichicatería paralizante.— Mérida, Yucatán.