Mazacote electoral. Chihuahua, Tratado y otras
Dulce María Sauri Riancho
Tres
apuntes del mazacote en que se han convertido las precampañas. Política hay en
todos los actos y decisiones que toman los responsables de la conducción de los
asuntos públicos del país. Y en tiempos electorales, todos sin excepción están
imbuidos de intereses partidistas, abiertos o soterrados. No hay que olvidarlo
ni por un momento.
Chihuahua
y las represalias de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Ríos de tinta y cientos
de imágenes han ilustrado el enfrentamiento entre el gobierno de esta entidad
norteña y las autoridades hacendarias federales. Al igual que en otros estados
de alternancia partidista, el gobernador Javier Corral emprendió una intensa
investigación sobre la gestión de su antecesor en el cargo, el priista César
Duarte. Necesario es recordar que en 2016, un año de malos resultados para el
PRI, cambió el partido en el gobierno en 9 de los 12 estados con elecciones
ordinarias: Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Veracruz,
Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua. Se salvaron para el PRI, Tlaxcala, Zacatecas e
Hidalgo; y para el PAN, Puebla. En casi todos los estados en los que hubo
alternancia se han abierto expedientes sobre la gestión inmediata anterior. En
los casos de Quintana Roo y Veracruz, los exgobernadores han sido extraditados
y puestos a disposición de la justicia, además de un elevado número de
exfuncionarios. No todo es color de rosa en Chihuahua desde que comenzó el
gobierno azul. Se puede constatar un grave deterioro de la situación de
seguridad que, tras muchos esfuerzos y recursos, se había alcanzado en la
entidad más extensa de la República. El asesinato de la periodista de “La
Jornada” Miroslava Breach concentró el foco de atención nacional no sólo por el
lamentable hecho, sino también por las revelaciones de presuntos nexos entre
políticos panistas y los autores intelectuales del deleznable acto. De pronto,
cuando parecía que la investigación alcanzaba cotas hasta entonces
inalcanzables de la complicidad entre políticos y criminales, surgió con furia
el tema del financiamiento de las campañas electorales del PRI con recursos
transferidos por la SHCP. ¿Coincidencia o factor de distracción? Lo cierto es
que la atención sobre el PAN y sus nexos criminales quedó relegada, para ser
sustituida por una estrategia que pretende golpear al gobierno de Peña Nieto,
pero especialmente al precandidato priista, José Antonio Meade. Bien se ha
cuidado el gobernador Corral de reconocer que gracias a la intervención de la
Policía Federal pudo ejecutarse una orden de aprehensión en Saltillo, Coahuila,
para lograr el traslado del inculpado hasta Chihuahua. Poco se ha dicho sobre
las relaciones aparentemente cordiales, durante año y medio, entre la
Federación y el gobierno estatal no sólo en las cuestiones financieras, sino de
seguridad, cuestiones fronterizas, desarrollo social, etcétera. Llama la
atención que el lunes pasado hubiera salido publicada una carta suscrita por 11
exgobernadores del PAN solidarizándose con Corral, pero sin la firma de ninguno
de los actuales gobernantes estatales del PAN o de partidos opositores al PRI.
Y conste que los gobernantes que no son del PRI son la mayoría (17 a 15), sin
que hasta el momento alguno de ellos hubiera respaldado las denuncias de su par
de Chihuahua. En medio de las aguas revueltas, no debe resultar cómoda la
posición de quienes se están jugando el pellejo político al proceder contra sus
predecesores, como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, o Carlos Joaquín Coldwell,
de Quintana Roo. Tal parece que la enjundia de Javier Corral incluye tender
sobre ellos la sombra de la sospecha, una especie de calificación de
blandengues o quizá de cómplices, por no sufrir las mismas supuestas
represalias que él. ¿Será el combate a la corrupción lo que lo anima? ¿O Javier
Corral midió tiempos para ir en pos de la presa mayor, que es el precandidato
del PRI a la Presidencia de la República?
Renegociación
del Tlcan hasta después del 1 de julio. No puedo culpar a las autoridades
canadienses por sugerir se posponga la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan) hasta que se hayan efectuado las
elecciones en México. Menos cuando el lunes pasado tuve oportunidad de escuchar
el audio de un mitin de Andrés Manuel, donde expresaba su posición contraria a
“todas” las reformas realizadas en este sexenio y lanzándose a descalificar el
Tratado por el fácil camino de la bravuconada revestida de patriotismo. ¿Será
esa la opinión definitiva de López Obrador sobre la más importante relación
económica de México, de la que dependen millones de empleos, o se trata de un
recurso mediático, uno más de sus exabruptos? Tenemos derecho a conocer los
fundamentos de esa afirmación.
“Mazacote”.
“Masa espesa y pegajosa”, así lo define la Real Academia Española en su
acepción número 6. No encuentro palabra más adecuada para definir este periodo
de supuestas precampañas de los aspirantes a figurar en las boletas.
Confusión, burla y daño a
la credibilidad de las autoridades electorales. En medio del espectáculo, Anaya
y Andrés Manuel insisten y se empeñan en que el PRI cambie a su precandidato a
la Presidencia de la República. No les gusta Meade, tal parece que quieren otro
más a modo de sus intenciones de restarle apoyos a la sensatez y la experiencia
que refleja el precandidato priista.— Mérida, Yucatán.