Presupuesto 2018, aprobado. Ahora, lo que sigue.

Dulce María Sauri Riancho

Nunca como ahora se hallan entrelazados los tiempos políticos y los presupuestales. El largo camino de aprobación del “paquete económico” 2018, que comenzó desde el 8 de septiembre, concluyó antes de su fecha límite del 15 de noviembre. Nada y todo fue diferente este año. Fue igual el tiempo de presentación y el formato de discusión. Un terremoto cambió objetivos y cifras. Varios protagonistas de este complejo proceso son, por hoy, personajes de historias de suspenso, quizá figuras estelares, en las decisiones políticas por venir. Vayamos por partes.

Los tiempos. El Ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 (PEF), la que corresponde al cierre de su administración, desde principios de septiembre. Doce días después de presentarla sucedió el sismo que afectó extensas zonas del centro-sur del país y Ciudad de México. La aguda necesidad de miles de familias que perdieron casa y fuente de ingreso; las escuelas, hospitales y centros de salud destruidos o gravemente dañados obligaban a una reformulación de las prioridades presupuestales, tanto en las urgencias a atender en el resto del año, como en el proyecto para 2018.

Las cifras. Cinco billones 280 mil millones alcanza el total de los ingresos contemplados para el año próximo, el último de la presente administración. El Ejecutivo había estimado 43 mil millones menos, pero los legisladores lograron incrementar las estimaciones aumentando el precio del petróleo de 46 a 48.5 dólares y modificando la paridad peso-dólar, de 18.1 a 18.4 pesos por dólar. Fue la única vía que encontraron los diputados para disponer de recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por sismos y huracanes, así como solventar importantes disminuciones que consideraba la iniciativa presidencial, por ejemplo, en los programas destinados a pobladores del campo y sus actividades agrícolas. Las dos cámaras —diputados y senadores— aprobaron la Ley de Ingresos un día antes del plazo límite y los diputados pudieron comenzar las complejas negociaciones para distribuir los recursos a recaudar por impuestos y derechos.

La negociación de los ingresos. Junto con las iniciativas en materia económica llegan a ambas cámaras los gestores y los cabilderos. Cuando de ingresos se trata, agentes de grandes empresas tratan de “convencer” a los legisladores de no incrementar impuestos a tal o cual negocio. En esta materia, se cuenta con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, por el cual el Ejecutivo se comprometió a no proponer nuevos impuestos o a incrementar la tasa de los existentes. Tal parece que ha funcionado en los cuatro últimos años, después de la controvertida reforma fiscal de 2014. Este Acuerdo no incluye el incremento de los precios de las gasolinas, atribuido a la liberación de su mercado, que sigue representando una importante fuente de ingresos del sector público, sin que se haya encontrado forma de sustituirla.

La negociación del gasto. Mucho más difíciles son las negociaciones para la distribución del presupuesto. Más en este año que será el último para los gobiernos de nueve entidades federativas y para la inmensa mayoría de los ayuntamientos del país. Las romerías de gobernadores, presidentes municipales e incluso algunos funcionarios federales hacia la Cámara de Diputados forman parte del paisaje de estas semanas. También los diputados negocian entre sí. Cada una de las comisiones presenta las necesidades de recursos para su sector, y si son casi 50, ya podemos imaginarnos las maniobras que tiene que realizar la Comisión de Presupuesto, encargada de encontrarle la cuadratura al círculo. A esas tensiones habrá que sumar las gestiones especiales que cada grupo parlamentario realiza en favor de las administraciones estatales o municipales de su partido. Agréguense las obras o programas a atender en los distritos por intervención de la o el diputado federal.

Los resultados. Contra los pronósticos pesimistas que se alimentaban con los turbulentos inicios de septiembre, una amplia mayoría aprobó el dictamen en lo general sobre el PEF 2018, cinco días antes de la fecha fatal marcada en la Constitución. Durante más de 10 horas, decenas de diputados/as utilizaron la tribuna para discutir los artículos reservados. La votación final, bastante apretada, dejó ver los entretelones de una difícil negociación legislativa, finalmente exitosa.

 

Personajes en la encrucijada. En razón a su campo de responsabilidades, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, compareció varias veces ante el pleno de los diputados. Sin excepción, fueron eventos tranquilos y respetuosos, en los que el secretario se condujo con aplomo. No es común encontrar este ambiente en la mayoría de las comparecencias de funcionarios ante comisiones, menos aún cuando se trata de un serio aspirante a la candidatura presidencial. Otro personaje, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, logró lo que parecía imposible después del conflicto de inicios del periodo. Lo hizo sin estridencias, con un adecuado manejo de la asamblea y, seguramente, con una demandante negociación política.

La segunda parte de noviembre podría ser definitoria para el futuro inmediato de los dos protagonistas del presupuesto. José Antonio Meade puede terminar el mes como gobernador del Banco de México… o como candidato externo del PRI a la Presidencia de la República. Jorge Carlos Ramírez puede ver cristalizado su anhelo de la candidatura al gobierno de Yucatán, o ser amablemente invitado a formar parte del equipo del próximo candidato presidencial del PRI. Ambos, Meade y Ramírez, han mostrado en estos días temple de negociador; han sabido escuchar y conciliar intereses para obtener resultados tangibles, en un ambiente caracterizado por la crispación política. Poco falta para conocer el desenlace de estas dos historias.— Mérida, Yucatán.