Comisión Nacional de Reconstrucción: Peritaje y dinero

Dulce María Sauri Riancho

Me parece que al término del histórico desafío que representará la competencia por el poder en México en 2018, debemos llevar a cabo el más profundo debate nacional sobre el modelo electoral que hemos construido en los últimos 30 años —Lorenzo Córdova, presidente del INE

Ha pasado una semana del terremoto que azotó el centro del país. Su feroz secuela ha sido la destrucción y la pérdida de vidas. Ahora viene la parte más difícil. La solidaridad en la emergencia tendrá que ser sustituida por la capacidad en la reconstrucción. Me referiré a dos de sus principales componentes: uno, el recuento puntual de los daños registrados, lo mismo edificios habitacionales y casas particulares que edificios públicos e infraestructura social. Este recuento debiera acompañarse con un diagnóstico de lo sucedido a la infraestructura y a los edificios, públicos o privados, a las casas que se colapsaron en distintas partes, muy especialmente en la ciudad de México. Saber lo que ocurrió es condición necesaria para que no vuelva a ocurrir.

Segundo: el espinoso asunto del dinero para realizar las obras requeridas para la reconstrucción. Septiembre, mes de la Patria, también de la presentación del último paquete económico de la administración de Enrique Peña Nieto. Apenas el día 8 se hizo entrega de las iniciativas del Ejecutivo federal sobre ingresos y gastos para 2018. La emergencia obligará sin duda a los legisladores a replantear prioridades. Tendrán que hacerlo en las próximas semanas, pues antes del 15 de noviembre deberá ser aprobado el Presupuesto federal del próximo año. Falta poco… y falta mucho…

La emergencia se está atendiendo, por lo pronto, con los recursos asignados al Fonden (Fondo Nacional de Desastres), que cesa sus funciones en cuanto concluye esta etapa. Las urgencias de la catástrofe septembrina no pueden esperar a 2018. La exigencia ciudadana se ha centrado en el dinero que se entrega a los partidos políticos. Deben, dicen, entregarlo para la reconstrucción. Pongámosle números. En 2017, el INE dispone de casi 11 mil millones de pesos para sus actividades, en tanto que los partidos políticos reciben un poco más de 4 mil millones, en total, 15 mil millones de pesos en números redondos. Para “ya” los partidos pueden devolver —o no recibir— una cuarta parte de sus prerrogativas correspondientes al último trimestre del año, que entre los nueve sumaría alrededor de mil millones de pesos. Al momento, sólo el PRI ha renunciado a su última ministración por 258 millones de pesos. En 2018, los partidos prevén recibir casi 6,800 millones de pesos para sus actividades ordinarias y para las campañas políticas de sus candidatos. Por su parte, el INE solicitó más de 18 mil millones de pesos para organizar las elecciones. En total, partidos, candidatos y árbitro electoral requerirán 25 mil millones de pesos el próximo año. Es posible encontrar un mecanismo que permita transferir parte del dinero de los partidos a los fondos de reconstrucción sin necesidad de realizar una reforma constitucional. Ya lo mencionó nuestro paisano, presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. La fórmula de cálculo de los recursos que reciben las entidades de interés público que son los partidos políticos está en la Constitución. Esa también es la razón por la cual los legisladores están impedidos de reducir su financiamiento. Pero nada, absolutamente nada, obstaculiza que los partidos políticos renuncien VOLUNTARIAMENTE a recibirlo.

Pongo en mayúscula la palabra mágica. Y allá comienzan los asegunes. ¿Cómo entregar a ese gobierno, al que tachan de corrupto y manipulador, sus prerrogativas? Consideran que una acción de esta naturaleza los colocaría en desventaja frente al partido en el gobierno en 2018.

Por eso, el Frente Ciudadano proclama que es necesario revisar todo el financiamiento público y realizar, de una vez, la reforma constitucional que lo transforme, que ya no aplicaría en el proceso electoral en curso. El lunes pasado, el PRI presentó una iniciativa para eliminar financiamiento público a los partidos y la totalidad de los legisladores plurinominales y locales. Esto es, una transformación radical del modelo político-electoral vigente desde 1977, cuando desde el 8 de este mes dio inicio el proceso electoral del año próximo.

No podemos permitir que todo quede en una maniobra suspensiva: que todo siga igual hasta que cambien la Constitución y las leyes que fijan el financiamiento público, lo cual requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las dos cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados. Fingir que sí se quiere ayudar, pero hacer todo lo posible para que no suceda.

Por eso, la vía de la renuncia es la más oportuna. Ante ésta, no habría pretexto ni obstáculos legales para que los partidos devuelvan a la sociedad parte de lo mucho que han recibido. Y después de la elección, que los legisladores debatan y decidan sobre el modelo político y su financiamiento, tal como propone Lorenzo Córdova.

Quedaría por definirse quién recibiría los recursos provenientes de fondos públicos, partidos políticos y ciudadanos, dirigidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes. ¿El gobierno y sus instituciones, en año electoral? ¿Los partidos políticos, para que ellos mismos los distribuyan de acuerdo a sus prioridades?

Considero que la propuesta de Enrique Krauze es pertinente: que una comisión de reconstrucción, conformada por ciudadan@s destacados, con credibilidad y buena fama, fuera la que ejerciera los recursos depositados en un fideicomiso público y vigilara su correcta aplicación. La UNAM podría ser responsable del secretariado ejecutivo de esta comisión.

Los legisladores la crearían mediante decreto y los diputados podrían engrosar esa bolsa con las cuestionadas partidas presupuestales de los “moches”, que este año ascienden a más de 9 mil millones de pesos. Y el INE podría contribuir reduciendo en forma significativa la cifra de 18 mil millones de pesos solicitados. Así, los gobiernos (federal, estatales y de la ciudad de México) renunciarían a ejercer los programas y acciones dirigidas a la reconstrucción y podrían seguir adelante con sus funciones ordinarias; los partidos políticos podrían renunciar a sus prerrogativas electorales y la ciudadanía podría realizar donativos con la confianza de que los recursos llegarán a su destino.— Mérida, Yucatán.