Temporada de informes. Vísperas electorales
Dulce María Sauri Riancho
Hasta hace poco tiempo, el noveno mes del año se
inauguraba con la presentación del Informe presidencial. El ritual político más
importante se cumplía a cabalidad, incluyendo las interpretaciones derivadas de
su lectura entre líneas, fuente de especulación sobre acontecimientos
presumiblemente cercanos, que podrían incluir cambios en el gabinete o anuncios
de nuevas obras y programas. Los medios masivos de comunicación se inundaban de
imágenes, felicitaciones al primer mandatario o críticas de los representantes
de los partidos opositores. En el radar de los acontecimientos políticos de
septiembre no existía otra cosa que el sol presidencial.
El
proceso democrático del país ha marcado nuevas fechas y las circunstancias se
han modificado sustancialmente. Ahora, el presidente de la república envía su
informe al Congreso y al día siguiente emite un mensaje al país o, como sucedió
el año pasado, entabla un diálogo con jóvenes como una manera de tomar el pulso
al grupo más numeroso de la población mexicana sobre la actuación política de
su gobierno. Los cambios no paran ahí. Al menos en Yucatán, los informes de los
presidentes municipales coinciden en fechas con el Informe presidencial y, en
el margen de su demarcación, disputan palmo a palmo la atención de la
ciudadanía con los mismísimos spots de Peña Nieto.
Por si
no fuera suficiente con esta avalancha publicitaria, los legisladores federales
—diputados, senadores— han seleccionado los últimos días de agosto para
informar a sus electores sobre sus actividades en las cámaras y los resultados
de sus gestiones. Como alud imparable han surgido espectaculares con los
rostros y logros de ellos y ellas. Inserciones gráficas en medios impresos;
publicidad en los electrónicos, incluyendo comerciales transmitidos en medio de
la pelea estelar en la función sabatina de box; interrupciones frecuentes en el
canal de youtube de música clásica para introducir al #amigoLibo y sus
actividades como diputado, etcétera, etcétera. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Ahora el llamado “mes patrio” tiene nuevos actores de la llamada “clase
política” que disputan al Ejecutivo federal la atención pública.
Antes
de 1994, el interés sobre el Informe presidencial se acentuaba el quinto año de
gobierno. La tradición hizo “del día siguiente” el punto de arranque de la
sucesión presidencial. A partir de entonces, el misterio del candidato sería
develado en cualquier momento. Así sucedió en noviembre de 1993, cuando el 28
de ese mes la candidatura de Luis Donaldo Colosio fue dada a conocer. El
proceso abierto del PRI en 1999 y la dinámica del PAN como partido en el
gobierno para seleccionar a sus candidatos, cancelaron prácticamente la expectativa
del quinto año en 2005 y 2011.
Pero
ahora, en 2017, esa tradición viene de regreso. Y no se debe sólo a las
prácticas y costumbres políticas del PRI, sino también a las fechas marcadas
por la legislación electoral para los partidos y sus procesos internos. El 8 de
septiembre es la fecha mágica. Ese día se inicia el proceso electoral 2018.
También es el límite que tiene el ejecutivo federal para entregar sus
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. La parte política
concentra, sin embargo, el mayor interés. La piedra de toque son los
lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018,
expedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). “Piso parejo” le ha
llamado el presidente del INE, que se aplicará a todos aquellos aspirantes a
cargos de elección popular por la vía partidista, que “están dirigidos y
diseñados para inhibir, evidenciar y sancionar a los tramposos de la equidad
electoral” (Lorenzo Córdova Vianello). Se trata, según el árbitro electoral
nacional, de que estos aspirantes no puedan aprovechar las prerrogativas de sus
partidos en materia de radio y televisión o sus recursos económicos para
posicionarse “indebidamente”. Ésta es la explicación de las prisas y los
excesos de los actores políticos en los últimos días. Después del próximo 8,
cualquier acción de publicidad o propaganda pagada con dinero público o privado
podrá ser considerada como erogación con cargo a gastos de precampaña. Y si
algún aspirante rebasa el límite, podrá ser negado el registro de su
candidatura.
Pero
¿quiénes son los aspirantes de los partidos a los distintos cargos? Excepto
Morena, en la presidencia de la república y el gobierno de la ciudad de México,
ninguna organización política ha mostrado aún sus cartas. Entonces, ¿quién habrá
de ponerse el saco, más cuando hasta el 13 de diciembre comienzan formalmente
los procesos internos? Todos y ninguno. La intención del INE de “piso parejo”
es buena, pero su instrumentación está sembrada de baches y hoyancos. Es tenue
la línea divisoria con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la
información.
Por lo
pronto, hay ruido adicional sobre la ya tortuosa obligación de informar y la
limitada labor de fiscalización de los actos del ejecutivo. La mayoría de los
responsables —diputados y senadores— están más preocupados en su próxima
candidatura que en indagar sobre el grado de cumplimiento de responsabilidades
y compromisos del presidente de la república. Los regidores estarán más
interesados en la reelección que en revisar las acciones realizadas por el
cabildo. Parece que el futuro se impone sobre el pasado. No obstante, sin
rendición de cuentas no hay mejor mañana para la sociedad. ¿Tendremos la fuerza
para exigir una cabal fiscalización, aún en vísperas electorales? Me declaro entre
el escepticismo y la esperanza.— Mérida, Yucatán.