¡Sube la gasolina! ¿Crisis en puerta?

Dulce María Sauri Riancho

Entre incertidumbre y zozobra dio inicio 2017. A los incrementos anunciados de las gasolinas y el diésel, muy pronto se unieron los anuncios del alza en el transporte público, seguidos de las tarifas eléctricas y del gas L.P. Hacía mucho tiempo, alrededor de 22 años, que no estaban tan encontradas las visiones del gobierno y de la sociedad sobre asuntos económicos. En esa fecha, diciembre de 1994, se rompió la “banda de flotación” que sostenía la paridad peso-dólar americano en un máximo de $3.49. Antes de cumplir el primer mes de su mandato, Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación, donde dio a conocer el “Programa de Emergencia Económica”, la versión mexicana de “sudor y lágrimas” que en el caso inglés de la II Guerra mundial había sido acompañado también de “sangre”. En los primeros meses de 1995, la mayoría del PRI en el Poder Legislativo aprobó el incremento de la tasa general del IVA al 15%: convirtió en deuda pública 29 mil millones de dólares (los famosos Tesobonos) para poder liquidarlos y reformó la Ley General de Deuda Pública para dar en garantía al gobierno americano la factura de los ingresos petroleros (entonces cuantiosos), a cambio de la cual se abrió una línea de crédito por más de 50 mil millones de dólares.

Mientras se libraba una feroz batalla en la macroeconomía, el impacto de la crisis fue demoledor en la vida y las finanzas de las familias. Las más pobres vieron hacer aún más precario su ingreso por la inflación. Las familias de clase media que habrían contraído créditos para adquisición de casas, vehículos o tenían deudas en sus tarjetas de crédito vieron que los montos se incrementaban varias veces en unas cuantas semanas. Las empresas que habían logrado empréstitos para aprovechar las ventajas que ofrecía el recién inaugurado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encontraron con enormes adeudos en dólares, sin recursos para poderles hacer frente. Los bancos comerciales recién reprivatizados quebraron. Sus carteras vencidas pasaron a propiedad del gobierno. Surgió el Fobaproa como manera de evitar la pérdida del dinero de los ahorradores y cuentahabientes. El país contrajo adeudos que seguirá pagando hasta 2025.

En la parte política, el PRI inició una cadena de derrotas electorales desde febrero de 1995. Sólo se salvó la gubernatura de Yucatán en mayo de ese año. A mediados de 1997, el partido en el gobierno perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, así como la primera elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. El G-4, integrado por los partidos opositores al PRI, ocupó los principales cargos y por primera vez un legislador de oposición, Porfirio Muñoz Ledo, respondió un informe presidencial. Casi tres años después, la economía se había recuperado; el empleo también. Sin embargo, el 2 de julio de 2000, el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República. Este hecho simbolizó el agotamiento de un modelo político que rigió al país por más de 70 años y abrió paso a la transición en la que aún estamos inmersos.

Hago este recuento del pasado cercano para enmarcar la situación presente. No estamos como en 1995, al borde del abismo económico, aunque ahora, a diferencia de entonces, no contamos con la esperanza del TLC, cuestionado por Donald Trump.

Aumentar la gasolina y el diésel impacta todo. Es falso que sólo quienes tienen vehículos lo resentirán. O quienes usen el transporte público. Hasta el producto más modesto requiere de traslado hasta el centro de consumo; también la electricidad será más cara porque parte importante de ella se genera quemando combustible fósil (combustóleo y gas natural). ¿Cómo llegamos a este punto? Tendríamos que irnos a revisar malas decisiones que se tomaron en tiempos de crisis, como 1995, y en periodos de abundancia, cuando los precios del petróleo crudo alcanzaron más de 100 dólares el barril, tal como sucedió entre 2001 y 2008. Pemex fue utilizado para financiar el gasto público desde el aciago presupuesto 1995 en adelante. Los ingresos extraordinarios recibidos por el petróleo de exportación se perdieron en la maraña de una creciente y voraz burocracia que extendió sus redes hasta el municipio más modesto del país. La corrupción se desprendió de los últimos resquicios de pudor. Cuando se discutieron las reformas en 2013, no hubo la capacidad política y la energía social para defender la renta petrolera e impedir su privatización.

Dice el secretario de Hacienda que los mexicanos “no debemos asustarnos”; que el precio de las gasolinas se va a “divorciar” de razones tributarias y políticas. Quizá por eso se adelantó la apertura del mercado un año, no fuera a coincidir con las elecciones de 2018. Por el rumbo de Bucareli y de Insurgentes, en Gobernación y en el PRI cruzan los dedos ante las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Junto con las presidencias municipales de Veracruz serán la muestra con que se medirá la magnitud del descontento popular por el alza de los combustibles y el recrudecimiento de la inflación. Ya lo veremos el 4 de junio.

Zedillo recondujo la economía después de la crisis. Habló duro el 29 de diciembre de 1994: “No podemos permitir que la crisis nos arrastre; debemos enfrentarla y controlarla de inmediato admitiendo los sacrificios que la situación hace inevitables”. Añadió: “… todos preferimos la verdad para saber bien a qué atenernos”. Eso falta: que Peña Nieto explique… y que el pueblo de México le crea.— Mérida, Yucatán.