Paquete económico 2017. La sonrisa de Meade
Dulce María Sauri Riancho
“De qué
se ríe, señor ministro, de qué se ríe”. Esta frase del poema “Seré curioso”, de
Mario Benedetti, se espetó ante la fotografía que mostraba la sonrisa del
flamante secretario de Hacienda, José Antonio Meade, al hacer entrega al
presidente de la Cámara de Diputados del “paquete económico” 2017. Apenas un
día antes, el miércoles 7, se anunció la renuncia de Luis Videgaray, el
poderoso titular de Hacienda, defenestrado ante la opinión pública por haber
sido el culpable de “traer” a Trump a México. Alguien tenía que pagar el costo
político del humillante encuentro entre el Ejecutivo mexicano y el
impresentable candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
Además, había apremio para realizar el cambio de funcionarios, pues el 8 de
septiembre es el plazo constitucional para entregar los proyectos de Ley de
Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el año siguiente, en este caso, 2017.
Meade,
quien ya había estado al frente de la Secretaría de Hacienda —la encabezó el
último año de Felipe Calderón—, recibió una “papa caliente” cocinada por su
antecesor, que el novel secretario se limitó a transportar hasta su destino
final, para después preparar sus comparecencias, una para analizar el IV
Informe —¿quién se acuerda?— y otra para defender la iniciativa económica
presidencial en las próximas semanas.
Las
cifras del “paquete” son astronómicas, pero importantes de conocer para calar
el suelo que estaremos pisando los próximos 12 meses. El presupuesto federal
propuesto por el Ejecutivo asciende a casi 4.9 billones de pesos (cuatro
billones 837,512 millones 300 mil pesos).
Para
tener una idea de su escala, el presupuesto del estado de Yucatán 2016, por
casi 37,000 millones de pesos, representa menos del 1% del total (0.8). De esa
enorme cifra, casi 500 mil millones representan el déficit presupuestario, o
sea que de entrada, el gobierno tiene previsto gastar 10% más que sus ingresos
en 2017. De allí surge la sombra ominosa que invade la macroeconomía mexicana:
se llama Deuda pública.
En
nueve años pasó de representar el 21.7% del PIB (Producto Interno Bruto) a ser
el 48.5%. Flaco consuelo representa saber que otros países, como Japón y
Francia, deben más del 100% de su PIB. En el caso mexicano no es sólo la
magnitud de la deuda, sino principalmente la rapidez de su incremento lo que
preocupa a las calificadoras internacionales, que decidieron “degradar” de
Estable a Negativa la nota a los adeudos gubernamentales mexicanos. Sé que el
gobierno no es exactamente como un negocio privado o el presupuesto de una
familia, que cuando disminuyen sus ingresos por alguna causa tienen que reducir
sus gastos hasta recuperar el equilibrio perdido.
“Ajustar”
el cinturón gubernamental representa distinguir entre el gasto no programable,
donde están los pagos a los créditos contraídos, las pensiones, participaciones
a estados y municipios, entre otros, mismos que no puede reducir sin riesgo de
caer en males mayores. Luego viene el gasto programable, donde el gobierno
tiene un poco más de margen de acción. Allá es donde la tijera de Videgaray
actuó. Restablecidos de la sorpresa de los cambios, los especialistas en
finanzas públicas y diversas organizaciones sociales dedicadas a monitorearlas
alertaron de las reducciones propuestas, muy significativas en renglones tales
como Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, entre otros, a pesar de que el
discurso gubernamental afirma exactamente lo contrario.
Diversas
voces, incluyendo la de algunos legisladores, se han levantado para denunciar
que presupuestos canalizados a instituciones como la Comisión de Pueblos
Indígenas (CDI) sufrirían una importante contracción si se mantiene la
propuesta del Ejecutivo. Los programas de transferencias monetarias, como
Prospera, difícilmente pueden reducir sus montos, pues más de 6 millones de
familias en situación de pobreza dependen de los subsidios que mensualmente les
entrega el gobierno.
Procampo,
apoyo gubernamental destinado a los productores agropecuarios, difícilmente
puede ser tocado, pues las protestas provenientes del sector rural serían
descomunales. Así podríamos seguir repasando áreas completas de las políticas
públicas en que el costo político de ajustar a la baja los presupuestos sería
enorme para cualquier gobierno, más cuando éste se encuentra en una situación
de gran debilidad. Queda lo aparentemente menos difícil para las tijeras
gubernamentales: infraestructura, Pemex y CFE.
El
Programa Nacional de Infraestructura, anunciado en 2014, casi permanece en el
olvido, sólo sobrevive la magna obra del nuevo aeropuerto de la ciudad de
México (NACM). Las reducciones en Pemex, cuyas aportaciones a las finanzas
públicas pasaron de representar casi el 9% del PIB en 2012, a tan sólo 4.2%
este año, seguirá sufriendo las consecuencias del brutal ajuste al que está
sometida. Algo similar sucederá con CFE; aunque en menor magnitud.
El
problema para Meade y para el país es que la “dieta Videgaray” no parece ser
suficiente para enfrentar los problemas que se avizoran en el firmamento de
2017. Así lo percibieron las calificadoras internacionales, después de la
presentación del “paquete” del día 8, cuando refrendaron su posición negativa
sobre el futuro económico de México. Mientras, el dólar sigue por las nubes, la
economía no crece lo suficiente, los precios de los productos básicos se
elevan. También la sonrisa de Meade refleja preocupación, porque “después de
todo / usté es el palo mayor / de un barco que se va a pique”. ¿Podrá
rescatarlo el nuevo capitán? ¿Se lo permitirá su jefe, Peña Nieto?— Mérida,
Yucatán.