Cambios en el PRI: Legitimidad indispensable

Dulce María Sauri Riancho

Los partidos políticos son definidos por la Constitución como “entidades de interés público”. Su compromiso con la sociedad consiste en ampliar la democracia y mejorar la convivencia mediante una disputa pacífica por el poder político. Los partidos cuestan mucho dinero proveniente del financiamiento público, léase nuestros impuestos. Por ese mero hecho tendríamos que prestar atención a lo que sucede en su vida interna, aun no siendo militantes o simpatizantes de los mismos. De su cabal funcionamiento depende la calidad de la democracia: partidos que cumplen su función de representación de la sociedad, rinden buenas cuentas. PRI, PRD y PAN viven ahora problemas severos de organización. Los primeros dos, como consecuencia de derrotas electorales e indefiniciones en su conducción y el último, PAN, curiosamente derivados del éxito inesperado que los llevó a ganar siete gubernaturas en junio pasado.

El Partido de la Revolución Democrática parece haber perdido el rumbo que lo llevó a situarse como la segunda fuerza política en 2012. Ellos de plano eligieron a un externo, Agustín Basave, para presidir su comité ejecutivo nacional. No les dio resultado. Basave renunció después de siete meses. Ahora tienen que elegir dirigentes en medio de las disputas entre sus corrientes internas, que no ceden en su afán de adquirir ventajas en la distribución de las candidaturas y prebendas hacia 2018. El PAN, como señalamos, vive su propia crisis de identidad, aunque disfrazada por los triunfos electorales. Esta situación ha logrado ocultar ante los ojos de la ciudadanía las grandes grietas que recorren la estructura panista, en la que se han refugiado “moches” y gobernantes acusados de corrupción.

El PRI está pasando un delicado momento, en cierto modo semejante a lo que acontece en el PRD. Su característica de partido en el gobierno hace que los problemas internos del PRI tengan un efecto multiplicador hacia la sociedad en su conjunto. Por eso vale detenerse a realizar una revisión de los recientes acontecimientos registrados en este partido. Manlio Fabio Beltrones, experimentado político, ex gobernador de Sonora, coordinador del grupo parlamentario del PRI en las cámaras de Diputados y Senadores, renunció a la presidencia nacional después de sólo 10 meses. Más que las derrotas en siete gubernaturas, imperaron los desacuerdos entre la dirigencia partidista y su gobierno, particularmente cuando se trató de marginar sin éxito a algunos gobernadores impresentables de la designación de los candidatos del PRI. Ahora un distinguido técnico, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toma posesión como presidente del comité nacional del PRI. A diferencia de todos sus antecesores, Enrique Ochoa no ha tenido cargo de representación popular ni ha sido dirigente de algún comité o sector del partido. De esta ausencia se pretende derivar la virtud de no arrastrar ninguno de los vicios que se achacan a los directivos priistas. Su cola corta “sólo” cuenta con el lastre de los recientes incrementos a las tarifas eléctricas. Se han destacado sus cualidades de polemista, capaz de enfrentar al encendido presidente nacional del PAN, con argumentos que convenzan a la sociedad y entusiasmen a las bases priistas, seriamente desmotivadas por los malos resultados de junio.

Si el voto contrario al PRI fue efecto del hartazgo social frente a la corrupción y la violencia; si los aumentos de precios vinieron en cascada después de las elecciones agraviando aún más la economía familiar; si cuestan más la electricidad, la gasolina y el gas, ¿podrán las palabras emocionadas del dirigente priista convencer de lo contrario a los afectados? Cuando miles de maestras y maestros salen a la calle para protestar por el daño infligido a sus ingresos; cuando la movilización magisterial comienza a aglutinar la protesta social en el país, la congruencia entre lo dicho y lo hecho se vuelve indispensable. Un tímido paso se dio al interponer la Procuraduría General de la República (PGR) una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los llamados “paquetes de impunidad”, aprobados por los congresos de Veracruz y Quintana Roo.

No conozco personalmente a Enrique Ochoa. Llegará a la cúpula de la dirigencia del PRI sin “luna de miel” ni tiempo para vivir la curva de aprendizaje que se requiere en toda actividad nueva. Tendrá que construir su legitimidad adentro y afuera del partido. Las candidaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit 2017 ya están en el caldero de las ambiciones. Los tres procesos están indisolublemente unidos a 2018. Para el PRI, ganar el Estado más poblado del país, raíz del poder político del presidente Peña Nieto, es condición necesaria para competir en la elección presidencial.

Mas no es suficiente, como se demostró en 2006.

Para que el PRI retome el rumbo, no basta un rostro joven y una voz vigorosa. El gobierno que surgió de sus filas en 2012 tiene también que cambiar; asumir como propias las reclamaciones de la sociedad; combatir de verdad la corrupción; comprometerse con la transparencia y los derechos humanos, no sólo de dientes para afuera.

Y sobre todo, revisar un modelo de desarrollo que genera desigualdad y pobreza. Que Ochoa sólo tenga 11 meses, antes de la elección del 4 de junio del año próximo, sería lo de menos. Es el tiempo del país el que se agota. Y nadie hay más responsable que el partido en el gobierno. Mérida, Yucatán.