Ciento sesenta preguntas al gobernador. Hay materia de sobra

Dulce María Sauri Riancho

Puntual, como marca la ley, el Ejecutivo del Estado entregó al Congreso el informe correspondiente al tercer año de ejercicio de su administración. El domingo pasado sucedieron dos eventos casi simultáneos: uno, en el nuevo recinto del Congreso, en el Periférico, cuando el secretario general de Gobierno hizo entrega del voluminoso documento a los diputados; y el segundo, en el Siglo XXI, cuando el gobernador Rolando Zapata dio lectura a su mensaje político ante un numeroso grupo de invitados de todos los sectores sociales de Yucatán. La parafernalia que rodea al acto gubernativo hace olvidar la razón misma del Informe, que es dar inicio al proceso anual de fiscalización de los actos del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo.

A partir de esta semana, los diputados de los seis partidos integrantes del Congreso del Estado deberán inquirir sobre las afirmaciones y los contenidos del Informe, mediante el ejercicio conocido como “glosa”.

No trasciende, pero los legisladores comenzaron a trabajar desde hace varias semanas, cuando formularon un conjunto de preguntas al gobernador, cuyas respuestas forman parte del propio Informe. Fueron 160 en total, sobre los más variados temas: agricultura, promoción industrial, salud, educación, medio ambiente, etcétera.

Se suele dedicar poca atención a esta parte del Informe que, por su naturaleza, contiene información puntual, particularmente valiosa. Por ejemplo, en las respuestas 33 a 38 se reafirma el estatus de “rescindido” del contrato por el hospital de Ticul, un PPS por más de 5 mil millones de pesos, cantidad que contrasta con el costo total que tendría el nuevo hospital materno-infantil ubicado al sureste de Mérida, con 160 camas y ¡613 millones de pesos! O la respuesta a la pregunta 46, sobre los criterios del programa de repartición de tinacos, programa que “no estuvo vigente” en el periodo informado.

El dengue y el chikungunya estuvieron ausentes del mensaje político —son bastante impresentables—, pero en la respuesta 48 aparece un detallado recuento de las acciones de prevención realizadas, entre las cuales resalta la revisión de más de 1.3 millones de casas. Como el Conteo 2015 reporta que en Yucatán existen 565,015 viviendas particulares, significa que las campañas sanitarias visitaron al menos dos veces a la totalidad de hogares yucatecos. Los diputados inquirieron acerca de la situación del pueblo maya en las preguntas 58 a la 64: actuación de los jueces mayas; programas para la preservación de la lengua maya y la cobertura del servicio educativo que se brinda en este idioma, entre otros temas. Diversos aspectos de la educación media superior y superior son objeto de revisión detallada en las respuestas 68 a la 76: avances de la Universidad Abierta y a Distancia; situación del programa de Impulso a la Innovación Básica; alcances del Bachillerato Intercultural en el Estado; número de computadoras entregadas a los jóvenes del nivel medio superior y costo unitario —7,745 pesos más IVA— y empresas proveedoras.

También en el apartado educativo se informa del Museo de la Identidad Yucateca (pregunta 95), que está “en análisis y diseño”. La preocupación de los legisladores sobre la utilización de pesticidas y sus consecuencias en el campo yucateco se manifiesta en las preguntas 102 y 103, junto con las relativas a los transgénicos y su impacto en el ámbito rural. En una respuesta, la 111, nos enteramos de que se encuentra en etapa final de elaboración del Programa Regional de Desarrollo Sustentable de la Zona Metropolitana de Mérida; el grado de cumplimiento de las observaciones realizadas por la CNDH al sistema carcelario de Yucatán; los avances del nuevo sistema penal acusatorio; la capacitación de la Fiscalía General del Estado; las acciones de fortalecimiento institucional dirigidas a los funcionarios municipales que iniciaron su gestión en 2015.

Se incluyen también varias preguntas relativas al funcionamiento de la administración pública: ingresos propios, cuantía de la deuda pública, entre otros, con sus respectivas respuestas, más o menos detalladas, pero todas con material importante para ahondar en el análisis, si los diputados están dispuestos a ello. No todas las preguntas, sin embargo, registraron respuestas. Algunas, por considerar que la información corresponde a la Cuenta Pública, que en el caso de 2015 apenas se está integrando. En otros, fue un tajante “no es materia del Informe de Gobierno”, lo que se obtuvo al indagar sobre la postura del Ejecutivo acerca del matrimonio igualitario y del consumo lúdico de la mariguana (131).

La buena disposición para contestar a las pesquisas de los diputados se desdibuja en las preguntas relativas al combate a la corrupción: casos denunciados, actuación del Instituto Estatal correspondiente y sus resultados. En la parte relativa a los gastos en publicidad y el nombre de los proveedores de estos servicios, el Ejecutivo se limitó a remitir a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública. ¡Lástima!, pues un anticipo hubiera abonado a cerrar una de las brechas más notables del III Informe, que tiene relación con la transparencia de los actos del gobierno en un renglón tan sensible para amplios sectores de la sociedad como es el relativo a la propaganda. Aun así, hay materia de sobra para que las y los diputados realicen un trabajo eficaz, que vaya más allá del halago fácil o de la diatriba descalificadora a ultranza. Es su trabajo. Y nuestro derecho exigirles que lo realicen con dedicación y profesionalismo.— Mérida, Yucatán.