Los maestros, ahora sí evaluados

Dulce María Sauri Riancho

La reforma educativa implicó cambios en el sistema de asignación de plazas definitivas para el magisterio nacional. Es la primera vez que un examen nacional magisterial corre a cargo del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), nuevo organismo constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo ni de las autoridades de la SEP.

La independencia de ese instituto garantiza que sus opiniones y acciones estén guiadas exclusivamente por el compromiso de mejorar la calidad educativa de los mexicanos. La otra singularidad de este examen descansa en el mecanismo de competencia interna, en que los más calificados por sus conocimientos y capacidades docentes habrían de ser seleccionados para recibir las plazas definitivas, no los “amigos de.”, “las hijas de.”, o los “recomendados” de algún personaje en turno.

Una innovación más: el INEE estableció la puntuación idónea para ocupar una plaza. Por encima de esa calificación mínima, podrán las y los maestros aspirar a obtener alguno de los lugares disponibles. Por debajo, simple y llanamente serían reprobados, impedidos de ocupar una plaza aun existiendo vacantes.

La complejidad para organizar un procedimiento de estas características ameritó que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación los Criterios Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de estos concursos. En el aspecto normativo, el INEE no dejó nada al azar o a la decisión arbitraria de las autoridades. Además, asumió plenamente su facultad para observar y supervisar la aplicación de los exámenes.

Las suspicacias entre los maestros sobre la imparcialidad del nuevo mecanismo fueron intensas. En el pasado, numerosas habían sido las acusaciones sobre venta de exámenes y tráfico de sus resultados. Las resistencias a someterse a este procedimiento se manifestaron abiertamente, como en Oaxaca y Michoacán, o en forma soterrada, entendibles entre un gremio que ha vivido una y otra vez la simulación y el favoritismo en la asignación de plazas y contratos laborales. Por eso era tan importante que este concurso de oposición fuera transparente y que sus resultados fueran conocidos y divulgados, tanto entre los participantes como en la sociedad en general.

Como parte de una jornada nacional, los días 12 y 13 de julio pasados, casi cuatro mil quinientos maestros y maestras yucatecos presentaron exámenes de oposición para obtener una plaza definitiva y, por tanto, la anhelada base magisterial que les permitirá ejercer su profesión sin sobresalto alguno a lo largo de su vida laboral. La inmensa mayoría de los aspirantes fueron maestros en ejercicio, contratados para cubrir licencias e incapacidades de manera temporal. El menor número fue de recién egresados de las normales públicas y privadas de Yucatán.

Los años de experiencia no pesaron lo suficiente a la hora de responder los exámenes, pues sólo 14 de cada cien participantes lograron su pase para optar por una plaza definitiva. Desde el jueves pasado se han venido entregando los llamados “despachos” a quienes consiguieron las calificaciones más altas.

La otra cara de la moneda: casi dos mil seiscientos maestros -seis de cada diez- resultaron reprobados al no lograr la calificación mínima requerida; y otros más, alrededor de mil doscientos, apenas la sobrepasaron, por lo que tampoco fueron incluidos.

Un doble drama humano subyace tras estos resultados negativos. Por una parte, quienes se han esforzado durante años para obtener su plaza definitiva ven rezagada o cancelada esa posibilidad, aunque podrán continuar como hasta ahora, supliendo licencias con contratos temporales. Por otro lado, habrá miles de alumnos que tendrán una maestra, un maestro que no fue considerado en el sistema de evaluación nacional como idóneo para realizar su labor docente de acuerdo a las exigencias de alta calidad.

No es consuelo señalar que Yucatán es la entidad del sureste del país con los mejores resultados en los concursos de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica (pre-escolar, primaria y secundaria), en una lista que encabezaron por su buen desempeño los estados de Querétaro, Colima y el Distrito Federal.

Una luz de esperanza aparece en la información detallada que la SEP está obligada a brindarle a los participantes sobre su desempeño en las tres grandes áreas en que se dividió el examen. Así, cada quien podrá enterarse dónde estuvieron sus fallas y podrá corregir sus deficiencias para presentarse nuevamente el próximo año.

La Secretaría de Educación del Estado podrá contribuir al esfuerzo de todos aquellos maestros que en esta ocasión no obtuvieron la calificación mínima de idoneidad. Un propedéutico encaminado a reforzar sus capacidades y cubrir las deficiencias de su formación podrá elevar la calidad de la planta magisterial yucateca, además de ayudar a las y los maestros en lo individual.

La propia SEGEY tendrá que contribuir al reforzamiento de la credibilidad de este mecanismo, respetando escrupulosamente sus resultados. Sé que no será tarea fácil frente a las presiones de dentro y de fuera, acostumbradas a disponer libremente de plazas y horas docentes.

Pero hay un hecho que es imposible subsanar. ¿Qué está pasando en las escuelas de Educación Normal, cuyos egresados no pudieron en su mayoría calificar para este examen? Es quizá la asignatura pendiente en la reforma que tiene la mayor trascendencia para el futuro de la educación en México.- Mérida, Yucatán.