Nuevo o viejo PRI, los cambios posibles.
Dulce María Sauri Riancho
Hace 10 meses la expectación rondaba el
cambio de gobierno. Los adversarios del triunfante PRI proclamaban el retorno
de las viejas prácticas autoritarias atribuidas al partido que había gobernado
México hasta 2000. Otros, militantes priístas de visión anclada en el pasado,
creían fielmente en que la abultada experiencia sería suficiente para poner
orden donde parecía imperar el caos provocado por las deficiencias del gobierno
panista. Entre las visiones extremas de la amenaza del regreso y la nostalgia
del pasado, la mayoría ciudadana estaba a la expectativa de la actuación de los
nuevos funcionarios, dividida entre la esperanza de que pudieran enmendar los
errores de quienes se iban y el temor de que no hubieran aprendido la lección
de la derrota electoral y que, una vez más, defraudaran esa frágil confianza
restaurada.
Cuarenta semanas han bastado para
mostrar con claridad que si hubo en Peña Nieto o en alguno de sus consejeros la
peregrina idea de que llegarían a gobernar a la misma sociedad que había dejado
el PRI en 2000, ésta quedó disipada en los primeros días. La magnitud de los
cambios exigió el diseño de un nuevo instrumento político de entendimiento con
las oposiciones, el Pacto por México. Fue conformado como primer acto simbólico
de las transformaciones políticas que había vivido el país, donde la
unilateralidad y la imposición resultan inviables. En el Congreso, si bien el
PRI y sus aliados contaban con la mayoría, fue indispensable construir
consensos para impulsar los temas legislativos no sólo para las reformas
constitucionales que requieren forzosamente una mayoría calificada, sino
también para aprobar algunas reformas o nuevas leyes. Las cámaras de Diputados
y Senadores muy pronto mostraron que tienen sus propios criterios y tiempos
para abordar y resolver sus asuntos, por lo que la prisa de una de ellas no
necesariamente se refleja en diligencia y prontitud de la colegisladora, como
sucedió recientemente con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las
mismas relaciones entre el Presidente de la República y los gobernadores se han
modificado profundamente, aunque la mayoría de éstos sean sus correligionarios.
El conflicto magisterial, que en vez de
menguar sube en intensidad y amplitud, ilustra con contundencia la dificultad
de impulsar una agenda de cambios que altere los precarios equilibrios
mantenidos desde la llegada del PAN a la presidencia de la República. Se fue
Elba Esther de la dirigencia y ya sin el contrapeso del SNTE en las escuelas y
en las calles, la Coordinadora (CNTE), su rival histórico, tomó plazas,
incluyendo el Zócalo de la ciudad de México, y amaga ahora con paralizar las
labores en muchas escuelas públicas del país, incluyendo en aquellas regiones
como Yucatán, con abrumador predominio de los maestros afiliados al SNTE. Hasta
ahora, de poco ha valido la experiencia histórica de los gobiernos priístas en
su trato con la representación de los maestros. Los agitados días vividos en la
capital de la república, incluyendo bloqueos a su aeropuerto, recuerdan la
tempestuosa etapa que siguió a la elección de 1988, que concluyó una vez que se
concertó un acuerdo político entre el PAN y el presidente Salinas de Gortari.
La resistencia a las reformas en
materia de energía, en particular del petróleo, muestra una capacidad de movilización
que no pueden pasar por alto las autoridades gubernamentales. La reforma de
telecomunicaciones está en espera de la integración de su nuevo órgano
regulador, antes de acometer la complejísima tarea de elaborar la legislación
secundaria, que es la que dará o no viabilidad a estos cambios que también han
causado malestar al poderoso grupo empresarial de las televisoras y telefonía
del país.
En este escenario, el presidente Peña
Nieto presentó el domingo pasado el llamado “paquete económico”, que incluye
los criterios generales de política económica para 2014, las iniciativas de Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como reformas a las leyes del
Impuesto sobre la Renta, de Producción y Servicios, entre otras. Las reacciones
no se han hecho esperar, en particular entre los representantes de los grandes
grupos empresariales que se asumen afectados por la pretensión de poner fin al
régimen de consolidación fiscal, que les permite deducir pérdidas de las
empresas del conglomerado para no pagar por las utilidades obtenidas en otras
áreas de la corporación. Nadie puede negar que las aguas empresariales también
estarán muy agitadas en las próximas semanas. El cabildeo en el Congreso será
intenso; entonces se pretenderán “cobrar” patrocinios y ayudas de campaña.
¿Quién podrá más: la iniciativa presidencial o los compromisos adquiridos
durante las campañas? No tardaremos mucho en ver los resultados.
Un nuevo protagonista está irrumpiendo
en el escenario de reclamaciones y presiones que se viene configurando a lo
largo y ancho del país: las clases medias urbanas, acicateadas por medidas
fiscales que les afectan. Dotadas como nunca de la capacidad de movilización
que les brindan las nuevas tecnologías, aparecen dispuestas a hacer frente a lo
que consideran abusos o yerros de partidos y gobernantes.
Izquierda, derechas y PAN, maestros,
empresarios, ciudadanos preocupados por la reforma energética o por la recesión
en ciernes, todos se expresan en los medios, en la calle, en las marchas o en
los oscuros pasillos del cabildeo. ¡Qué lejos se encuentra aquella sociedad
silenciosa que asistió a la estatización de la banca en 1982! O más cerca, en
1995, cuando por última vez el PRI usó su mayoría para salvar la economía del
“error de diciembre”, a costa de perder la presidencia cinco años después. Ante
esta nueva realidad sólo queda el difícil e intrincado camino de la negociación
y el acuerdo. No sólo por cuestiones éticas, sino sencillamente por viabilidad
política. “… A la fuerza, ni los zapatos…”, dice el refrán.- Mérida, Yucatán.