Lecciones y aprendizaje a dos años del 4 de julio

Dulce María Sauri Riancho

En Mérida, desde hace dos años, el 4 de julio no sólo se conmemora la Independencia de los Estados Unidos. Desde 2011 se recuerda que las autoridades de la capital y del Estado mostraron el rostro duro de la imposición. Después, como Poncio Pilatos, pretendieron evadir su responsabilidad por la agresión a un grupo de ciudadanos que se oponían a la construcción del “paso deprimido” en la tradicional rotonda, a la cual impusieron también el irónico nombre de “Glorieta de la Paz”.

Vale recordar las consecuencias de una obra que nació con mal fario. Producto de una ocurrencia gubernamental, no estaba considerada en los programas de infraestructura vial del Ayuntamiento ni en el presupuesto que le fue aprobado. Aseguraban sus impugnadores que la construcción se inició sin contar con los estudios necesarios en materia de suelos y del impacto ambiental y urbano sobre una de las colonias simbólicas del siglo XX meridano. La compañía ganadora del concurso no tenía experiencia en excavaciones urbanas. Especialistas en esos temas, además de vecinos y ciudadanos interesados en el desarrollo armónico de Mérida pusieron en duda el beneficio que la obra podría tener en materia de vialidad, sugiriendo alternativas para aligerar el tráfico en esa zona de la ciudad.

La entonces alcaldesa de Mérida decidió dar la callada por respuesta. Tal vez, como arquitecta, coincidía con las críticas a la pretendida obra, pero como política que aspiraba a la candidatura al gobierno del estado prefirió no confrontar a la titular del Ejecutivo estatal, por lo que defendió a capa y espada el proyecto. El diálogo brilló por su ausencia. Si la alcaldesa no fraguó la agresión, como insiste ahora a quien quiera escucharla, tampoco hizo nada por evitarla ni, una vez consumada, procedió contra lo que fue, a todas luces, una agresión en pandilla. Respuesta violenta contra quienes habían logrado pacíficamente impedir el inicio de las obras esa madrugada. Obras que comenzaron con la tala de decenas de robustos y añosos árboles que, paradójicamente, habían sobrevivido a los terribles vendavales de “Gilberto” (1988) e “Isidoro” (2002).

En el imaginario colectivo sí existe y alcanza gran valor el “qué hubiera sucedido si…”. Cabe preguntarnos qué hubiera pasado si la alcaldesa hubiese dialogado con franqueza con la ciudadanía y los vecinos de la colonia México; qué hubiera acontecido si las autoridades estatales y municipales, en vez de recurrir a la represión, hubieran hallado la fórmula para construir acuerdos en beneficio de la ciudad y de la sana convivencia; qué hubiera pasado si cumplida la agresión se hubiera procedido penalmente contra los culpables directos e indirectos de los golpes y vejaciones a los ciudadanos. Entonces -vale imaginar- otra hubiese sido la decisión del PRI respecto a la candidatura al gobierno del Estado y tal vez, sólo tal vez, la alcaldesa con licencia hubiese ganado la elección del 1 de julio de 2012.

Como nada de eso sucedió, tenemos la oportunidad de aprender de los errores, mucho más las autoridades. A unos cuantos meses de su mandato, el gobernador Zapata y el alcalde Barrera se encuentran bajo el fuego graneado de la crítica a diversos aspectos de su gestión. Lo curioso es que la fuente común de estas ofensivas descalificatorias se localiza en los partidos políticos. El PAN cuestiona la falta de transparencia y las deficientes medidas para rendir cuentas por parte de la administración estatal, en especial su programa de austeridad y ahorro presupuestal. Por su parte, el PRI ha enfocado sus baterías sobre el proceso de cambio de luminarias que decidió el Cabildo de Mérida: que es ilegal, por falta de licitación; que si las lámparas se están pagando más caras; que ha habido favoritismo en la adquisición de las mismas, etcétera. En uno y otro caso, la ciudadanía parece estar en líneas generales satisfecha con la gestión de sus gobernantes, tanto del estado como de la ciudad capital, más cuando el desempeño del Ejecutivo estatal recuperó la sobriedad y se han extirpado la frivolidad y los abusos más hirientes de la pasada administración y, en el ámbito citadino, las colonias y barrios recuperan paulatinamente la iluminación que se había deteriorado seriamente con las lámparas rentadas.

Para las autoridades puede resultar poco confortable, pero es indispensable que respondan con claridad y precisión a los cuestionamientos planteados por los partidos y por los ciudadanos. Resulta conveniente aceptar la comparecencia en el Congreso del Estado del secretario de Administración y Finanzas, tal como lo ha solicitado el PAN. También será de gran relevancia que el Ayuntamiento aclare las dudas que, de buena fe, se le hayan formulado e informe puntualmente sobre los avances en la sustitución de las lámparas, invitando directamente al PRI a enterarse de primera mano de las acciones y a participar en ellas. Es cierto que la función política de los partidos les obliga a intentar que su adversario tenga un traspié para exhibirlo ante la ciudadanía. Pero al mismo tiempo, esa actitud es acicate para mejorar la comunicación entre la sociedad y sus autoridades; a mantener el diálogo, aun en condiciones de crispación ciudadana. A no retroceder en los esfuerzos de transparencia, aunque nunca sea suficiente y satisfactoria la información proporcionada, a juicio de los partidos políticos y de los ciudadanos organizados. No hay mejor forma de rememorar el 4 de julio de 2011 que evitar la reedición de sus causas.- Mérida, Yucatán.