Influyentismo y abuso de poder. Lady Profeco y Ana María
Dulce María Sauri Riancho
Existe la sensación compartida en amplios sectores de la sociedad de que los abusos de poder de las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, forman parte de la vida diaria. Este paisaje de abusadores y abusados donde campea el silencio, rara vez es perturbado por un hecho que rompe la rutina de aceptación acrítica de un estado de cosas que a todas luces no es natural. Dos sucesos extraordinarios surgieron en las últimas semanas. Me refiero al conocido y publicitado incidente de “Lady Profeco” y al asunto del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su pareja sentimental.
Resulta que la hija del director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, ejerció su influencia sobre los subordinados de su padre en la Profeco para lograr que clausuraran el restaurante de moda en la ciudad de México porque no le habían otorgado la mesa en el sitio que ella quería. El acto de cierre y colocación de los sellos de clausura se hubiese consumado sin mayor trascendencia, si no fuera porque entre los clientes se encontraba un abogado que decidió poner sus conocimientos y energía para ayudar a los atribulados dueños y meseros. Dio aviso a la policía de la ciudad de México que acudió pronta para impedir un acto que ni siquiera contaba con el mínimo papeleo que lo sustentara. Al mismo tiempo, los comensales enviaron mensajes sobre lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Las redes sociales se activaron y surgió la frase #ladyprofeco, que sintetiza lo que “la hija de papá” hizo para saciar su coraje por no haber recibido la atención que a su juicio merecía. El escándalo creció en los siguientes días. Aunque él no dio la orden de intervención en el restaurante Máximo Bistrot, el padre de “Lady Profeco” fue destituido del cargo por el propio Presidente de la República. Las preguntas que rondan mi cabeza desde que me enteré de ese vergonzoso incidente eran: “¿Cómo se atrevió la hija a dar órdenes a empleados de su padre? ¿Por qué éstos la obedecieron?”. Prepotencia y subordinación formaron un coctel que hizo explosión sólo por el escándalo mediático y de redes que provocó. Y todavía más: si no hubiese obtenido esa amplia publicidad, ¿habrían actuado los jefes de Benítez como lo hicieron? ¿O simplemente “Lady Profeco” hubiese pasado a formar parte del anecdotario de prepotentes mexicanos?
El otro caso es más dramático y doloroso no sólo por la relevancia de una de las dos partes en conflicto, sino porque involucra a dos menores de edad -ocho y seis años- que, además, padecen autismo. El licenciado Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual ministro en retiro, presentó una demanda por fraude contra su ex compañera sentimental y madre de sus hijos David y Ulises, Ana María Orozco Castillo.
Con una prontitud y diligencia que son una verdadera excepción en la procuración de justicia, las autoridades del Distrito Federal procedieron a detener y encarcelar a Ana María desde junio pasado, quedando sus pequeños a cargo de su abuela que, para completar el gasto, trabaja como empacadora en un supermercado cercano a su domicilio. Más allá de los detalles que no pueden pasar inadvertidos, tales como la contratación hace 10 años de Ana María para prestar servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ni siquiera contaba con certificado de preparatoria, están las actitudes de los responsables de la procuración e impartición de justicia, en la parte penal y en la familiar. Resulta que jueces y magistrados son amigos del demandante, para quien guardan un gran respeto después de haber sido presidente de la SCJN. Este temor casi reverencial permitió en un tiempo récord poner a Ana María tras las rejas. Sólo los reportajes transmitidos en el popular programa de radio de Carmen Aristegui dando a conocer los hechos permitió arrojar los reflectores de la atención pública sobre lo que estaba pasando. Los calificativos de “influyentismo”, “abuso de poder” emergieron de inmediato en una sociedad harta de los excesos de los funcionarios, en activo o, como en este caso, jubilados. También tengo mi set de cuestionamientos sobre este penoso asunto: ¿En qué estaba pensando el ministro Góngora Pimentel cuando puso en juego toda su influencia para lograr el encarcelamiento de Ana María? ¿Hubiera seguido adelante con su intención de refundir en la prisión a la madre de sus hijos si no hubiese mediado el escándalo desatado por la información transmitida en muchos lugares del país?
En una sociedad democrática todos somos iguales, nos sentimos iguales y actuamos como iguales. Los funcionarios son “mandatarios”, es decir, personas a quienes otros, que somos nosotros, les dan órdenes y obedecen. La prepotencia significa el olvido de este principio básico. Dos personajes públicos recibieron en estos días una lección de la sociedad. Uno, porque fue destituido; otro, porque su imagen pública quedó con una mancha casi indeleble de desamor hacia quienes trajo al mundo. Sólo una verdadera transformación en la cultura que todos compartimos podrá poner un “hasta aquí” a aquellos/aquellas que abusan del cargo, que toleran o propician que su parentela lo haga. No nos olvidemos.- Mérida, Yucatán.