Dulce María Sauri Riancho
Del 1 al 3 de marzo el PRI celebrará su XXI Asamblea Nacional bajo el lema “Transformando a México”. Tal vez, amigos lectores, consideren que este asunto es de interés exclusivo de los priístas, que poco puede afectar o beneficiar a todos los demás, incluyendo a la mayoría ciudadana que no milita en partido alguno y que ni siquiera le gusta la política. No es así. Las asambleas de cualquier partido político con registro nacional son de interés para la sociedad, más aún cuando se trata del partido en el gobierno, ya que sus determinaciones pueden tener un impacto tal en las políticas públicas y las reformas a las leyes, que modifiquen la vida de todos los mexicanos. Fue el caso del PAN durante 12 años. Ahora, de nuevo es el del PRI.
Entre los temas de trascendencia que habrán de debatirse en la Asamblea destacan dos asuntos de impacto general, ambos relacionados con el Programa de Acción: la reforma fiscal y la reforma energética. Están estrechamente relacionadas en la medida que Pemex es la principal fuente de ingresos para el gobierno en sus tres niveles -es lo que se denomina la “renta petrolera”-, que ha permitido al erario sobrevivir sin tener que aumentar su eficacia para recaudar y cobrar impuestos. No abordaré en esta ocasión la compleja temática sobre la inversión privada en el sector energético. Sólo señalaré que darle a Pemex un tratamiento fiscal equivalente al de cualquier empresa privada significaría que la paraestatal dejaría de aportarle a la Secretaría de Hacienda más o menos el 60% de sus ingresos.
Para el erario seguir dependiendo de la renta petrolera es una especie de suicidio, pues la “gallina de los huevos de oro” está seriamente debilitada. Entonces, con carácter de urgencia, el gobierno tiene que abordar el espinoso tema de la reforma fiscal. Como el dinero que no proviene de Pemex sale directamente de los bolsillos de los ciudadanos, veamos qué opciones tiene la nueva administración federal para compensar los ingresos que dejaría de percibir si se le da a Pemex el tratamiento fiscal de una empresa privada y comienza a pagar sólo sobre sus utilidades. Desde luego, está el Impuesto sobre la Renta (ISR), a cargo de las personas y las empresas. Pero tiene tantas excepciones, consolidaciones, devoluciones, etcétera, que me lo imagino como un gran queso gruyere, lleno de agujeros (conste que no me refiero al olor). Dicen los especialistas que se podría acabar con los tratamientos preferenciales, que paguen los más ricos, sean empresas o individuos. ¡Menudo lío que se armaría!, pues son los más poderosos los que disponen de medios para ejercer eficaz presión sobre las autoridades, sean de la administración o del Congreso.
Ésa es la razón por la que el IVA es un impuesto tan popular entre los políticos del mundo. Se le llama “indirecto” porque afecta las adquisiciones que los habitantes realizamos. Como los consumidores están dispersos y poco organizados, los gobiernos prefieren afrontar las iras ciudadanas que las presiones de los grupos de poder económico. México no es la excepción. Todo tiene IVA, excepto los productos que tienen “tasa cero” (y unos cuantos exentos). Los fabricantes pagan, mas no los consumidores. Posteriormente, el gobierno devuelve el IVA a los empresarios. Los casos más conocidos son los alimentos y las medicinas.
Desde una estricta administración fiscal, la “tasa cero” es un pésimo negocio para Hacienda, pues ésta tiene que devolver enormes cifras de dinero y se propicia la elusión o evasión. Por esa razón se ha intentado en los últimos 15 años ponerles IVA a los alimentos y las medicinas: que si del 2%, que si del 4%, que sólo para “control”. Fuera del ámbito de los argumentos hacendarios, la más poderosa “razón” que se ha esgrimido para gravar a alimentos y medicinas ha sido que los más ricos son los que más los consumen, y que ellos no necesitan recibir el subsidio que representa un “sacrificio fiscal”, en detrimento de los más pobres. En términos absolutos, es cierto que una familia de clase media de Mérida gasta más dinero en el supermercado cada mes que una familia pobre de Chemax. Pero cuando analizamos qué porcentaje del gasto familiar destina una y otra para comprar alimentos y medicinas nos encontramos que los más pobres gastan seis de cada 10 pesos de sus ingresos, en tanto que los más ricos, hasta menos del 10%. Estas cifras nos muestran con claridad por qué gravar alimentos y medicinas afectará a los más pobres, aun considerando los beneficios de programas como Oportunidades o la Cruzada contra el Hambre.
Durante 18 años el PRI se ha opuesto a gravar los alimentos y las medicinas. Fue decisión del Consejo Nacional, en 2001. Después, entró a formar parte de sus documentos básicos, en su Programa de Acción. En su próxima Asamblea, el PRI discutirá si quita ese candado para que sus legisladores puedan aprobar las reformas a la Ley del IVA y su consiguiente aumento. Entre los pobres y el petróleo, ¿por quién se inclinarán?- Mérida, Yucatán.