Candidatos a gobernador y participación social
Cizaña o trigo limpio
Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días tres candidatos de los cuatro que aspiran a gobernarnos respondieron a la pregunta de Sociedad en Movimiento respecto a las medidas que están dispuestos a adoptar para que la sociedad recupere plenamente su presencia en los órganos ciudadanos. En tiempos recientes, el Instituto Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública han sido cuestionados por la representatividad del conjunto de sus comisionados y por su actuación frente a los problemas concretos de su competencia. Estas instituciones fueron creadas con el propósito de que fueran ciudadanos los responsables de conducirlas, como una manera de garantizar el desempeño de su tarea fundamental, que es el servicio al conjunto social y no al gobierno en turno.
Es indudable la importancia de estas instituciones para la sociedad yucateca. Algunas tienen incluso rango constitucional lo que, al menos formalmente, garantiza su autonomía. Desde luego, la ley obliga a las actuales y a las próximas autoridades a respetarlas plenamente. Los candidatos hablan ya de proponer reformas legislativas que refuercen sus atribuciones. Es un indispensable comienzo. Pero no es suficiente.
Las próximas autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que realizar una profunda revisión de sus formas de comunicación con la sociedad como un primer e indispensable paso para transformar la calidad de la convivencia social. En el caso de Yucatán, las relaciones entre las personas, sus organizaciones y el gobierno tendrán que cambiar si lo que pretende la próxima administración es mejorar el clima de convivencia. Durante muchos años la cercanía de los gobernantes y los gobernados formaba parte de lo cotidiano. El acceso al gobernador era posible en forma fácil y expedita, muchas veces incluso en pláticas de corredor en el Palacio de Gobierno se resolvieron asuntos urgentes de alguna familia agobiada o de comunidades con apuros. Los tiempos cambiaron y los cercos de seguridad sobre los funcionarios públicos se hicieron ostentosos e impenetrables para el común de las personas. Esa lejanía física ha intentado ser sustituida por la presencia continua en los medios de comunicación, mediante una profusa publicidad que refuerza la impresión del culto a la personalidad del gobernante en turno. La comunicación opera, sí, pero sólo en un sentido, de arriba hacia abajo y no “de ida y vuelta” como debiera ser.
Una administración pública eficaz es la que atiende los problemas que le plantean los ciudadanos en forma efectiva, que facilita la realización de los trámites a los que están sujetas las personas. Se trata de recuperar la dimensión del servicio en la comunicación entre la sociedad y el gobierno, en que el gobernante se asume como un verdadero servidor de los ciudadanos, no como el amo o el ama sexenal, a quien hay que rendirle pleitesía.
Las organizaciones de la sociedad tendrían que ser parte fundamental en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Cada día existe un mayor número de grupos organizados en torno a diversas causas y multitud de temas. Todos ellos tienen cosas que decir y están dispuestos a aportar cuando se trata de construir soluciones a los problemas comunes.
La grave dificultad estriba en que las autoridades sólo hagan caso de las opiniones de las organizaciones y grupos de la sociedad cuando coincidan con las suyas; que tengan oídos sordos o descalifiquen a toda aquella agrupación que ose siquiera cuestionar cualquier medida o decisión del gobierno. A esta actitud se suma el reiterado intento de vestir de colores partidistas a toda expresión social que contenga algún asomo de crítica a las autoridades, descalificándola de hecho mediante la frase: “… No entraré en dimes y diretes…”, especie de muletilla de las autoridades para darle la vuelta a cualquier acusación o planteamiento que los incomode. Les gusta el pedacito del halago o la crítica complaciente. Rechazan, desechándolo, todo lo demás.
Me pregunto qué hubiera sucedido con la producción agropecuaria de Yucatán si los funcionarios responsables del sector hubiesen prestado atención a las oportunas alertas que la Fundación Produce hizo sobre el desplome de la producción de maíz, en vez de intensificar la persecución contra sus dirigentes. O si las autoridades del municipio de Mérida hubiesen tenido el cuidado de conocer los programas de la Fundación Plan Estratégico sobre las cuestiones de vialidad y transporte. Pero como ni una -Produce- ni otra -Plan Mérida- fueron complacientes y secundaron las decisiones de las autoridades, fueron ignoradas y condenadas al silencio. Y con ellas perdimos todos, incluyendo al gobierno.
Espero que quien gane la elección de gobernador tenga la sensibilidad y la visión para poner las bases de un cambio en la calidad de la relación entre ciudadanos y gobierno en Yucatán. Que comience con su persona, recuperando la austeridad y la sencillez que habían sido características de la mayoría de los gobernantes yucatecos. Que con su ejemplo imponga un estilo entre sus subordinados, fincado en el respeto a sus jefes, los ciudadanos. Que acepte la crítica y haga uso de ella para mejorar la actuación de su gobierno. Que no llame cizaña al trigo limpio, sólo porque cuenta con los medios para hacerlo. Ése sería el camino para fomentar una real participación de la sociedad en los asuntos de interés colectivo.- Mérida, Yucatán.
Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días tres candidatos de los cuatro que aspiran a gobernarnos respondieron a la pregunta de Sociedad en Movimiento respecto a las medidas que están dispuestos a adoptar para que la sociedad recupere plenamente su presencia en los órganos ciudadanos. En tiempos recientes, el Instituto Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública han sido cuestionados por la representatividad del conjunto de sus comisionados y por su actuación frente a los problemas concretos de su competencia. Estas instituciones fueron creadas con el propósito de que fueran ciudadanos los responsables de conducirlas, como una manera de garantizar el desempeño de su tarea fundamental, que es el servicio al conjunto social y no al gobierno en turno.
Es indudable la importancia de estas instituciones para la sociedad yucateca. Algunas tienen incluso rango constitucional lo que, al menos formalmente, garantiza su autonomía. Desde luego, la ley obliga a las actuales y a las próximas autoridades a respetarlas plenamente. Los candidatos hablan ya de proponer reformas legislativas que refuercen sus atribuciones. Es un indispensable comienzo. Pero no es suficiente.
Las próximas autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que realizar una profunda revisión de sus formas de comunicación con la sociedad como un primer e indispensable paso para transformar la calidad de la convivencia social. En el caso de Yucatán, las relaciones entre las personas, sus organizaciones y el gobierno tendrán que cambiar si lo que pretende la próxima administración es mejorar el clima de convivencia. Durante muchos años la cercanía de los gobernantes y los gobernados formaba parte de lo cotidiano. El acceso al gobernador era posible en forma fácil y expedita, muchas veces incluso en pláticas de corredor en el Palacio de Gobierno se resolvieron asuntos urgentes de alguna familia agobiada o de comunidades con apuros. Los tiempos cambiaron y los cercos de seguridad sobre los funcionarios públicos se hicieron ostentosos e impenetrables para el común de las personas. Esa lejanía física ha intentado ser sustituida por la presencia continua en los medios de comunicación, mediante una profusa publicidad que refuerza la impresión del culto a la personalidad del gobernante en turno. La comunicación opera, sí, pero sólo en un sentido, de arriba hacia abajo y no “de ida y vuelta” como debiera ser.
Una administración pública eficaz es la que atiende los problemas que le plantean los ciudadanos en forma efectiva, que facilita la realización de los trámites a los que están sujetas las personas. Se trata de recuperar la dimensión del servicio en la comunicación entre la sociedad y el gobierno, en que el gobernante se asume como un verdadero servidor de los ciudadanos, no como el amo o el ama sexenal, a quien hay que rendirle pleitesía.
Las organizaciones de la sociedad tendrían que ser parte fundamental en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Cada día existe un mayor número de grupos organizados en torno a diversas causas y multitud de temas. Todos ellos tienen cosas que decir y están dispuestos a aportar cuando se trata de construir soluciones a los problemas comunes.
La grave dificultad estriba en que las autoridades sólo hagan caso de las opiniones de las organizaciones y grupos de la sociedad cuando coincidan con las suyas; que tengan oídos sordos o descalifiquen a toda aquella agrupación que ose siquiera cuestionar cualquier medida o decisión del gobierno. A esta actitud se suma el reiterado intento de vestir de colores partidistas a toda expresión social que contenga algún asomo de crítica a las autoridades, descalificándola de hecho mediante la frase: “… No entraré en dimes y diretes…”, especie de muletilla de las autoridades para darle la vuelta a cualquier acusación o planteamiento que los incomode. Les gusta el pedacito del halago o la crítica complaciente. Rechazan, desechándolo, todo lo demás.
Me pregunto qué hubiera sucedido con la producción agropecuaria de Yucatán si los funcionarios responsables del sector hubiesen prestado atención a las oportunas alertas que la Fundación Produce hizo sobre el desplome de la producción de maíz, en vez de intensificar la persecución contra sus dirigentes. O si las autoridades del municipio de Mérida hubiesen tenido el cuidado de conocer los programas de la Fundación Plan Estratégico sobre las cuestiones de vialidad y transporte. Pero como ni una -Produce- ni otra -Plan Mérida- fueron complacientes y secundaron las decisiones de las autoridades, fueron ignoradas y condenadas al silencio. Y con ellas perdimos todos, incluyendo al gobierno.
Espero que quien gane la elección de gobernador tenga la sensibilidad y la visión para poner las bases de un cambio en la calidad de la relación entre ciudadanos y gobierno en Yucatán. Que comience con su persona, recuperando la austeridad y la sencillez que habían sido características de la mayoría de los gobernantes yucatecos. Que con su ejemplo imponga un estilo entre sus subordinados, fincado en el respeto a sus jefes, los ciudadanos. Que acepte la crítica y haga uso de ella para mejorar la actuación de su gobierno. Que no llame cizaña al trigo limpio, sólo porque cuenta con los medios para hacerlo. Ése sería el camino para fomentar una real participación de la sociedad en los asuntos de interés colectivo.- Mérida, Yucatán.