Vida sin violencia. En los zapatos de Reina Alejandra
Dulce María Sauri Riancho.
"En los zapatos de otro" es una campaña iniciada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para sensibilizar a la sociedad mexicana sobre las desapariciones de personas y víctimas en la lucha contra el crimen organizado.
Hace unos días, la prensa local dio noticias sobre el hallazgo del cuerpo torturado y quemado de una mujer en los montes cercanos a la población de Maxcanú. Nueve meses atrás fueron hallados, en esa misma zona, los restos de otra mujer que hasta la fecha permanece sin identificar y por consiguiente, libre quien la privó de la vida.
En una fotografía de la escena del crimen destacaba una sandalia blanco y negro, al parecer de la occisa. Decidí ponérmela para poder escribir sobre Reina Alejandra Polanco Uicab, de apenas 16 años, que vivía en la pequeña población de San Fernando, una de las 13 comisarías del municipio de Maxcanú. Reina salió de su casa la tarde del sábado 21 de enero para asistir a un baile en Paraíso, otra comunidad vecina, donde habría de encontrarse con un amigo, novio quizá.
Llevaba su ropa de fiesta, un pantalón de mezclilla y una blusa morada, y en una bolsa grande, su teléfono celular. Tenía permiso de sus padres para asistir pues la única mujer de sus tres hijos era tímida y obediente, por lo que no temían por ella. Además, ya tenía alguna experiencia fuera de casa, puesto que, como tantas jóvenes de la región, trabajó un tiempo en el servicio doméstico de una casa de Mérida.
Reina no volvió a su modesta vivienda la madrugada del domingo. Sus padres, desesperados, denunciaron su desaparición a las autoridades municipales. Muy probablemente les dijeron que la menor de edad habría huido con el novio por su propio gusto y voluntad, que pronto habrían de tener noticias de ella. Eso mismo le habrían expresado a la docena de madres de familia de Maxcanú, cuyas hijas también salieron de casa desde hace varios meses sin que, a la fecha, tengan noticias de ellas.
Accidentalmente, la tarde del martes, en una vereda del monte encontraron a Reina Alejandra, su cuerpo carbonizado, sus sandalias y su reloj rosa.
Me imagino la intensidad del dolor de los padres, los sentimientos de culpa por haberle permitido ir al baile. Puedo sentir la zozobra de las madres que siguen en la espera de sus hijas, alguna llamada, una señal de que están vivas. Con lo sucedido a Reina, temen lo peor y, a la vez, se alegran que no haya sido el cuerpo de su hija el que apareciera masacrado en el monte.
El elevado número de jóvenes desaparecidas en Maxcanú, ¿sólo ocurre en ese municipio o se repite en otras poblaciones y regiones del estado? Si fuera lo primero, situación grave, urgente de atender; situación aterradora, imposible de aceptar con pasividad si se trata de un delito endémico. La experiencia en otras regiones del país y del mundo nos enseñan que la desaparición o el asesinato de mujeres jóvenes, cuando es reiterativo, no debe enfrentarse con la lógica del delito aislado, debe verse como síntoma de un proceso de descomposición que tiene que ver con los tejidos y los valores de la sociedad.
Las jóvenes mujeres de Maxcanú, al igual que las de cualquier población del interior del estado, tienen marcadas desventajas para ejercer sus derechos a la educación, al trabajo, a la recreación, a una vida libre de violencia. Para empezar, en su municipio, las fuentes de empleo son muy reducidas; la actividad agropecuaria está en crisis o abandonada. Por eso es que, todas las mañanas miles de personas, jóvenes y adultas, toman los autobuses o los colectivos para trasladarse a Mérida para trabajar. Otros y otras van más lejos, hacia la Rivera Maya, a Cancún y cada semana tratan de regresar a visitar a su familia.
La Fiscalía del Estado tiene la responsabilidad de investigar hasta dar con quien haya asesinado a Reina Alejandra. Tiene también la obligación de rastrear y localizar, sin prejuicio alguno, a las jóvenes mujeres que han desaparecido en Maxcanú. Pero las autoridades del estado tienen la obligación de enfrentar el problema de los miles de jóvenes yucatecos sin alternativas reales de empleo y desarrollo en sus propias comunidades. No es excusa que "sólo" 17 de cada 100 yucatecos habiten en localidades como San Fernando, de menos de 2,500 habitantes. No lo es tampoco la sequía, como pretexto que oculta el brutal abandono en que está el campo de Yucatán.
Mientras, las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio muestran que en esta entidad, considerada como una de las más seguras del país, 43 mujeres han perdido la vida asesinadas entre 2007 y 2011. ¿Y cuántas serán las "desaparecidas"? Pongámonos en sus zapatos, en sus sandalias. Hagamos que se las pongan las autoridades responsables de investigar y detener a los culpables, y también quienes desde el gobierno tienen la obligación de impulsar programas de desarrollo para brindar a los jóvenes yucatecos oportunidades de empleo y un ambiente libre de cualquier forma de violencia.- Mérida, Yucatán.