La elección de los magistrados. Deber de ingratitud
Dulce María Sauri Riancho
Gratitud significa agradecimiento por una ayuda o un favor recibido. Se dice que es de bien nacidos agradecer; que el reconocimiento y la lealtad hacia quien nos brinda algún apoyo para obtener un trabajo o lograr una promoción debería ser permanente hacia quien nos tendió la mano.
Pero hay un grupo pequeño, cuya actuación es decisiva para la sociedad, cuyo mandato es exactamente el opuesto: están llamados al deber de ingratitud hacia quien hizo posible su nombramiento o su designación para el ejercicio de un cargo o una responsabilidad pública. Me explico.
De los tres poderes que integran el gobierno, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, son de elección popular; diputados, senadores, gobernadores y el presidente de la república son electos por la votación mayoritaria, por lo que su mandato es claro: servir al pueblo que los eligió.
El tercer poder es el Judicial. Los magistrados que forman su tribunal superior -Suprema Corte de Justicia a nivel federal, Tribunal Superior de Justicia en el estado- provienen de una terna propuesta por los titulares del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o al Congreso de Yucatán, para los magistrados del Tribunal Superior.
Ser considerado para integrar una terna del presidente de la república o de la gobernadora es una importantísima distinción, quizá la más grande, para un abogado, sólo superada por su propia elección para desempeñarse como ministro o magistrado. Entonces, ¿a quién agradecer: a quien lo postuló, a quienes lo eligieron? En lo individual, desde luego que pueden guardar sentimientos de gratitud hacia quien los distinguió e hizo posible su designación. Pero para poder cumplir a plenitud su responsabilidad, su primer deber es la ingratitud hacia quienes lo postularon o lo eligieron con su voto.
Hace unas semanas tuvimos una muestra clara de cumplimiento de ese deber de ingratitud, que sitúa por encima de todos los compromisos y sentimientos de lealtad personal el deber superior de la aplicación de la justicia. La Suprema Corte de la Nación abrió una investigación sobre la tragedia de la guardería "ABC", de Hermosillo, Sonora, que acabó con la vida de 49 niños pequeños en un terrible incendio. El turno para elaborar el proyecto de resolución le correspondió a uno de los dos noveles ministros de la SCJN, electo por el Senado unos cuantos meses antes.
Se trataba de un asunto mayor, que implicaba una posible responsabilidad del ex director del IMSS (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) y del nuevo director, además de diversos altos funcionarios de la institución. Si el sentimiento personal de agradecimiento hubiera prevalecido, el ministro Arturo Lelo de Larrea, recién nombrado, hubiera evitado causar con su proyecto de resolución un severo cuestionamiento al gobierno del presidente de la república que lo postuló en la terna y a los senadores panistas que fueron fundamentales en su elección. Pero sobre esas consideraciones prevaleció el deber de hacer justicia. El proyecto fue discutido públicamente por el pleno y desechado por la mayoría, lo que no le quita su valor ni disminuye la integridad de quien supo ejercer su primordial deber de ingratitud.
En un breve lapso la gobernadora deberá enviar al Congreso las ternas correspondientes a la elección de dos nuevos magistrados y una más para la sustitución del licenciado Ángel Prieto quien ha anunciado su próxima jubilación. El Tribunal Superior de Justicia deberá contar a partir del 1 de marzo de 2011 con once integrantes (tres de ellos, actuales magistrados del Tribunal de Justicia para Menores) con sus respectivos suplentes, en vez de los 6 actuales.
En Yucatán no se necesita mayoría calificada de dos terceras partes para elegir a los magistrados. Basta sólo con el voto de los diputados del PRI para lograrlo. El desempeño del Congreso y la línea de actuación de la gobernadora no abonan la esperanza de que se postule y escoja como nuevos magistrados entre los más capaces para desempeñar el cargo. Los errores que se cometan, hoy, en un asunto tan delicado, los pagará Yucatán en los próximos 15 años. Por eso la sociedad está obligada a preocuparse por el procedimiento de selección y a ocuparse del desempeño de sus jueces y tribunales. Y los nuevos magistrados habrán de cumplir su deber de ingratitud.- Mérida, Yucatán.
Gratitud significa agradecimiento por una ayuda o un favor recibido. Se dice que es de bien nacidos agradecer; que el reconocimiento y la lealtad hacia quien nos brinda algún apoyo para obtener un trabajo o lograr una promoción debería ser permanente hacia quien nos tendió la mano.
Pero hay un grupo pequeño, cuya actuación es decisiva para la sociedad, cuyo mandato es exactamente el opuesto: están llamados al deber de ingratitud hacia quien hizo posible su nombramiento o su designación para el ejercicio de un cargo o una responsabilidad pública. Me explico.
De los tres poderes que integran el gobierno, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, son de elección popular; diputados, senadores, gobernadores y el presidente de la república son electos por la votación mayoritaria, por lo que su mandato es claro: servir al pueblo que los eligió.
El tercer poder es el Judicial. Los magistrados que forman su tribunal superior -Suprema Corte de Justicia a nivel federal, Tribunal Superior de Justicia en el estado- provienen de una terna propuesta por los titulares del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o al Congreso de Yucatán, para los magistrados del Tribunal Superior.
Ser considerado para integrar una terna del presidente de la república o de la gobernadora es una importantísima distinción, quizá la más grande, para un abogado, sólo superada por su propia elección para desempeñarse como ministro o magistrado. Entonces, ¿a quién agradecer: a quien lo postuló, a quienes lo eligieron? En lo individual, desde luego que pueden guardar sentimientos de gratitud hacia quien los distinguió e hizo posible su designación. Pero para poder cumplir a plenitud su responsabilidad, su primer deber es la ingratitud hacia quienes lo postularon o lo eligieron con su voto.
Hace unas semanas tuvimos una muestra clara de cumplimiento de ese deber de ingratitud, que sitúa por encima de todos los compromisos y sentimientos de lealtad personal el deber superior de la aplicación de la justicia. La Suprema Corte de la Nación abrió una investigación sobre la tragedia de la guardería "ABC", de Hermosillo, Sonora, que acabó con la vida de 49 niños pequeños en un terrible incendio. El turno para elaborar el proyecto de resolución le correspondió a uno de los dos noveles ministros de la SCJN, electo por el Senado unos cuantos meses antes.
Se trataba de un asunto mayor, que implicaba una posible responsabilidad del ex director del IMSS (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) y del nuevo director, además de diversos altos funcionarios de la institución. Si el sentimiento personal de agradecimiento hubiera prevalecido, el ministro Arturo Lelo de Larrea, recién nombrado, hubiera evitado causar con su proyecto de resolución un severo cuestionamiento al gobierno del presidente de la república que lo postuló en la terna y a los senadores panistas que fueron fundamentales en su elección. Pero sobre esas consideraciones prevaleció el deber de hacer justicia. El proyecto fue discutido públicamente por el pleno y desechado por la mayoría, lo que no le quita su valor ni disminuye la integridad de quien supo ejercer su primordial deber de ingratitud.
En un breve lapso la gobernadora deberá enviar al Congreso las ternas correspondientes a la elección de dos nuevos magistrados y una más para la sustitución del licenciado Ángel Prieto quien ha anunciado su próxima jubilación. El Tribunal Superior de Justicia deberá contar a partir del 1 de marzo de 2011 con once integrantes (tres de ellos, actuales magistrados del Tribunal de Justicia para Menores) con sus respectivos suplentes, en vez de los 6 actuales.
En Yucatán no se necesita mayoría calificada de dos terceras partes para elegir a los magistrados. Basta sólo con el voto de los diputados del PRI para lograrlo. El desempeño del Congreso y la línea de actuación de la gobernadora no abonan la esperanza de que se postule y escoja como nuevos magistrados entre los más capaces para desempeñar el cargo. Los errores que se cometan, hoy, en un asunto tan delicado, los pagará Yucatán en los próximos 15 años. Por eso la sociedad está obligada a preocuparse por el procedimiento de selección y a ocuparse del desempeño de sus jueces y tribunales. Y los nuevos magistrados habrán de cumplir su deber de ingratitud.- Mérida, Yucatán.