Chaleco antibalas. De robos a robos

Dulce María Sauri Riancho (D. de Yucatán 29 septiembre de 2010)

El asalto a una joyería de Altabrisa ocurrido en días pasados fue de enorme cinismo: se efectuó a las siete y media de la noche, en momentos de afluencia de compradores y familias que transitaban por el centro comercial. No se guardaron los asaltantes, ni ocultaron sus rostros ni acallaron el sonido de sus marros sobre los cristales rotos. Huyeron después de varios minutos, suficientes para llevarse la mercancía en exhibición. Dejando una huella de sangre, atravesaron Sears y salieron a la avenida.

La policía no tardó mucho en localizar a los ejecutores del asalto; luego detuvo a los presuntos autores intelectuales, quienes contrataron y pagaron al grupo para realizar la operación. El botín desaparecido, junto con los dos últimos asaltantes prófugos, fue recuperado. Toda la banda ha sido puesta bajo arraigo por la sospecha de su participación en asaltos similares en otras partes del país. Éxito redondo para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Procuraduría de Justicia del Estado. ¡Enhorabuena!

La persecución, detención y consignación de los presuntos responsables de un delito es la mejor medicina contra el mal social que se llama impunidad. Y éste es el único camino para preservar la seguridad y el ambiente de tranquilidad en todos los sectores de la sociedad.

Yucatán tiene fama nacional como una de las entidades más seguras del país en cuanto a la operación del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Mérida se ha vuelto ciudad que acoge a los llamados "desplazados internos", familias procedentes de distintas partes de México que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sus escuelas y negocios por la violencia prevaleciente en sus lugares de origen.

Pero no todo es idílicamente pacífico en Yucatán. Veamos uno de los delitos más frecuentes, que afecta el patrimonio de quienes lo padecen: el robo.

Hay zonas de la ciudad de Mérida víctimas de constantes robos a las familias que salen a trabajar y dejan sola la casa durante todo el día, como en el fraccionamiento Francisco de Montejo. Sucede también en ciudades del interior del estado, como en Tizimín. En otras partes, como en Seyé, han sido los bienes colectivos -en este caso, el sistema de alumbrado de la cancha del ayuntamiento- las víctimas de los "amigos de lo ajeno".

Los propietarios de las casas veraniegas en la extensa franja costera que se extiende de Chuburná a Telchac registran frecuentes robos de todo tipo de bienes, desde televisores y refrigeradores, hasta toallas y hamacas. Lo mismo ha ocurrido en elegantes residencias de Chicxulub que en las más modestas de Chelem. Hasta las casas habitadas por extranjeros han resentido esta situación.

En el campo, los robos de bombas de los pequeños sistemas de riego son cada vez más frecuentes. Alambradas completas desaparecen; instalaciones de tubería de cobre son presa de ladrones que las desmantelan en poco tiempo, no interesa si son de bodegas, naves industriales o de una escuela.

Soguillas y celulares son botín en el centro de Mérida; un restaurante, BBT Wings, dos veces ha sido asaltado en un mes: la última ocasión, hasta en vídeo pudo testimoniar la operación de los asaltantes.

El robo no se persigue de oficio. Por eso el primer paso está en que los afectados se decidan a interponer ante las autoridades competentes la denuncia de los hechos.

Yucatán se caracterizó durante muchos años por la gran cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público; abundaban entonces las acusaciones por amenazas ("el vecino dijo que iba a matarme; o la vecina me insultó") o robos que incluían gallinas y otros bienes del traspatio. Era, sin duda, una muestra de confianza en la autoridad; una forma de reconocer que bajo su amparo y protección lo que estaba mal, incluyendo los pleitos vecinales, se arreglaría.

El paso del tiempo ha ido modificando esa sana práctica social. Entre las complicaciones de tiempo y de documentación para presentar la denuncia -facturas del viejo refrigerador, las inexistentes de la hamaca o del televisor- y la percepción de que poco o nada sucederá a favor de las víctimas, cada vez más personas deciden resignarse ante el despojo y la pérdida de sus bienes. Hasta algunos se consuelan diciendo que, al menos, el robo ocurrió ¡cuando estaba fuera de casa la familia!

Los bienes sustraídos fueron adquiridos con mucho esfuerzo; en algunos casos, todavía se están pagando. El coraje y la sensación de impotencia acompañan al momento del descubrimiento del despojo, porque se percibe que poco o nada se puede hacer.

Las autoridades no pueden evitar que los ciudadanos violen la ley; lo que sí pueden garantizar es que quien lo haga sea sometido a la justicia. La indiferencia o el menosprecio de lo pequeño y cotidiano, por su monto, por la extracción social de los afectados, por la falta de violencia visible en su realización, no deberá ser razón para dejar de atender y resolver cada una de las denuncias que se presenten.

Los sicarios no debutan matando; muy posiblemente comenzaron con pequeños hurtos que no fueron sancionados oportunamente.

Sin desconocer la parte social que explica el incremento de los delitos de tipo patrimonial, robo incluido, es necesario reforzar la acción de las autoridades para facilitar las denuncias de los ciudadanos; para incrementar la eficacia de la investigación y la solución de los casos; para consignar a los presuntos responsables ante los jueces.

Esa sería la más fuerte coraza, el mejor chaleco anti balas de impunidad que podemos ponerle a Yucatán.- Mérida, Yucatán.

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