Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri Riancho Este miércoles, día último de mayo, cierran las campañas electorales en cuatro entidades del país. Son quizá los comicios estatales que más interés han despertado en los últimos años, en parte por su proximidad con los procesos de 2018 y porque en dos de los estados, México y Veracruz, se concentra más del 20% de los votantes de todo el país. Se dice —y con razón— que estas elecciones son un indicador de lo que nos espera el año próximo, no sólo en cuanto a los resultados, sino a la forma como se ha organizado el proceso por parte de los órganos electorales, el comportamiento de los partidos políticos y de sus candidatos, la conducción de las autoridades gubernamentales y, sobre todo, por la aceptación o no de los resultados por parte de las fuerzas políticas en pugna. Tres estados elegirán gobernador/a el 4 de junio. Se trata de dos gubernaturas, México y Coahuila, donde sólo ha ganado el PRI desde su fundación como PNR hace más de 88 años. Nayarit ya ha r

Dulce María Sauri Riancho El pasado 8 de mayo, las páginas del Diario Oficial del gobierno de Yucatán dieron a conocer dos importantes decretos en materia de Paridad. El primero, una reforma al artículo 16 de la Constitución del Estado (apartado A), que obligará a todos los partidos políticos a registrar igual número de mujeres y hombres en las candidaturas a las presidencias municipales y a las regidurías de los ayuntamientos. El segundo decreto incluye las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 214 y 221) y a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán (artículos 3, 25 f. XXVI, 34). La denominada coloquialmente “ley electoral” establece el mecanismo para asegurar la paridad horizontal: “Cada uno de los géneros encabezará el 50% de las planillas de candidatos a regidores que contenderán en los municipios del estado”. Mitad y mitad no sólo en las candidaturas a presidente/as municipales, sino también en la integración de las planillas de re

Dulce María Sauri Riancho En vísperas de Semana Santa, justo cuando comienza el turismo nacional a llenar las playas y los centros vacacionales, hubo dos noticias procedentes de la Cámara de Diputados. Una de ellas, muy alentadora, vino del aire; la otra, proveniente de las carreteras, hizo menguar el optimismo de quienes consideramos que el gobierno tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos a la vida y a la seguridad.   Comienzo con las reformas a la Ley de Aviación Civil destinadas a regresar al “buen camino” a las aerolíneas que prestan sus servicios a millones de pasajeros en México. Durante muchos años, viajar en avión era privilegio de unos cuantos, por lo caro que resultaba y por razones de seguridad. Al comenzar la década de 1990 la situación comenzó a cambiar aceleradamente. A las dos grandes y tradicionales líneas aéreas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se sumaron otras de paso fugaz, pero que abrieron camino a las aerolíneas de bajo costo. La primera

Dulce María Sauri Riancho Hace unos días se dio a conocer el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Mérida. Tiene la pretensión de orientar el desenvolvimiento de la ciudad capital y sus comisarías hasta el 2040. El procedimiento seguido para formular el documento de 435 páginas y numerosos anexos con detallada información, se prolongó por más de un año. Hay mucha miga para desmenuzar en un estudio tan extenso y detallado. Decidí comenzar con los temas relacionados con la vivienda de los meridanos, pieza central de cualquier iniciativa que aspire a crear condiciones de bienestar para la población. La ciudad de Mérida es el eje de un sistema constituido por 47 comisarías y sub-comisarías, donde se hallan registradas 328,000 mil viviendas, de las cuales el 70% están ocupadas. En el capítulo de Antecedentes, los autores remarcan una y otra vez que la superficie urbana de Mérida ha crecido incontroladamente desde la década de 1980, pero muy en especial en lo que va del siglo XXI.