jueves, 23 de diciembre de 2010

La elección de los magistrados. Deber de ingratitud

Dulce María Sauri Riancho

Gratitud significa agradecimiento por una ayuda o un favor recibido. Se dice que es de bien nacidos agradecer; que el reconocimiento y la lealtad hacia quien nos brinda algún apoyo para obtener un trabajo o lograr una promoción debería ser permanente hacia quien nos tendió la mano.

Pero hay un grupo pequeño, cuya actuación es decisiva para la sociedad, cuyo mandato es exactamente el opuesto: están llamados al deber de ingratitud hacia quien hizo posible su nombramiento o su designación para el ejercicio de un cargo o una responsabilidad pública. Me explico.

De los tres poderes que integran el gobierno, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, son de elección popular; diputados, senadores, gobernadores y el presidente de la república son electos por la votación mayoritaria, por lo que su mandato es claro: servir al pueblo que los eligió.

El tercer poder es el Judicial. Los magistrados que forman su tribunal superior -Suprema Corte de Justicia a nivel federal, Tribunal Superior de Justicia en el estado- provienen de una terna propuesta por los titulares del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o al Congreso de Yucatán, para los magistrados del Tribunal Superior.

Ser considerado para integrar una terna del presidente de la república o de la gobernadora es una importantísima distinción, quizá la más grande, para un abogado, sólo superada por su propia elección para desempeñarse como ministro o magistrado. Entonces, ¿a quién agradecer: a quien lo postuló, a quienes lo eligieron? En lo individual, desde luego que pueden guardar sentimientos de gratitud hacia quien los distinguió e hizo posible su designación. Pero para poder cumplir a plenitud su responsabilidad, su primer deber es la ingratitud hacia quienes lo postularon o lo eligieron con su voto.

Hace unas semanas tuvimos una muestra clara de cumplimiento de ese deber de ingratitud, que sitúa por encima de todos los compromisos y sentimientos de lealtad personal el deber superior de la aplicación de la justicia. La Suprema Corte de la Nación abrió una investigación sobre la tragedia de la guardería "ABC", de Hermosillo, Sonora, que acabó con la vida de 49 niños pequeños en un terrible incendio. El turno para elaborar el proyecto de resolución le correspondió a uno de los dos noveles ministros de la SCJN, electo por el Senado unos cuantos meses antes.

Se trataba de un asunto mayor, que implicaba una posible responsabilidad del ex director del IMSS (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) y del nuevo director, además de diversos altos funcionarios de la institución. Si el sentimiento personal de agradecimiento hubiera prevalecido, el ministro Arturo Lelo de Larrea, recién nombrado, hubiera evitado causar con su proyecto de resolución un severo cuestionamiento al gobierno del presidente de la república que lo postuló en la terna y a los senadores panistas que fueron fundamentales en su elección. Pero sobre esas consideraciones prevaleció el deber de hacer justicia. El proyecto fue discutido públicamente por el pleno y desechado por la mayoría, lo que no le quita su valor ni disminuye la integridad de quien supo ejercer su primordial deber de ingratitud.

En un breve lapso la gobernadora deberá enviar al Congreso las ternas correspondientes a la elección de dos nuevos magistrados y una más para la sustitución del licenciado Ángel Prieto quien ha anunciado su próxima jubilación. El Tribunal Superior de Justicia deberá contar a partir del 1 de marzo de 2011 con once integrantes (tres de ellos, actuales magistrados del Tribunal de Justicia para Menores) con sus respectivos suplentes, en vez de los 6 actuales.

En Yucatán no se necesita mayoría calificada de dos terceras partes para elegir a los magistrados. Basta sólo con el voto de los diputados del PRI para lograrlo. El desempeño del Congreso y la línea de actuación de la gobernadora no abonan la esperanza de que se postule y escoja como nuevos magistrados entre los más capaces para desempeñar el cargo. Los errores que se cometan, hoy, en un asunto tan delicado, los pagará Yucatán en los próximos 15 años. Por eso la sociedad está obligada a preocuparse por el procedimiento de selección y a ocuparse del desempeño de sus jueces y tribunales. Y los nuevos magistrados habrán de cumplir su deber de ingratitud.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Médicos a los tribunales

Juicio al sistema de salud

Dulce María Sauri Riancho

Varios y dramáticos casos de fallecimiento de personas en los hospitales a causa de presunta negligencia han sido denunciados en los medios de comunicación de Yucatán. Un padre que perdió a su hija al dar a luz en el Centro Materno Infantil; una tardía cesárea que terminó con la vida de un bebé en el San Carlos de Tizimín; partos en los baños, enfermos que mueren como consecuencia de una atención deficiente; el Hospital O'Horán, el de Valladolid, los del IMSS han sido objeto de denuncias por parte de familiares de los muertos que reclaman justicia.

Por eso cobra especial relevancia la determinación de la Procuraduría de Justicia del Estado para proceder contra un grupo de seis médicos, enfermeras y auxiliares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron acusados de homicidio, al atribuírseles la responsabilidad de la muerte de una joven mujer que, recién operada, recibió una transfusión sanguínea con el tipo de sangre equivocado. Es la primera de las denuncias que se activa en el ámbito penal, en este caso, contra servidores públicos de una institución federal. Los implicados han sido detenidos y consignados ante el juez quien, después de dictarles la prisión, les ha concedido la libertad bajo fianza.

La medicina y los médicos tienen un lugar especial en la sociedad porque su actividad se finca en la confianza y responde a la esperanza de recuperar la salud. En alguna forma los hacemos infalibles, porque necesitamos creer que lo son para sentirnos seguros. Pero son seres humanos como nosotros: fallan, se equivocan, se distraen. Y sus errores cuestan algunas veces vidas. Ese es el tamaño de su compromiso.

El pasado domingo salió un desplegado suscrito por 43 colegios y asociaciones médicas agrupadas en el Colegio de Médicos de Yucatán. Dirigido a los tres poderes y a la opinión pública, su título refleja fielmente su contenido: Indignación en la comunidad médica. El propósito central es denunciar "el trato indigno" y "la manera vejatoria" como se ha tratado a los médicos sujetos a proceso, al presentarlos como culpables cuando el juicio apenas se está iniciando.

Los hospitales públicos ven rebasada su capacidad para atender a todos los enfermos. Los análisis tardan semanas en realizarse y las intervenciones quirúrgicas, meses. Saturados de trabajo, los "infalibles" doctores pueden equivocarse más fácilmente. El trato con los pacientes y familiares se vuelve áspero, insensible ante la necesidad de información. Los pacientes se vuelven un número de expediente, sin nombre ni rostro que los identifique.

Algunos dirán que es el precio a pagar por la extensión de la medicina social. Otros pensarán que son muchos los que se salvan por algunos que mueren, siempre que no sean ellos o algún familiar los que ingresen a la cuenta de los muertos.

Hace más de 14 años, en 1996, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que debiera ser la primera instancia para conocer y dictaminar sobre casos de posible negligencia médica. Para que pueda intervenir en un asunto tiene que mediar denuncia de la persona afectada o de un familiar, cuando se presuma un error o descuido fatal de los doctores. A la fecha, esta Comisión ha permeado escasamente en la sociedad yucateca; se conoce poco; no ha podido demostrar su utilidad.

En los Estados Unidos, médicos y enfermeras contratan enormes y costosos seguros contra denuncias de mala práctica profesional. A éstos se les atribuye una parte importante del encarecimiento de los servicios de salud en ese país.

De alguna manera, cuando se juzgue al personal médico implicado en el homicidio de esta mujer, se estará también juzgando al Seguro Social y al sistema de salud pública del Estado, su organización, funcionamiento, sus sistemas de control de calidad y mecanismos de supervisión.

No es difícil imaginar cómo ha afectado esta situación a los responsables de los servicios médicos del IMSS. La parte positiva puede ser una nueva y cuidadosa actitud para cumplir los procedimientos, para proporcionar información oportuna a los familiares y a los propios pacientes. La negativa tiene que ver con la conciencia de su vulnerabilidad, de que el escudo protector que la sociedad les había puesto, ha sido mellado por primera vez.

La impunidad no puede ser tolerada, mucho menos consentida en ninguna parte. Esto incluye la sensible zona de los servicios médicos. Se han activado en este proceso los mecanismos penales. Pero ¿dónde están los procedimientos civiles, dónde está la Conamed? También hay que ponerlos a funcionar si no queremos caer en el despropósito de procurar la justicia echando mano a la injusticia.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de diciembre de 2010

El síndrome Aquimichú, ante el retroceso

Dulce María Sauri Riancho

Pasito pa'lante, pasito pa'trás. No es el ritmo de una pieza de baile; es una forma de expresar el creciente desánimo que experimentan grupos amplios de la sociedad. Que la política todo descompone; que no representa el sentir de la mayoría, sólo de esos grupos "eternamente inconformes"; que todo se convierte en ataques entre los representantes del PAN ahora en la oposición y del PRI, ahora en el gobierno.

Las calenturas de adentro pueden enfriarse cuando nos miran desde el exterior. Es lo que hacen dos instituciones con la presentación de sus índices que comparan a Yucatán con las otras 31 entidades federativas y con los promedios nacionales. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo hace en relación con el desarrollo económico y la empresa Aregional, lo elabora sobre el desarrollo humano.

¿Qué nos dicen? El gobierno resalta que somos el cuarto lugar en menor desempleo, pero se cuida de mencionar que los yucatecos ganan menos que la mayoría de los trabajadores de otras partes del país, ya no hablemos de los vecinos de Quintana Roo y de Campeche. Tampoco menciona que los tres primeros lugares en la tabla de empleo lo tienen las tres entidades más pobres de México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Por qué razón? Porque el desempleo es un lujo que no se pueden dar entidades o familias pobres.

Por eso es que tres de cada 10 trabajadores yucatecos están en la economía informal, sin seguro ni prestaciones sociales. El producto interno bruto, la riqueza generada por todo el aparato productivo de nuestro estado sólo creció en 0.2% en un año, cuando el promedio nacional fue de 2.1%.

El IMCO alerta sobre las finanzas públicas de Yucatán. Por una parte, señala la debilidad de los ingresos propios, los que provienen del cobro del impuesto de nóminas y del hospedaje, principalmente. Dice que hay que revisar la "autonomía fiscal", no propone subir las tasas, como es la intención gubernamental.

Prende un "foco amarillo" al endeudamiento del estado. Hasta 2008, Yucatán presentaba niveles relativamente bajos: fue en 2009 cuando fue autorizado el crédito de $1,870 millones para un conjunto de proyectos que, recién nos enteramos, requieren de nuevo multimillonario préstamo. Como en la escala de los huracanes, estamos a punto de pasar a "alerta naranja", con esta nueva carga, aumentada ahora por los llamados PPS (Proyectos de Participación Social) con los que pretenden construir museos, hospitales y otras obras públicas, por las que se pagará un arrendamiento por los próximos 25 ó 30 años.

No conocemos a ciencia cierta cuánto debe el gobierno del Estado en su conjunto, pero una inquietante pista la proporciona el propio IMCO: el sistema de pensiones estatal, es decir, el ISSTEY "... requiere una reforma urgente para evitar problemas de liquidez en el corto plazo...". ¿Le ha pagado el gobierno las cuotas que retiene de sus trabajadores? Si no es así, ¿cuánto le adeuda? No vayamos a enterarnos al final de esta administración que el sistema de pensiones del Estado está en riesgo inminente de quiebra.

El Índice de Desarrollo Humano de la empresa Aregional nos recuerda que Yucatán tiene el lugar 30 en Eficiencia Terminal de Secundaria, el 24 en relación con la población que sabe leer y escribir; la posición 30 en niños nacidos vivos sin desnutrición infantil; el mismo número 30 para los niños en la primaria sin desnutrición; el lugar 23 en mortalidad materna; sólo ocho de cada 100 personas empleadas gana más de $8,000 mensuales, lo que ubica al estado en la posición 24.

Pero no todo es gobierno ni son malas noticias. Al fondo de esta "caja de Pandora" de las estadísticas se halla la esperanza: los indicadores de Cohesión Social, los que tienen que ver con la participación ciudadana, ubican a Yucatán en los primeros lugares en participación electoral, en la denuncia de delitos, en el número de mujeres electas en las presidencias municipales. Ahí está el aliento para cambiar el paso, el ánimo y el ritmo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 2 de diciembre de 2010

La población de los centenarios

Puntual llegó el censo

Dulce María Sauri Riancho

Contra viento y marea, en tiempos de prosperidad o de crisis económica, con los gobiernos del PRI o del PAN, con problemas políticos entre los revolucionarios triunfantes en 1921 o en medio de las restricciones presupuestales de la década de 1990, puntual llega el censo. Trece veces desde hace 115 años se ha contado a los habitantes de México; desde 1930, en los años terminados en cero. Los encuestadores preguntan en todos los hogares sobre los miembros de la familia, su educación, su ocupación, entre otros datos que permiten trazar el perfil de la población en México.

Entre mayo y junio de este 2010 nos contaron. Los responsables tuvieron que visitar casi 29 millones de viviendas en el país y 500 mil en Yucatán. Hace unos días el Inegi presentó los datos preliminares y dentro de algunos meses dará la información definitiva, que será fundamental para la mejor planeación de las políticas públicas en educación, salud, empleo, entre otras.

Esta situación por sí misma habría de motivar nuestro interés en los datos del Censo. Pero además, hay algunas preguntas que los yucatecos nos hacemos y que esta valiosa información ayuda a responder: por ejemplo, ¿Cuántos somos los mexicanos? ¿Y los yucatecos?

Los resultados arrojan que México tiene una población de 112 millones de habitantes, cuando en 1910 sólo tenía 15 millones. Los especialistas esperaban la conmemoración de los centenarios con casi tres millones de personas menos; ellos mismos se encargarán de estudiar si hay repunte en la natalidad (nacen más niños) o si se han detenido los flujos migratorios (se van menos personas a los Estados Unidos por la falta de trabajo allá y por la creciente dificultad de los cruces). Lo cierto es que habrá más niños en las escuelas, más jóvenes luchando por un trabajo digno y más personas mayores que requieren atención en su vejez.

Mientras "suben" a internet la totalidad de la información, algunos números despejan curiosidades.

Ya merito, pero no alcanzamos todavía los 2 millones de habitantes en Yucatán (1 millón 954 mil personas). En la Zona Metropolitana de Mérida (que incluye a Umán, Kanasín y otros municipios colindantes) tampoco llegamos a la cifra mágica de un millón (971 mil).

La ciudad de Mérida por sí misma, sin sus comisarías ni la población de municipios vecinos, tiene 775 mil pobladores. Cuatro de cada diez yucatecos vivimos en la capital, pero han crecido sus comisarías, como Chablekal, por el club de golf La Ceiba y Caucel, por Ciudad Caucel.

Sólo una localidad además de Mérida, registra por arriba de 50 mil habitantes, muy probablemente Kanasín (77 mil).

Yucatán aporta menos del 2 por ciento de la población total del país. En la península, es todavía el más grande, pues Quintana Roo registra 1. 3 millones de habitantes y Campeche, 822 mil. La entidad más poblada dejó de ser desde hace dos décadas el Distrito Federal: ahora lo es el Estado de México, pues uno de cada siete mexicanos son mexiquenses.

Más mujeres

El Censo registra que en Yucatán hay casi 29 mil mujeres más que hombres. Esto podría ser motivo de preocupación para las jóvenes casaderas y de satisfacción y alegría para ellos. Pero, ¡mucho cuidado de adelantar vísperas! Tendríamos que saber si es porque las yucatecas viven más años que sus maridos y compañeros; si es entre los mayores de 70 años donde se da la diferencia más importante. Nacen más niños que niñas; hasta los 14 años se igualan en proporción. A partir de entonces, a pesar de los embarazos y los partos, del desgaste de cuidar y crecer a una familia, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres. Eso, sumado a la tradición casi abandonada de la diferencia de edades en la pareja, en que el hombre le lleva varios años a su esposa, le pone al fenómeno de la viudez rostro femenino.- Mérida, Yucatán.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Día contra la violencia hacia las mujeres

Mujeres, ayer y hoy

Dulce María Sauri Riancho

"... En las casas llamadas comunales se congregaba a las mujeres indígenas durante todo el día para que tejieran en común las mantas necesarias para cubrir las obligaciones impuestas sobre el pueblo...", "... oigo las voces que lastiman el corazón, dando gritos los alguaciles por todo el pueblo diciendo a las pobres indias que no se duerman sino que trabajen para cumplir con los repartimientos... las llevan a las casas reales y allí las hacen trabajar... Y muchas veces he visto que algunas que tienen hijos de pecho, sus hijas o sus hijos mayores los traen para que se los den y puestas -sin dejar el trabajo- les dan de mamar, cosa que quiebra el corazón...".

"Culiacán, Sin.- Hoy en la mañana fueron rescatados los seis cuerpos de las empleadas que se encontraban dentro de Coppel Hidalgo, las cuales fallecieron durante un incendio que se registró el día de ayer en el interior de la tienda departamental ubicada en el sector centro. "De acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, se acreditó que las seis mujeres que fallecieron estaban encerradas porque realizaban un inventario. Lo anterior fue dado a conocer en durante una conferencia de prensa por el subprocurador de Justicia Martín Robles Armenta, quien agregó que algunas de las hoy fallecidas se encontraban laborando desde las 7 de la mañana de ayer martes (9 de noviembre), sin embargo, no supo precisar quiénes..." .

Mujeres ayer y hoy, Divididas por la distancia del tiempo y del espacio, estas dos referencias encierran la realidad de la violencia ejercida en contra de las mujeres. La primera de las historias sucedió a principios del siglo XVII, alrededor de 1600. La narración corre a cargo del fraile guardián de Maxcanú, quien describe con vívidos acentos la situación de las mujeres mayas en esa población y de muchas partes del Yucatán colonial, quienes se veían obligadas a tejer el algodón que entonces se cultivaba, para elaborar mantas en los ya desaparecidos telares "de cintura". Ellas, las mujeres, tenían que cubrir la cuota de productos contratada con el pueblo en su conjunto. Aunque eran los principales, los batabes no eran los hombres los que hilaban y tejían la fibra para transformarla en piezas de textil que luego se venderían en distintas partes del extenso territorio colonial novohispano: eran las mujeres, a quienes se les encerraba en esas casas colectivas hasta que no concluían el trabajo, sin derecho al descanso y al sueño, sin poder atender a sus hijos pequeños, recluidas y privadas de libertad hasta terminar la tarea.

Hace pocos días en un país que conmemora este año el centenario de la primera revolución social del siglo XX, en Culiacán, Sinaloa, seis mujeres entre los 22 y los 36 años perdieron la vida en un incendio del establecimiento donde trabajaban, del que no pudieron salir a tiempo para salvarse porque estaban encerradas mientras realizaban el inventario nocturno de los productos; sólo hasta concluir y después de salir el sol serían liberadas. No vieron la mañana.

Entonces y ahora son las mujeres las víctimas de actos de violencia que atentan contra su vida y su dignidad.

Culiacán nos recuerda en forma brutal y dramática la situación de vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras del país. Trae a la memoria las exigencias del certificado de no embarazo para otorgar un empleo; las acciones soterradas para inducir a las madres a renunciar; los sueldos diferentes si son mujeres u hombres, aunque realicen la misma función.

El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia hacia las mujeres. Tres hermanas, Patria, Minerva y Teresa Mirabal, perdieron la vida en la República Dominicana en esa fecha de 1961. Fueron brutamente asesinadas por los esbirros del dictador Rafael Leónidas Trujillo por oponerse a su régimen opresor. Por ellas, en su memoria, en muchas partes del mundo habrá reflexión y análisis sobre una cuestión que afecta a toda la sociedad. Erradicarla, expulsarla como el mal social que afecta y corroe la vida colectiva es tarea que demanda plena colaboración entre la sociedad y sus autoridades. Que dure el compromiso más allá de los actos oficiales; que la indignación sea motor para cambiar lo necesario.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

¡Adiós al Bicentenario!... Y el centenario, ¿dónde quedó?

Dulce María Sauri Riancho

Para muchos yucatecos el centenario del inicio de la Revolución Mexicana pasará como uno más de los "puentes" vacacionales del año. Una disposición tomada hace unos años por el gobierno y los legisladores remite el día de descanso obligatorio siempre al lunes de la semana en que se conmemora alguna fecha. Al 20 de noviembre de los 100 años le tocará este sábado, así que su feriado ya pasó.

El bicentenario de la Independencia transcurrió con más penas que glorias. En los recuerdos personales quizá brillarán las fiestas de la Independencia que transmitió la televisión que al menos por un breve instante logró la comunión de los mexicanos y el despertar del orgullo por una patria que es de todos.

El aniversario de la Revolución no ha gozado siquiera de la atención que recibió el de la Independencia. ¡Difícil tarea para el gobierno federal! El descuido es explicable: el partido en el gobierno fue fundado para oponerse al Estado de la Revolución en 1939. Las instituciones y el orden constitucional que nos rige surgieron de ese mismo movimiento que trastocó la organización de la sociedad porfirista y abrió paso a un nuevo sistema de derechos sociales y libertades colectivas. Emergió un nuevo "mapa" de reparto de las tierras en el país; se aceleró el crecimiento de las ciudades, aumentaron los años de vida de las personas, se extendió la educación, se crearon las grandes instituciones de seguridad social. Ha sido un proceso de cambio lento, no siempre para avanzar, con el perenne riesgo de retroceder, sobre todo en las libertades.

El reto no ha sido más sencillo para el gobierno estatal. A pesar de su procedencia partidista, la magnitud y la fuerza de la propuesta oficial para la conmemoración del inicio de la Revolución adolecieron de las mismas carencias que las de la contraparte federal. Digámoslo de una vez y con todas sus letras: las conmemoraciones nos encontraron como sociedad confundidos y agotados, y al gobierno flotando en el burocratismo y dedicado a cumplir formalmente sus funciones.

En la prisa por cumplir las formalidades, olvidamos que la Revolución se fraguó por las insatisfacciones acumuladas en 100 años de vida independiente. Se nos olvidó que la Revolución de 1910-1917, una de las tres revoluciones de masas del Siglo XX en el mundo, la inició un puñado de ciudadanos, descontentos con el orden que imperaba, que se animaron a exigir libertades en la política y acceso a la tierra, en el orden socioeconómico.

Tras la bandera antirreeleccionista de Madero y de su demanda de sufragio efectivo estaban los reclamos por la libertad de tránsito y de comercio, por la libertad de contratación de los trabajadores, por la libertad de prensa, de reunión, de expresión, de credo. Y el reclamo de tierras era el grito de los campesinos por tener acceso al factor de la producción que representaba la posibilidad de empleo, comida, ingreso, bienestar, seguridad. No es casual que el lema maderista de "Sufragio Efectivo..." de la insurrección inicial se haya desdoblado en el de "Tierra y Libertad" de los batallones de pobres que llevaron al movimiento armado a su culminación.

¡Qué rico y enriquecedor hubiera resultado replicar los afanes transformadores de los revolucionarios de ayer, pensando, discutiendo, proponiendo un nuevo marco de libertades para el México del siglo XXI! ¡Qué gratificante hubiera resultado para la sociedad de hoy y del futuro diseñar y acordar un reparto más equitativo del Conocimiento, el factor que determina el rumbo y el ritmo de la economía y, por lo tanto, el reparto de la riqueza entre las naciones y entre los grupos sociales!

En una entrevista reciente, el brasileño Roberto Mangabeira Unger dijo que México no puede desarrollarse porque carece de una agenda nacional propia: "... A los estadistas les falta imaginación, a los intelectuales, rebeldía, y a la izquierda, transformación ideológica y programática; es conservadora o recalcitrante" (ver: http://www.eluniversal.com.mx/ nacion/181835.html).

Ya pasaron las fechas a conmemorar y están a punto de agotarse los eventos programados para hacerlo. Pero nos quedan los mismos viejos problemas, las mismas insuficiencias de hoy, los mismos retos del futuro. ¿Por qué no realizar ahora lo que no pudimos llevar adelante en el marco de los aniversarios? Insistamos en el ejercicio de imaginación transformadora que llevó a los mexicanos de hace un siglo y de 200 atrás a hacer realidad la Nación que añoraban.- Mérida, Yucatán.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Vieja virtud: "Veo, oigo y ¿callo?

La libertad de expresión

Dulce María Sauri Riancho


En la educación de las jóvenes y las niñas del siglo pasado la discreción era una virtud que se enseñaba con la conocida frase: "ver, oír y callar".

El simbolismo era muy claro: a pesar de conocer o de enterarse de determinado acontecimiento que afectase de alguna manera su vida y su pensamiento, el silencio era la única forma de cumplir con el papel de obediencia y subordinación que la sociedad asignaba a las mujeres.

Algo semejante sucede con la libertad de expresión. La principal diferencia estriba en que ahora se trata de los dos sexos, mujeres y hombres; que quien aconseja o impone callar no es la abuelita, no son las costumbres y las tradiciones, sino la fuerza del poder que se concentra en el Estado, en el gobierno o en algunos grupos con suficiente capacidad para pasar por encima de las leyes y obligar a personas, a medios de comunicación, a cerrar la boca.

Imaginemos a la Libertad como un músculo que requiere de continuo ejercicio para mantenerse en forma. Es el que sostiene con su fuerza, al aparato de convivencia social y a otros derechos, como el de Información, de Reunión, de Manifestación. Cuando se debilita, lo resiente el conjunto. Además, la Libertad no puede vivir aislada dentro de las casas, en el seno del hogar y quedarse guardada cuando salimos a la calle, como tampoco podemos dejarla fuera al volver al seno de la familia.

En nuestra Constitución, la Libertad de Expresión es una garantía individual. Esto significa que el Estado, o sea el gobierno, está obligado a garantizar su ejercicio, a eliminar los obstáculos que atenten contra ella y a propiciar su activo desarrollo.

La educación es la mejor vitamina para la Libertad; en sentido contrario, la ignorancia y el analfabetismo son cadenas de sumisión y silencio.

No podemos esperar hasta que toda la población esté educada y vivamos en una sociedad igualitaria para demandar garantías para expresarnos, para informarnos, para manifestarnos y ejercer la crítica, para revisar la actuación del gobierno.

Si "no hay peor ciego que el que no quiere ver", también existen autoridades que se encargan de ocultar los resultados de sus obligaciones. Por una parte, una sociedad con escasa o nula información poco puede demandar de sus funcionarios. Algunos de ellos siguen la táctica de guardar "bajo siete llaves" las nóminas, los gastos, los compromisos financieros; otros prefieren sepultarlos en un aluvión de datos inconexos, palabras vacías de contenido, eso sí, envueltas en la magia de los promocionales de televisión.

Otra frase nos recuerda que "no hay peor sordo que el que no quiere oír". Corresponde a quienes prefieren encerrarse en sí mismos, concentrarse en su trabajo y no meterse en el lío de enterarse de lo que pasa en su entorno, no escuchar las voces y las opiniones de otros.

Vivimos una etapa en que un sector prefiere no ver, no oír, callar. "Desinterés ciudadano" le denominan los especialistas; "mayoría silenciosa", le dicen los políticos. Esta omisión cívica se vuelve autocensura y temor frente a los gobernantes; no se les reclama ni siquiera la liquidación de los adeudos, no sea que se vayan a molestar y ejerzan su ira contra los acreedores. "Aguantar", "tolerar" son los verbos favoritos de los ilusos que creen poder salvarse solos. Algún día, quizá dolorosamente, tendrán que rendirse ante la evidencia de que los derechos humanos alcanzan a toda la sociedad y que su violación afecta a todos, que no existen "islas" individuales.

Las medicinas para curar a las libertades lastimadas están a nuestro alcance. No digo que sea fácil exigir a las autoridades que informen con claridad, en forma detallada y de fácil comprensión y acceso. Tan importante es conocer el costo y el destino de los "mucbilpollos viajeros" como las causas y los alcances de la "iliquidez" que diagnosticó el Dr. Baqueiro, a pesar de la transfusión de 1,840 millones de pesos. Para lograr la información que requiere cualquier expresión fundamentada se necesita tesón, perseverancia y ánimo social que hay que recuperar.

Tenemos que voltear la mirada a los medios de comunicación social existentes en nuestro estado. Ellos, sus propietarios, sus empleados y trabajadores hacen posible el ejercicio de la libertad de expresión. En otras partes de México su vida ha sido vulnerada, su libertad cercenada frente a la actuación del crimen organizado. En Yucatán eso no ha acontecido, pero eso no significa falta de tarea. Es indispensable en términos de salud social, conocer el gasto gubernamental en publicidad, propaganda (abierta o encubierta) que se aplica en los medios impresos y electrónicos de nuestro estado. Dónde, cuánto, a quién se paga, son preguntas que exigen respuestas claras. Tiene que ver con la actitud de los editores para recoger las distintas expresiones ciudadanas, comenzando por las críticas al propio gobierno. La célebre frase: "no les pago para que me peguen" no pertenece al pasado; está presente y se practica. Por eso es vital conocer los compromisos financieros del gobierno estatal con los medios de comunicación, locales y nacionales.

Esto vale para los medios públicos también: canal 13 de televisión local, propiedad del gobierno estatal; Radio IMER (ex Solidaridad) y Radio Peto; éstos tendrían que ser el mayor escaparate para el ejercicio de la libertad de expresión, verdaderos medios de "Estado", lo que significa servir a la sociedad en sus múltiples expresiones, no sólo a su propietario, el gobierno o a su responsable temporal, la gobernadora.

"Hablar", no callar, es la consigna de la libertad: para pensar, expresarse, actuar. "Veo, oigo y hablo", aunque incomode (y no sólo a mi abuelita, que en paz descanse).

jueves, 4 de noviembre de 2010

Memorias para el futuro. El arca del centenario

Dulce María Sauri Riancho

"Arca del Centenario", así se llama a una caja que guardará las memorias de los yucatecos de hoy destinadas a quienes vivan en esta tierra dentro de 100 años, en 2110. El gobierno del estado convoca a los ciudadanos a realizar propuestas destinadas a integrar este acervo de "... objetos, documentos e imágenes representativos de la época actual y de la sociedad yucateca contemporánea...". Esta actividad formará parte de la conmemoración del inicio del movimiento revolucionario de 1910.

¡Menuda tarea! Se trata de hacer una selección de "... costumbres, ideas, acciones y actitudes de esta década inicial del milenio...", que quepan en una caja de 80 x 60 x 60 centímetros (casi el doble de tamaño de las de archivo muerto) y que, además, sean significativas para quienes habrán de revisarlas dentro de una centuria. Me imagino que el material con que se fabricará el depósito destinado a durar 100 años será de la mejor calidad, para que resista el entierro en los patios de la escuela "Nicolás Bravo", situada en el barrio de Santiago, en la 72 por 59.

¿Qué pondríamos en esta "cápsula del tiempo"? ¿Qué y quiénes representan a los yucatecos de hoy en una época caracterizada por la rapidez de las innovaciones tecnológicas y la persistencia de la desigualdad? ¿Qué es signo de identidad, de "lo yucateco" hoy día?

Realizar una selección así lleva a preguntarnos sobre los componentes de la identidad yucateca, lo que nos hace distintos en la pluralidad de la gran nación mexicana. Entonces, a este cajón debemos incorporarle costumbres y tradiciones. Pero ¿cuáles? ¿Serían grabaciones con nuestra habla cadenciosa, aporreada, que se come gustosa las eñes? ¿Tendríamos que poner al idioma maya, lengua materna de muchos yucatecos, aunque cada vez en menor número?

A las tradiciones ¿incorporamos las nuevas costumbres impuestas por la necesidad, como el traslado semanal hasta Cancún y la Riviera Maya de adultos, hombres y mujeres, que dejan comunidades completas de niños y ancianos? ¿Sumamos a los yucatecos que viven en los Estados Unidos, en California o más lejos, que vienen cada vez que pueden y que mantienen sus lazos con esta tierra? ¿Reportamos a los que llegan de otras partes del país a avecindarse entre nosotros, atraídos por la tranquilidad que todavía disfrutamos?

El ecosistema yucateco es un gran tesoro. ¿Incluiremos una muestra de los manglares y humedales de la costa, una foto de los flamencos rosa y de la eclosión de los huevos de tortuga? ¿Reportaremos los escasos manchones de selva alta que todavía tiene Yucatán? ¿Pondremos vistas de la erosionada costa de Chuburná a Telchac, amenazada también por el cambio climático? ¿Y los hueches que ya se fueron, y las uayas y el tauch, las tortillas de mano y el atole nuevo?

La propuesta de dejar una caja con "cosas" -cosas pequeñas y perdurables- que hablen de los yucatecos de hoy puede ser manifestación de un sano sentido de la trascendencia, pensar y ver hacia el futuro. Pero puede ser, también, una manera de distraer la atención de nuestras incapacidades del presente. Aquello que nos impidió dejar obras monumentales que, además de su utilidad social, "hablaran" al futuro del Yucatán del cambio de milenio: parques, avenidas y carreteras, ciudades "modelo", centros de innovación tecnológica.

Me pregunto si en lugar de "cosificar" mensajes y valores nos ocupáramos por darle vida a los mismos; si nos preocupáramos por reforzar lo mucho que hoy tenemos para que dure 100 ó más años: ¿por qué no pensar que nuestra Universidad, la UADY de hoy, viva la próxima centuria, fuerte, adaptada a los tiempos, "hablándole" a los yucatecos de cada etapa? ¿Y que con la UADY pervivan el Tec, la Unimayab, la Modelo -que ya cumplió 100 años como escuela-, la Marista, la CTM y muchas otras universidades y centros de enseñanza?

Tenemos un Archivo del Estado (AGEY) que, pese a dificultades y limitaciones, está bien organizado; están por abrir sus puertas en el antiguo edificio del "Diario del Sureste" los acervos que fueran de la hemeroteca Pino Suárez y del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica; ¿qué mejor legado documental y testimonial podemos dejar al futuro que el que conservan esas instituciones y otras similares a ellas?

La "cápsula del tiempo" que encierra cosas, así sean las más preciadas por algunos, proyectaría un espíritu coleccionista, de una sociedad anticuaria, la que atesora objetos por el mero afán de guardarlos. El asunto central es cómo preservar la memoria colectiva para otras generaciones. Son los centros de investigación que protegen el conocimiento de las plantas, los animales y las personas, como el Cinvestav y el CICY, es el Inifap y el Hideyo Noguchi. Allá se crea conocimiento que permanece y resiste el paso del tiempo. Algún día, espero que pronto, habrá de concluirse la obra material de la Ciudad Científica y Tecnológica en Komchén.

Si somos capaces de superar el rezago que arrastramos en materia de ciencia y tecnología, si nos ocupamos en preservar y renovar lo que ya tenemos, de esa manera tendremos un lugar en los recuerdos de quienes nos sigan, atendiendo de paso los retos de la generación que ahora recuerda al Yucatán y al México que fuimos hace 100 y 200 años...- Mérida, Yucatán.

Salud 24 horas, siete días de la semana

Veinticuatro siete

Dulce María Sauri Riancho

24/7: estos números significan trabajar 24 horas del día los siete días de la semana. La policía y el aparato de seguridad pública lo hacen para darle al ciudadano sensación de seguridad. Es importante sentirse a salvo de un asalto o de actos que amenacen la vida o la integridad de la familia.


6/4 son los números de la atención a la salud: seis horas al día y cuatro días a la semana, aunque deberían ser cinco; los fines de semana no cuentan. La salud es otra dimensión de la seguridad: saber que cuando nos enfermamos podemos acudir a alguna institución que nos ayudará a sanar.

Es cierto que el gobierno no puede garantizar que todos los ciudadanos cumplan la ley y no cometan delitos, como no puede evitar que enfermen. Pero así como es obligación de las autoridades perseguir a los delincuentes, también es su responsabilidad el buen funcionamiento del sistema de salud del estado para que cualquier persona pueda tener atención de calidad que le permita recuperarse.

El sistema de salud de Yucatán está saturado. Esto quiere decir análisis programados con retraso de semanas o meses y operaciones urgentes una y otra vez postergadas. Se trata de médicos sobrecargados de trabajo por atender más pacientes y sustituir a quienes están en comisión sindical o simplemente no asisten a su labor.

Pero sábado y domingo son mucho más complicados. Los únicos servicios en funciones son los de urgencia y éstos, sólo en teoría.

Un hospital de segundo nivel, como el O'Horán y deberían ser el San Carlos de Tizimín, el de Valladolid y otros más, tiene consultorios y camas para hospitalización donde se atiende Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía general y Medicina interna. Son las cuatro especialidades donde se concentra la mayoría de los padecimientos que afligen a la población. Por eso causa un impacto demoledor la deficiencia en los servicios médicos de este nivel.

Hace unos meses fue publicada una encuesta de satisfacción de los usuarios con el Seguro Popular en Yucatán. Mostraba un alto nivel de aceptación y un 100% de surtido de recetas. Los comentarios cotidianos no coinciden: hace falta material básico quirúrgico y de curación a grado tal, que a los propios pacientes se les solicita que lleven lo necesario para ser operados. Los medicamentos escasean -dicen que hay un serio problema de pagos al proveedor principal- y los equipos descompuestos o inoperantes llevan a pacientes o a sus familiares a recurrir a laboratorios privados o a hospitales particulares cuyos precios están lejos de sus posibilidades económicas. Las familias se endeudan con tal de recibir la atención que debió suministrar el hospital público.

Por otro lado están las obras inconclusas de los hospitales de Tekax y Valladolid (ambas con tres años de atraso); las ampliaciones del hospital San Carlos de Tizimín que no se pueden utilizar por falta de plazas, por lo que el gobierno del estado ha recurrido a los presidentes municipales de la región para que hagan una "vaquita" que permita pagar al personal necesario. Parece que los cuantiosos recursos económicos no se están asignando correctamente.

La parte estatal del sistema de salud de Yucatán demanda una revisión de fondo, sin concesiones ni falsas complacencias. Se tiene que resolver la cuestión del personal médico y de enfermería que sean suficientes, que asistan a sus labores en el horario previsto.

El domingo salió publicada una convocatoria del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán para contratar a 66 médicos especialistas y 155 enfermeras. La gigantesca obra realizada en la zona de Altabrisa podría comenzar a operar a toda su capacidad como hospital de tercer nivel. ¡Qué bueno que así sea; qué malo que sea con un retraso de cuatro años! Pero ¿cuál será la relación con los pacientes y enfermos del O'Horán y otros hospitales públicos que requieran tratamientos especializados? ¿Podrán ingresar porque existe algún convenio con el gobierno estatal o les será vedada la entrada por los altos costos?

La policía y el aparato de seguridad pública trabajan 24 horas para garantizar la seguridad de los yucatecos. ¿Sería mucho pedir que el sistema de salud tampoco descanse sábados y domingos, que deje atrás los horarios burocráticos de 9 a 3 de la tarde y dé seguridad día y noche a las familias yucatecas? En materia de salud, también queremos 24/7...- Mérida, Yucatán.

jueves, 21 de octubre de 2010

Adoptemos al huerfanito. Análisis del III Informe de Gobierno

Dulce María Sauri Riancho

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.htm es la dirección electrónica para conocer el texto del III Informe de Gobierno, ese documento que fue entregado el tercer domingo de octubre al presidente del Congreso por el secretario general de Gobierno.

Las 715 páginas que integran el III Informe de Gobierno contienen la mayoría de las actividades gubernamentales desarrolladas en el periodo comprendido entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. Son numerosos los apartados distribuidos en los seis grandes "pilares" del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Tiene muchas cifras y datos; programas y reporte de acciones gubernamentales muy variadas. Es posible que su edición impresa sea hermosa y esté acompañada por un disco compacto con toda la información computarizada. Hasta allá vamos bien.

¿Qué hacer con el Informe? A diferencia de los diputados que tienen la obligación constitucional de analizarlo y las facultades legales de solicitar la comparecencia de los funcionarios de gobierno, la sociedad, las personas y las familias yucatecas muy probablemente piensen que tienen muy poco qué ver con el informe; menos aún, se plantean la posibilidad de "hacer algo" con la información que proporciona.

Sé que no es fácil ni atractivo lidiar con la lectura de un documento oficial. Su lenguaje se siente extraño, desconocido. Dice muy poco, aunque venga envuelto en muchas palabras. Pero vale la pena porque es un paso ineludible en la construcción de una verdadera contraloría social, que es la vigilancia ciudadana sobre la actuación de las autoridades. En consecuencia, les propongo que elaboremos conjuntamente una "guía para leer el Informe" y sobrevivir al intento.

Primer paso. Entrar a internet. Si la curiosidad es amplia, en el sitio se encuentran los correspondientes a los dos años anteriores, por lo que hasta se podrían establecer comparaciones.

Segundo paso. Comenzar a buscar. Para eso es necesario definir qué queremos saber de la actuación del gobierno este último año. Si nos interesan las finanzas públicas, por ejemplo, se podría revisar la parte relativa al Gasto Público y conocer a grandes rasgos cómo erogó el gobierno $22,015 millones, aproximadamente. Si otros más quieren conocer el funcionamiento de la oficina de la gobernadora, puede abrir el apartado "Un gobierno que escucha". Si la curiosidad se concentra en las acciones de comunicación social y en el desempeño de los medios públicos estatales como Canal 13 o IMER en la radio, también tienen su apartado.

Tercer paso. Hacer un alto y preguntarse si la información disponible despeja la inquietud o aumenta la duda. Por ejemplo, si alguien quiso saber de los ingresos del gobierno en este año y revisa las cifras, encontrará que los ingresos del gobierno (los de "libre disposición"), sumados a los federales y a los extraordinarios se incrementaron 25% en relación con el "periodo precedente" (el año pasado). Pero si lo confronta con los datos del apartado Gasto Público, se encontrará con la afirmación de que por la disminución de los ingresos presupuestarios durante el ejercicio fiscal de 2009 ¡se gastó menos en 2010! Entonces, ¿el aumento de 25% en los ingresos no fue suficiente para hacer obra pública, pagar a proveedores, mejorar la calidad de los servicios? ¿Dio o no dio la federación la parte que le correspondía? ¿Por qué no hubo recursos para cumplir los paripasu, cuya ausencia ha provocado la pérdida de presupuestos previamente autorizados para diversos programas?

Cuarto paso. Dejar a un lado el terreno de lo abstracto de las finanzas públicas y volver a lo concreto de la vida cotidiana. Para lograrlo, por ejemplo, se puede comenzar la revisión del apartado Acciones en materia de Salud. Allá está el dolor humano y las deficiencias, algunas veces mortales, de los hospitales públicos del interior del estado. Así, podríamos enterarnos del reporte sobre la ampliación del hospital San Carlos de Tizimín, el mismo que una y otra vez ha sido señalado como "rebasado por la demanda" de los enfermos del oriente del estado, y que los hospitales de Valladolid y Tekax aún continúan en obras de modificación tres años después, por no reunir los requisitos exigidos para funcionar.

Quinto paso. Comentar con amigos y conocidos la pertinencia de conocer los documentos oficiales, que de acuerdo con la Ley de Transparencia tienen la obligación las autoridades de poner al alcance del ciudadano. Cuando rechazamos la revisión de los documentos públicos propiciamos que las autoridades presten escasa atención a lo que se envía al Congreso o a la opinión pública, ante la casi certeza de que muy pocos lo leerán y menos aún lo analizarán. ¡Qué sorpresa se llevarían si comenzaran los representantes de organizaciones sociales o simples ciudadanos con sentido común y sensibilidad social a hacer preguntas a las autoridades! Por cierto, la misma Ley de Transparencia en teoría les obliga a responder.

Sexto paso. ¿Por qué no organizarse? Existen algunas experiencias de gran impacto sobre la participación de las organizaciones sociales en el análisis de las políticas públicas, el presupuesto federal y su aplicación. Una de ellas -Fundar, Centro de análisis e investigación- realiza esta actividad desde hace varios años con muy buenos resultados, en cuanto acicate a las autoridades.

Provengo del sector público. Por eso estoy convencida de que en esta etapa del país y del estado la participación social es indispensable para hacer que funcione la vida pública; sólo de esta manera podemos salir de este enorme bache en que nos encontramos atorados. El análisis del III Informe, del solitario y silencioso informe, puede ser una excelente ocasión. Adoptemos al huerfanito...- Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

miércoles, 13 de octubre de 2010

Tercer Informe de Gobierno. Despertar ciudadano

Dulce María Sauri Riancho

ARTÍCULO DÉCIMO (Transitorio).- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado en funciones, rendirá su quinto y Sexto informe de Gobierno, conforme a los plazos y términos establecidos en la Constitución Política del Estado, hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. El Gobernador que resultare electo en el proceso electoral del año 2007, deberá rendir sus Informes de Gobierno, el tercer domingo de octubre, en los primeros 4 años de su gestión constitucional, y el primer domingo de septiembre, en el quinto año de su mandato (Constitución Política de Yucatán).

El 17 de octubre es el tercer domingo del mes y, por lo tanto, el día que la Constitución señala para que la gobernadora Ivonne Ortega rinda su tercer informe de actividades. La entrega se realiza ante los 25 diputados que integran el Congreso local. En ese momento solemne todos ellos, sin excepción ni limitación alguna, representan al pueblo yucateco -la soberanía popular, el poder de la gente- en la importante función de fiscalizar al Poder Ejecutivo.

Los legisladores de todos los partidos tienen dos funciones medulares en representación de los ciudadanos. Una de ellas es la elaboración de las leyes, su estudio, discusión y aprobación. La otra es la tarea de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora del Estado.

El mecanismo constitucional que se activará el domingo próximo no es algo superfluo o de escasa trascendencia. Revisar los programas, las acciones y los gastos del conjunto de instituciones cuya cabeza es la gobernadora no es asunto menor. Significa el análisis de la conducción del gobierno que, a la vez, no se da en el vacío. Por una parte, se trata de establecer la relación con los objetivos y las metas señalados en el casi olvidado Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 para detectar su avance; por otra, de inquirir, de averiguar con verdadero espíritu de investigación, cómo y en qué se gastaron los recursos públicos durante el período correspondiente a un año, que en este caso es de octubre de 2009 al 30 de septiembre pasado.

Las reformas constitucionales de 2006 otorgan a los diputados la facultad de formular preguntas a la gobernadora para que ésta las responda dentro del texto que envía al Congreso. Se pone un plazo de 20 días anteriores a la fecha de presentación para que con toda calma y detalle los funcionarios del Ejecutivo elaboren las respuestas. En consecuencia, no se trata de sorprender para coger "fuera de base" a los secretarios o directores o a la propia gobernadora, sino solicitar información detallada sobre determinados aspectos de la vida pública yucateca de interés de los diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso.

Pero tampoco ellas y ellos actúan en el vacío de las ocurrencias para salir del paso. Los legisladores tienen la responsabilidad de formular preguntas para exigir respuestas claras, contundentes, de acuerdo con las inquietudes que hayan percibido de sus representados, es decir, de todos nosotros. A diferencia de la gobernadora, que es única responsable de la actuación de los funcionarios del Ejecutivo, en el caso de los legisladores cada uno de ellos lo son, particularmente en esta función de fiscalización.

El Congreso o los diputados debieron hacer públicas las preguntas, de amplia difusión entre los ciudadanos. Hasta hubiera podido haber una consulta para formularlas conjuntamente con personas deseosas de saber más, de informarse "de primera mano" de lo que ocurre en nuestro estado, desde cuestiones relacionadas con la seguridad, los programas agropecuarios o de estímulo a la actividad empresarial, hasta aspectos relacionados con la educación, la competitividad o el polémico asunto del gasto público.

¡Lástima que los diputados no dieron a conocer lo que le enviaron a la gobernadora! Ni en la página web del Congreso, ni en las del PRI y el PAN yucatecos aparece mención alguna a este primer paso del ejercicio de fiscalización más importante del año.

Después del domingo 17, que por cierto coincide en fecha con el 57 aniversario del voto a las mujeres, los diputados tendrán la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios en representación del Ejecutivo estatal para ampliar o aclarar la información recibida. También tendrán ellas y ellos que prepararse, estudiar de a de veras; no limitarse a atacar con descalificaciones fáciles a los funcionarios; y éstos no hacerse los "tío Lolo" que fingen responder, cuando en realidad ocultan la información bajo un alud de palabras sin sentido.

Es cierto que el sistema presidencial que nos rige descansa sobre el principio de división de poderes. En un estado significa que la gobernadora informa, que el Congreso analiza, pero si éste encuentra alguna cuestión que implique una desviación de los objetivos y metas del Plan Estatal, por ejemplo, o de "zonas grises" en el gasto gubernamental, la sanción es sólo de carácter político. En forma directa: el problema que tenemos con la fiscalización es que el esquema jurídico en que descansa permite -y hasta auspicia- un "diálogo de sordos", un ejercicio en que la simulación puede instalarse y corromper hasta anular la función de vigilancia sobre el Ejecutivo.

Hay un tercer actor en esta obra: ni más ni menos que la sociedad, las personas y las familias cuyos representantes están en el Congreso. Para muchos yucatecos el informe de la gobernadora "ya pasó; fue el 1 de agosto". En consecuencia, un amplio sector de la sociedad "bajó la guardia"; unos, porque están satisfechos con el rumbo; otros, porque están resignados. La prolongada "siesta cívica" yucateca puede ser interrumpida este domingo 17 al prestar atención al tercer informe que entra por la puerta del silencio y la indiferencia gubernamental. Vendrá calladito, sin espectaculares, ni comerciales televisivos, casi subrepticiamente. Pero es el de la rendición de cuentas, de la gobernadora y de los diputados, a esta sociedad que puede comenzar a despertar.- Mérida, Yucatán.

jueves, 7 de octubre de 2010

Periférico "dos por ciento" . Un metro tren para Mérida

Dulce María Sauri Riancho

El periférico de Mérida "Licenciado Manuel Berzunza" es la vía de comunicación citadina más grande de Yucatán. Se extiende a lo largo de 52 kilómetros, delimitando buena parte de la mancha urbana de Mérida. Es importante no sólo para quienes circulan en sus vehículos, sino también para numerosas familias que viven en su colindancia. Es también, de alguna forma, signo de modernización de la ciudad, del crecimiento de la población y una mezcla de orgullo y preocupación para todos.

Planeado e iniciado por el gobernador Carlos Loret de Mola, la primera versión del periférico de Mérida pudo completarse hasta 1979, bajo el gobierno del Dr. Luna Kan, cuando Federico Granja Ricalde era alcalde. Casi 13 años después me correspondió como gobernadora la construcción con recursos estatales de la parte faltante del anillo y de su segundo cuerpo.

Apenas en diciembre de 1991, después de un duro debate, se había establecido el impuesto estatal del 2% sobre nóminas. El gobierno que entonces encabezaba había ofrecido a las organizaciones empresariales "etiquetar" la totalidad de los recursos obtenidos y canalizarlos a las grandes obras públicas, de tal manera que la sociedad pudiera ver en forma tangible y clara dónde se invertían los recursos obtenidos. Por eso se le comenzó a llamar "periférico 2%".

Años después, el gobierno federal hizo suyo el proyecto de ampliación del complejo vial, destinando abundantes recursos para ese fin en los seis años que duró el gobierno de Patricio Patrón. Las obras de mejoramiento del periférico continuaron bajo el gobierno de Ivonne Ortega, casi en su totalidad con recursos de la Federación.

La idea de ser "límite exterior" de la mancha urbana meridana persistió hasta el gobierno de Víctor Cervera. A partir de entonces, el periférico se concibe y trata como "avenida interior" de un sistema de ciudades y poblaciones.

Las necesidades y las circunstancias hicieron en poco tiempo que su función de límite simbólico del crecimiento de la ciudad fuese olvidada. Sucesivas administraciones municipales autorizaron fraccionamientos y desarrollos habitacionales en su parte externa; el megaproyecto de Ciudad Caucel, el de Las Américas, por citar sólo dos, llevaron a un número creciente de personas a vivir "fuera".

Hace casi 17 años, en enero de 1994, se inauguró el periférico de dos cuerpos. Entonces fue concebido como la pieza principal de un programa de reestructuración del transporte de la ciudad. Se trataba no sólo de propiciar la comunicación sur norte sin tener que pasar por el centro, sino de proveer a los usuarios de transporte público de un servicio masivo, tipo metro o tren suburbano, que permitiese traslados rápidos, seguros y a menor precio, con el pago de un solo boleto. Por eso se dejó el amplio camellón central.

Entonces y ahora, dos visiones se enfrentan en el destino del periférico: la que privilegia a los vehículos al pretender hacerlo más rápido, con pasos elevados y sin semáforos, y la que pone en el centro a las personas, lo que significaría volverlo eje del sistema de transporte masivo, crear pasos peatonales. Al parecer, los autos van ganando la batalla.

La tarea de dotar a Mérida de un nuevo sistema de transporte masivo, donde las opciones no se limiten a las tradicionales rutas de camiones, sino incluyan otras, tipo metrobús, sigue en los planes municipales.

Menguado, recortado, el camellón central del periférico puede albergar un "metrotren", un transporte colectivo masivo que circunde la ciudad y permita con un solo boleto trasladarse, por ejemplo, del Tecnológico de Mérida hasta San José Tecoh o de Ciudad Caucel hasta la Facultad de Antropología.

El costo del transporte importa mucho a la economía familiar. Las autoridades tendrían que aplicar imaginación y energía para brindar nuevas opciones a la sociedad meridana y a quienes viven cerca del periférico, sin ser parte del municipio de la capital.

¿Qué les parecería si le solicitamos a la gobernadora la transferencia del proyecto tren-bala-rápido de Cancún a Mérida? Sería realizable en dos años, los que le restan a su administración. Mientras, por favor, los pasos peatonales urgen, no pueden perderse más vidas por negligencias burocráticas.- Mérida, Yucatán.

viernes, 1 de octubre de 2010

Chaleco antibalas. De robos a robos

Dulce María Sauri Riancho (D. de Yucatán 29 septiembre de 2010)

El asalto a una joyería de Altabrisa ocurrido en días pasados fue de enorme cinismo: se efectuó a las siete y media de la noche, en momentos de afluencia de compradores y familias que transitaban por el centro comercial. No se guardaron los asaltantes, ni ocultaron sus rostros ni acallaron el sonido de sus marros sobre los cristales rotos. Huyeron después de varios minutos, suficientes para llevarse la mercancía en exhibición. Dejando una huella de sangre, atravesaron Sears y salieron a la avenida.

La policía no tardó mucho en localizar a los ejecutores del asalto; luego detuvo a los presuntos autores intelectuales, quienes contrataron y pagaron al grupo para realizar la operación. El botín desaparecido, junto con los dos últimos asaltantes prófugos, fue recuperado. Toda la banda ha sido puesta bajo arraigo por la sospecha de su participación en asaltos similares en otras partes del país. Éxito redondo para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Procuraduría de Justicia del Estado. ¡Enhorabuena!

La persecución, detención y consignación de los presuntos responsables de un delito es la mejor medicina contra el mal social que se llama impunidad. Y éste es el único camino para preservar la seguridad y el ambiente de tranquilidad en todos los sectores de la sociedad.

Yucatán tiene fama nacional como una de las entidades más seguras del país en cuanto a la operación del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Mérida se ha vuelto ciudad que acoge a los llamados "desplazados internos", familias procedentes de distintas partes de México que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sus escuelas y negocios por la violencia prevaleciente en sus lugares de origen.

Pero no todo es idílicamente pacífico en Yucatán. Veamos uno de los delitos más frecuentes, que afecta el patrimonio de quienes lo padecen: el robo.

Hay zonas de la ciudad de Mérida víctimas de constantes robos a las familias que salen a trabajar y dejan sola la casa durante todo el día, como en el fraccionamiento Francisco de Montejo. Sucede también en ciudades del interior del estado, como en Tizimín. En otras partes, como en Seyé, han sido los bienes colectivos -en este caso, el sistema de alumbrado de la cancha del ayuntamiento- las víctimas de los "amigos de lo ajeno".

Los propietarios de las casas veraniegas en la extensa franja costera que se extiende de Chuburná a Telchac registran frecuentes robos de todo tipo de bienes, desde televisores y refrigeradores, hasta toallas y hamacas. Lo mismo ha ocurrido en elegantes residencias de Chicxulub que en las más modestas de Chelem. Hasta las casas habitadas por extranjeros han resentido esta situación.

En el campo, los robos de bombas de los pequeños sistemas de riego son cada vez más frecuentes. Alambradas completas desaparecen; instalaciones de tubería de cobre son presa de ladrones que las desmantelan en poco tiempo, no interesa si son de bodegas, naves industriales o de una escuela.

Soguillas y celulares son botín en el centro de Mérida; un restaurante, BBT Wings, dos veces ha sido asaltado en un mes: la última ocasión, hasta en vídeo pudo testimoniar la operación de los asaltantes.

El robo no se persigue de oficio. Por eso el primer paso está en que los afectados se decidan a interponer ante las autoridades competentes la denuncia de los hechos.

Yucatán se caracterizó durante muchos años por la gran cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público; abundaban entonces las acusaciones por amenazas ("el vecino dijo que iba a matarme; o la vecina me insultó") o robos que incluían gallinas y otros bienes del traspatio. Era, sin duda, una muestra de confianza en la autoridad; una forma de reconocer que bajo su amparo y protección lo que estaba mal, incluyendo los pleitos vecinales, se arreglaría.

El paso del tiempo ha ido modificando esa sana práctica social. Entre las complicaciones de tiempo y de documentación para presentar la denuncia -facturas del viejo refrigerador, las inexistentes de la hamaca o del televisor- y la percepción de que poco o nada sucederá a favor de las víctimas, cada vez más personas deciden resignarse ante el despojo y la pérdida de sus bienes. Hasta algunos se consuelan diciendo que, al menos, el robo ocurrió ¡cuando estaba fuera de casa la familia!

Los bienes sustraídos fueron adquiridos con mucho esfuerzo; en algunos casos, todavía se están pagando. El coraje y la sensación de impotencia acompañan al momento del descubrimiento del despojo, porque se percibe que poco o nada se puede hacer.

Las autoridades no pueden evitar que los ciudadanos violen la ley; lo que sí pueden garantizar es que quien lo haga sea sometido a la justicia. La indiferencia o el menosprecio de lo pequeño y cotidiano, por su monto, por la extracción social de los afectados, por la falta de violencia visible en su realización, no deberá ser razón para dejar de atender y resolver cada una de las denuncias que se presenten.

Los sicarios no debutan matando; muy posiblemente comenzaron con pequeños hurtos que no fueron sancionados oportunamente.

Sin desconocer la parte social que explica el incremento de los delitos de tipo patrimonial, robo incluido, es necesario reforzar la acción de las autoridades para facilitar las denuncias de los ciudadanos; para incrementar la eficacia de la investigación y la solución de los casos; para consignar a los presuntos responsables ante los jueces.

Esa sería la más fuerte coraza, el mejor chaleco anti balas de impunidad que podemos ponerle a Yucatán.- Mérida, Yucatán.

Los vendavales del presupuesto

Dulce María Sauri Riancho (D. de Yucatán 22 de septiembre de 2010)

Los ventarrones del presupuesto vuelven a soplar. La entrega el pasado 8 de septiembre del llamado "paquete económico" por parte del presidente Calderón marca el inicio del trabajo de los diputados y senadores sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. Ambos deberán quedar aprobados el 15 de noviembre próximo.

Estas fechas del proceso federal dan oportunidad a los gobernadores de presentar a sus respectivos congresos estatales una estimación sólidamente fundamentada de sus futuros ingresos y gastos. En el caso de Yucatán, el 25 de noviembre es el plazo límite de la gobernadora para enviar su proyecto.

Una palabra extraña comienza a tomar carta de naturalización en el lenguaje económico local: el Paripasu. ¿Qué significa y cómo se relaciona con las finanzas públicas?

"Pari passu" es una locución latina que significa "igual paso" o "moviéndose en forma conjunta". En el proceso presupuestal quiere decir que para financiar una obra o para echar a andar un programa, el gobierno federal, el estatal y muchas veces el municipal se comprometen a dar su parte, a poner su participación en dinero. ¡Desde luego que la aportación no es la misma para los tres niveles de gobierno! Casi siempre es más cuantiosa la del gobierno federal, menos la de los otros dos.

Sumar recursos vía aportación gobierno-particulares no es novedad. Hace muchos años que así sucede. En su momento fue novedad la "mezcla" de recursos federación-estados. Desde 1977, vía los convenios de desarrollo que se firmaban anualmente, se comprometían ambos a dar su parte. Pero entonces y ahora, si alguno falla y no paga la obra no se puede realizar, el programa no se puede ejecutar.

Desde luego que hay programas 100% federales, como Oportunidades que llega a más de 140,000 familias yucatecas o programas estatales, como Reconocer Urbano para los adultos mayores. Son la excepción.

Cuando se firma un convenio de coordinación, se establecen las condiciones de participación de los firmantes. No debiera haber sorpresas, sólo previsión para cumplir lo que se firmó.

Ahora nos enteramos de que el gobierno del Estado no puede, o no pudo, poner su parte en varios importantes programas: dotación de motores fuera de borda para 128 pescadores; construcción de obras de riego con la Conagua; diversas obras con la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; Jóvenes emprendedores; capacitación para el trabajo con empresarios; investigación y extensionismo agrícola con Fundación Produce; Un Kilo de Ayuda, para la nutrición infantil en el campo, con una fundación privada. Se ha mencionado el riesgo de perder apoyos federales en el sector agropecuario y pesquero por esto.

Octubre y noviembre son meses de "caza" de recursos procedentes de los estados que no pudieron cumplir su aportación. Se van a otras entidades, más eficientes y organizadas en su ejercicio presupuestal; a otros municipios y otras veces, a "engordar" los fondos federales no ejercidos. Además, ¿con qué cara se van a solicitar más obras o inversiones para 2011 cuando no se ejercieron los recursos disponibles este año? Los diputados yucatecos pueden ser fácilmente desarmados en sus demandas con el argumento de "les dimos y no lo usaron; ¿para qué quieren más?".

No comprendo las razones del incumplimiento de los compromisos de aportación por parte del gobierno del Estado. Este año ha habido el flujo de recursos estimados en el presupuesto, tanto los de libre disposición como las aportaciones federales, incluso de más. El crédito de $1,820 millones se autorizó y parece que se está ejerciendo; no ha habido mayor gasto. La inflación se mantuvo razonablemente en los límites establecidos. Entonces, ¿qué pasó?

Habrá una oportunidad de que la gobernadora informe con amplitud sobre éste y otros temas. El domingo 17 de octubre -fecha que coincide con el 57 aniversario del voto a las mujeres- rendirá ante el Pleno del Congreso del Estado su Informe constitucional, el de a de veras. Los diputados deberán ejercer su función fiscalizadora, fundamental para la democracia. Los ciudadanos podrán preguntar, demandar información para explicar las vicisitudes que acompañan a los paripasus, así como las lagunas en las finanzas del Estado. Preparémonos.- Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

lunes, 20 de septiembre de 2010

Yucatán, ¿mundo aparte?

Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán, 16 de septiembre de 2010)

En 1910 habían transcurrido 15 días del mes dedicado a la celebración del centenario de la Independencia nacional. "Al menos un evento significativo por día", ésa era la consigna. En la ciudad de México había iniciado el primero de septiembre con la inauguración del Manicomio General en terrenos de la ex hacienda La Castañeda; habría de concluir el día 30, con una concentración masiva en el Monumento a la Independencia y un desfile de mujeres.

¿Cuántos mexicanos habrán percibido, en ese septiembre de 1910 que el final del Porfiriato era inminente y que la fortaleza que el régimen proyectaba con las Fiestas del Centenario de la Independencia no correspondía a la realidad? Un par de meses después estalló la revolución en la fronteriza Ciudad Juárez y al cabo de seis meses Porfirio Díaz dejaba el país, convencido de que la chispa de la insurrección había alcanzado al pasto seco en las llanuras y en las montañas de México.

¿Cuántos españoles o novohispanos, enterados de un evento en el pequeño pueblo de Dolores, cuántos habrán sabido adelantar en 1810 y en 1811 que esa lucha de desarrapados encabezada por un cura rebelde culminaría con la formación de un nuevo país, independiente y soberano?

No sólo en Nueva España 1810 o en México 1910 hubo una ausencia de percepción de la sociedad sobre la magnitud de los cambios que se avecinaban. En otras latitudes y en otros tiempos más cercanos a los nuestros, en septiembre de 1979, sucedió en Irán. Tres meses antes de que estallara la crisis que concluyó con la caída del sah Mohammad Reza Pahlevi, un informe de la poderosa CIA norteamericana aseguraba que la presencia política del ayatola Ruhollah Khomeini era importante pero marginal, mientras que la fortaleza política del Sah garantizaba, por lo menos, diez años de tranquilidad y bonanza. La revolución islámica se impuso.

Vale la pena hacernos estas preguntas y reflexionar sobre la realidad que se vive en México, una vez cumplido el primer plazo de las conmemoraciones centenarias.

El México que despierta después de la noche del Grito, ¿podrá superar la violencia y la inseguridad que mantiene desgarrada a la nación? ¿Cómo vamos a romper el círculo vicioso de la inacción y de la degradación política que atenaza a nuestras instituciones y envuelve la vida pública?

No quiero ser catastrofista ni, menos aún, sumarme a la "ola de miedo" que avanza en el país y entre diversos sectores sociales, pero no podemos cegarnos a la realidad que enfrentan las familias mexicanas cada día. No vale, tampoco, el argumento banal y evasivo de las autoridades que señalan que la inseguridad es algo ajeno a Yucatán o que en nuestro estado no se vive la crisis económica con la intensidad de otras regiones de México. No somos un mundo aparte.

No hay que confundir las situaciones, que son pasajeras, con los procesos en los que, queramos o no, estamos inmersos. No viene al caso retomar el viejo debate de si en Yucatán hubo "Revolución Mexicana" o si en realidad Yucatán tomó parte activa de la lucha independentista. Referentes históricos y particularidades a un lado, el hecho incontrovertible es que Yucatán se hizo independiente con el resto de un territorio, al unísono con una o varias sociedades que dieron paso a una nueva nación.

Como en el resto del país

En Yucatán, como en todo el país, privan el desempleo y el empleo de mala calidad; nos asfixia el mismo modelo educativo; tenemos sobreabundancia de leyes, de reglamentos y procedimientos burocráticos; tenemos déficit de responsabilidad cívica y compromiso social. La corrupción es un cáncer que aflige a la sociedad en las esferas pública y privada; no nos gusta pagar impuestos y hemos convertido a la falta de rendición de cuentas de las autoridades en razón suficiente para no hacerlo. No nos faltan motivos para lamentarnos ni dejamos pasar oportunidad para hacerlo. Pero, la cuestión central, vital para el país, sigue abierta y sin respuesta: ¿cómo vamos a salir adelante sin sacrificar libertades y justas aspiraciones?

A los yucatecos y a los mexicanos nos hace falta definir una ruta de superación. No tenemos un proyecto común, ni como sociedad, ni como gobierno. Dominan las acciones aisladas, muchas veces sólo de pura fachada, en materia de inversiones, de productividad o competitividad; pero tampoco tenemos proyecto en el renglón educativo, para el deporte, el arte y la cultura. El medio ambiente y el agua tampoco aparecen como preocupaciones centrales de esta generación.

Ya dejamos pasar la conmemoración del bicentenario de la Independencia, ocasión que ni mandada hacer para revisar, definir y lanzar el Proyecto de Nación que queremos, con la mirada puesta en los próximos cien años. Hay una nueva, muy cercana, el centenario de la Revolución. Todo parece indicar que el 21 de noviembre también despertaremos con el amargo sabor que dejan las oportunidades perdidas, de la fecha simbólica, del país que se nos va. Sin embargo, nada es inevitable; todos podemos hacer algo para cambiar y darnos un nuevo rumbo.- Mérida, Yucatán

miércoles, 8 de septiembre de 2010

El Bicentenario y los símbolos. El lugar sí importa

Dulce María Sauri Riancho

“23o. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos, y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende... Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. José María Morelos. Rúbrica. —Sentimientos de la nación.

La noche del 15 de septiembre habrán de conmemorarse 200 años del Grito de Dolores. Somos una generación afortunada pues en esta última década hemos vivido el inicio de una nueva centuria y nuevo milenio y ahora la celebración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y unas cuantas semanas después, el centenario del principio de la Revolución.

Esta fortuna conlleva también una responsabilidad como sociedad, pero es el gobierno el que tiene la función de proponer, coordinar y organizar los esfuerzos colectivos para celebrar dignamente estas fechas.

En el balcón central del Palacio Nacional, a las 11 de la noche, el Presidente de la República hará tañer la campana de Dolores situada en su alta cornisa, al mismo tiempo que agitará la bandera nacional y pronunciará los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad. Simultáneamente, en todas las capitales de los estados y en las cabeceras municipales los gobernantes replicarán este mismo ritual cívico, envuelto en esta ocasión por la imponente solemnidad del Bicentenario.

Más que ceremonia y fiesta, este conjunto de símbolos —campana, bandera, balcón e invocaciones— tiene el profundo significado de recordar a este sufrido país el anhelo de libertad y la capacidad de un pueblo para luchar a fin de obtenerla y mantenerla.

En América Latina ocho naciones celebran simultáneamente su independencia: Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y México. Hay muchas formas de celebración; en algunos países los preparativos comenzaron desde el año 2000; en la mayoría las obras materiales, la producción literaria y artística, la discusión y el debate sobre los problemas contemporáneos han acompañado la estrategia para transmitir a la sociedad la importancia de estas fechas.

Desde luego, la comprensión de la historia y de la trascendencia de estos eventos por parte de los gobernantes se refleja en las prioridades y las acciones programadas. Habrá quien —consciente del peso de su responsabilidad histórica— enfatice y aliente la reflexión sobre las libertades, la democracia y el sentido de la independencia nacional. ¡Ojo! Eso no tiene por qué ser aburrido para los ciudadanos ni para los más jóvenes: el programa del gobierno del Distrito Federal y del Estado de México muestran una feliz combinación entre análisis y divertida difusión de la magnitud de estos acontecimientos en la vida colectiva.

En Yucatán la fiesta parece haberse impuesto a la celebración. El programa de obras anunciado con profusión hace más de un año registra pocos resultados. A diferencia de las obras del Centenario —que se inauguraron con mucha antelación al 16 de septiembre de 1910— las del Bicentenario yucateco prometen ser “póstumas”, es decir se pondrían en funcionamiento uno, dos o más años después de la fecha. El programa editorial ha sido escaso; se ha recurrido al socorrido recurso del “refrito” o al “etiquetamiento” oportunista de obras o actividades como si hubiesen sido concebidas para el bicentenario, cuando forman parte de la programación anual de las instituciones. Algunas interesantes conferencias y esfuerzos de instituciones académicas y educativas han evitado el cero en la cuenta de la preparación colectiva para esta fecha. Basta entrar a la página del gobierno del Estado www.yucatan.gob.mx y revisar las acciones enlistadas: ¡sólo hay una convocatoria para un concurso escolar alusivo! Para hacer inolvidable la “fiesta” del Bicentenario se rumora el cambio de sede. El centenario Palacio de Gobierno será sustituido por el Monumento a la Patria. Como éste no cuenta ni con balcón ni con campana, tendría que construirse una escenografía que “simule” los símbolos que se quedarán atrás, en la Plaza Grande.

¿Vale la pena? Uno de los argumentos que circulan es que habrá una extraordinaria afluencia de ciudadanos, por ser una ocasión especial. El “termómetro del fervor cívico” registraría elevadas temperaturas muy probablemente por el anuncio de la gobernadora de la actuación del popular artista Juan Gabriel.

Además, ahora podría la titular del Ejecutivo abandonar la Plaza Grande sin ceder el terreno a su rival político panista, que ya no está en el Ayuntamiento de Mérida.

Aún se puede hacer algo para que la fiesta del 15 de septiembre sea también una celebración; es posible instalar pantallas gigantes en los parques Hidalgo, Mejorada, San Juan, Santiago, para asistir y acompañar la ceremonia y disfrutar de la actuación artística. Se puede conformar un circuito cerrado para las 106 cabeceras municipales, de tal manera que las familias del interior del estado también disfruten de este momento extraordinario sin necesidad de desplazarse hasta Mérida.

El tiempo que se dejó pasar no se recupera jamás; pero al menos, conservemos los símbolos que todavía le dan significado a esta fecha: la Plaza Grande, el balcón de Palacio de Gobierno, la campana en su alta cornisa, la Catedral como testigo. De otra manera, millones de pesos serán quemados en los hermosos fuegos pirotécnicos —artificiales— que iluminarán fugazmente la oscuridad de la noche; miles disfrutarán de los cantantes. ¿Y después? Una luz que brilla intensamente y se agota sin dejar huella. Que no se vuelva el símbolo del bicentenario yucateco y de un período de desarrollo que pasó sin dejar más que una fugaz estela.

P.D. El 20 de noviembre, centenario de la Revolución, podría ser conmemorado dignamente en el Monumento a la Patria, con todo el Paseo de Montejo al frente y un cartel de distinguidos artistas que garanticen solaz a todos los asistentes. Sería la oportunidad de crear símbolos y refrescar el significado de las concentraciones populares en esa parte de la ciudad.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Los PPS y la apuesta al futuro

Dulce María Sauri Riancho

Es la primera reforma constitucional aprobada por la naciente legislatura. Se trata de los llamados “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) que harán posible la asociación del gobierno con el sector privado para “… hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos y el manejo de los recursos presupuestales…”.

Suena bien. Gobierno eficiente, ciudadanos satisfechos, empresarios invirtiendo, todo gracias a los PPS: ¿qué más podríamos pedir? Sin embargo, este novedoso esquema que ya adquirió rango constitucional suscita, cuando menos, algunos cuestionamientos.

El Diario Oficial del Estado publicó el 24 de julio de 2009 la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado, hace más de un año. Es curioso: el procedimiento habitual es justamente el inverso, primero se efectúa la adecuación constitucional y luego se establece la ley que la aplica. Quizá los inversionistas que están a la expectativa de las oportunidades, demandaron mayor certeza jurídica para sus futuras inversiones. Tal vez la urgencia con que se sacó adelante el préstamo de $1,870 millones levantó demasiado revuelo como para arriesgar un nuevo episodio de cuestionamientos. Había que esperar.

Lo cierto es que el marco jurídico para este tipo de inversión privada en la prestación de servicios públicos, está listo. Una vez que se haya publicado la reforma, pueden iniciarse los concursos y las adjudicaciones de todo tipo de servicios que presta el gobierno estatal y municipal, desde la construcción de infraestructura hasta la operación de hospitales y cárceles, no hay límites.

Pongamos un ejemplo. El sector privado financia la construcción y operación de un nuevo hospital, posiblemente en el sur de Mérida. El gobierno y los inversionistas hacen un contrato hasta de 30 años para que éstos se hagan cargo de la edificación y atención hospitalaria. Sin embargo, el mismo gobierno sigue siendo responsable por la calidad de los servicios.

Aparentemente todas son ventajas para el gobierno: no tiene que erogar recursos presupuestales para construcción de infraestructura; empieza a pagar la “renta” hasta que se inicia la operación del hospital; no tiene que lidiar con contratistas, concursos de obra, supervisión, todo estará a cargo de quienes han firmado el contrato PPS.

En cuanto a las finanzas públicas, todo parece “miel sobre hojuelas”. En una etapa de restricciones presupuestales, el gobierno puede promover la inversión en obras y servicios públicos, sin necesidad de impactar su presupuesto. Los PPS no constituyen deuda pública para el estado, porque al quedar registrados como “renta”, pasarían a formar parte del gasto corriente gubernamental. A cambio, el gobierno garantiza el pago mediante las participaciones e ingresos estatales hasta por el plazo convenido. Significa que en caso de incumplimiento del gobierno, sería afectado el presupuesto estatal o municipal, de acuerdo con la obra y la autoridad que la promueva.

Desde luego que se consideran penas y sanciones a los empresarios privados por no cumplir el contrato que pueden, incluso, llevar a su cancelación. Cuando concluya el plazo, retomando el ejemplo del hospital, el gobierno y los inversionistas pueden pactar la transferencia de los activos (construcción, equipos).

Hasta aquí las ventajas. La experiencia registra inconvenientes y riesgos al aplicar este tipo de esquemas. Uno de los más mencionados, sobre todo en el reciente debate sobre el futuro de Pemex, es el resultado de los Pidiregas (Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto). Fueron creados en 1995, en plena crisis económica, para responder a la ausencia casi total de inversión pública en el sector energético. El planteamiento era impecable: sólo los proyectos capaces de generar suficientes remanentes (utilidades en el sector privado) podrían calificar; era el caso de la producción de petróleo y gas natural y el de las termoeléctricas que podían pagar, con sólo operar de manera eficiente, la inversión de particulares. Tampoco contaban como inversión pública ni como deuda, por eso no afectaban directamente las finanzas gubernamentales ni los objetivos de equilibrio macroeconómico. Las consecuencias de este esquema son conocidas de sobra: Pemex (y la CFE en menor medida) se endeudó peligrosamente; la producción petrolera ha descendido en forma dramática, y la fragilidad de la principal empresa de México, fuente de casi el 40% de los ingresos públicos federales, se ha puesto de manifiesto.

Problema de fondo En los PPS el problema de fondo está más allá de la cuestión financiera; se ubica en la responsabilidad del Estado —y de sus gobiernos— para garantizar a la población el acceso y la calidad de los servicios públicos que reciben. Cómo y hasta dónde puede transferir el gobierno responsabilidades que forman parte esencial de su función. La experiencia de participación de los particulares como concesionarios no ha sido siempre exitosa. Allá están los rescates bancarios y carreteros recientes y su impacto en las finanzas públicas. Ahora mismo se desarrolla el sainete de Mexicana de Aviación. Si este esquema de inversión se entiende por parte del gobierno del Estado como un “lavarse las manos” de los problemas que trae consigo la prestación de los servicios públicos, el riesgo es mayúsculo. Una equivocación que ate a las finanzas públicas estatales a un proyecto oneroso e inútil por más de 20 años crearía “dragones rojos” que devorarían los recursos públicos de las siguientes administraciones, de cualquier partido político.

La aplicación del esquema de los PPS demanda un gobierno sólido administrativamente, capaz de supervisar y regular los servicios que prestan los particulares. Exige también un aparato de justicia que aplique las leyes con prontitud y eficacia. Y, sobre todo, una selección adecuada de los servicios y un manejo transparente de las adjudicaciones y la supervisión a los particulares, alejados de la corrupción y los intereses facciosos.

No sería mucho pedir cuando se trata de toda una generación de yucatecos pero, ¿será el perfil del gobierno que tenemos?— Mérida, Yucatán

jueves, 26 de agosto de 2010

Viaje a través del tiempo por México

Dulce María Sauri Riancho

Desde hace algunos meses circula profusamente por todo el país “Viaje por la Historia de México”, de la autoría de Luis González y González. Se rumora que la reimpresión de 2010 alcanzará la fabulosa cifra de ¡27 millones! de ejemplares, para que pueda llegar a cada hogar del territorio nacional. La coedición está patrocinada por la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, lo que garantiza la disponibilidad de recursos económicos y la realización del amplio tiraje por la experiencia de la Conalitex en estos menesteres.

Muchas familias yucatecas han recibido o lo harán próximamente, este bello ejemplar. Sin lugar a dudas es un esfuerzo loable, de los muy pocos para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución que se pueden tocar y palpar. El distinguido historiador cuya obra sirve de base al libro, hace una advertencia: “…Habrá quien se pregunte por la ausencia de algún prohombre en este álbum, o critique la inclusión de personas que no son de su agrado…”. Son sólo 65 páginas que comprimen los casi 4 mil años de historia patria: menos de 2 mil antes de Cristo y 2 mil de la actual era. Pero esa exigencia de síntesis no puede impedir las preguntas sobre dos notables exclusiones: las mujeres y los protagonistas de la Guerra de Castas.

¿Dónde quedaron los personajes femeninos en más de 2 mil años de historia patria? ¿Se extraviaron? ¿Fueron despreciados o considerados “poco significativos” para ser destacados? Lo cierto es que sólo incluye tres rostros femeninos, dos de ellos presentados en el capítulo “La etapa barroca”, correspondiente al siglo XVII, calificado como “el siglo olvidado”: Nuestra Señora de Guadalupe y Sor Juana Inés de la Cruz, que comparten siglo y página. La tercera es Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, que es registrada en la parte de “Antecedentes de la Independencia”. Y después, ninguna más.

La Malinche desapareció. Leona Vicario fue ignorada. Carmen Serdán, Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto no alcanzaron mención alguna en la parte correspondiente a la Revolución. En “La Generación del Medio Siglo” dejaron a un lado a Rosario Castellanos. Griselda Álvarez, primera gobernadora y distinguida literata, no calificó para ser incluida entre los personajes destacables. El colmo está en la parte final del libro, “La generación de Fin de Siglo”: tampoco figura una sola mujer entre los 8 personajes destacados del mundo de las artes, de las ciencias y la literatura, 6 todavía vivos y dos ya fallecidos. ¿Y Elena Poniatowska? ¿Y Julieta Fierro? José María Leyva fue cacique y alcalde mayor del río Yaqui. Encabezó una de las rebeliones indígenas más cruentas del porfiriato, la Guerra del Yaqui. Manuel Lozada, El Tigre de Alica, luchó por los campesinos huicholes. Son los únicos personajes recordados como protagonistas de los movimientos sociales indígenas que acompañaron la vida colonial y buena parte del siglo XIX. No sucede así con Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Ay, quienes encabezaron la Guerra de Castas, la más amplia y sostenida insurrección de la población indígena contra los blancos y criollos en alguna parte del país; abarcó casi la totalidad de la península de Yucatán; puso en jaque la sobrevivencia de la sociedad mestiza; costó miles de vidas de uno y otro lado y mostró con claridad las consecuencias brutales de la colonización española.

A casi ciento diez años del fin del conflicto con la caída de Chan Santa Cruz (duró de 1847 a 1901), ¿por qué se hizo a un lado este episodio fundamental de la historia nacional? ¿Molesta recordar el conflicto sobre los derechos y cultura indígenas, todavía presente en muchos lugares del país? Esta selección de personajes que le ponen nombre y rostro a tres milenios de historia compartida, demuestra con prístina claridad el dominio de una visión misógina y androcentrista del proceso de construcción de la identidad nacional. Las mujeres y los indígenas, prácticamente excluidos, invisibles, inexistentes.

Lo lamentable es que sea la propia SEP, la institución responsabilizada de la transmisión de los valores de igualdad, equidad y no discriminación, la que reproduzca los prejuicios y estereotipos de exclusión que patentemente acompañan este libro.

Quizá ya es tarde para corregir una edición de 27 millones de ejemplares, a unos cuantos días de los 200 años del Grito de Dolores. Pero estamos a tiempo para darle rostro y nombre a la aportación femenina a la construcción del México del siglo XX y de los albores del XXI, en las artes, en las ciencias, en la organización social y en la política. Porque podemos fijar nuestra atención en las causas indígenas del presente a partir del reconocimiento del pasado.

No habría mejor forma de conmemorar las fechas históricas que dando voz a los excluidos de la historia oficial, mujeres y hombres que han sufrido discriminación y desventajas por su género o su origen étnico.— Mérida, Yucatán.

sábado, 21 de agosto de 2010

Promesas peligrosas, palabras que "se lleva el viento"

Dulce María Sauri Riancho

¿Quiénes se acuerdan de las promesas y los compromisos de los candidatos en la pasada campaña de mayo? Para muchos ciudadanos es tanto como almacenar información inútil, pues la experiencia les enseña que a esas palabras “se las lleva el viento”.

Pueden ser incómodos para las autoridades los cuestionamientos o hasta las simples referencias a aquellas encendidas promesas realizadas al fragor de la batalla electoral. Pero la memoria colectiva debe fortalecerse con ejercicios de recordación, primer paso para la elemental demanda de cumplimiento. Entre las promesas de campaña de las autoridades, que fueron muchas, seleccioné tres, porque dos atañen a la vida e integridad física de muchos yucatecos y una tiene que ver con la economía familiar.

Boleto de autobús a $2.50 ¡Claro que es la más presente! La candidata derrotada había comprometido la creación de una empresa municipal de transporte para proporcionar el servicio a precios reducidos. La actual presidenta municipal hizo el compromiso concreto, con cifra exacta, de garantizar el boleto de autobús a $2.50 para los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto significaría un subsidio que habría de ser entregado por las autoridades municipales a los permisionarios del transporte urbano. En unos cuantos días se reanudan las clases en todo el Estado; a la demanda estudiantil de cumplimiento de su promesa, la alcaldesa respondió que sería hasta contar con la “credencial inteligente”, con chip integrado, para un mejor control de su uso y desde luego, del presupuesto municipal; que no tiene dinero este año; que “… aplicar el subsidio que se requiere para estimular la educación no tiene tanto que ver con el dinero disponible, sino con el uso responsable de los recursos públicos…” Impecable argumentación, pero, ¿por qué lo dice hasta ahora? Lo cierto es que más de 100 mil estudiantes volverán a las aulas pagando 3 pesos de camión, al menos por lo que resta de este año del Bicentenario.

¿Será que también se remitan al país de “algún día nunca jamás” la promesa de erradicar la pobreza extrema en el municipio de Mérida y la oferta de 35 mil nuevos empleos que hizo la nueva alcaldesa a los jóvenes? Promesa de los pasos peatonales En mayo de 2007 hubo un trágico atropellamiento de 4 menores en el Periférico de Mérida cuando intentaban cruzar esa peligrosa arteria, al salir de la escuela rumbo a su casa. La entonces gobernadora electa prometió construir los pasos peatonales necesarios para garantizar la seguridad de las familias y las personas que viven, estudian o trabajan en la colindancia de esta vía rápida. Han transcurrido tres años; hay un solo paso peatonal, concesionado a una empresa privada para la colocación de publicidad comercial. Ninguno más. Todos los días ocurren accidentes, choques y atropellamientos de quienes se juegan la vida para cruzar a su escuela, a su casa o a su centro de trabajo. El Periférico fue iluminado en sus 50 kilómetros con recursos federales en 2009. Al iniciar este año, el secretario de Obras Públicas del estado anunció la construcción de “dos pasos peatonales” en marzo para concluirlos en junio. Transcurrió el plazo comprometido y nada sucedió. Hace unos días, la Comey anunció 4 pasos peatonales; el diputado Rolando Zapata, tres, en ambos casos con recursos de la Federación. Mientras se ponen de acuerdo las autoridades, ¿sería posible al menos construir aceras y pasos debajo de los puentes para que por ahí transiten las personas? Son 14 puentes y, exceptuando los cruces de la carretera a Campeche y a Umán, en los otros podrían trabajar las autoridades estatales. Y hasta podrían pintar las escarpas de rojo, como en algunas colonias de Mérida.

Promesa de los hospitales Cuando concluyó la administración estatal anterior, en agosto de 2007, la construcción de los hospitales de Valladolid y Tekax se reportó con alto grado de avance y se informó de la disponibilidad de recursos suficientes para garantizar su conclusión y puesta en marcha. Tres años después, el titular de la Secretaría de Salud del Estado informa que las obras no se han terminado por diversas fallas en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de hospitales, lo que obligó a las autoridades a rediseñar y reconstruir parte de las obras. El propio titular de la SS señala que “no se puede inculpar a nadie”, que estudian diversas opciones financieras para obtener los recursos que faltan. Mientras, el hospital de Valladolid, en el barrio de Sisal, se encuentra saturado; en Tekax, ni siquiera existe esa opción. La tardanza juega con la vida de miles de familias del sur y del oriente del Estado. Sí se debe responsabilizar a “alguien” de este criminal retraso: de la administración anterior o de la actual, del gobierno federal o del estatal; hay personas, funcionarios de carne y hueso que tomaron decisiones y tienen que rendir cuentas. Sería inadmisible que dentro de un año, una vez más, formen parte estos dos hospitales de las obras pendientes de conclusión.

Las campañas electorales son abundantes en promesas peligrosas para la ciudadanía. La ligereza y la frivolidad de los compromisos que asumen los candidatos, se finca en la fragilidad de la memoria de la sociedad. Los ciudadanos refuerzan elección tras elección, su escepticismo y decepción sobre la política y los políticos de todos los partidos; la democracia sufre ante la indiferencia de los electores que se apartan de las urnas al considerarlas parte de un ejercicio inútil.

El reto es volver peligrosas las promesas que los políticos no cumplan o condicionen una vez que son electos. La rendición de cuentas comienza desde los planteamientos de campaña, los llamados “compromisos”. El ofrecer sin cumplir empobrece el ambiente social. Por eso hay que exigir cuentas claras y promesas cumplidas.— Mérida, Yucatán