miércoles, 15 de diciembre de 2010

Médicos a los tribunales

Juicio al sistema de salud

Dulce María Sauri Riancho

Varios y dramáticos casos de fallecimiento de personas en los hospitales a causa de presunta negligencia han sido denunciados en los medios de comunicación de Yucatán. Un padre que perdió a su hija al dar a luz en el Centro Materno Infantil; una tardía cesárea que terminó con la vida de un bebé en el San Carlos de Tizimín; partos en los baños, enfermos que mueren como consecuencia de una atención deficiente; el Hospital O'Horán, el de Valladolid, los del IMSS han sido objeto de denuncias por parte de familiares de los muertos que reclaman justicia.

Por eso cobra especial relevancia la determinación de la Procuraduría de Justicia del Estado para proceder contra un grupo de seis médicos, enfermeras y auxiliares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron acusados de homicidio, al atribuírseles la responsabilidad de la muerte de una joven mujer que, recién operada, recibió una transfusión sanguínea con el tipo de sangre equivocado. Es la primera de las denuncias que se activa en el ámbito penal, en este caso, contra servidores públicos de una institución federal. Los implicados han sido detenidos y consignados ante el juez quien, después de dictarles la prisión, les ha concedido la libertad bajo fianza.

La medicina y los médicos tienen un lugar especial en la sociedad porque su actividad se finca en la confianza y responde a la esperanza de recuperar la salud. En alguna forma los hacemos infalibles, porque necesitamos creer que lo son para sentirnos seguros. Pero son seres humanos como nosotros: fallan, se equivocan, se distraen. Y sus errores cuestan algunas veces vidas. Ese es el tamaño de su compromiso.

El pasado domingo salió un desplegado suscrito por 43 colegios y asociaciones médicas agrupadas en el Colegio de Médicos de Yucatán. Dirigido a los tres poderes y a la opinión pública, su título refleja fielmente su contenido: Indignación en la comunidad médica. El propósito central es denunciar "el trato indigno" y "la manera vejatoria" como se ha tratado a los médicos sujetos a proceso, al presentarlos como culpables cuando el juicio apenas se está iniciando.

Los hospitales públicos ven rebasada su capacidad para atender a todos los enfermos. Los análisis tardan semanas en realizarse y las intervenciones quirúrgicas, meses. Saturados de trabajo, los "infalibles" doctores pueden equivocarse más fácilmente. El trato con los pacientes y familiares se vuelve áspero, insensible ante la necesidad de información. Los pacientes se vuelven un número de expediente, sin nombre ni rostro que los identifique.

Algunos dirán que es el precio a pagar por la extensión de la medicina social. Otros pensarán que son muchos los que se salvan por algunos que mueren, siempre que no sean ellos o algún familiar los que ingresen a la cuenta de los muertos.

Hace más de 14 años, en 1996, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que debiera ser la primera instancia para conocer y dictaminar sobre casos de posible negligencia médica. Para que pueda intervenir en un asunto tiene que mediar denuncia de la persona afectada o de un familiar, cuando se presuma un error o descuido fatal de los doctores. A la fecha, esta Comisión ha permeado escasamente en la sociedad yucateca; se conoce poco; no ha podido demostrar su utilidad.

En los Estados Unidos, médicos y enfermeras contratan enormes y costosos seguros contra denuncias de mala práctica profesional. A éstos se les atribuye una parte importante del encarecimiento de los servicios de salud en ese país.

De alguna manera, cuando se juzgue al personal médico implicado en el homicidio de esta mujer, se estará también juzgando al Seguro Social y al sistema de salud pública del Estado, su organización, funcionamiento, sus sistemas de control de calidad y mecanismos de supervisión.

No es difícil imaginar cómo ha afectado esta situación a los responsables de los servicios médicos del IMSS. La parte positiva puede ser una nueva y cuidadosa actitud para cumplir los procedimientos, para proporcionar información oportuna a los familiares y a los propios pacientes. La negativa tiene que ver con la conciencia de su vulnerabilidad, de que el escudo protector que la sociedad les había puesto, ha sido mellado por primera vez.

La impunidad no puede ser tolerada, mucho menos consentida en ninguna parte. Esto incluye la sensible zona de los servicios médicos. Se han activado en este proceso los mecanismos penales. Pero ¿dónde están los procedimientos civiles, dónde está la Conamed? También hay que ponerlos a funcionar si no queremos caer en el despropósito de procurar la justicia echando mano a la injusticia.- Mérida, Yucatán.