miércoles, 15 de noviembre de 2017

Presupuesto 2018, aprobado. Ahora, lo que sigue.

Dulce María Sauri Riancho
Nunca como ahora se hallan entrelazados los tiempos políticos y los presupuestales. El largo camino de aprobación del “paquete económico” 2018, que comenzó desde el 8 de septiembre, concluyó antes de su fecha límite del 15 de noviembre. Nada y todo fue diferente este año. Fue igual el tiempo de presentación y el formato de discusión. Un terremoto cambió objetivos y cifras. Varios protagonistas de este complejo proceso son, por hoy, personajes de historias de suspenso, quizá figuras estelares, en las decisiones políticas por venir. Vayamos por partes.

Los tiempos. El Ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 (PEF), la que corresponde al cierre de su administración, desde principios de septiembre. Doce días después de presentarla sucedió el sismo que afectó extensas zonas del centro-sur del país y Ciudad de México. La aguda necesidad de miles de familias que perdieron casa y fuente de ingreso; las escuelas, hospitales y centros de salud destruidos o gravemente dañados obligaban a una reformulación de las prioridades presupuestales, tanto en las urgencias a atender en el resto del año, como en el proyecto para 2018.

Las cifras. Cinco billones 280 mil millones alcanza el total de los ingresos contemplados para el año próximo, el último de la presente administración. El Ejecutivo había estimado 43 mil millones menos, pero los legisladores lograron incrementar las estimaciones aumentando el precio del petróleo de 46 a 48.5 dólares y modificando la paridad peso-dólar, de 18.1 a 18.4 pesos por dólar. Fue la única vía que encontraron los diputados para disponer de recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por sismos y huracanes, así como solventar importantes disminuciones que consideraba la iniciativa presidencial, por ejemplo, en los programas destinados a pobladores del campo y sus actividades agrícolas. Las dos cámaras —diputados y senadores— aprobaron la Ley de Ingresos un día antes del plazo límite y los diputados pudieron comenzar las complejas negociaciones para distribuir los recursos a recaudar por impuestos y derechos.

La negociación de los ingresos. Junto con las iniciativas en materia económica llegan a ambas cámaras los gestores y los cabilderos. Cuando de ingresos se trata, agentes de grandes empresas tratan de “convencer” a los legisladores de no incrementar impuestos a tal o cual negocio. En esta materia, se cuenta con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, por el cual el Ejecutivo se comprometió a no proponer nuevos impuestos o a incrementar la tasa de los existentes. Tal parece que ha funcionado en los cuatro últimos años, después de la controvertida reforma fiscal de 2014. Este Acuerdo no incluye el incremento de los precios de las gasolinas, atribuido a la liberación de su mercado, que sigue representando una importante fuente de ingresos del sector público, sin que se haya encontrado forma de sustituirla.

La negociación del gasto. Mucho más difíciles son las negociaciones para la distribución del presupuesto. Más en este año que será el último para los gobiernos de nueve entidades federativas y para la inmensa mayoría de los ayuntamientos del país. Las romerías de gobernadores, presidentes municipales e incluso algunos funcionarios federales hacia la Cámara de Diputados forman parte del paisaje de estas semanas. También los diputados negocian entre sí. Cada una de las comisiones presenta las necesidades de recursos para su sector, y si son casi 50, ya podemos imaginarnos las maniobras que tiene que realizar la Comisión de Presupuesto, encargada de encontrarle la cuadratura al círculo. A esas tensiones habrá que sumar las gestiones especiales que cada grupo parlamentario realiza en favor de las administraciones estatales o municipales de su partido. Agréguense las obras o programas a atender en los distritos por intervención de la o el diputado federal.

Los resultados. Contra los pronósticos pesimistas que se alimentaban con los turbulentos inicios de septiembre, una amplia mayoría aprobó el dictamen en lo general sobre el PEF 2018, cinco días antes de la fecha fatal marcada en la Constitución. Durante más de 10 horas, decenas de diputados/as utilizaron la tribuna para discutir los artículos reservados. La votación final, bastante apretada, dejó ver los entretelones de una difícil negociación legislativa, finalmente exitosa.
 
Personajes en la encrucijada. En razón a su campo de responsabilidades, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, compareció varias veces ante el pleno de los diputados. Sin excepción, fueron eventos tranquilos y respetuosos, en los que el secretario se condujo con aplomo. No es común encontrar este ambiente en la mayoría de las comparecencias de funcionarios ante comisiones, menos aún cuando se trata de un serio aspirante a la candidatura presidencial. Otro personaje, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, logró lo que parecía imposible después del conflicto de inicios del periodo. Lo hizo sin estridencias, con un adecuado manejo de la asamblea y, seguramente, con una demandante negociación política.


La segunda parte de noviembre podría ser definitoria para el futuro inmediato de los dos protagonistas del presupuesto. José Antonio Meade puede terminar el mes como gobernador del Banco de México… o como candidato externo del PRI a la Presidencia de la República. Jorge Carlos Ramírez puede ver cristalizado su anhelo de la candidatura al gobierno de Yucatán, o ser amablemente invitado a formar parte del equipo del próximo candidato presidencial del PRI. Ambos, Meade y Ramírez, han mostrado en estos días temple de negociador; han sabido escuchar y conciliar intereses para obtener resultados tangibles, en un ambiente caracterizado por la crispación política. Poco falta para conocer el desenlace de estas dos historias.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Recuentos municipales. Termómetro político

Dulce María Sauri Riancho
Aunque la atención pública se concentra en las candidaturas a la presidencia de la república y a la gubernatura del estado, las fiebres preelectorales más intensas se viven quizá en los 106 municipios. Grandes y pequeños en población, todos viven la agitación previa a las definiciones de los partidos en el ámbito municipal. El PRI fue la organización política que primero mostró sus cartas, pues el domingo 29 de octubre realizó un recuento en 19 municipios para definir a sus precandidatos. Sus adversarios se han encargado de denunciar la aplicación de este procedimiento de “usos y costumbres” como actos anticipados de campaña, pues como ya se sabe, será a finales de noviembre cuando se emitan las convocatorias para el registro de precandidatos y comenzar las actividades formales el 14 de diciembre.
Vale la pena considerar un antecedente respecto a los llamados “recuentos”. Consiste básicamente en “contar” a los partidarios de cada uno de los aspirantes, formados en fila en el sitio convenido previamente. Durante años fue el mecanismo preferido y aplicado, por el PRI, para definir candidatos en muchos municipios de la entidad. En esta ocasión, los “recuentos” priístas cambiaron sus formas para convertirse en una gran negociación, abierta, entre las y los candidatos y en la que participó la población interesada. Se trata de un acuerdo pactado, no puede tener mayor alcance, puesto que aún no transcurren los tiempos legales. Sin embargo, los resultados del sondeo priísta aplicado en poco menos del 20% de los municipios son muy interesantes para analizar dos de las cuestiones que dominan el actual proceso electoral municipal. Me refiero a la reelección consecutiva de los ayuntamientos y a la aplicación de la paridad de género.

Doce de esos 19 municipios tienen actualmente gobiernos del PRI. En cinco municipios las autoridades provienen del PAN, y del Verde y Nueva Alianza en los dos restantes. Respecto a los cabildos priístas, sólo en uno de los doce casos, Tahdziú, ganó el recuento el actual presidente municipal. Ignoro si hubo alguna pretensión de otros alcaldes en ejercicio de permanecer en el cargo, o cuántos hayan participado y perdido. ¿Por qué un número tan reducido de aspirantes a reelegirse? La ley abrió la puerta de la reelección, pero la costumbre de renovación trianual de las autoridades tiene todavía una extraordinaria fuerza entre la población municipal. “Si ya bailó, debe sentarse”, parece decir la conseja popular que prevalece ante la posibilidad de continuar una obra de gobierno. Mucho nos falta para conocer la percepción ciudadana sobre la reelección. No basta con la teoría del voto como “premio” o “castigo” al desempeño de quien aspira a reelegirse. Considero que, a nivel municipal, sigue siendo muy importante la rotación de los cargos, concretar la esperanza de la renovación, antes que votar por la permanencia de una autoridad en el ayuntamiento.

La cosecha priísta fue magra respecto a la participación de las mujeres: sólo tres emergieron como triunfadoras. En Ixil, una mujer puede ser candidata y presidenta por primera vez en la historia municipal. En Teabo, también priísta, el ayuntamiento podrá tener jefatura femenina por tercera vez. En Kantunil, gobernado actualmente por el PAN, una mujer ganó el recuento; ella fue presidenta municipal en el periodo 2001-2004. De la docena de municipios priístas, sólo uno está gobernado por una mujer, Akil, donde un hombre se impuso en el recuento. Siete de los 19 municipios sometidos al sondeo priísta forman parte de la lista de 43 cabildos que nunca han tenido jefatura femenina. ¿Cómo le hará el PRI –y los otros partidos- para aplicar el principio de paridad? Ciertamente el ejercicio priísta refuerza las preocupaciones sobre el cabal cumplimiento de este revolucionario precepto. Un apunte es lo ocurrido en los recuentos de Telchac Puerto y Maní, donde el PRI tuvo candidatas a presidentas municipales en 2015 que perdieron frente al Verde y PAN, respectivamente. En esta ocasión, fueron hombres quienes se impusieron en los recuentos. Tal parece que la derrota se atribuyó al género de las candidatas en estos dos municipios, que tampoco han tenido mujeres alcaldesas.

Las resistencias más poderosas a las transformaciones democráticas provienen de la cultura política. Las reformas de ley son condición necesaria para modificar la realidad, pero nunca serán suficientes mientras prevalezcan las costumbres, prejuicios y hábitos arraigados en una tradición que se niega a morir. Pasa con la paridad, se expresa también en las actitudes de los “adelantados”. La norma no puede prever todas y cada una de las circunstancias concretas en que tiene que expresarse. ¿Quién puede impedir, por ejemplo, un acuerdo entre partidos aliados a nivel nacional o estatal para presentar mujer y hombre en las elecciones municipales? Así cada uno cumpliría formalmente con la paridad, pero a la vez, buscaría ganar la elección exacerbando las actitudes machistas todavía existentes. Lo mismo sucede con los actos anticipados de campaña electoral. Se practican porque no solamente carecen de sanción legal, sino porque la sociedad, las y los ciudadanos los toleran, consienten e incluso, hasta celebran como muestra de un supuesto “ingenio” para evadir la norma.


Domingo 7. Ese día de noviembre de 1999, hace 18 años, se celebró la elección interna del PRI para definir la candidatura presidencial. Participaron cuatro aspirantes; hubo más de 10 millones de votos de militantes y ciudadan@s de todo el país. La aplicación de este novedoso método fue necesario para competir, pero no fue suficiente para ganar la presidencia de la república. La energía y el dinero invertido y la división interna imposible de salvar, desdibujaron las posibilidades de triunfo. El método es sólo un camino, no un dios o un oráculo infalible para producir candidaturas ganadoras. Decirlo de otra manera es pretender engañar a la ciudadanía o buscar a costa de lo que sea, llevar agua al molino de los propios intereses.