Tercer Informe de Gobierno. Despertar ciudadano
Dulce María Sauri Riancho
ARTÍCULO DÉCIMO (Transitorio).- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado en funciones, rendirá su quinto y Sexto informe de Gobierno, conforme a los plazos y términos establecidos en la Constitución Política del Estado, hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. El Gobernador que resultare electo en el proceso electoral del año 2007, deberá rendir sus Informes de Gobierno, el tercer domingo de octubre, en los primeros 4 años de su gestión constitucional, y el primer domingo de septiembre, en el quinto año de su mandato (Constitución Política de Yucatán).
El 17 de octubre es el tercer domingo del mes y, por lo tanto, el día que la Constitución señala para que la gobernadora Ivonne Ortega rinda su tercer informe de actividades. La entrega se realiza ante los 25 diputados que integran el Congreso local. En ese momento solemne todos ellos, sin excepción ni limitación alguna, representan al pueblo yucateco -la soberanía popular, el poder de la gente- en la importante función de fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Los legisladores de todos los partidos tienen dos funciones medulares en representación de los ciudadanos. Una de ellas es la elaboración de las leyes, su estudio, discusión y aprobación. La otra es la tarea de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora del Estado.
El mecanismo constitucional que se activará el domingo próximo no es algo superfluo o de escasa trascendencia. Revisar los programas, las acciones y los gastos del conjunto de instituciones cuya cabeza es la gobernadora no es asunto menor. Significa el análisis de la conducción del gobierno que, a la vez, no se da en el vacío. Por una parte, se trata de establecer la relación con los objetivos y las metas señalados en el casi olvidado Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 para detectar su avance; por otra, de inquirir, de averiguar con verdadero espíritu de investigación, cómo y en qué se gastaron los recursos públicos durante el período correspondiente a un año, que en este caso es de octubre de 2009 al 30 de septiembre pasado.
Las reformas constitucionales de 2006 otorgan a los diputados la facultad de formular preguntas a la gobernadora para que ésta las responda dentro del texto que envía al Congreso. Se pone un plazo de 20 días anteriores a la fecha de presentación para que con toda calma y detalle los funcionarios del Ejecutivo elaboren las respuestas. En consecuencia, no se trata de sorprender para coger "fuera de base" a los secretarios o directores o a la propia gobernadora, sino solicitar información detallada sobre determinados aspectos de la vida pública yucateca de interés de los diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso.
Pero tampoco ellas y ellos actúan en el vacío de las ocurrencias para salir del paso. Los legisladores tienen la responsabilidad de formular preguntas para exigir respuestas claras, contundentes, de acuerdo con las inquietudes que hayan percibido de sus representados, es decir, de todos nosotros. A diferencia de la gobernadora, que es única responsable de la actuación de los funcionarios del Ejecutivo, en el caso de los legisladores cada uno de ellos lo son, particularmente en esta función de fiscalización.
El Congreso o los diputados debieron hacer públicas las preguntas, de amplia difusión entre los ciudadanos. Hasta hubiera podido haber una consulta para formularlas conjuntamente con personas deseosas de saber más, de informarse "de primera mano" de lo que ocurre en nuestro estado, desde cuestiones relacionadas con la seguridad, los programas agropecuarios o de estímulo a la actividad empresarial, hasta aspectos relacionados con la educación, la competitividad o el polémico asunto del gasto público.
¡Lástima que los diputados no dieron a conocer lo que le enviaron a la gobernadora! Ni en la página web del Congreso, ni en las del PRI y el PAN yucatecos aparece mención alguna a este primer paso del ejercicio de fiscalización más importante del año.
Después del domingo 17, que por cierto coincide en fecha con el 57 aniversario del voto a las mujeres, los diputados tendrán la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios en representación del Ejecutivo estatal para ampliar o aclarar la información recibida. También tendrán ellas y ellos que prepararse, estudiar de a de veras; no limitarse a atacar con descalificaciones fáciles a los funcionarios; y éstos no hacerse los "tío Lolo" que fingen responder, cuando en realidad ocultan la información bajo un alud de palabras sin sentido.
Es cierto que el sistema presidencial que nos rige descansa sobre el principio de división de poderes. En un estado significa que la gobernadora informa, que el Congreso analiza, pero si éste encuentra alguna cuestión que implique una desviación de los objetivos y metas del Plan Estatal, por ejemplo, o de "zonas grises" en el gasto gubernamental, la sanción es sólo de carácter político. En forma directa: el problema que tenemos con la fiscalización es que el esquema jurídico en que descansa permite -y hasta auspicia- un "diálogo de sordos", un ejercicio en que la simulación puede instalarse y corromper hasta anular la función de vigilancia sobre el Ejecutivo.
Hay un tercer actor en esta obra: ni más ni menos que la sociedad, las personas y las familias cuyos representantes están en el Congreso. Para muchos yucatecos el informe de la gobernadora "ya pasó; fue el 1 de agosto". En consecuencia, un amplio sector de la sociedad "bajó la guardia"; unos, porque están satisfechos con el rumbo; otros, porque están resignados. La prolongada "siesta cívica" yucateca puede ser interrumpida este domingo 17 al prestar atención al tercer informe que entra por la puerta del silencio y la indiferencia gubernamental. Vendrá calladito, sin espectaculares, ni comerciales televisivos, casi subrepticiamente. Pero es el de la rendición de cuentas, de la gobernadora y de los diputados, a esta sociedad que puede comenzar a despertar.- Mérida, Yucatán.
ARTÍCULO DÉCIMO (Transitorio).- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado en funciones, rendirá su quinto y Sexto informe de Gobierno, conforme a los plazos y términos establecidos en la Constitución Política del Estado, hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. El Gobernador que resultare electo en el proceso electoral del año 2007, deberá rendir sus Informes de Gobierno, el tercer domingo de octubre, en los primeros 4 años de su gestión constitucional, y el primer domingo de septiembre, en el quinto año de su mandato (Constitución Política de Yucatán).
El 17 de octubre es el tercer domingo del mes y, por lo tanto, el día que la Constitución señala para que la gobernadora Ivonne Ortega rinda su tercer informe de actividades. La entrega se realiza ante los 25 diputados que integran el Congreso local. En ese momento solemne todos ellos, sin excepción ni limitación alguna, representan al pueblo yucateco -la soberanía popular, el poder de la gente- en la importante función de fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Los legisladores de todos los partidos tienen dos funciones medulares en representación de los ciudadanos. Una de ellas es la elaboración de las leyes, su estudio, discusión y aprobación. La otra es la tarea de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora del Estado.
El mecanismo constitucional que se activará el domingo próximo no es algo superfluo o de escasa trascendencia. Revisar los programas, las acciones y los gastos del conjunto de instituciones cuya cabeza es la gobernadora no es asunto menor. Significa el análisis de la conducción del gobierno que, a la vez, no se da en el vacío. Por una parte, se trata de establecer la relación con los objetivos y las metas señalados en el casi olvidado Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 para detectar su avance; por otra, de inquirir, de averiguar con verdadero espíritu de investigación, cómo y en qué se gastaron los recursos públicos durante el período correspondiente a un año, que en este caso es de octubre de 2009 al 30 de septiembre pasado.
Las reformas constitucionales de 2006 otorgan a los diputados la facultad de formular preguntas a la gobernadora para que ésta las responda dentro del texto que envía al Congreso. Se pone un plazo de 20 días anteriores a la fecha de presentación para que con toda calma y detalle los funcionarios del Ejecutivo elaboren las respuestas. En consecuencia, no se trata de sorprender para coger "fuera de base" a los secretarios o directores o a la propia gobernadora, sino solicitar información detallada sobre determinados aspectos de la vida pública yucateca de interés de los diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso.
Pero tampoco ellas y ellos actúan en el vacío de las ocurrencias para salir del paso. Los legisladores tienen la responsabilidad de formular preguntas para exigir respuestas claras, contundentes, de acuerdo con las inquietudes que hayan percibido de sus representados, es decir, de todos nosotros. A diferencia de la gobernadora, que es única responsable de la actuación de los funcionarios del Ejecutivo, en el caso de los legisladores cada uno de ellos lo son, particularmente en esta función de fiscalización.
El Congreso o los diputados debieron hacer públicas las preguntas, de amplia difusión entre los ciudadanos. Hasta hubiera podido haber una consulta para formularlas conjuntamente con personas deseosas de saber más, de informarse "de primera mano" de lo que ocurre en nuestro estado, desde cuestiones relacionadas con la seguridad, los programas agropecuarios o de estímulo a la actividad empresarial, hasta aspectos relacionados con la educación, la competitividad o el polémico asunto del gasto público.
¡Lástima que los diputados no dieron a conocer lo que le enviaron a la gobernadora! Ni en la página web del Congreso, ni en las del PRI y el PAN yucatecos aparece mención alguna a este primer paso del ejercicio de fiscalización más importante del año.
Después del domingo 17, que por cierto coincide en fecha con el 57 aniversario del voto a las mujeres, los diputados tendrán la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios en representación del Ejecutivo estatal para ampliar o aclarar la información recibida. También tendrán ellas y ellos que prepararse, estudiar de a de veras; no limitarse a atacar con descalificaciones fáciles a los funcionarios; y éstos no hacerse los "tío Lolo" que fingen responder, cuando en realidad ocultan la información bajo un alud de palabras sin sentido.
Es cierto que el sistema presidencial que nos rige descansa sobre el principio de división de poderes. En un estado significa que la gobernadora informa, que el Congreso analiza, pero si éste encuentra alguna cuestión que implique una desviación de los objetivos y metas del Plan Estatal, por ejemplo, o de "zonas grises" en el gasto gubernamental, la sanción es sólo de carácter político. En forma directa: el problema que tenemos con la fiscalización es que el esquema jurídico en que descansa permite -y hasta auspicia- un "diálogo de sordos", un ejercicio en que la simulación puede instalarse y corromper hasta anular la función de vigilancia sobre el Ejecutivo.
Hay un tercer actor en esta obra: ni más ni menos que la sociedad, las personas y las familias cuyos representantes están en el Congreso. Para muchos yucatecos el informe de la gobernadora "ya pasó; fue el 1 de agosto". En consecuencia, un amplio sector de la sociedad "bajó la guardia"; unos, porque están satisfechos con el rumbo; otros, porque están resignados. La prolongada "siesta cívica" yucateca puede ser interrumpida este domingo 17 al prestar atención al tercer informe que entra por la puerta del silencio y la indiferencia gubernamental. Vendrá calladito, sin espectaculares, ni comerciales televisivos, casi subrepticiamente. Pero es el de la rendición de cuentas, de la gobernadora y de los diputados, a esta sociedad que puede comenzar a despertar.- Mérida, Yucatán.