miércoles, 27 de septiembre de 2017

Comisión Nacional de Reconstrucción: Peritaje y dinero

Dulce María Sauri Riancho
Me parece que al término del histórico desafío que representará la competencia por el poder en México en 2018, debemos llevar a cabo el más profundo debate nacional sobre el modelo electoral que hemos construido en los últimos 30 años —Lorenzo Córdova, presidente del INE

Ha pasado una semana del terremoto que azotó el centro del país. Su feroz secuela ha sido la destrucción y la pérdida de vidas. Ahora viene la parte más difícil. La solidaridad en la emergencia tendrá que ser sustituida por la capacidad en la reconstrucción. Me referiré a dos de sus principales componentes: uno, el recuento puntual de los daños registrados, lo mismo edificios habitacionales y casas particulares que edificios públicos e infraestructura social. Este recuento debiera acompañarse con un diagnóstico de lo sucedido a la infraestructura y a los edificios, públicos o privados, a las casas que se colapsaron en distintas partes, muy especialmente en la ciudad de México. Saber lo que ocurrió es condición necesaria para que no vuelva a ocurrir.

Segundo: el espinoso asunto del dinero para realizar las obras requeridas para la reconstrucción. Septiembre, mes de la Patria, también de la presentación del último paquete económico de la administración de Enrique Peña Nieto. Apenas el día 8 se hizo entrega de las iniciativas del Ejecutivo federal sobre ingresos y gastos para 2018. La emergencia obligará sin duda a los legisladores a replantear prioridades. Tendrán que hacerlo en las próximas semanas, pues antes del 15 de noviembre deberá ser aprobado el Presupuesto federal del próximo año. Falta poco… y falta mucho…

La emergencia se está atendiendo, por lo pronto, con los recursos asignados al Fonden (Fondo Nacional de Desastres), que cesa sus funciones en cuanto concluye esta etapa. Las urgencias de la catástrofe septembrina no pueden esperar a 2018. La exigencia ciudadana se ha centrado en el dinero que se entrega a los partidos políticos. Deben, dicen, entregarlo para la reconstrucción. Pongámosle números. En 2017, el INE dispone de casi 11 mil millones de pesos para sus actividades, en tanto que los partidos políticos reciben un poco más de 4 mil millones, en total, 15 mil millones de pesos en números redondos. Para “ya” los partidos pueden devolver —o no recibir— una cuarta parte de sus prerrogativas correspondientes al último trimestre del año, que entre los nueve sumaría alrededor de mil millones de pesos. Al momento, sólo el PRI ha renunciado a su última ministración por 258 millones de pesos. En 2018, los partidos prevén recibir casi 6,800 millones de pesos para sus actividades ordinarias y para las campañas políticas de sus candidatos. Por su parte, el INE solicitó más de 18 mil millones de pesos para organizar las elecciones. En total, partidos, candidatos y árbitro electoral requerirán 25 mil millones de pesos el próximo año. Es posible encontrar un mecanismo que permita transferir parte del dinero de los partidos a los fondos de reconstrucción sin necesidad de realizar una reforma constitucional. Ya lo mencionó nuestro paisano, presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. La fórmula de cálculo de los recursos que reciben las entidades de interés público que son los partidos políticos está en la Constitución. Esa también es la razón por la cual los legisladores están impedidos de reducir su financiamiento. Pero nada, absolutamente nada, obstaculiza que los partidos políticos renuncien VOLUNTARIAMENTE a recibirlo.

Pongo en mayúscula la palabra mágica. Y allá comienzan los asegunes. ¿Cómo entregar a ese gobierno, al que tachan de corrupto y manipulador, sus prerrogativas? Consideran que una acción de esta naturaleza los colocaría en desventaja frente al partido en el gobierno en 2018.

Por eso, el Frente Ciudadano proclama que es necesario revisar todo el financiamiento público y realizar, de una vez, la reforma constitucional que lo transforme, que ya no aplicaría en el proceso electoral en curso. El lunes pasado, el PRI presentó una iniciativa para eliminar financiamiento público a los partidos y la totalidad de los legisladores plurinominales y locales. Esto es, una transformación radical del modelo político-electoral vigente desde 1977, cuando desde el 8 de este mes dio inicio el proceso electoral del año próximo.

No podemos permitir que todo quede en una maniobra suspensiva: que todo siga igual hasta que cambien la Constitución y las leyes que fijan el financiamiento público, lo cual requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las dos cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados. Fingir que sí se quiere ayudar, pero hacer todo lo posible para que no suceda.

Por eso, la vía de la renuncia es la más oportuna. Ante ésta, no habría pretexto ni obstáculos legales para que los partidos devuelvan a la sociedad parte de lo mucho que han recibido. Y después de la elección, que los legisladores debatan y decidan sobre el modelo político y su financiamiento, tal como propone Lorenzo Córdova.

Quedaría por definirse quién recibiría los recursos provenientes de fondos públicos, partidos políticos y ciudadanos, dirigidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes. ¿El gobierno y sus instituciones, en año electoral? ¿Los partidos políticos, para que ellos mismos los distribuyan de acuerdo a sus prioridades?

Considero que la propuesta de Enrique Krauze es pertinente: que una comisión de reconstrucción, conformada por ciudadan@s destacados, con credibilidad y buena fama, fuera la que ejerciera los recursos depositados en un fideicomiso público y vigilara su correcta aplicación. La UNAM podría ser responsable del secretariado ejecutivo de esta comisión.


Los legisladores la crearían mediante decreto y los diputados podrían engrosar esa bolsa con las cuestionadas partidas presupuestales de los “moches”, que este año ascienden a más de 9 mil millones de pesos. Y el INE podría contribuir reduciendo en forma significativa la cifra de 18 mil millones de pesos solicitados. Así, los gobiernos (federal, estatales y de la ciudad de México) renunciarían a ejercer los programas y acciones dirigidas a la reconstrucción y podrían seguir adelante con sus funciones ordinarias; los partidos políticos podrían renunciar a sus prerrogativas electorales y la ciudadanía podría realizar donativos con la confianza de que los recursos llegarán a su destino.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Novedades electorales: independientes y otras más

Dulce María Sauri Riancho
Más novedades nos depara la elección de 2018. He comentado en este espacio la aplicación por primera vez de la reelección consecutiva de diputados locales y ayuntamientos, así como la paridad de género en estas candidaturas. Hoy trataré tres cuestiones que, considero, no se les brinda todavía la atención necesaria. Se trata de que por vez primera los yucatecos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, podrán votar para elegir al próximo gobernador del estado. También tendremos la opción de candidaturas independientes, incluyendo el cargo de gobernador. La tercera novedad es que las autoridades electorales federales y locales (INE e Iepac) se pusieron de acuerdo para diseñar un calendario único que permita una mejor organización de esta complejísima elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está realizando una intensa campaña entre los mexicanos residentes fuera del territorio nacional. Se ha flexibilizado el trámite para la obtención o reposición de la credencial de elector con fotografía y se han abierto los registros en embajadas y consulados, estos últimos muy importantes en los Estados Unidos donde vive la mayoría de los paisanos migrantes. Desde 2006 se puede votar desde el extranjero para la elección federal, pero los yucatecos que radican, por ejemplo, en California, ahora lo podrán hacer para elegir gobernador.

Yucatán fue el primer estado de la república que legisló sobre candidaturas independientes en 2006. Bajo esta normativa fue electo el alcalde de Yobaín en 2007. Pero la reforma electoral federal de ese año, por un error en la redacción del artículo 116 constitucional, prohibió las postulaciones fuera de los partidos políticos. La falla se enmendó en 2014, por lo que en 2015 hubo candidaturas independientes en las elecciones locales, aunque ninguna culminó con el triunfo.

Vale la pena detenerse en los requisitos que tendrán que cumplir los ciudadanos que aspiren a ser diputado/as o presidenta/es municipales sin la intervención de algún partido. También es posible postularse por esta vía para la gubernatura del estado. El día de hoy, de acuerdo con el calendario del Iepac, deberá aparecer la convocatoria a los interesado/as en ser candidatos independientes, quienes tendrán hasta el 13 de noviembre para notificarle oficialmente al Instituto Electoral su pretensión. Una vez que el Iepac les dé el visto bueno, el 1 de diciembre, los aspirantes registrados podrán iniciar la recolección de los apoyos ciudadanos necesarios para su registro formal como precandidatos. Tendrán dos meses —del 8 de diciembre al 6 de febrero del año entrante— para recolectar las firmas de apoyo. Si todo estuvo en orden, el 28 de marzo recibirán la autorización para iniciar su trabajo proselitista.

Parece fácil participar sin partido político que respalde una candidatura, pero en realidad no lo es. Veamos. En el transcurso de dos meses para conseguir firmas, las y los aspirantes independientes deberán convencer al 2% del listado nominal del estado (alrededor de 30 mil personas) para que apoyen su pretensión, si quieren la candidatura al gobierno del Estado. Otro requisito es que se debe alcanzar esa cifra en 54 municipios, cuando menos. Las candidaturas a diputados requieren el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón distrital, distribuidos en al menos, la mitad de sus secciones electorales, cada una de ellas con el 1% de los electores inscritos. Imagínense a un aspirante en alguno de los municipios pequeños de Yucatán, que tienen que juntar al 15% de los ciudadanos inscritos. O si son municipios más grandes, con 11 regidores (Valladolid, Tizimín, Umán, Kanasín, por ejemplo), necesitan recabar el 10%. El caso de Mérida es único, pues a quien pretenda llegar al palacio municipal como independiente, le pedirán el 2% del padrón, distribuido en la mitad de sus 470 secciones electorales. Ya veremos cuántos hombres y mujeres asumen el reto de ser candidatos independientes en la próxima elección. Parece que el ánimo febril que acompañó esta modalidad de candidaturas ciudadanas en 2015 se ha resfriado bastante, tanto por los obstáculos materiales, como por los magros resultados de quienes llegaron a sus cargos por esta vía, con la notable excepción del diputado Pedro Kumamoto, de Jalisco.

La tercera novedad es la concurrencia de comicios estatales y federales en prácticamente todo el país. En 30 entidades se elegirán diputados, presidencias municipales, y en nueve de ellas, incluyendo Yucatán, gobernador@. Hay una fecha común para iniciar las precampañas, el 14 de diciembre y para concluirlas el 11 de febrero. En Yucatán, todas las campañas –gobernador, diputados, ayuntamientos- iniciarán y concluirán las mismas fechas: del 30 de marzo, por cierto, Viernes Santo, al 27 de junio: tres largos meses. La concurrencia de fechas tiene efectos también en las precampañas de los partidos políticos. No será fácil cambiarse de partido cuando no se logre una candidatura, pues los partidos tienen la obligación de registrar método de postulación y precandidatos participantes, todos al mismo tiempo. Tampoco la vía independiente será alternativa para los posibles “despechados”. Simplemente, las fechas no coinciden. Ya se fijaron los topes de gastos de precampaña, tan bajos en la mayoría de los casos, que llaman abiertamente a la simulación.


Habrá ocasión de comentar sobre los procesos internos de los partidos políticos en Yucatán, de los posibles escenarios si se consolida el llamado “Frente Ciudadano” y del potencial impacto de las candidaturas presidenciales sobre las posibilidades de triunfo de los distintos partidos en Yucatán. Como ciudadanos, hay que involucrarnos en el próximo proceso electoral. Es demasiado importante para dejárselo sólo a los políticos profesionales. ¿No cree usted?— Mérida, Yucatán.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Ciencias y humanidades, ¿visiones encontradas?

Dulce María Sauri Riancho
Mi lectura dominical se vio ensombrecida cuando me enteré de la negativa de Conacyt para concederle una beca a Antonio Salgado. Hijo y sobrino de dos buenas amigas, lo traté como joven profesor empeñado en proporcionarles a sus alumnos una visión integral sobre el desarrollo de Yucatán, de preferencia de propia voz de quienes en algún momento fuimos actores protagónicos. Con esa vocación universitaria, me lo encontré como promotor de foros y reuniones encaminados a enriquecer el debate público acerca de temas de relevancia social y comunitaria, mismo que reforzaba desde su colaboración semanal en el Diario de Yucatán.

Instalado tempranamente en una zona de prestigio y conforte, me sorprendí cuando Antonio anunció su determinación de completar su preparación académica en el extranjero, alentado por la posibilidad de reforzar su conocimiento sobre la relación entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano, desde una perspectiva ética, es decir, desde el ángulo de los valores humanos. Escogió un prestigiado centro educativo, la Universidad de Edimburgo, mundialmente conocida porque en sus laboratorios se realizó por primera vez la clonación exitosa de una oveja, que recibió el nombre de Dolly. Pero más allá de la excelencia en ciencias exactas y naturales, esta universidad de Escocia calificada como una de las 25 más prestigiadas del mundo, está comprometida en explorar y fortalecer el vínculo entre la Ciencia y la Filosofía, particularmente importante en una etapa en que el desarrollo de la sociedad parece postergar los valores de lo humano en aras de una supuesta modernidad.

Tony se fue, culminó con éxito su segunda maestría y muy probablemente continuará con el doctorado, aun sin el apoyo del Conacyt.

El caso de Antonio Salgado me removió una serie de ideas y preocupaciones sobre el rumbo y la orientación del desarrollo científico y tecnológico de Yucatán y del país. He tenido la percepción de que las ciencias sociales y las humanidades son una especie de “patito feo” de los sistemas de innovación e investigación de México: se les tolera, pero en cuanto cuestionan algunos de los paradigmas que impulsan las llamadas “ciencias duras”, son descalificadas con singular ligereza.

Una y otra vez, los avances científicos amplían el entendimiento y a la vez, plantean enormes retos. No se trata de impedir o de poner límites a la investigación y a las ciencias “duras”, sino de acompañarlas desde la ética y la filosofía, en esa increíble aventura que es la expansión del conocimiento humano.

El Conacyt es la “llave maestra” de la formación científica de México. Dirige el Sistema Nacional de Investigadores, por medio del cual se otorgan estímulos y apoyos a quienes forman parte de su red. A la vez, esta institución es responsable de la calidad de los post-grados que se imparten en el país. En el ámbito individual, el Conacyt selecciona a las y los mejores aspirantes para recibir recursos presupuestales que les permitan continuar su formación dentro y fuera de México. Como se comprenderá fácilmente, quienes salen al extranjero representan fielmente las prioridades en materia científica y tecnológica del país.

Ayudada por la información en línea, me dispuse a indagar sobre los becarios Conacyt inscritos en universidades de distintas partes del mundo.

Resulta que de los 5,309 becarios registrados en el periodo enero-junio de este año, el 24% corresponde a Ciencias Sociales. Pero sólo 94, menos del dos por ciento, realizan estudios en el área “humanidades y ciencias de la conducta”, que incluye, además de la filosofía, educación, psicología, comunicación, urbanismo, teatro y literatura, entre otras disciplinas. Específicamente, para el doctorado en filosofía, se apoya a 9 becarios. Claro que les va mejor que a la Historia, que sólo registra siete becarios en total. Una somera revisión de esta lista indica de manera fehaciente cuáles son las prioridades, pero también señala los sesgos institucionales en cuanto a la oportunidad de formación de investigadores de alta calidad en humanidades y ciencias sociales.

El Sistema de Innovación e Investigación del Desarrollo del Estado de Yucatán (Siidetey) comprende la necesidad del desenvolvimiento integral de sus funciones. Por esta razón forman parte de este sistema de instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales y humanidades. En el Parque Científico y Tecnológico de Sierra Papacal se encuentran las nuevas instalaciones del Ciesas y muy pronto, del Centro de Investigación en Geografía y Geomática (Cigget). El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y las facultades de Ciencias Sociales y Antropológicas de la Uady forman también parte del sistema estatal. Aquí no se le hace “fuchi” a la investigación social, ni a la historia.

Pero más allá, cuando observamos lo que sucede en las universidades públicas y privadas yucatecas, confirmamos la total ausencia de la filosofía y la limitada oferta para quienes aspiren a formarse como historiadores. La Universidad Marista inició en el presente ciclo docente una especialización en filosofía, programa al que seguramente se integrará Antonio Salgado cuando concluya su doctorado.

Yucatán pretende participar de la economía del conocimiento y promover una sociedad que la haga suya para su avance y disfrute. Hemos apostado alto y —considero— a tiempo. En este nuevo sistema, no es asunto menor la formación de las personas que tendrán a su cargo desatar el proceso virtuoso de unir a las “dos culturas”: las ciencias y las humanidades. Tony Salgado quiere ser uno de ellos. Habrá más como él. Tendremos que demandar el próximo sexenio que la burocracia del Conacyt voltee a verlos, para alentarlos, formarlos, repatriarlos.— Mérida, Yucatán.