jueves, 31 de agosto de 2017

Temporada de informes. Vísperas electorales

Dulce María Sauri Riancho
Hasta hace poco tiempo, el noveno mes del año se inauguraba con la presentación del Informe presidencial. El ritual político más importante se cumplía a cabalidad, incluyendo las interpretaciones derivadas de su lectura entre líneas, fuente de especulación sobre acontecimientos presumiblemente cercanos, que podrían incluir cambios en el gabinete o anuncios de nuevas obras y programas. Los medios masivos de comunicación se inundaban de imágenes, felicitaciones al primer mandatario o críticas de los representantes de los partidos opositores. En el radar de los acontecimientos políticos de septiembre no existía otra cosa que el sol presidencial.

El proceso democrático del país ha marcado nuevas fechas y las circunstancias se han modificado sustancialmente. Ahora, el presidente de la república envía su informe al Congreso y al día siguiente emite un mensaje al país o, como sucedió el año pasado, entabla un diálogo con jóvenes como una manera de tomar el pulso al grupo más numeroso de la población mexicana sobre la actuación política de su gobierno. Los cambios no paran ahí. Al menos en Yucatán, los informes de los presidentes municipales coinciden en fechas con el Informe presidencial y, en el margen de su demarcación, disputan palmo a palmo la atención de la ciudadanía con los mismísimos spots de Peña Nieto.

Por si no fuera suficiente con esta avalancha publicitaria, los legisladores federales —diputados, senadores— han seleccionado los últimos días de agosto para informar a sus electores sobre sus actividades en las cámaras y los resultados de sus gestiones. Como alud imparable han surgido espectaculares con los rostros y logros de ellos y ellas. Inserciones gráficas en medios impresos; publicidad en los electrónicos, incluyendo comerciales transmitidos en medio de la pelea estelar en la función sabatina de box; interrupciones frecuentes en el canal de youtube de música clásica para introducir al #amigoLibo y sus actividades como diputado, etcétera, etcétera. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Ahora el llamado “mes patrio” tiene nuevos actores de la llamada “clase política” que disputan al Ejecutivo federal la atención pública.

Antes de 1994, el interés sobre el Informe presidencial se acentuaba el quinto año de gobierno. La tradición hizo “del día siguiente” el punto de arranque de la sucesión presidencial. A partir de entonces, el misterio del candidato sería develado en cualquier momento. Así sucedió en noviembre de 1993, cuando el 28 de ese mes la candidatura de Luis Donaldo Colosio fue dada a conocer. El proceso abierto del PRI en 1999 y la dinámica del PAN como partido en el gobierno para seleccionar a sus candidatos, cancelaron prácticamente la expectativa del quinto año en 2005 y 2011.

Pero ahora, en 2017, esa tradición viene de regreso. Y no se debe sólo a las prácticas y costumbres políticas del PRI, sino también a las fechas marcadas por la legislación electoral para los partidos y sus procesos internos. El 8 de septiembre es la fecha mágica. Ese día se inicia el proceso electoral 2018. También es el límite que tiene el ejecutivo federal para entregar sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. La parte política concentra, sin embargo, el mayor interés. La piedra de toque son los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018, expedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). “Piso parejo” le ha llamado el presidente del INE, que se aplicará a todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular por la vía partidista, que “están dirigidos y diseñados para inhibir, evidenciar y sancionar a los tramposos de la equidad electoral” (Lorenzo Córdova Vianello). Se trata, según el árbitro electoral nacional, de que estos aspirantes no puedan aprovechar las prerrogativas de sus partidos en materia de radio y televisión o sus recursos económicos para posicionarse “indebidamente”. Ésta es la explicación de las prisas y los excesos de los actores políticos en los últimos días. Después del próximo 8, cualquier acción de publicidad o propaganda pagada con dinero público o privado podrá ser considerada como erogación con cargo a gastos de precampaña. Y si algún aspirante rebasa el límite, podrá ser negado el registro de su candidatura.

Pero ¿quiénes son los aspirantes de los partidos a los distintos cargos? Excepto Morena, en la presidencia de la república y el gobierno de la ciudad de México, ninguna organización política ha mostrado aún sus cartas. Entonces, ¿quién habrá de ponerse el saco, más cuando hasta el 13 de diciembre comienzan formalmente los procesos internos? Todos y ninguno. La intención del INE de “piso parejo” es buena, pero su instrumentación está sembrada de baches y hoyancos. Es tenue la línea divisoria con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

Por lo pronto, hay ruido adicional sobre la ya tortuosa obligación de informar y la limitada labor de fiscalización de los actos del ejecutivo. La mayoría de los responsables —diputados y senadores— están más preocupados en su próxima candidatura que en indagar sobre el grado de cumplimiento de responsabilidades y compromisos del presidente de la república. Los regidores estarán más interesados en la reelección que en revisar las acciones realizadas por el cabildo. Parece que el futuro se impone sobre el pasado. No obstante, sin rendición de cuentas no hay mejor mañana para la sociedad. ¿Tendremos la fuerza para exigir una cabal fiscalización, aún en vísperas electorales? Me declaro entre el escepticismo y la esperanza.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 23 de agosto de 2017

Violencia contra las mujeres. Medir la enfermedad

Dulce María Sauri Riancho
¿Qué sucede tras las paredes de una casa? ¿Cómo se relacionan entre sí las parejas en sus hogares? ¿Cuánto impera la cultura de respeto en el núcleo familiar? ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia que viven las mujeres? Éstas y otras preguntas han inspirado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados. Es la cuarta de un ejercicio estadístico que comenzó en 2003. La Endireh explora sobre cinco tipos de violencia que sufren las mujeres: emocional, física, económica, patrimonial y sexual. En 2016 se inquirió sobre otras dos: atención obstétrica y abuso sexual en la infancia. Los encuestadores tocaron la puerta de más de 142,000 viviendas y en casi todas ellas —85 de cada 100— fueron atendidos por mujeres de 15 años y más. Gracias a esta amplia cobertura se puede conocer lo que sucede a nivel nacional, pero también en las poblaciones urbanas y rurales, así como en cada una de las 32 entidades federativas.

La tomografía de la violencia contra las mujeres es dramática y revela una grave enfermedad social. Dos terceras partes de las mujeres mexicanas han sufrido en algún momento de su vida violencia de algún tipo. Destaca que casi la mitad (49%) han sido emocionalmente abusadas y que cuatro de cada 10 mujeres (41.3%) han vivido algún episodio de violencia sexual. Igualmente grave es saber que más de una tercera parte de las mujeres de 15 años y más han sido objeto de violencia física (34%) y que tres de cada 10 han resentido discriminación en el trabajo o algún tipo de violencia económica o patrimonial.

Sabemos que desgraciadamente existe el “bullying” en las escuelas: una cuarta parte de las mujeres han vivido violencia en las aulas, bien sea física, sexual o emocional. Los compañeros varones son los principales agresores (39.9%), pero también lo son las compañeras, aunque en menor medida (20.1%). Le siguen los maestros de sexo masculino (14.4%) y más abajo, las maestras (5%). En violencia sexual, los principales agresores son los compañeros. Los lugares donde ocurren los hechos violentos son principalmente: la escuela (74.3%), la calle o el parque cercano (15.9%). Domina el tipo de agresión sexual (38.3%), seguido de la emocional (34.1%) y muy cerca, de la física (27.7%).

El ámbito laboral es también fuente de violencia para 27 de cada 100 trabajadoras. La principal forma es la discriminación por su género, lo que incluye la solicitud de la prueba de embarazo antes de ser aceptadas (11.8%). Los compañeros de trabajo son los principales agresores (31.8%), seguidos de los patrones o jefes, mujeres u hombres. La mayoría de las agresiones ocurren en las instalaciones del trabajo (79.1%) y son principalmente, de tipo sexual (47.9%) o emocional (48.4%). Las mujeres tienen menos oportunidades para ascender; reciben un salario menor que los hombres por el mismo trabajo y todavía enfrentan impedimentos y limitaciones para realizar determinadas tareas o funciones reservadas en exclusiva para los varones.

La Endireh captó la discriminación hacia las mujeres que por su estado civil o porque tenían hijos pequeños, les bajaron el salario o las despidieron.

La comunidad, llámese barrio, colonia o poblado, puede ser también ámbito de violencia (65.3%). Sus calles, los espacios públicos, son el escenario más importante para agresiones sexuales, que pueden ir desde un piropo grosero, hasta abuso sexual y violación.

El ámbito familiar tampoco es seguro para las mujeres. La Endireh muestra que una de cada 10 vivió algún episodio de violencia, sin tomar en cuenta las relaciones de pareja, que son tratadas en un punto aparte. La mayor parte de estos actos corresponde a la violencia emocional (8.1%), y los agresores son principalmente hermanos (25.3%), padre (15.5%) y madre (14.1%). Desgraciadamente, los tíos y los primos se muestran como los agresores sexuales más señalados.

Las cifras de la violencia contra las mujeres cobran perfiles dramáticos cuando se indaga sobre la dinámica de las relaciones de pareja. Resulta que 44 de cada 100 mujeres dijeron haber experimentado violencia de su actual o última pareja —esposo, novio—, bien sea de carácter emocional, económica o patrimonial e incluso, aunque en menor medida, física y sexual. Esta situación acompaña a las mujeres en todo su ciclo de vida, desde los 15 años hasta la tercera edad, aunque los eventos de violencia están más concentrados entre los 15 y los 44 años.

¿Por qué, si existe violencia, no fue denunciada por las personas afectadas? La Endireh proporciona algunas pistas.

Para casi un tercio, “se trató de algo sin importancia, que no le afectó” (28.8%) y para otras, “por miedo a las consecuencias” (19.8%). Junto con el argumentos de “por vergüenza” (17.3%), o “no quería que su familia se enterara” configuran un escenario en que las mujeres por razones de género dejan a un lado su derecho a una vida libre de violencia y prefieren sobrellevar en silencio lo que aún consideran “la cruz que me tocó cargar”.

En los comparativos de la Endireh Yucatán no sale bien librado: en el ámbito de “relaciones de pareja” aparece arriba de la media nacional (45.2%-43.9%) y en todos los demás se encuentra muy cerca del promedio.


La Endireh da para mucho. Quedan pendiente de comentar el abuso sexual en la infancia y el maltrato en la atención obstétrica. En este último apartado Yucatán se ubica por arriba de la media nacional, 36.5%-33.4%. Si las encuestas son un reflejo de la sociedad, lo que vemos en la Endireh es preocupante. La violencia no tiene compartimientos-estanco: cuando se trata de las mujeres, se sufre en la escuela, se tolera en el hogar, se practica en la fábrica y afecta al conjunto social. Para vivir en paz demandamos políticas públicas más eficaces para combatirla, atender a sus víctimas y buscar erradicarla.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de agosto de 2017

El legado de Cervera, trece años después

Dulce María Sauri Riancho
“Murió Víctor Cervera Pacheco”. Esa triste noticia me alcanzó al otro lado del mundo, en las lejanas Islas Fidji. Imposible llegar al sepelio y al homenaje que el pueblo yucateco, desde el más humilde al más encumbrado, le rindió ese día. Han pasado 13 años y muchas cosas han cambiado en la vida política y económica de Yucatán. Comienzan a desdibujarse en el tiempo las características más notables del gobierno y de la personalidad de quien fue ejecutivo del estado entre 1984 y 1988 y después, de 1995 a 2001, diez años en total.

Vale la pena hacer un breve repaso, que nos permita recuperar de la neblina de la memoria algunos de estos rasgos. Sobre todo, para poner al personaje en su justa dimensión y encontrar en su legado, aliento para enfrentar los retos del siglo XXI.
Foto: internet 
El puerto de altura de Progreso. Comienzo con la tarea del gobernante que supo remontar la adversidad de una hacienda pública —la federal y la estatal— empobrecida por la inestabilidad y la crisis económica de finales del siglo pasado. Alcanzar el calado y mejorar las instalaciones para las maniobras portuarias parecía una obra fuera del alcance de la administración federal en 1984.

La crisis de finales del sexenio de José López Portillo había impactado severamente las finanzas gubernamentales.

Se necesitaba ser un mago para convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se requería un nuevo puerto en Yucatán y a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de que había necesidad de invertir recursos presupuestales más allá del creciente subsidio a la actividad henequenera.

En esos años no existía posibilidad alguna de que el estado aportara recursos, menos se contaba con inversión privada.

Todo tendría que provenir de la magra bolsa federal, comenzando por el proyecto ejecutivo. Cervera lo consiguió: anunció la obra a finales de 1984.

Muy pronto, hileras interminables de camiones iniciaron el traslado de material pétreo hasta la orilla del mar. De ahí, en chalanas se trasladaba hasta una distancia de 7 kilómetros de la costa, donde era arrojado hasta formar una especie de isla.

La genialidad del gobernador fue comenzar por el final, la plataforma de servicios, y no por el extremo del muelle construido por la compañía danesa Christiane Nielsen, cincuenta años atrás. Así, Cervera cerró la posibilidad de dejar a medias la obra y obligó al gobierno federal a seguir entregando su aportación, hasta concluir en 1989.

Los cruceros turísticos tardaron en venir a las nuevas instalaciones, pero los barcos graneleros aprovecharon inmediatamente el mayor calado y la terminal especializada construida para recibirlos.

Gracias a los granos, Yucatán se convirtió en poco tiempo en una maquiladora de cárnicos —cerdo, pollo, pavo— y después, en un exportador a Japón y a otras regiones de México.

La austeridad de la administración en tiempos de Cervera. Muy poco se invertía en publicidad y propaganda gubernamentales, a grado tal que en su interinato no hubo foto oficial del gobernador, pues fue utilizada la misma que empleó en su campaña de senador en 1976, con traje y corbata. “¿Para qué gastar —decía— en esas frivolidades?”

Cervera fue un gobernante “24×7”, día y noche, semana completa, incluyendo domingos. La combi blanca se volvió parte del paisaje nocturno de las calles de la ciudad de Mérida.

Cervera lucía invariablemente pantalón caqui y guayabera blanca de manga larga, una especie de uniforme gubernamental autoasignado.

Su casa de Itzimná, primero frente al parque, luego a un costado, con enrejado que permite vislumbrar a los transeúntes jardín y entrada, nada oculto tras altos muros. Habrá quien señale que las extenuantes jornadas del gobernador y de sus colaboradores se hubieran podido reducir con una mejor planeación de sus tiempos.

Quizá. Pero hasta el más recóndito lugar del estado sabía que en cualquier momento, el gobernador podía aparecer, listo a recorrer en un camión de carga brechas y caminos apartados, hasta llegar a donde se construía una unidad de riego, se electrificaba un poblado o se techaba su escuela.

No parientes, pocos amigos. Los funcionarios de las dos administraciones de Cervera no fueron necesariamente los amigos de juventud, sino aquellas personas —entre ellos o fuera de ese círculo— que podían responder a las exigencias de absoluta dedicación y completa honradez en el desempeño de sus responsabilidades.

Contra las costumbres prevalecientes a mitad del siglo pasado, la esposa de Víctor Cervera, Amira Hernández, trabajó como abogada en el Poder Judicial del Estado desde recién casada. Tras una larga carrera, llegó a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, por derecho propio.

En su primer gobierno, los cuatro hijos de Cervera eran menores de edad. En el segundo, eran jóvenes mujeres y hombres que permanecieron fuera de la administración pública y de los cargos políticos no por falta de aptitudes, quizá tampoco de ganas, sino por la convicción paterna de que la política no era un asunto de parientes y que habría sido injusto favorecer a alguno de ellos a costa de dejar atrás a otros, con iguales o mayores méritos, pero sin padre gobernador.

El legado de Víctor Cervera no es una corriente o grupo político en el interior de su partido.

Nada más ajeno a quien privilegió la cultura del esfuerzo y del mérito, sobre el nepotismo y el amiguismo.


Su principal aportación fue demostrarnos que podemos, que debemos pensar en grande y acometer retos que demandan organización, imaginación y audacia, con la conciencia de que eso es lo que requiere el estado. Es el mejor homenaje a quien hizo de Yucatán su pasión y su vida.— Mérida, Yucatán

miércoles, 9 de agosto de 2017

Reparto agrario. Cárdenas y el henequén

Dulce María Sauri Riancho
El 8 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el acuerdo por el cual se repartieron más de 360 mil hectáreas de tierras entre campesinos yucatecos. Una tercera parte de estas tierras pertenecían a casi mil haciendas henequeneras que existían en esa fecha. No era la primera ocasión en que se ejecutaban acciones agrarias en Yucatán, pero por vez primera la reforma alcanzó masivamente tierras en cultivo y explotación de henequén. En esos años, la economía del Estado y de la mayoría de su población dependía de la producción y exportación de su fibra.
 
La revolución industrial en el norte de América y en países de Europa occidental favoreció la mecanización del trabajo agrícola para liberar fuerza del trabajo y, de esta manera, la modesta fibra de henequén, conocida y utilizada desde la época prehispánica para hacer sogas y costales, se convirtió inesperadamente en producto estratégico para el proceso de transformación en las extensas planicies agrícolas. Sucedió el último tercio del siglo XIX, cuando Cyrus Mc McCormick inventó la cosechadora mecánica que requería la fibra que se producía en Yucatán. Aprovechar esa oportunidad demandó de los hacendados henequeneros grandes cambios en la manera de producir y procesar el henequén. Se inventaron las máquinas desfibradoras; se introdujeron las vías decauville; el ferrocarril se desarrolló rápidamente para transportar pacas de henequén hasta el puerto de Progreso, fundado en 1871 para responder a la demanda internacional de la fibra. Las haciendas henequeneras se conformaron como unidades agroindustriales de producción, organizadas como fábricas, con criterios de productividad en el uso de sus recursos. El maíz de la milpa tradicional fue sustituido por grano que se traía de otras regiones de México o del extranjero. Yucatán, su economía y su sociedad se volvieron altamente dependientes de los ingresos henequeneros.

Como es ampliamente conocido, el panorama favorable al henequén gradualmente comenzó a cambiar. Los altos precios de la fibra alcanzados a raíz de la I Guerra Mundial marcaron el cenit de la exportación del henequén. A partir de la década de 1920 surgieron nuevas regiones productoras en el mundo, como en las colonias británicas y alemanas de África. La innovación industrial creó una máquina cosechadora —la Combine— que ya no requería de la jarcia yucateca para funcionar. La nueva maquinaria desplazó gradualmente a los equipos que demandaban la fibra yucateca. Por si fuera poco, la aparición de las primeras fibras sintéticas impactó a la baja el uso de fibras naturales. Los fantasmas de la competencia y sobre todo, de la obsolescencia tecnológica amenazaban la otrora boyante actividad henequenera.

La sociedad y el fisco de Yucatán se acostumbraron al tiempo de la prosperidad. Los hacendados pensaban que nada podía sustituir al henequén. Vino la Revolución y, con ella, la liberación de los peones de las haciendas henequeneras, que permanecieron trabajando como asalariados del campo. Lázaro Cárdenas comprometió una solución a la injusta distribución de la riqueza que, aun menguada, generaba el campo henequenero. Lo hizo como candidato y cumplió como presidente. Visto en retrospectiva, el presidente de la república tuvo una disyuntiva para resolver el problema de justicia social existente en Yucatán. Pudo hacerlo considerando a las haciendas henequeneras como fábricas, a los hacendados como patrones y a los peones, como trabajadores de las mismas. Por tanto, pudo haber apoyado los contratos colectivos de trabajo, la jornada laboral de ocho horas, el reparto de utilidades, entre otras demandas propias del movimiento obrero de la década de 1930.

La alternativa era la solución campesina, como se hizo en otras partes del país —como Nueva Italia, Michoacán y la Comarca Lagunera—, asignando una parcela para cada beneficiario, que éste se encargaría de cultivar. Cárdenas se decidió por este camino. Repartió las tierras de las haciendas henequeneras entre casi 23,000 campesinos, para crear 272 grupos ejidales. A los hacendados se les respetaron 150 hectáreas sembradas de henequén por propietario; conservaron, asimismo, los equipos para la desfibración de sus pencas. Con el reparto agrario, la unidad productiva de la hacienda henequenera fue desintegrada. Hubiera sido necesario mantener la combinación “cuatro por cuatro”, es decir, un cuarto de superficie dividida entre tierras en cultivo, en explotación, las que se encontraban en decadencia y la parte de descanso, para su recuperación y para disponer de los recursos del monte. La inmensa mayoría de los nuevos ejidos carecían de esa proporción, indispensable para su correcto funcionamiento. Además, quienes trabajaban los planteles, casi 13,000 peones “acasillados”, que eran los jornaleros de las haciendas henequeneras, quedaron fuera de la acción agraria.

Meses después del reparto, en febrero de 1938, surgió el “Gran Ejido Henequenero” y la Asociación “Henequeneros de Yucatán”, que sumaba tierras y recursos procedentes de los nuevos ejidos y de los ex hacendados, bajo la conducción del gobierno estatal. Fue un intento de reintegrar la unidad productiva, ahora sobre las nuevas condiciones sociales.


Falta a la verdad quien afirma que la crisis del henequén fue consecuencia directa del reparto agrario. Cuando se distribuyeron los henequenales en 1937, ya estaban presentes todos los factores que habrían de manifestarse plenamente después de la transitoria prosperidad ligada a la II Guerra Mundial. La dependencia del henequén creó una cultura y una organización productiva que tardamos años en desmantelar. Ahora sabemos que Yucatán no debe ligar su destino a una sola actividad; que la diversificación y el desarrollo armónico de los distintos sectores son indispensables para la sustentabilidad económica y la justicia social. ¿Habremos aprendido la lección?— Mérida, Yucatán.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Verano del agua en el 67

Dulce María Sauri Riancho
Recordar no es ejercicio inútil ni tarea exclusiva de los historiadores y cronistas. Lo que somos y hacemos ahora, en el siglo XXI, sólo se puede entender cuando revisamos el pasado.

Este es el sentido de los aniversarios, en particular aquellos que recuperan décadas o centenarios.

En el verano de 1967 —ha pasado medio siglo—, el llamado “conflicto del agua potable” enfrentó a una parte de la sociedad yucateca con el gobierno federal.

Pronto harán 80 años, el 8 de agosto, que el presidente Cárdenas firmó los decretos para repartir las tierras de las haciendas henequeneras. Poco guarda la memoria colectiva sobre estos acontecimientos, ambos, con trascendentales consecuencias en la organización económica, política y social de Yucatán.

Decidí dedicar dos artículos para comentarlos: hoy, el asunto del agua potable y la próxima semana, el evento que transformó la faz productiva de Yucatán casi por el resto del siglo pasado.

Disponer de agua potable, en tu propia casa, era una necesidad y un signo de modernización. Desde 1904 fue introducido el servicio en una pequeña zona del centro de la ciudad de Mérida.

Sin embargo, la mayoría de la población se abastecía de los pozos excavados en los patios de las casas y de los aljibes, que almacenaban las aguas de lluvia captadas durante el verano, en aquellos hogares que disponían de techo de mampostería.
foto: internet

La calidad del agua que se consumía no siempre era buena. Las enfermedades de origen hídrico asolaban a la infancia, que cada año pagaba su cuota de vidas. Había que hacer frente a la situación mediante una obra pública de gran envergadura en una ciudad de más de 200 mil habitantes, pero también en otras poblaciones del Estado cuyo crecimiento y necesidades sanitarias así lo exigían.

Después de múltiples gestiones y de obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenzaron los trabajos. En Mérida significó abrir las calles pavimentadas para introducir la tubería y poder disponer de 40,000 tomas de agua, casi en la totalidad de las viviendas de entonces.

El grito “¡bomba!”, seguido del estallido de la dinamita para romper la dura roca yucateca, se volvió familiar durante los más de dos años que duraron las obras. Cuando concluyeron, en 1966, sólo se habían logrado conectar 22,000 tomas. Además, por primera vez la población tendría que pagar por el agua.

La fijación de las tarifas del agua potable se volvió entonces un asunto político y social de enorme impacto. Si eran muy altas, la mayoría no podría disponer del servicio; si eran reducidas, no se podría pagar el crédito al BID.

En esos años, la situación económica de Yucatán estaba muy deteriorada, pues su principal actividad, el henequén, había resentido severos problemas de competencia internacional y de su desplazamiento por los productos sintéticos. La cuota establecida, bastante moderada, generó la indignación del gobierno federal.

La respuesta no se hizo esperar: se cancelaron todas las obras públicas federales, incluyendo el nuevo aeropuerto de la ciudad de Mérida. Con el mismo formato, los secretarios de Obras Públicas, de Recursos Hidráulicos, de Salubridad y el de Agricultura informaron la suspensión de obras, a fin de canalizar esos recursos al pago del adeudo, “para salvaguardar el buen nombre de México”.

Abundaban los funcionarios federales en su carta: “…además es Yucatán el Estado que mayores subsidios recibe de la Federación…”. Huelga referir el escándalo desatado ante la descalificación federal. No había otra instancia más que buscar un encuentro con el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En Campeche, el 27 de julio de 1967, en un pasillo del hotel Baluartes, tuvo lugar el encuentro de 13 representantes empresariales y de organizaciones civiles yucatecas con el Presidente.

La posición presidencial fue dura desde el principio: “Desde que tengo memoria del estado socioeconómico del país, recuerdo que se hablaba ya de la crisis de Yucatán”. El malestar de Díaz Ordaz no quedó ahí: “…por cierto, […], hay gente que vivía del henequén y ahora vive del problema del henequén”.

Además de asumir la responsabilidad de las comunicaciones de sus secretarios, el presidente de la República pronunció la frase que se hizo memorable: “Claro —comentó el Lic. Díaz Ordaz—: (los yucatecos, DMSR) no están acostumbrados a pagar por el agua y por eso les molesta. Antes bebían un caldo de microbios, pero ahora cuentan con el beneficio del agua potable”.

Al día siguiente de la entrevista, el Congreso del Estado aprobó nuevas y más elevadas tarifas de agua. Ni así se reanudaron las obras federales en la entidad. Tuvieron que ser los cuantiosos daños de “Beulah”, violento huracán categoría 5 que azotó la parte nororiental de la Península, a mediados de septiembre de 1967, los que finalmente hicieron reconsiderar la posición federal.

Meses después, en noviembre, Acción Nacional se impuso por primera vez en la elección del Ayuntamiento de Mérida.

Mucho ha cambiado la relación entre los estados y el Ejecutivo federal. Ahora sería inimaginable políticamente, además de ilegal, que se detuviera la inversión federal por diferencias como las acontecidas aquel verano de 1967.

Cincuenta años después, la información del desempeño económico yucateco en el segundo trimestre, habla de una entidad que comienza a obtener frutos de su reindustrialización. De ser “el más subsidiado” en los años 60, pasamos a ser “el más seguro” en la segunda década del siglo XXI.


La reconversión económica fue difícil. Más todavía ha sido la transformación cultural para dejar atrás, en el pasado, el subsidio, la dependencia y el agravio.— Mérida, Yucatán.