miércoles, 10 de mayo de 2017

Ley de Aviación Civil. Luces en el cielo

Dulce María Sauri Riancho
En vísperas de Semana Santa, justo cuando comienza el turismo nacional a llenar las playas y los centros vacacionales, hubo dos noticias procedentes de la Cámara de Diputados. Una de ellas, muy alentadora, vino del aire; la otra, proveniente de las carreteras, hizo menguar el optimismo de quienes consideramos que el gobierno tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos a la vida y a la seguridad.
 Comienzo con las reformas a la Ley de Aviación Civil destinadas a regresar al “buen camino” a las aerolíneas que prestan sus servicios a millones de pasajeros en México. Durante muchos años, viajar en avión era privilegio de unos cuantos, por lo caro que resultaba y por razones de seguridad. Al comenzar la década de 1990 la situación comenzó a cambiar aceleradamente. A las dos grandes y tradicionales líneas aéreas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se sumaron otras de paso fugaz, pero que abrieron camino a las aerolíneas de bajo costo. La primera ley en la materia data de 1993, cuando comenzó a popularizarse el transporte aéreo. Fue al inicio de este siglo cuando surgieron varias líneas que volaban al aeropuerto de Toluca para evadir los problemas y los costos de Ciudad de México. Eran los tiempos de boletos baratos de Volaris, luego de Interjet. Casi simultáneamente, Viva Aerobús mostró en territorio nacional que era posible enlazar ciudades sin pasar necesariamente por el saturado aeropuerto de la capital del país. Por ejemplo, sacando cuentas, era más barato comprar boleto de avión Mérida-México, que ir en el ADO. La libre competencia parecía funcionar a favor de los pasajeros. Mexicana de Aviación se declaró en quiebra en 2010 y la sobreviviente Aeroméxico tuvo que procesar la competencia de las nuevas aerolíneas, más económicas, con equipo más nuevo y con contratos laborales menos onerosos. Las líneas de bajo costo abandonaron el aeropuerto de Toluca y se abalanzaron sobre las posiciones y espacios de aterrizaje que la aerolínea más antigua del país dejó libres en Ciudad de México. Si antes de esta explosión de compañías el aeropuerto de Ciudad de México ya estaba rebasado, ahora opera al filo del caos, tanto en el área de atención a los pasajeros como en la capacidad operativa de las pistas. Al inicio de esta administración federal se tomó la determinación de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, para dar servicio a la capital del país y conectarnos más eficazmente con el mundo por vía aérea.

Mientras se concursaban las obras multimillonarias del nuevo aeropuerto y empezaba su edificación, concluyó el “veranillo” de los pasajeros-clientes. Inexorablemente, las condiciones comenzaron a modificarse en su contra. Las líneas de “bajo costo” empezaron a aumentar sus precios a través de mecanismos imaginativos, pero no por ellos menos gravosos. Oferta de tarifas sin incluir el IVA ni impuestos de uso de aeropuerto; cuota para combustible y, desde luego, costo adicional por el asiento (mientras más cerca del piloto, más caro), y lo último, pago desde la primera maleta. Las demoras, con la excusa o razón de “saturación del espacio aéreo” de Ciudad de México, se volvieron costumbre; la pérdida de equipajes, cada vez más frecuente. La sobreventa de boletos, supuestamente autorizada, hizo que familias enteras se quedaran en tierra, complicando enormemente concluir su viaje.

Las reformas a la Ley de Aviación Civil recién aprobadas buscan poner un “hasta aquí” al deterioro en la calidad de los servicios aéreos. Reconozco los estándares de seguridad que mantienen las aerolíneas. Les confiamos nuestras vidas cuando nos subimos a un avión. Pero ello no es razón para pagar por todo, hasta por el vaso de agua que se reparte a bordo. Ahora habrá penas pecuniarias por retrasos, por sobreventas; premios a quienes decidan libremente dejar sus lugares; atención a las necesidades especiales de los viajeros con discapacidad; maletas de mano de una sola dimensión.

Veinticuatro horas para cancelar tu boleto recién comprado, si se equivocó en la fecha o cambió de idea. Indemnización decorosa por pérdida o daño al equipaje.

Es absolutamente posible conciliar los intereses económicos de las líneas aéreas, la libre competencia y la calidad en el servicio, si existe regulación y voluntad política de aplicarla. Eso demostró la Cámara de Diputados. Todavía falta el tránsito por el Senado para que estas reformas sean publicadas y causen efecto. Pero ya se dio un gran paso.

En otra ocasión abordaré el tema de los dobles-remolques en las carreteras federales. Sigue sin solución un tema de lógica elemental, entrampado en la red de intereses que privilegian los grandes tonelajes a la vida de las personas. Me pone el pelo de punta leer que para no pagar las cuotas de la autopista a Cancún, el transporte de carga prefiere utilizar los angostos caminos de Tizimín-Colonia Yucatán que, además, ofrecen la ventaja del poco tráfico. No se vale.

Luces en el cielo. Sombras en la tierra. Este fue el saldo de este periodo ordinario de sesiones en relación con el transporte moderno, confortable, digno y de precio razonable que exige el desarrollo del país.


jueves, 4 de mayo de 2017

Mérida en 2040. Nuevo programa municipal

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días se dio a conocer el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Mérida. Tiene la pretensión de orientar el desenvolvimiento de la ciudad capital y sus comisarías hasta el 2040. El procedimiento seguido para formular el documento de 435 páginas y numerosos anexos con detallada información, se prolongó por más de un año. Hay mucha miga para desmenuzar en un estudio tan extenso y detallado. Decidí comenzar con los temas relacionados con la vivienda de los meridanos, pieza central de cualquier iniciativa que aspire a crear condiciones de bienestar para la población. La ciudad de Mérida es el eje de un sistema constituido por 47 comisarías y sub-comisarías, donde se hallan registradas 328,000 mil viviendas, de las cuales el 70% están ocupadas. En el capítulo de Antecedentes, los autores remarcan una y otra vez que la superficie urbana de Mérida ha crecido incontroladamente desde la década de 1980, pero muy en especial en lo que va del siglo XXI. Que por esta razón existen colonias y fraccionamientos alejados del centro de la ciudad de Mérida, mientras las comisarías y sus pobladores están sujetos a la presión de las inmobiliarias. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! Esta situación no ha sido generada por el crecimiento de la población. Ni han nacido más niño/as de los aproximadamente 15,000, ni tampoco han fallecido más de 8,000 personas en promedio cada año. Aunque nos parezca extraño, de acuerdo a los datos del Programa, tampoco ha habido una llegada masiva de habitantes de otras partes del país y del extranjero. Oficialmente, el municipio de Mérida no llegará al millón hasta después de 2020, (en 2015 éramos 892,363 habitantes, de acuerdo al Conteo oficial) es decir, dentro de 3 años, aunque por el tráfico vehicular pensemos otra cosa. Relativamente pocos pobladores distribuidos en el territorio municipal de 883.4 kilómetros cuadrados, ocasionan lo que el Programa denomina “desarrollo urbano expansivo y disperso” en más de 26,000 hectáreas. En consecuencia, uno de los propósitos centrales del PROMUDUR (el acrónimo es mío) es la “densificación” de la mancha urbana con la finalidad de aprovechar la infraestructura de agua, luz, calles pavimentadas, etc., en vez de andar abriendo nuevos desarrollos fuera de los límites del Periférico. Puestos en el banquillo de los acusados, los meridanos somos culpables de estar muy por debajo de las densidades habitacionales recomendadas por el Programa Nacional de Vivienda (PRONAVI), de 60 a 80 viviendas por hectárea, en vez de las 20 que registra el promedio municipal. A estos datos se suman los índices de hacinamiento. Una vez más, Mérida está abajo del promedio, pues registra menos de un habitante por cuarto, cuando debería consignar, por lo menos, 1.5. Vivimos pues, en terrenos amplios y sin estar “achocados”. Aunque las estadísticas suenen bonito, no es la realidad de algunas comisarías ni tampoco de todos los rumbos de la ciudad de Mérida, donde el hacinamiento familiar y el mal estado de la vivienda son todavía una lacerante realidad, aunque los terrenos en los que se ubican sean relativamente extensos.
Volvamos a las políticas del PROMUDUR para densificar el Área Urbanizada por los Asentamientos Humanos de Mérida. La solución, impulsada desde las instituciones del gobierno federal, ha sido el desarrollo de vivienda vertical, léase edificios multifamiliares. Después de leer el documento, reafirmé la idea de que los lotes relativamente amplios que exige el Reglamento de Construcción del Ayuntamiento, son una necesidad y no un lujo; una posibilidad real y no una utopía. Por razones climáticas pero, esencialmente, culturales, ¿qué sentido tiene inducir a las familias de las clases populares a ocupar un pequeño departamento, donde no habrá esperanza de construir un cuarto, o un segundo piso “apenas mejoren las cosas”? ¿Vale la pena en Mérida cercenar las expectativas? El PROMUDU muestra claramente que es innecesario.

Pero también existe otra amenaza: la incertidumbre sobre los usos del suelo, cuyos continuos cambios afectan la vida de las familias. Por ejemplo, cuando después de muchos sacrificios se logra adquirir una casa, y al cabo de pocos años se instala al lado un taller mecánico, con su eterno golpeteo. O el escándalo de los antros que perturba el descanso de los habitantes del recién repoblado centro histórico de Mérida. O los feos edificios introducidos como cuñas en pequeños espacios, como enfrente de la T-1. Fuera de los fraccionamientos de nueva construcción, donde los giros comerciales están autorizados exclusivamente sobre avenidas o se encuentran completamente excluidos, como en los residenciales, no hay certidumbre alguna respecto a la vivienda-habitación justamente en la zona dentro del Periférico, la que el Programa pretende densificar.

Es posible conciliar una política de estímulos para construir los numerosos lotes baldíos que existen en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Mérida, y por ejemplo, la determinación de una joven pareja de adquirir una casita que crezca con el tiempo, tal como lo hicieron sus padres en el pasado. Las herramientas de las autoridades van desde los incentivos para edificar viviendas en los baldíos –propias o como negocio-, hasta una política fiscal en que el predial sea más elevado para aquellos terrenos que permanecen desocupados. De esta manera, las autoridades contarían con recursos para ampliar la infraestructura en aquellos lugares donde se ofrezcan casas con espacio al menos, para el árbol de naranja agria y el limón en el patio.


jueves, 27 de abril de 2017

En el valle de las sombras II. Desapariciones en Yucatán

Dulce María Sauri Riancho
La semana pasada me referí en este mismo espacio al Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Desapariciones de Personas y Fosas Clandestinas en México. Una lectura superficial de sus páginas parece dejar a Yucatán fuera del horror que asuela a varias regiones del país. Sin embargo, el mismo reporte de la CNDH consigna la desaparición de 1,862 yucateco/as en el periodo 1995-2015. La información provino de las bases de datos del organismo nacional de derechos humanos, recopiladas a lo largo de 20 años, y elaboradas con los reportes del órgano de procuración de justicia local, antes Procuraduría General del estado, hoy Fiscalía General.

En los números de la CNDH, Yucatán ocupa el sexto lugar nacional de acuerdo a las cifras de desapariciones reportadas en esos 20 años, sólo superado por Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Coahuila (pp. 134-135). De acuerdo con la Comisión Nacional, en el estado de Yucatán existían 1,862 personas que se encontraban desaparecidas. Del total, 1,121 (60%) eran mujeres y 741(40%), hombres. Casi 4 de cada 10 desaparecidos eran menores de edad, la mayoría niñas (75%). Se tiene certeza que 539 agraviados eran mayores de 18 años, en tanto que en 614 denuncias (una tercera parte) no se proporcionó la edad de la persona desaparecida. (p. 394)

La lista del horror no había sido depurada en momento alguno en los últimos 20 años, por lo que la Comisión solicitó a todos los órganos estatales de procuración de justicia que revisaran la información que le habían entregado a lo largo de este tiempo. Se trataba de distinguir aquellas denuncias que se habían resuelto con la aparición –viva o muerta- de la persona, para mantener sólo a aquellas que continuaban sin solución alguna en mayo del año pasado. La Fiscalía General de Yucatán (FGY) informó a la CNDH que había localizado con vida a 1,388 personas (75%) y a 43 más, muertas.  La FGY admitió que carecía de noticias sobre 431 denuncias. A la vez, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), a octubre de 2016, reportaba a 60 yucateco/as en su base de datos. La confusión sobre las cifras de desaparecidos en Yucatán se incrementa cuando del informe de mayo del año pasado, la FGY consigna que 60 de los casos vigentes ocurrieron en 2014; 52, en el 2015 y 36 en el año de 2016. Los municipios de Mérida, Progreso y Kanasín concentran el mayor número de denuncias de personas desaparecidas: 177, 28 y 19 casos respectivamente. (p.446)

La CNDH hizo un muestreo de 1,000 expedientes nacionales, con 1,374 agraviados, en el periodo 1981-2016. A Yucatán le correspondieron 12 de éstos, con 12 víctimas (p. 88), A diferencia de otras partes del país, aquí no se ubicó expediente que señalase la posible participación de agentes del estado en las desapariciones.  Sin embargo, hay un caso de presunta intervención de la delincuencia organizada (p. 113). En la mayoría de los doce expedientes yucatecos no se pudo precisar a los posibles responsables de las desapariciones, de las cuales 8 correspondieron a Mérida; y una, a Espita, Santa Elena y Tekax, respectivamente.

¿Cómo podemos conciliar la sensación de seguridad con la existencia de este número de yucatecos desaparecidos? Es cierto que con alguna frecuencia nos enteramos por medio de la prensa de la localización de personas extraviadas, generalmente adultos mayores, que salen de sus casas y por algún padecimiento mental, deambulan por los alrededores sin poder regresar. O también se dan los casos de menores de edad que por problemas familiares deciden fugarse del hogar, dejando a sus parientes con la enorme preocupación y responsabilidad sobre su destino. Aquí viene la primera sorpresa: en Yucatán, a diferencia de otros estados de la república, no existe una agencia especializada en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública hacen el trabajo, pero sin contar con un mecanismo institucional establecido que les facilite su tarea.

La FGY conoce y está comprometida a aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, adoptado nacionalmente en 2015. Existe una Ley estatal de Atención a Víctimas y la comisión correspondiente. Pero aún falta mucho. La Fiscalía yucateca enfatizó que la mayoría de los casos denunciados, las causas de desaparición obedecían “a aspectos relacionados con el entorno familiar” (p. 394). Puede ser cierto. Pero eso no exime a los órganos legislativos de Yucatán de subsanar la laguna existente en el Código Penal del estado respecto a la “desaparición forzada” como delito imprescriptible, autónomo, continuo o permanente. La CNDH subraya que sólo cuatro estados del país no lo han incluido: México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También deberá tipificarse la desaparición cometida por particulares (léase crimen organizado). No se trata de legislar sólo para cubrir el expediente en este delicado tema. El propio Informe de la CNDH alerta de las serias deficiencias que registra la legislación vigente en la mayoría de las entidades del país. Tendremos que estar pendientes de la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, actualmente a discusión en el Congreso de la Unión.


Pongámosle nombre y rostro a lo/as desaparecidos de Yucatán. Tienen familia que los espera; seres queridos que no han perdido la esperanza de que un día regresen.

miércoles, 19 de abril de 2017

En el valle de las sombras. Desaparecidos en México


“Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… Ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina 1976-1981

Dulce María Sauri Riancho
Quizá debí escribir sobre este doloroso tema el miércoles pasado, en vísperas del martirio y crucifixión de Jesucristo, no en la gozosa semana de Pascua. Pero se trata precisamente de pasar por el valle de sombras, hasta llegar al domingo de Resurrección, con el optimismo que brinda al espíritu el saber que Jesús venció a la muerte. Sólo este aliento de esperanza permite acercarse al “Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, dado a conocer el pasado 6 de abril. En sus 630 cuartillas se desgaja el horror de la violencia que ha afectado la vida de millones de personas en todo el país. No es el drama de una tierra geográficamente lejana, como Afganistán o Siria, sino aquí mismo, tan cerca como Veracruz, su puerto y sus carnavales festivos o Tamaulipas, su frontera y su petróleo, al que nos conduce la carretera 180, la misma que pasa por Umán y Mérida, hasta concluir en Cancún. Para mi generación, la del 68 y los movimientos armados, la desaparición de amigos y compañeros fue una lacerante realidad de la década de 1970. La guerra sorda contra la droga y los movimientos guerrilleros en el estado de Guerrero trajo consigo su propia cuota de sangre y desaparecidos. Pero nada, ni siquiera la fase más violenta de la Revolución de 1917, nos preparó para lo que vendría al iniciar el siglo XXI, agudizada aún más en su segunda década. Miles de mexicanos, mujeres y hombres, han desaparecido. Han sido arrancados de sus hogares, de sus familias. No se sabe si están vivos aún, o si forman parte de otros miles enterrados en fosas clandestinas. La mayoría, de familias de condición humilde, pertenecen a clases populares que no tienen medios para levantar su voz y exigir a las autoridades la búsqueda de su pariente. Las instituciones responsables de la seguridad y de la defensa de los derechos humanos no se ponen de acuerdo ni siquiera en la macabra cuenta de los desaparecidos: si son 29,903, como señala el Registro del Sistema Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (SINPEF). O son 24,928 víctimas consignadas por las fiscalías y las procuradurías de los estados. O se acerca a 32,236 casos de desaparecidos en todo el país, de acuerdo a la cuenta del organismo nacional de defensa de los derechos humanos. Como presuntos responsables de las desapariciones, el 27% es atribuido a servidores públicos o agentes del gobierno en sus distintos niveles y el 10% a la delincuencia organizada. Pero en el 63% de los casos, no se pudo precisar quiénes se los llevaron. Lo cierto es que en este Informe, la CNDH declara abiertamente la imposibilidad de proporcionar cifras claras y una estadística confiable sobre este lacerante problema.

Reconozcamos que la desaparición de personas es “uno de los efectos más graves y evidentes que la ausencia de condiciones mínimas de seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad”. No es como en Argentina de la década de 1970, consecuencia de una dictadura militar y su brutal represión. En México, es la colusión de funcionarios y agentes del orden público con la delincuencia organizada, combinada con la corrupción y la impunidad. No hay autoridades que se hagan responsables y protejan a las víctimas y sus familiares- El débil Estado de Derecho impide, incluso, que las autoridades responsables puedan llevar siquiera la cuenta de las denuncias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desplegó sus mejores medios para la realización de este Informe especial. Requirió información detallada a los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades, así como a la PGR. Por increíble que parezca, hubo funcionarios que negaron de plano la información solicitada, como los representantes de la Ciudad de México y Jalisco, bajo la excusa de la protección de datos personales. Otros entregaron datos incompletos o incongruentes con cifras anteriores. Fue aún más difícil obtener el número de fosas clandestinas y los cuerpos humanos recuperados de éstas entre 2007 y 2016. Una “Fosa Clandestina” es “aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley, con el propósito de esconder lo que en ella se deposita, evitando, entre otras cosas, que las autoridades puedan investigar y sancionar las razones de la inhumación”. (p. 450) Las autoridades de ocho estados declararon la inexistencia de este tipo de entierros subrepticios en su territorio. Sin embargo, la CNDH realizó una compulsa entre la información oficial entregada por los órganos de procuración de justicia de los estados y las notas publicadas por los periódicos locales y nacionales al respecto. Se obtuvo que sólo dos entidades, Yucatán y Tlaxcala, efectivamente estuvieron exentas de este fenómeno delictivo.

En Yucatán no hay fosas clandestinas, pero sí personas desaparecidas, de acuerdo a la información consignada por la CNDH. El tema es de la mayor relevancia, por lo que en mi próxima colaboración comentaré la situación específica de nuestro estado. Ante el horror, podemos y debemos abrir los ojos y oídos. Y sobre todo, nuestra inteligencia y corazón.