miércoles, 16 de agosto de 2017

El legado de Cervera, trece años después

Dulce María Sauri Riancho
“Murió Víctor Cervera Pacheco”. Esa triste noticia me alcanzó al otro lado del mundo, en las lejanas Islas Fidji. Imposible llegar al sepelio y al homenaje que el pueblo yucateco, desde el más humilde al más encumbrado, le rindió ese día. Han pasado 13 años y muchas cosas han cambiado en la vida política y económica de Yucatán. Comienzan a desdibujarse en el tiempo las características más notables del gobierno y de la personalidad de quien fue ejecutivo del estado entre 1984 y 1988 y después, de 1995 a 2001, diez años en total.

Vale la pena hacer un breve repaso, que nos permita recuperar de la neblina de la memoria algunos de estos rasgos. Sobre todo, para poner al personaje en su justa dimensión y encontrar en su legado, aliento para enfrentar los retos del siglo XXI.
Foto: internet 
El puerto de altura de Progreso. Comienzo con la tarea del gobernante que supo remontar la adversidad de una hacienda pública —la federal y la estatal— empobrecida por la inestabilidad y la crisis económica de finales del siglo pasado. Alcanzar el calado y mejorar las instalaciones para las maniobras portuarias parecía una obra fuera del alcance de la administración federal en 1984.

La crisis de finales del sexenio de José López Portillo había impactado severamente las finanzas gubernamentales.

Se necesitaba ser un mago para convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se requería un nuevo puerto en Yucatán y a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de que había necesidad de invertir recursos presupuestales más allá del creciente subsidio a la actividad henequenera.

En esos años no existía posibilidad alguna de que el estado aportara recursos, menos se contaba con inversión privada.

Todo tendría que provenir de la magra bolsa federal, comenzando por el proyecto ejecutivo. Cervera lo consiguió: anunció la obra a finales de 1984.

Muy pronto, hileras interminables de camiones iniciaron el traslado de material pétreo hasta la orilla del mar. De ahí, en chalanas se trasladaba hasta una distancia de 7 kilómetros de la costa, donde era arrojado hasta formar una especie de isla.

La genialidad del gobernador fue comenzar por el final, la plataforma de servicios, y no por el extremo del muelle construido por la compañía danesa Christiane Nielsen, cincuenta años atrás. Así, Cervera cerró la posibilidad de dejar a medias la obra y obligó al gobierno federal a seguir entregando su aportación, hasta concluir en 1989.

Los cruceros turísticos tardaron en venir a las nuevas instalaciones, pero los barcos graneleros aprovecharon inmediatamente el mayor calado y la terminal especializada construida para recibirlos.

Gracias a los granos, Yucatán se convirtió en poco tiempo en una maquiladora de cárnicos —cerdo, pollo, pavo— y después, en un exportador a Japón y a otras regiones de México.

La austeridad de la administración en tiempos de Cervera. Muy poco se invertía en publicidad y propaganda gubernamentales, a grado tal que en su interinato no hubo foto oficial del gobernador, pues fue utilizada la misma que empleó en su campaña de senador en 1976, con traje y corbata. “¿Para qué gastar —decía— en esas frivolidades?”

Cervera fue un gobernante “24×7”, día y noche, semana completa, incluyendo domingos. La combi blanca se volvió parte del paisaje nocturno de las calles de la ciudad de Mérida.

Cervera lucía invariablemente pantalón caqui y guayabera blanca de manga larga, una especie de uniforme gubernamental autoasignado.

Su casa de Itzimná, primero frente al parque, luego a un costado, con enrejado que permite vislumbrar a los transeúntes jardín y entrada, nada oculto tras altos muros. Habrá quien señale que las extenuantes jornadas del gobernador y de sus colaboradores se hubieran podido reducir con una mejor planeación de sus tiempos.

Quizá. Pero hasta el más recóndito lugar del estado sabía que en cualquier momento, el gobernador podía aparecer, listo a recorrer en un camión de carga brechas y caminos apartados, hasta llegar a donde se construía una unidad de riego, se electrificaba un poblado o se techaba su escuela.

No parientes, pocos amigos. Los funcionarios de las dos administraciones de Cervera no fueron necesariamente los amigos de juventud, sino aquellas personas —entre ellos o fuera de ese círculo— que podían responder a las exigencias de absoluta dedicación y completa honradez en el desempeño de sus responsabilidades.

Contra las costumbres prevalecientes a mitad del siglo pasado, la esposa de Víctor Cervera, Amira Hernández, trabajó como abogada en el Poder Judicial del Estado desde recién casada. Tras una larga carrera, llegó a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, por derecho propio.

En su primer gobierno, los cuatro hijos de Cervera eran menores de edad. En el segundo, eran jóvenes mujeres y hombres que permanecieron fuera de la administración pública y de los cargos políticos no por falta de aptitudes, quizá tampoco de ganas, sino por la convicción paterna de que la política no era un asunto de parientes y que habría sido injusto favorecer a alguno de ellos a costa de dejar atrás a otros, con iguales o mayores méritos, pero sin padre gobernador.

El legado de Víctor Cervera no es una corriente o grupo político en el interior de su partido.

Nada más ajeno a quien privilegió la cultura del esfuerzo y del mérito, sobre el nepotismo y el amiguismo.


Su principal aportación fue demostrarnos que podemos, que debemos pensar en grande y acometer retos que demandan organización, imaginación y audacia, con la conciencia de que eso es lo que requiere el estado. Es el mejor homenaje a quien hizo de Yucatán su pasión y su vida.— Mérida, Yucatán

miércoles, 9 de agosto de 2017

Reparto agrario. Cárdenas y el henequén

Dulce María Sauri Riancho
El 8 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el acuerdo por el cual se repartieron más de 360 mil hectáreas de tierras entre campesinos yucatecos. Una tercera parte de estas tierras pertenecían a casi mil haciendas henequeneras que existían en esa fecha. No era la primera ocasión en que se ejecutaban acciones agrarias en Yucatán, pero por vez primera la reforma alcanzó masivamente tierras en cultivo y explotación de henequén. En esos años, la economía del Estado y de la mayoría de su población dependía de la producción y exportación de su fibra.
 
La revolución industrial en el norte de América y en países de Europa occidental favoreció la mecanización del trabajo agrícola para liberar fuerza del trabajo y, de esta manera, la modesta fibra de henequén, conocida y utilizada desde la época prehispánica para hacer sogas y costales, se convirtió inesperadamente en producto estratégico para el proceso de transformación en las extensas planicies agrícolas. Sucedió el último tercio del siglo XIX, cuando Cyrus Mc McCormick inventó la cosechadora mecánica que requería la fibra que se producía en Yucatán. Aprovechar esa oportunidad demandó de los hacendados henequeneros grandes cambios en la manera de producir y procesar el henequén. Se inventaron las máquinas desfibradoras; se introdujeron las vías decauville; el ferrocarril se desarrolló rápidamente para transportar pacas de henequén hasta el puerto de Progreso, fundado en 1871 para responder a la demanda internacional de la fibra. Las haciendas henequeneras se conformaron como unidades agroindustriales de producción, organizadas como fábricas, con criterios de productividad en el uso de sus recursos. El maíz de la milpa tradicional fue sustituido por grano que se traía de otras regiones de México o del extranjero. Yucatán, su economía y su sociedad se volvieron altamente dependientes de los ingresos henequeneros.

Como es ampliamente conocido, el panorama favorable al henequén gradualmente comenzó a cambiar. Los altos precios de la fibra alcanzados a raíz de la I Guerra Mundial marcaron el cenit de la exportación del henequén. A partir de la década de 1920 surgieron nuevas regiones productoras en el mundo, como en las colonias británicas y alemanas de África. La innovación industrial creó una máquina cosechadora —la Combine— que ya no requería de la jarcia yucateca para funcionar. La nueva maquinaria desplazó gradualmente a los equipos que demandaban la fibra yucateca. Por si fuera poco, la aparición de las primeras fibras sintéticas impactó a la baja el uso de fibras naturales. Los fantasmas de la competencia y sobre todo, de la obsolescencia tecnológica amenazaban la otrora boyante actividad henequenera.

La sociedad y el fisco de Yucatán se acostumbraron al tiempo de la prosperidad. Los hacendados pensaban que nada podía sustituir al henequén. Vino la Revolución y, con ella, la liberación de los peones de las haciendas henequeneras, que permanecieron trabajando como asalariados del campo. Lázaro Cárdenas comprometió una solución a la injusta distribución de la riqueza que, aun menguada, generaba el campo henequenero. Lo hizo como candidato y cumplió como presidente. Visto en retrospectiva, el presidente de la república tuvo una disyuntiva para resolver el problema de justicia social existente en Yucatán. Pudo hacerlo considerando a las haciendas henequeneras como fábricas, a los hacendados como patrones y a los peones, como trabajadores de las mismas. Por tanto, pudo haber apoyado los contratos colectivos de trabajo, la jornada laboral de ocho horas, el reparto de utilidades, entre otras demandas propias del movimiento obrero de la década de 1930.

La alternativa era la solución campesina, como se hizo en otras partes del país —como Nueva Italia, Michoacán y la Comarca Lagunera—, asignando una parcela para cada beneficiario, que éste se encargaría de cultivar. Cárdenas se decidió por este camino. Repartió las tierras de las haciendas henequeneras entre casi 23,000 campesinos, para crear 272 grupos ejidales. A los hacendados se les respetaron 150 hectáreas sembradas de henequén por propietario; conservaron, asimismo, los equipos para la desfibración de sus pencas. Con el reparto agrario, la unidad productiva de la hacienda henequenera fue desintegrada. Hubiera sido necesario mantener la combinación “cuatro por cuatro”, es decir, un cuarto de superficie dividida entre tierras en cultivo, en explotación, las que se encontraban en decadencia y la parte de descanso, para su recuperación y para disponer de los recursos del monte. La inmensa mayoría de los nuevos ejidos carecían de esa proporción, indispensable para su correcto funcionamiento. Además, quienes trabajaban los planteles, casi 13,000 peones “acasillados”, que eran los jornaleros de las haciendas henequeneras, quedaron fuera de la acción agraria.

Meses después del reparto, en febrero de 1938, surgió el “Gran Ejido Henequenero” y la Asociación “Henequeneros de Yucatán”, que sumaba tierras y recursos procedentes de los nuevos ejidos y de los ex hacendados, bajo la conducción del gobierno estatal. Fue un intento de reintegrar la unidad productiva, ahora sobre las nuevas condiciones sociales.


Falta a la verdad quien afirma que la crisis del henequén fue consecuencia directa del reparto agrario. Cuando se distribuyeron los henequenales en 1937, ya estaban presentes todos los factores que habrían de manifestarse plenamente después de la transitoria prosperidad ligada a la II Guerra Mundial. La dependencia del henequén creó una cultura y una organización productiva que tardamos años en desmantelar. Ahora sabemos que Yucatán no debe ligar su destino a una sola actividad; que la diversificación y el desarrollo armónico de los distintos sectores son indispensables para la sustentabilidad económica y la justicia social. ¿Habremos aprendido la lección?— Mérida, Yucatán.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Verano del agua en el 67

Dulce María Sauri Riancho
Recordar no es ejercicio inútil ni tarea exclusiva de los historiadores y cronistas. Lo que somos y hacemos ahora, en el siglo XXI, sólo se puede entender cuando revisamos el pasado.

Este es el sentido de los aniversarios, en particular aquellos que recuperan décadas o centenarios.

En el verano de 1967 —ha pasado medio siglo—, el llamado “conflicto del agua potable” enfrentó a una parte de la sociedad yucateca con el gobierno federal.

Pronto harán 80 años, el 8 de agosto, que el presidente Cárdenas firmó los decretos para repartir las tierras de las haciendas henequeneras. Poco guarda la memoria colectiva sobre estos acontecimientos, ambos, con trascendentales consecuencias en la organización económica, política y social de Yucatán.

Decidí dedicar dos artículos para comentarlos: hoy, el asunto del agua potable y la próxima semana, el evento que transformó la faz productiva de Yucatán casi por el resto del siglo pasado.

Disponer de agua potable, en tu propia casa, era una necesidad y un signo de modernización. Desde 1904 fue introducido el servicio en una pequeña zona del centro de la ciudad de Mérida.

Sin embargo, la mayoría de la población se abastecía de los pozos excavados en los patios de las casas y de los aljibes, que almacenaban las aguas de lluvia captadas durante el verano, en aquellos hogares que disponían de techo de mampostería.
foto: internet

La calidad del agua que se consumía no siempre era buena. Las enfermedades de origen hídrico asolaban a la infancia, que cada año pagaba su cuota de vidas. Había que hacer frente a la situación mediante una obra pública de gran envergadura en una ciudad de más de 200 mil habitantes, pero también en otras poblaciones del Estado cuyo crecimiento y necesidades sanitarias así lo exigían.

Después de múltiples gestiones y de obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenzaron los trabajos. En Mérida significó abrir las calles pavimentadas para introducir la tubería y poder disponer de 40,000 tomas de agua, casi en la totalidad de las viviendas de entonces.

El grito “¡bomba!”, seguido del estallido de la dinamita para romper la dura roca yucateca, se volvió familiar durante los más de dos años que duraron las obras. Cuando concluyeron, en 1966, sólo se habían logrado conectar 22,000 tomas. Además, por primera vez la población tendría que pagar por el agua.

La fijación de las tarifas del agua potable se volvió entonces un asunto político y social de enorme impacto. Si eran muy altas, la mayoría no podría disponer del servicio; si eran reducidas, no se podría pagar el crédito al BID.

En esos años, la situación económica de Yucatán estaba muy deteriorada, pues su principal actividad, el henequén, había resentido severos problemas de competencia internacional y de su desplazamiento por los productos sintéticos. La cuota establecida, bastante moderada, generó la indignación del gobierno federal.

La respuesta no se hizo esperar: se cancelaron todas las obras públicas federales, incluyendo el nuevo aeropuerto de la ciudad de Mérida. Con el mismo formato, los secretarios de Obras Públicas, de Recursos Hidráulicos, de Salubridad y el de Agricultura informaron la suspensión de obras, a fin de canalizar esos recursos al pago del adeudo, “para salvaguardar el buen nombre de México”.

Abundaban los funcionarios federales en su carta: “…además es Yucatán el Estado que mayores subsidios recibe de la Federación…”. Huelga referir el escándalo desatado ante la descalificación federal. No había otra instancia más que buscar un encuentro con el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En Campeche, el 27 de julio de 1967, en un pasillo del hotel Baluartes, tuvo lugar el encuentro de 13 representantes empresariales y de organizaciones civiles yucatecas con el Presidente.

La posición presidencial fue dura desde el principio: “Desde que tengo memoria del estado socioeconómico del país, recuerdo que se hablaba ya de la crisis de Yucatán”. El malestar de Díaz Ordaz no quedó ahí: “…por cierto, […], hay gente que vivía del henequén y ahora vive del problema del henequén”.

Además de asumir la responsabilidad de las comunicaciones de sus secretarios, el presidente de la República pronunció la frase que se hizo memorable: “Claro —comentó el Lic. Díaz Ordaz—: (los yucatecos, DMSR) no están acostumbrados a pagar por el agua y por eso les molesta. Antes bebían un caldo de microbios, pero ahora cuentan con el beneficio del agua potable”.

Al día siguiente de la entrevista, el Congreso del Estado aprobó nuevas y más elevadas tarifas de agua. Ni así se reanudaron las obras federales en la entidad. Tuvieron que ser los cuantiosos daños de “Beulah”, violento huracán categoría 5 que azotó la parte nororiental de la Península, a mediados de septiembre de 1967, los que finalmente hicieron reconsiderar la posición federal.

Meses después, en noviembre, Acción Nacional se impuso por primera vez en la elección del Ayuntamiento de Mérida.

Mucho ha cambiado la relación entre los estados y el Ejecutivo federal. Ahora sería inimaginable políticamente, además de ilegal, que se detuviera la inversión federal por diferencias como las acontecidas aquel verano de 1967.

Cincuenta años después, la información del desempeño económico yucateco en el segundo trimestre, habla de una entidad que comienza a obtener frutos de su reindustrialización. De ser “el más subsidiado” en los años 60, pasamos a ser “el más seguro” en la segunda década del siglo XXI.


La reconversión económica fue difícil. Más todavía ha sido la transformación cultural para dejar atrás, en el pasado, el subsidio, la dependencia y el agravio.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 26 de julio de 2017

Asamblea del PRI: Truenos y Relámpagos

Dulce María Sauri Riancho
El 12 de agosto se realizará la XXII Asamblea Nacional del PRI. Debiera ser un asunto de relevancia para los integrantes de este partido y para nadie más.

Sin embargo, la preparación de este evento, que reunirá a varios miles de delegados en Ciudad de México, está precedida de ruido y escándalo mediático sobre una posible rebelión interna, ganando la atención de otros sectores de la sociedad, ajenos al partido en el gobierno, pero interesados en todo aquello que pueda tener impacto en la vida política del país. ¡Y vaya que lo que sucede en el PRI causa olas!

Cada tres años, el PRI debe efectuar una asamblea nacional, de acuerdo con sus estatutos. La anterior se llevó al cabo en marzo de 2013, cuando recién había asumido Enrique Peña Nieto la Presidencia de la República.
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Eran momentos de gloria por el primer año de gobierno, del Pacto por México y del aparente inicio de una nueva etapa en la vida política del país marcada por la colaboración entre las distintas fuerzas partidistas.

Tres años después, en marzo de 2016, debió haberse convocado a una nueva asamblea. No sucedió así. Recién había cambiado la dirigencia nacional, con Manlio Fabio Beltrones al frente, cuando se tomó la decisión de postergarla hasta después de las elecciones de junio.

Las derrotas de ese “domingo negro”, cuando el PRI y sus aliados perdieron siete de 12 gubernaturas en disputa, enturbiaron el ambiente de tal manera que resultó inconveniente lanzar la convocatoria ese año. Salió Beltrones y la nueva dirigencia determinó realizar la asamblea después de las trascendentales elecciones del 4 de junio.

Los cuchillos se prepararon para cortar cabezas si el PRI no lograba triunfar en el Estado de México. Lo consiguió —hasta hoy—, junto con sus aliados partidistas, también en Coahuila. Los tambores de guerra tuvieron que enmudecer temporalmente, para enfocarse en la Asamblea.

No es el dirigente en turno a quien tienen en la mira. Van más arriba, hasta la Presidencia de la República. Lo que no se expresó al iniciar el sexenio, en la asamblea de 2013, ahora cobra beligerancia: hay que acotar la participación del Presidente en la definición de la candidatura presidencial del PRI.

Los mismos que ahora demandan “certificado de origen” fueron quienes favorecieron en la anterior asamblea la eliminación del “candado” del desempeño previo de un cargo de elección popular para quienes pretendieran ser candidatos al gobierno de un Estado o a la Presidencia de la República, “candado” establecido en 1996.

Fueron los integrantes de la Nueva Generación —que ahora conforman la Alianza Intergeneracional— quienes introdujeron en los estatutos priistas la figura de “simpatizante ciudadano”, que hace posible la candidatura de cualquier persona con “prestigio, fama pública […] y un nivel de reconocimiento y aceptación superior a los militantes que aspiren al mismo cargo” (art. 166, penúltimo párrafo).

Ell@s les abrieron la puerta a quienes ahora pretenden eliminar de la carrera presidencial aduciendo carencia de militancia. No sé si José Antonio Meade o José Narro aspiran a la Presidencia por el PRI. Si así lo hicieran, como “ciudadanos simpatizantes”, podrían lograrlo al amparo de las actuales reglas priistas.

Quienes los descalifican, lo hubieran pensado mejor en 2013, cuando aprobaron adecuar los estatutos a los nuevos tiempos, quitando “candados”. Ahora es tarde, a riesgo de verse exhibidos como oportunistas o facciosos, al servicio de un precandidato o en la pesca de sus propias candidaturas.

Tal parece que lo único importante es el método de elección del candidato presidencial. Poco, por no decir nada, ha trascendido a los medios de comunicación sobre los trabajos internos para dar respuesta a las demandas de priistas y no priistas de más seguridad, mejores ingresos y trabajos de calidad, entre otras cuestiones de la vida cotidiana que forman parte central de las preocupaciones de millones de familias mexicanas.

La XXII Asamblea del PRI representa para este partido la antesala hacia la postulación del candidat@ presidencial. Para tranquilidad de quienes abogan por la consulta abierta, este procedimiento quedó establecido y se aplicó desde 1999, hace más de 18 años.

Al concluir su asamblea, el partido definirá la estrategia para mostrar a sus prospectos ante sus militantes, pero en especial, ante la ciudadanía. Jesús Reyes Heroles lo sintetizó con maestría: “la forma, es fondo”.

Es común y explicable que los prospectos del partido gobernante surjan del gabinete o entre sus gobernadores. Así sucedió con el PAN en los dos procesos recientes. Así ocurrió en el PRI antes del 2000.

En lo personal, me gustaría que el PRI organizara una especie de “pasarela” entre aquellos hombres y mujeres que compartan la aspiración de gobernar México. Quiero saber qué piensan, qué proponen para resolver los graves problemas del país que la administración de la que formaron —o forman— parte, no ha podido resolver.

Quiero verles pasar la “prueba del ácido” de la opinión pública, de las redes sociales que indagan sobre su pasado desempeño, sobre su probidad en el ejercicio de cargos anteriores. Tal vez la mayor contribución del PRI al proceso electoral pudiera ser la forma como presente a sus aspirantes, ante sus bases y sobre todo, ante el electorado que aspira a convencer.


Mientras, prestemos atención a Campeche y a la mesa de Estatutos que el PRI celebrará en ese vecino Estado 9 y 10 de agosto. Allá estarán los truenos. Los relámpagos que iluminan el camino, pueden estar muy lejos de allí.— Mérida, Yucatán.