miércoles, 18 de octubre de 2017

Zona especial de Progreso. Castigar buenos resultados

Dulce María Sauri Riancho
“No hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Así sucedió con las declaraciones del presidente nacional de la Asoociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) de días pasados, en las que afirmó que Yucatán no contaría con una Zona Económica Especial (ZEE), tal como se estableció desde junio del 2016. Enseguida vinieron los desmentidos del responsable nacional de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien enfáticamente señaló lo contrario. Tal parecía que habría sido un “malentendido” del dirigente de la ANEFAC pero, como otro refrán expresa: “cuando el río suena, agua lleva”. Y en el caso yucateco, lo que trae este embrollo declarativo tiene alguna base de realidad. Sí habrá zona económica especial para Yucatán, pero no tendrá los mismos incentivos fiscales de las de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Y la razón expresada por Gutiérrez Candiani es que el estado “ya salió de la pobreza extrema”, de acuerdo a los índices de CONEVAL.

Pretender desarrollar regiones rezagadas mediante ZEE no es una novedad, ni en México ni en el mundo. El régimen de las maquiladoras de exportación implantado en la década de 1960, permitió el desarrollo económico de la frontera norte de México, en forma destacada Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Reinosa, entre otras ciudades. Esta política fue tan exitosa que fue tomada como modelo por el presidente Deng Xiaoping, quien la impulsó en la región pacífico-sur de China, hasta transformarla en motor del despegue económico del gigante asiático. No son una panacea para combatir la pobreza y la desigualdad, basta recordar que más de la mitad de los intentos en el mundo (1,700), han terminado en fracaso. Esta elevada tasa se debe a que no sólo se trata de aplicar medidas de naturaleza fiscal o arancelaria, sino también de considerar las políticas públicas que las deben acompañar y muy particularmente, entender el tejido social en que se insertan.

Las ZEE aspiran a cerrar las brechas regionales entre la región norte y sur-sureste de México, creando nuevos polos de desarrollo industrial que “atraigan inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población”. Fueron creadas mediante una ley expedida por el Congreso de la Unión en abril de 2016, en la cual se incluyó a Yucatán, ubicado en el décimo lugar de los indicadores de pobreza entonces vigentes. El régimen de zona económica no es extensivo a todo el territorio estatal sino a un municipio y una superficie delimitada en la declaratoria expedida por el Ejecutivo federal con ese objeto.

En materia de ZEE, nada ha sido fácil para el gobierno del estado, empresarios y legisladores federales yucatecos. Estamos en la región sur-sureste, la más deprimida del país; sin embargo, los tres estados peninsulares gozamos de una situación un poco mejor que el conjunto. En este sexenio, Yucatán comenzó a mostrar cambios favorables en los indicadores de combate a la pobreza, crecimiento económico y de empleos formales. Hubo resistencias en la ciudad de México para incluir a Yucatán, que fueron vencidas mediante una eficaz gestión de los legisladores federales. Pero hubo una condición establecida sólo para nuestro estado: la ZEE de Progreso podrá albergar exclusivamente a empresas dedicadas a las telecomunicaciones, información (TIC) o de base tecnológica avanzada. Esta limitación, lejos de perjudicar, permitirá concentrar los esfuerzos en dotar a Yucatán de un espacio en la economía del conocimiento. Las actividades manufactureras seguirán atendiéndose en el resto del estado y no tendrán cabida en este régimen especial.

Las autoridades se aplicaron en la tarea de cubrir todos los requisitos para que el presidente Peña Nieto y su gabinete firmaran la declaratoria de ZEE. Tenemos Ley de Coordinación de ZEE (12 diciembre de 2016); el Congreso autorizó al Ejecutivo estatal para donar a la federación 18 predios de su propiedad en el municipio de Progreso, con el objeto de conformar el territorio de la ZEE yucateca (20 febrero de 2017). Fuimos los primeros en “palomear” la lista completa. Pero el pasado 29 de septiembre, cuando se dieron a conocer tres declaratorias de ZEE, no vino Progreso. Se dijo que atendían prioritariamente a las entidades afectadas por sismos y huracanes en este fatídico septiembre. Que vendríamos incluidos en el “segundo paquete”. Esperar unas semanas no parece el fin del mundo, menos tratándose del proyecto de ZEE. Sí lo lastimaría seriamente si se establece un tratamiento fiscal distinto para Progreso, dado que este año dejamos de estar entre los 10 estados más pobres de México. ¿Castigar el éxito relativo y los buenos resultados que se van alcanzando? Si así fuera, ya no serían 10 años de no pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas que operen dentro de la ZEE de Progreso, sino solamente 8 años y al 50%. ¿Y el IVA? ¿Tampoco será deducible 100%? ¿Y el régimen aduanero sería menos favorable?

La ZEE de Yucatán es pieza de una estrategia integral de modernización en un mundo global. Nos aprestamos a competir en las grandes ligas de las empresas líderes en las TIC, a las cuales buscamos atraer y arraigar. Miles de jóvenes mujeres y hombres yucatecos se están preparando en ingeniería y ciencias exactas. No es quimera apuntar hacia el “Silicon Valley” de México, radicado en el Mayab. El gobierno federal no puede actuar como el cangrejo con Yucatán: tirarlo hacia abajo porque va saliendo del cubo. No nos conformaremos con menos incentivos que los contenidos en las primeras tres declaratorias de ZEE.


A nuestros legisladores federales: ¡abusados con el paquete económico! En las próximas semanas tendrán cerquita a quienes firmarán la declaratoria. Aquí sí podrá venir el presidente de la república el 30 de noviembre de 2018 a inaugurar la ZEE de Progreso como postrer evento de su administración.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Lento proceso de transformación. Margaritas en otoño

Dulce María Sauri Riancho
¿Usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tengamos derecho al sufragio universal nada más porque nacimos con un sexo que no elegimos? —Margarita García Flores, al demandar el voto en 1952

Desde hace 64 años se conmemora en México el 17 de octubre la ciudadanía de las mujeres. A partir de esa fecha, la condición femenina no es impedimento legal para votar o ser electa como representante popular. Aunque la Constitución y las leyes proclaman la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la realidad es bien diferente. Los valores, conductas y tradiciones sólidamente arraigados en la sociedad siguen considerando a quienes participan en la vida pública y en la política como una especie de transgresoras al orden establecido. Estas resistencias soterradas ocultan los prejuicios que todavía subsisten respecto a las capacidades femeninas para tomar decisiones autónomas cuando llegan a los cargos de representación, más cuando se trata del poder ejecutivo. En esos casos, auténticamente se da una búsqueda frenética del varón —esposo, amante, padre, hijo— que conduce a las mujeres gobernantes y les indica qué camino tomar. A esta actitud le he llamado el “referente masculino”, sin que esto implique necesariamente que sólo los hombres son afectados.
El efecto de este prejuicio está a la vista: las mujeres políticas han tenido que sacrificar en muchos casos sus relaciones personales, básicamente porque era —y todavía es— muy difícil conciliar una carrera en ascenso con una relación de pareja estable. Lo que se da por sentado cuando se trata de un hombre, acerca de poner por delante su vida pública con el apoyo incondicional de su cónyuge y la familia, en el caso de las mujeres exitosas ha implicado cuestionamientos políticos sobre el abandono de su papel tradicional como esposas y madres de familia. No es simple coincidencia que el estado civil de la mayoría de las mujeres gobernadoras (siete hasta el momento) o de alto relieve en la vida política, haya sido soltera, viuda o divorciada. Griselda Álvarez, Amalia García, viudas; Beatriz Paredes, soltera. Rosario Robles e Ivonne Ortega, divorciadas. María de los Ángeles Moreno, Socorro Díaz, presidentas de las Cámaras federales, solteras. La misma Margarita García Flores, figura emblemática en el tramo final de la lucha por el sufragio femenino, permaneció soltera. En su momento, fui una excepción como gobernadora de Yucatán, casada, con hijos pequeños (hace más de 25 años). Ahora, es más frecuente encontrar figuras femeninas destacadas en la política que a la vez son esposas y madres. Tal es el caso de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, o la ex alcaldesa del PAN en Monterrey. Ejemplo en contrario es el de las cinco mujeres que han sido postuladas como candidatas a la presidencia: Rosario Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota, eran esposas y madres.

Es lento el proceso de transformación de las tradiciones y costumbres respecto a la participación política femenina, y a la menor provocación surgen los retrocesos y las descalificaciones. Esta situación se da a todos los niveles, aún en los más visibles del quehacer público. Tomo como ejemplo el caso de Margarita Zavala y su reciente determinación de buscar la candidatura presidencial por la vía independiente del PAN. El debate sobre su decisión ha sido intenso, centrado en el impacto de su salida sobre las posibilidades de triunfo de Acción Nacional en la elección presidencial, pero ahora quiero referirme a una faceta de los ataques en su contra que no es posible dejar pasar, si de verdad estamos comprometid@s en la lucha por la igualdad de las mujeres. Resulta que los ataques y previsibles cuestionamientos de sus adversarios políticos han enfatizado su relación de pareja con el expresidente de la república. Llamarla “Señora Calderón” o ponerle el nombre acompañado del apellido de su cónyuge desde 1993, son formas muy concretas de pretender devaluar su trayectoria y su capacidad personal de decidir y disminuir su aspiración de ejercer un cargo público. Atrás de ese hipócrita respeto está el “referente masculino”, el prejuicio de aquellos que niegan en los hechos la igualdad de las mujeres, en búsqueda del hombre-marido que le dice qué hacer, cómo conducirse, negándole incluso autonomía para cometer sus propios errores. A contracorriente de la tradición y de las descalificaciones, Felipe se ha encargado de enfatizar su relación igualitaria, sintetizada en la frase “a donde ella vaya, iré yo”, tal como Margarita lo hizo con él en los seis años de Los Pinos.

Quien pretenda la candidatura presidencial por el PAN tendrá que deslindarse del gobierno de Felipe Calderón, de la misma manera que quien lo haga por el PRI tendrá que hacerlo con las acciones del gobierno actual. “Deslindar” no significa romper, sino distinguir con claridad las diferencias y similitudes de su propuesta política con respecto a la desarrollada por su predecesor. Es indispensable para presentarse como una verdadera alternativa ante el electorado. Esta tarea es más complicada cuando se trata del cónyuge. Quedar en las generalidades, sin hacer un balance crítico de la gestión del último gobernante panista sería muy negativo para Acción Nacional, pero letal para Margarita Zavala. Ser omisa o quedarse “corta” daría al traste con sus posibilidades de triunfo, menguadas ya por su determinación de abandonar la estructura partidista que hasta ahora le dio cobijo.


Margaritas de octubre, Margaritas transgresoras. Una, García Flores, por demandar la ciudadanía. Otra, Zavala Gómez del Campo, por pretender ser candidata en un partido político que, hasta la fecha, ha entendido la participación femenina como un sacrificio, más que un derecho. ¡Suerte, Margarita de otoño!— Mérida, Yucatán.

miércoles, 4 de octubre de 2017

Reconstrucción nacional: costosa desconfianza

Dulce María Sauri Riancho
Cuesta mucho la desconfianza. Cierto es que nos la hemos ganado a pulso quienes hemos participado —o participan— en la vida pública. La corrupción es el combustible de la hoguera de incredulidad ciudadana sobre cualquier cuestión que tenga que ver con programas o acciones de los distintos niveles de gobierno o de sus instituciones. Por la desconfianza se han complicado y encarecido la organización electoral, el INE y los tribunales, los órganos locales, los partidos políticos y su financiamiento. Aun así, seguimos sin creer en los resultados electorales y regateamos la legitimidad del triunfador@ legal de los comicios. Cuando interviene el gobierno en algún asunto, de entrada presumimos concursos simulados, malos manejos de los fondos asignados y pésima calidad de las obras o servicios realizados.

“La burra no era arisca, los golpes así la hicieron”, dice el refrán, para explicar esta arraigada desconfianza social.

Estos sentimientos adversos hacia lo público se acentúan todavía más cuando se enfrenta una emergencia, como las secuelas de los sismos y huracanes que azotaron diversas partes del país en el mes de septiembre pasado. La sociedad dio muestras de su enorme capacidad de movilización ante una situación crítica, en particular la generación de los jóvenes millennials. Sin embargo, transcurrido el momento más agudo, la inmensa mayoría de los voluntarios sociales ha tenido que volver a sus diarias obligaciones de trabajo o de estudio. La conclusión lógica es que las tareas de reconstrucción de vidas y zonas afectadas queden bajo la responsabilidad de los especialistas, que son los servidores públicos. Entonces entra la desconfianza, más cuando desde el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso para renovar a las autoridades: presidencia de la república, legisladores federales y gobernadores en Chiapas, Puebla, Morelos y Veracruz, estados afectados, además de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Hay temor ciudadano sobre la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a reconstruir casas, templos, edificios y espacios públicos.
No importa el partido político de procedencia de los funcionarios. Se dice que todos, sin excepción, sólo buscan votos o, en el mejor de los casos, posicionamiento político de cara a los comicios del 1 de julio próximo. El juicio de la desconfianza abarca a todos, con particular intensidad al PRI, como partido en el gobierno.

El remedio que representa el sistema nacional anticorrupción todavía se encuentra en fase de instrumentación. Por otra parte, la exigencia de los damnificados de una pronta respuesta a sus necesidades más apremiantes de alimentación, casa y vestido se vuelve clamor, especialmente en dos de los estados más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. Y es que los fenómenos naturales golpearon en forma distinta a los grupos sociales. La vulnerabilidad es mucho mayor en los municipios más pobres de México, donde sus pobladores perdieron lo poco que tenían.

Otras son las urgencias y serán las necesidades los habitantes de las colonias de clase media de Ciudad de México, como la Roma, Condesa, del Valle o Villa Coapa, en las semanas y meses por venir. La necesidad es común, pero se requieren distintas estrategias y medidas para atenderla.

El lunes pasado, en Oaxaca el presidente Peña Nieto anunció apoyos por 120 mil pesos por casa perdida, para invertir en otra construcción. Los directores del Infonavit y del Fovissste dieron a conocer que ambas instituciones otorgarán créditos a sus derechohabientes para reparar o adquirir una nueva vivienda, además de gestionar el pago inmediato de los seguros contra sismos o inundaciones. El cedazo de medidas no parece alcanzar aún a aquellas familias clasemedieras de Ciudad de México que perdieron todo. Algunas, el departamento que rentaban; otras más, el condominio o la casa adquirida con el trabajo de muchos años. Se requiere, en consecuencia, el diseño de instrumentos financieros que permitan canalizar recursos a estos estratos de la población que, si bien tienen capacidad de pago, están pasando una situación de emergencia. Una especie de fondo que garantice los créditos para la reconstrucción de vivienda media, con tasa de interés muy por abajo del mercado. Respecto a la infraestructura y los edificios públicos dañados, habrá de realizarse una gran inversión con cargo principalmente al presupuesto gubernamental.


Resurge entonces la desconfianza ciudadana en la capacidad del gobierno para administrar los recursos con eficiencia y, a la vez, en forma transparente. Sería ilógico e injusto que se inhibiera cualquier acción en favor de los damnificados simplemente porque hay elecciones. A la vez, resulta inadmisible que alguna autoridad caiga en el proselitismo electoral con recursos provenientes de la atención a la emergencia. Los diputados se aprestan a discutir los proyectos económicos del Ejecutivo para 2018 en las próximas semanas. El secretario de Hacienda ya anunció que habrá modificaciones en la propuesta original. En este contexto, ha surgido la idea de un “fideicomiso nacional para la reconstrucción”, supervisado por ciudadan@s, que permita “esterilizar” recursos y acciones de cualquier intento de contaminación electoral. Sin detenerse a esperar que esta iniciativa transite los trámites legislativos, hace unos días 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas crearon #Epicentro, una plataforma para dar seguimiento al origen y uso de los recursos destinados para la reconstrucción. La oportunidad está abierta para otorgar un papel protagónico a la sociedad en la reconstrucción. Legisladores, partidos y aspirantes presidenciales tienen la palabra.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Comisión Nacional de Reconstrucción: Peritaje y dinero

Dulce María Sauri Riancho
Me parece que al término del histórico desafío que representará la competencia por el poder en México en 2018, debemos llevar a cabo el más profundo debate nacional sobre el modelo electoral que hemos construido en los últimos 30 años —Lorenzo Córdova, presidente del INE

Ha pasado una semana del terremoto que azotó el centro del país. Su feroz secuela ha sido la destrucción y la pérdida de vidas. Ahora viene la parte más difícil. La solidaridad en la emergencia tendrá que ser sustituida por la capacidad en la reconstrucción. Me referiré a dos de sus principales componentes: uno, el recuento puntual de los daños registrados, lo mismo edificios habitacionales y casas particulares que edificios públicos e infraestructura social. Este recuento debiera acompañarse con un diagnóstico de lo sucedido a la infraestructura y a los edificios, públicos o privados, a las casas que se colapsaron en distintas partes, muy especialmente en la ciudad de México. Saber lo que ocurrió es condición necesaria para que no vuelva a ocurrir.

Segundo: el espinoso asunto del dinero para realizar las obras requeridas para la reconstrucción. Septiembre, mes de la Patria, también de la presentación del último paquete económico de la administración de Enrique Peña Nieto. Apenas el día 8 se hizo entrega de las iniciativas del Ejecutivo federal sobre ingresos y gastos para 2018. La emergencia obligará sin duda a los legisladores a replantear prioridades. Tendrán que hacerlo en las próximas semanas, pues antes del 15 de noviembre deberá ser aprobado el Presupuesto federal del próximo año. Falta poco… y falta mucho…

La emergencia se está atendiendo, por lo pronto, con los recursos asignados al Fonden (Fondo Nacional de Desastres), que cesa sus funciones en cuanto concluye esta etapa. Las urgencias de la catástrofe septembrina no pueden esperar a 2018. La exigencia ciudadana se ha centrado en el dinero que se entrega a los partidos políticos. Deben, dicen, entregarlo para la reconstrucción. Pongámosle números. En 2017, el INE dispone de casi 11 mil millones de pesos para sus actividades, en tanto que los partidos políticos reciben un poco más de 4 mil millones, en total, 15 mil millones de pesos en números redondos. Para “ya” los partidos pueden devolver —o no recibir— una cuarta parte de sus prerrogativas correspondientes al último trimestre del año, que entre los nueve sumaría alrededor de mil millones de pesos. Al momento, sólo el PRI ha renunciado a su última ministración por 258 millones de pesos. En 2018, los partidos prevén recibir casi 6,800 millones de pesos para sus actividades ordinarias y para las campañas políticas de sus candidatos. Por su parte, el INE solicitó más de 18 mil millones de pesos para organizar las elecciones. En total, partidos, candidatos y árbitro electoral requerirán 25 mil millones de pesos el próximo año. Es posible encontrar un mecanismo que permita transferir parte del dinero de los partidos a los fondos de reconstrucción sin necesidad de realizar una reforma constitucional. Ya lo mencionó nuestro paisano, presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. La fórmula de cálculo de los recursos que reciben las entidades de interés público que son los partidos políticos está en la Constitución. Esa también es la razón por la cual los legisladores están impedidos de reducir su financiamiento. Pero nada, absolutamente nada, obstaculiza que los partidos políticos renuncien VOLUNTARIAMENTE a recibirlo.

Pongo en mayúscula la palabra mágica. Y allá comienzan los asegunes. ¿Cómo entregar a ese gobierno, al que tachan de corrupto y manipulador, sus prerrogativas? Consideran que una acción de esta naturaleza los colocaría en desventaja frente al partido en el gobierno en 2018.

Por eso, el Frente Ciudadano proclama que es necesario revisar todo el financiamiento público y realizar, de una vez, la reforma constitucional que lo transforme, que ya no aplicaría en el proceso electoral en curso. El lunes pasado, el PRI presentó una iniciativa para eliminar financiamiento público a los partidos y la totalidad de los legisladores plurinominales y locales. Esto es, una transformación radical del modelo político-electoral vigente desde 1977, cuando desde el 8 de este mes dio inicio el proceso electoral del año próximo.

No podemos permitir que todo quede en una maniobra suspensiva: que todo siga igual hasta que cambien la Constitución y las leyes que fijan el financiamiento público, lo cual requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las dos cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados. Fingir que sí se quiere ayudar, pero hacer todo lo posible para que no suceda.

Por eso, la vía de la renuncia es la más oportuna. Ante ésta, no habría pretexto ni obstáculos legales para que los partidos devuelvan a la sociedad parte de lo mucho que han recibido. Y después de la elección, que los legisladores debatan y decidan sobre el modelo político y su financiamiento, tal como propone Lorenzo Córdova.

Quedaría por definirse quién recibiría los recursos provenientes de fondos públicos, partidos políticos y ciudadanos, dirigidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes. ¿El gobierno y sus instituciones, en año electoral? ¿Los partidos políticos, para que ellos mismos los distribuyan de acuerdo a sus prioridades?

Considero que la propuesta de Enrique Krauze es pertinente: que una comisión de reconstrucción, conformada por ciudadan@s destacados, con credibilidad y buena fama, fuera la que ejerciera los recursos depositados en un fideicomiso público y vigilara su correcta aplicación. La UNAM podría ser responsable del secretariado ejecutivo de esta comisión.


Los legisladores la crearían mediante decreto y los diputados podrían engrosar esa bolsa con las cuestionadas partidas presupuestales de los “moches”, que este año ascienden a más de 9 mil millones de pesos. Y el INE podría contribuir reduciendo en forma significativa la cifra de 18 mil millones de pesos solicitados. Así, los gobiernos (federal, estatales y de la ciudad de México) renunciarían a ejercer los programas y acciones dirigidas a la reconstrucción y podrían seguir adelante con sus funciones ordinarias; los partidos políticos podrían renunciar a sus prerrogativas electorales y la ciudadanía podría realizar donativos con la confianza de que los recursos llegarán a su destino.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Novedades electorales: independientes y otras más

Dulce María Sauri Riancho
Más novedades nos depara la elección de 2018. He comentado en este espacio la aplicación por primera vez de la reelección consecutiva de diputados locales y ayuntamientos, así como la paridad de género en estas candidaturas. Hoy trataré tres cuestiones que, considero, no se les brinda todavía la atención necesaria. Se trata de que por vez primera los yucatecos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, podrán votar para elegir al próximo gobernador del estado. También tendremos la opción de candidaturas independientes, incluyendo el cargo de gobernador. La tercera novedad es que las autoridades electorales federales y locales (INE e Iepac) se pusieron de acuerdo para diseñar un calendario único que permita una mejor organización de esta complejísima elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está realizando una intensa campaña entre los mexicanos residentes fuera del territorio nacional. Se ha flexibilizado el trámite para la obtención o reposición de la credencial de elector con fotografía y se han abierto los registros en embajadas y consulados, estos últimos muy importantes en los Estados Unidos donde vive la mayoría de los paisanos migrantes. Desde 2006 se puede votar desde el extranjero para la elección federal, pero los yucatecos que radican, por ejemplo, en California, ahora lo podrán hacer para elegir gobernador.

Yucatán fue el primer estado de la república que legisló sobre candidaturas independientes en 2006. Bajo esta normativa fue electo el alcalde de Yobaín en 2007. Pero la reforma electoral federal de ese año, por un error en la redacción del artículo 116 constitucional, prohibió las postulaciones fuera de los partidos políticos. La falla se enmendó en 2014, por lo que en 2015 hubo candidaturas independientes en las elecciones locales, aunque ninguna culminó con el triunfo.

Vale la pena detenerse en los requisitos que tendrán que cumplir los ciudadanos que aspiren a ser diputado/as o presidenta/es municipales sin la intervención de algún partido. También es posible postularse por esta vía para la gubernatura del estado. El día de hoy, de acuerdo con el calendario del Iepac, deberá aparecer la convocatoria a los interesado/as en ser candidatos independientes, quienes tendrán hasta el 13 de noviembre para notificarle oficialmente al Instituto Electoral su pretensión. Una vez que el Iepac les dé el visto bueno, el 1 de diciembre, los aspirantes registrados podrán iniciar la recolección de los apoyos ciudadanos necesarios para su registro formal como precandidatos. Tendrán dos meses —del 8 de diciembre al 6 de febrero del año entrante— para recolectar las firmas de apoyo. Si todo estuvo en orden, el 28 de marzo recibirán la autorización para iniciar su trabajo proselitista.

Parece fácil participar sin partido político que respalde una candidatura, pero en realidad no lo es. Veamos. En el transcurso de dos meses para conseguir firmas, las y los aspirantes independientes deberán convencer al 2% del listado nominal del estado (alrededor de 30 mil personas) para que apoyen su pretensión, si quieren la candidatura al gobierno del Estado. Otro requisito es que se debe alcanzar esa cifra en 54 municipios, cuando menos. Las candidaturas a diputados requieren el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón distrital, distribuidos en al menos, la mitad de sus secciones electorales, cada una de ellas con el 1% de los electores inscritos. Imagínense a un aspirante en alguno de los municipios pequeños de Yucatán, que tienen que juntar al 15% de los ciudadanos inscritos. O si son municipios más grandes, con 11 regidores (Valladolid, Tizimín, Umán, Kanasín, por ejemplo), necesitan recabar el 10%. El caso de Mérida es único, pues a quien pretenda llegar al palacio municipal como independiente, le pedirán el 2% del padrón, distribuido en la mitad de sus 470 secciones electorales. Ya veremos cuántos hombres y mujeres asumen el reto de ser candidatos independientes en la próxima elección. Parece que el ánimo febril que acompañó esta modalidad de candidaturas ciudadanas en 2015 se ha resfriado bastante, tanto por los obstáculos materiales, como por los magros resultados de quienes llegaron a sus cargos por esta vía, con la notable excepción del diputado Pedro Kumamoto, de Jalisco.

La tercera novedad es la concurrencia de comicios estatales y federales en prácticamente todo el país. En 30 entidades se elegirán diputados, presidencias municipales, y en nueve de ellas, incluyendo Yucatán, gobernador@. Hay una fecha común para iniciar las precampañas, el 14 de diciembre y para concluirlas el 11 de febrero. En Yucatán, todas las campañas –gobernador, diputados, ayuntamientos- iniciarán y concluirán las mismas fechas: del 30 de marzo, por cierto, Viernes Santo, al 27 de junio: tres largos meses. La concurrencia de fechas tiene efectos también en las precampañas de los partidos políticos. No será fácil cambiarse de partido cuando no se logre una candidatura, pues los partidos tienen la obligación de registrar método de postulación y precandidatos participantes, todos al mismo tiempo. Tampoco la vía independiente será alternativa para los posibles “despechados”. Simplemente, las fechas no coinciden. Ya se fijaron los topes de gastos de precampaña, tan bajos en la mayoría de los casos, que llaman abiertamente a la simulación.


Habrá ocasión de comentar sobre los procesos internos de los partidos políticos en Yucatán, de los posibles escenarios si se consolida el llamado “Frente Ciudadano” y del potencial impacto de las candidaturas presidenciales sobre las posibilidades de triunfo de los distintos partidos en Yucatán. Como ciudadanos, hay que involucrarnos en el próximo proceso electoral. Es demasiado importante para dejárselo sólo a los políticos profesionales. ¿No cree usted?— Mérida, Yucatán.