miércoles, 20 de septiembre de 2017

Novedades electorales: independientes y otras más

Dulce María Sauri Riancho
Más novedades nos depara la elección de 2018. He comentado en este espacio la aplicación por primera vez de la reelección consecutiva de diputados locales y ayuntamientos, así como la paridad de género en estas candidaturas. Hoy trataré tres cuestiones que, considero, no se les brinda todavía la atención necesaria. Se trata de que por vez primera los yucatecos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, podrán votar para elegir al próximo gobernador del estado. También tendremos la opción de candidaturas independientes, incluyendo el cargo de gobernador. La tercera novedad es que las autoridades electorales federales y locales (INE e Iepac) se pusieron de acuerdo para diseñar un calendario único que permita una mejor organización de esta complejísima elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está realizando una intensa campaña entre los mexicanos residentes fuera del territorio nacional. Se ha flexibilizado el trámite para la obtención o reposición de la credencial de elector con fotografía y se han abierto los registros en embajadas y consulados, estos últimos muy importantes en los Estados Unidos donde vive la mayoría de los paisanos migrantes. Desde 2006 se puede votar desde el extranjero para la elección federal, pero los yucatecos que radican, por ejemplo, en California, ahora lo podrán hacer para elegir gobernador.

Yucatán fue el primer estado de la república que legisló sobre candidaturas independientes en 2006. Bajo esta normativa fue electo el alcalde de Yobaín en 2007. Pero la reforma electoral federal de ese año, por un error en la redacción del artículo 116 constitucional, prohibió las postulaciones fuera de los partidos políticos. La falla se enmendó en 2014, por lo que en 2015 hubo candidaturas independientes en las elecciones locales, aunque ninguna culminó con el triunfo.

Vale la pena detenerse en los requisitos que tendrán que cumplir los ciudadanos que aspiren a ser diputado/as o presidenta/es municipales sin la intervención de algún partido. También es posible postularse por esta vía para la gubernatura del estado. El día de hoy, de acuerdo con el calendario del Iepac, deberá aparecer la convocatoria a los interesado/as en ser candidatos independientes, quienes tendrán hasta el 13 de noviembre para notificarle oficialmente al Instituto Electoral su pretensión. Una vez que el Iepac les dé el visto bueno, el 1 de diciembre, los aspirantes registrados podrán iniciar la recolección de los apoyos ciudadanos necesarios para su registro formal como precandidatos. Tendrán dos meses —del 8 de diciembre al 6 de febrero del año entrante— para recolectar las firmas de apoyo. Si todo estuvo en orden, el 28 de marzo recibirán la autorización para iniciar su trabajo proselitista.

Parece fácil participar sin partido político que respalde una candidatura, pero en realidad no lo es. Veamos. En el transcurso de dos meses para conseguir firmas, las y los aspirantes independientes deberán convencer al 2% del listado nominal del estado (alrededor de 30 mil personas) para que apoyen su pretensión, si quieren la candidatura al gobierno del Estado. Otro requisito es que se debe alcanzar esa cifra en 54 municipios, cuando menos. Las candidaturas a diputados requieren el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón distrital, distribuidos en al menos, la mitad de sus secciones electorales, cada una de ellas con el 1% de los electores inscritos. Imagínense a un aspirante en alguno de los municipios pequeños de Yucatán, que tienen que juntar al 15% de los ciudadanos inscritos. O si son municipios más grandes, con 11 regidores (Valladolid, Tizimín, Umán, Kanasín, por ejemplo), necesitan recabar el 10%. El caso de Mérida es único, pues a quien pretenda llegar al palacio municipal como independiente, le pedirán el 2% del padrón, distribuido en la mitad de sus 470 secciones electorales. Ya veremos cuántos hombres y mujeres asumen el reto de ser candidatos independientes en la próxima elección. Parece que el ánimo febril que acompañó esta modalidad de candidaturas ciudadanas en 2015 se ha resfriado bastante, tanto por los obstáculos materiales, como por los magros resultados de quienes llegaron a sus cargos por esta vía, con la notable excepción del diputado Pedro Kumamoto, de Jalisco.

La tercera novedad es la concurrencia de comicios estatales y federales en prácticamente todo el país. En 30 entidades se elegirán diputados, presidencias municipales, y en nueve de ellas, incluyendo Yucatán, gobernador@. Hay una fecha común para iniciar las precampañas, el 14 de diciembre y para concluirlas el 11 de febrero. En Yucatán, todas las campañas –gobernador, diputados, ayuntamientos- iniciarán y concluirán las mismas fechas: del 30 de marzo, por cierto, Viernes Santo, al 27 de junio: tres largos meses. La concurrencia de fechas tiene efectos también en las precampañas de los partidos políticos. No será fácil cambiarse de partido cuando no se logre una candidatura, pues los partidos tienen la obligación de registrar método de postulación y precandidatos participantes, todos al mismo tiempo. Tampoco la vía independiente será alternativa para los posibles “despechados”. Simplemente, las fechas no coinciden. Ya se fijaron los topes de gastos de precampaña, tan bajos en la mayoría de los casos, que llaman abiertamente a la simulación.


Habrá ocasión de comentar sobre los procesos internos de los partidos políticos en Yucatán, de los posibles escenarios si se consolida el llamado “Frente Ciudadano” y del potencial impacto de las candidaturas presidenciales sobre las posibilidades de triunfo de los distintos partidos en Yucatán. Como ciudadanos, hay que involucrarnos en el próximo proceso electoral. Es demasiado importante para dejárselo sólo a los políticos profesionales. ¿No cree usted?— Mérida, Yucatán.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Ciencias y humanidades, ¿visiones encontradas?

Dulce María Sauri Riancho
Mi lectura dominical se vio ensombrecida cuando me enteré de la negativa de Conacyt para concederle una beca a Antonio Salgado. Hijo y sobrino de dos buenas amigas, lo traté como joven profesor empeñado en proporcionarles a sus alumnos una visión integral sobre el desarrollo de Yucatán, de preferencia de propia voz de quienes en algún momento fuimos actores protagónicos. Con esa vocación universitaria, me lo encontré como promotor de foros y reuniones encaminados a enriquecer el debate público acerca de temas de relevancia social y comunitaria, mismo que reforzaba desde su colaboración semanal en el Diario de Yucatán.

Instalado tempranamente en una zona de prestigio y conforte, me sorprendí cuando Antonio anunció su determinación de completar su preparación académica en el extranjero, alentado por la posibilidad de reforzar su conocimiento sobre la relación entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano, desde una perspectiva ética, es decir, desde el ángulo de los valores humanos. Escogió un prestigiado centro educativo, la Universidad de Edimburgo, mundialmente conocida porque en sus laboratorios se realizó por primera vez la clonación exitosa de una oveja, que recibió el nombre de Dolly. Pero más allá de la excelencia en ciencias exactas y naturales, esta universidad de Escocia calificada como una de las 25 más prestigiadas del mundo, está comprometida en explorar y fortalecer el vínculo entre la Ciencia y la Filosofía, particularmente importante en una etapa en que el desarrollo de la sociedad parece postergar los valores de lo humano en aras de una supuesta modernidad.

Tony se fue, culminó con éxito su segunda maestría y muy probablemente continuará con el doctorado, aun sin el apoyo del Conacyt.

El caso de Antonio Salgado me removió una serie de ideas y preocupaciones sobre el rumbo y la orientación del desarrollo científico y tecnológico de Yucatán y del país. He tenido la percepción de que las ciencias sociales y las humanidades son una especie de “patito feo” de los sistemas de innovación e investigación de México: se les tolera, pero en cuanto cuestionan algunos de los paradigmas que impulsan las llamadas “ciencias duras”, son descalificadas con singular ligereza.

Una y otra vez, los avances científicos amplían el entendimiento y a la vez, plantean enormes retos. No se trata de impedir o de poner límites a la investigación y a las ciencias “duras”, sino de acompañarlas desde la ética y la filosofía, en esa increíble aventura que es la expansión del conocimiento humano.

El Conacyt es la “llave maestra” de la formación científica de México. Dirige el Sistema Nacional de Investigadores, por medio del cual se otorgan estímulos y apoyos a quienes forman parte de su red. A la vez, esta institución es responsable de la calidad de los post-grados que se imparten en el país. En el ámbito individual, el Conacyt selecciona a las y los mejores aspirantes para recibir recursos presupuestales que les permitan continuar su formación dentro y fuera de México. Como se comprenderá fácilmente, quienes salen al extranjero representan fielmente las prioridades en materia científica y tecnológica del país.

Ayudada por la información en línea, me dispuse a indagar sobre los becarios Conacyt inscritos en universidades de distintas partes del mundo.

Resulta que de los 5,309 becarios registrados en el periodo enero-junio de este año, el 24% corresponde a Ciencias Sociales. Pero sólo 94, menos del dos por ciento, realizan estudios en el área “humanidades y ciencias de la conducta”, que incluye, además de la filosofía, educación, psicología, comunicación, urbanismo, teatro y literatura, entre otras disciplinas. Específicamente, para el doctorado en filosofía, se apoya a 9 becarios. Claro que les va mejor que a la Historia, que sólo registra siete becarios en total. Una somera revisión de esta lista indica de manera fehaciente cuáles son las prioridades, pero también señala los sesgos institucionales en cuanto a la oportunidad de formación de investigadores de alta calidad en humanidades y ciencias sociales.

El Sistema de Innovación e Investigación del Desarrollo del Estado de Yucatán (Siidetey) comprende la necesidad del desenvolvimiento integral de sus funciones. Por esta razón forman parte de este sistema de instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales y humanidades. En el Parque Científico y Tecnológico de Sierra Papacal se encuentran las nuevas instalaciones del Ciesas y muy pronto, del Centro de Investigación en Geografía y Geomática (Cigget). El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y las facultades de Ciencias Sociales y Antropológicas de la Uady forman también parte del sistema estatal. Aquí no se le hace “fuchi” a la investigación social, ni a la historia.

Pero más allá, cuando observamos lo que sucede en las universidades públicas y privadas yucatecas, confirmamos la total ausencia de la filosofía y la limitada oferta para quienes aspiren a formarse como historiadores. La Universidad Marista inició en el presente ciclo docente una especialización en filosofía, programa al que seguramente se integrará Antonio Salgado cuando concluya su doctorado.

Yucatán pretende participar de la economía del conocimiento y promover una sociedad que la haga suya para su avance y disfrute. Hemos apostado alto y —considero— a tiempo. En este nuevo sistema, no es asunto menor la formación de las personas que tendrán a su cargo desatar el proceso virtuoso de unir a las “dos culturas”: las ciencias y las humanidades. Tony Salgado quiere ser uno de ellos. Habrá más como él. Tendremos que demandar el próximo sexenio que la burocracia del Conacyt voltee a verlos, para alentarlos, formarlos, repatriarlos.— Mérida, Yucatán.

jueves, 31 de agosto de 2017

Temporada de informes. Vísperas electorales

Dulce María Sauri Riancho
Hasta hace poco tiempo, el noveno mes del año se inauguraba con la presentación del Informe presidencial. El ritual político más importante se cumplía a cabalidad, incluyendo las interpretaciones derivadas de su lectura entre líneas, fuente de especulación sobre acontecimientos presumiblemente cercanos, que podrían incluir cambios en el gabinete o anuncios de nuevas obras y programas. Los medios masivos de comunicación se inundaban de imágenes, felicitaciones al primer mandatario o críticas de los representantes de los partidos opositores. En el radar de los acontecimientos políticos de septiembre no existía otra cosa que el sol presidencial.

El proceso democrático del país ha marcado nuevas fechas y las circunstancias se han modificado sustancialmente. Ahora, el presidente de la república envía su informe al Congreso y al día siguiente emite un mensaje al país o, como sucedió el año pasado, entabla un diálogo con jóvenes como una manera de tomar el pulso al grupo más numeroso de la población mexicana sobre la actuación política de su gobierno. Los cambios no paran ahí. Al menos en Yucatán, los informes de los presidentes municipales coinciden en fechas con el Informe presidencial y, en el margen de su demarcación, disputan palmo a palmo la atención de la ciudadanía con los mismísimos spots de Peña Nieto.

Por si no fuera suficiente con esta avalancha publicitaria, los legisladores federales —diputados, senadores— han seleccionado los últimos días de agosto para informar a sus electores sobre sus actividades en las cámaras y los resultados de sus gestiones. Como alud imparable han surgido espectaculares con los rostros y logros de ellos y ellas. Inserciones gráficas en medios impresos; publicidad en los electrónicos, incluyendo comerciales transmitidos en medio de la pelea estelar en la función sabatina de box; interrupciones frecuentes en el canal de youtube de música clásica para introducir al #amigoLibo y sus actividades como diputado, etcétera, etcétera. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Ahora el llamado “mes patrio” tiene nuevos actores de la llamada “clase política” que disputan al Ejecutivo federal la atención pública.

Antes de 1994, el interés sobre el Informe presidencial se acentuaba el quinto año de gobierno. La tradición hizo “del día siguiente” el punto de arranque de la sucesión presidencial. A partir de entonces, el misterio del candidato sería develado en cualquier momento. Así sucedió en noviembre de 1993, cuando el 28 de ese mes la candidatura de Luis Donaldo Colosio fue dada a conocer. El proceso abierto del PRI en 1999 y la dinámica del PAN como partido en el gobierno para seleccionar a sus candidatos, cancelaron prácticamente la expectativa del quinto año en 2005 y 2011.

Pero ahora, en 2017, esa tradición viene de regreso. Y no se debe sólo a las prácticas y costumbres políticas del PRI, sino también a las fechas marcadas por la legislación electoral para los partidos y sus procesos internos. El 8 de septiembre es la fecha mágica. Ese día se inicia el proceso electoral 2018. También es el límite que tiene el ejecutivo federal para entregar sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. La parte política concentra, sin embargo, el mayor interés. La piedra de toque son los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018, expedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). “Piso parejo” le ha llamado el presidente del INE, que se aplicará a todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular por la vía partidista, que “están dirigidos y diseñados para inhibir, evidenciar y sancionar a los tramposos de la equidad electoral” (Lorenzo Córdova Vianello). Se trata, según el árbitro electoral nacional, de que estos aspirantes no puedan aprovechar las prerrogativas de sus partidos en materia de radio y televisión o sus recursos económicos para posicionarse “indebidamente”. Ésta es la explicación de las prisas y los excesos de los actores políticos en los últimos días. Después del próximo 8, cualquier acción de publicidad o propaganda pagada con dinero público o privado podrá ser considerada como erogación con cargo a gastos de precampaña. Y si algún aspirante rebasa el límite, podrá ser negado el registro de su candidatura.

Pero ¿quiénes son los aspirantes de los partidos a los distintos cargos? Excepto Morena, en la presidencia de la república y el gobierno de la ciudad de México, ninguna organización política ha mostrado aún sus cartas. Entonces, ¿quién habrá de ponerse el saco, más cuando hasta el 13 de diciembre comienzan formalmente los procesos internos? Todos y ninguno. La intención del INE de “piso parejo” es buena, pero su instrumentación está sembrada de baches y hoyancos. Es tenue la línea divisoria con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

Por lo pronto, hay ruido adicional sobre la ya tortuosa obligación de informar y la limitada labor de fiscalización de los actos del ejecutivo. La mayoría de los responsables —diputados y senadores— están más preocupados en su próxima candidatura que en indagar sobre el grado de cumplimiento de responsabilidades y compromisos del presidente de la república. Los regidores estarán más interesados en la reelección que en revisar las acciones realizadas por el cabildo. Parece que el futuro se impone sobre el pasado. No obstante, sin rendición de cuentas no hay mejor mañana para la sociedad. ¿Tendremos la fuerza para exigir una cabal fiscalización, aún en vísperas electorales? Me declaro entre el escepticismo y la esperanza.— Mérida, Yucatán.


miércoles, 23 de agosto de 2017

Violencia contra las mujeres. Medir la enfermedad

Dulce María Sauri Riancho
¿Qué sucede tras las paredes de una casa? ¿Cómo se relacionan entre sí las parejas en sus hogares? ¿Cuánto impera la cultura de respeto en el núcleo familiar? ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia que viven las mujeres? Éstas y otras preguntas han inspirado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados. Es la cuarta de un ejercicio estadístico que comenzó en 2003. La Endireh explora sobre cinco tipos de violencia que sufren las mujeres: emocional, física, económica, patrimonial y sexual. En 2016 se inquirió sobre otras dos: atención obstétrica y abuso sexual en la infancia. Los encuestadores tocaron la puerta de más de 142,000 viviendas y en casi todas ellas —85 de cada 100— fueron atendidos por mujeres de 15 años y más. Gracias a esta amplia cobertura se puede conocer lo que sucede a nivel nacional, pero también en las poblaciones urbanas y rurales, así como en cada una de las 32 entidades federativas.

La tomografía de la violencia contra las mujeres es dramática y revela una grave enfermedad social. Dos terceras partes de las mujeres mexicanas han sufrido en algún momento de su vida violencia de algún tipo. Destaca que casi la mitad (49%) han sido emocionalmente abusadas y que cuatro de cada 10 mujeres (41.3%) han vivido algún episodio de violencia sexual. Igualmente grave es saber que más de una tercera parte de las mujeres de 15 años y más han sido objeto de violencia física (34%) y que tres de cada 10 han resentido discriminación en el trabajo o algún tipo de violencia económica o patrimonial.

Sabemos que desgraciadamente existe el “bullying” en las escuelas: una cuarta parte de las mujeres han vivido violencia en las aulas, bien sea física, sexual o emocional. Los compañeros varones son los principales agresores (39.9%), pero también lo son las compañeras, aunque en menor medida (20.1%). Le siguen los maestros de sexo masculino (14.4%) y más abajo, las maestras (5%). En violencia sexual, los principales agresores son los compañeros. Los lugares donde ocurren los hechos violentos son principalmente: la escuela (74.3%), la calle o el parque cercano (15.9%). Domina el tipo de agresión sexual (38.3%), seguido de la emocional (34.1%) y muy cerca, de la física (27.7%).

El ámbito laboral es también fuente de violencia para 27 de cada 100 trabajadoras. La principal forma es la discriminación por su género, lo que incluye la solicitud de la prueba de embarazo antes de ser aceptadas (11.8%). Los compañeros de trabajo son los principales agresores (31.8%), seguidos de los patrones o jefes, mujeres u hombres. La mayoría de las agresiones ocurren en las instalaciones del trabajo (79.1%) y son principalmente, de tipo sexual (47.9%) o emocional (48.4%). Las mujeres tienen menos oportunidades para ascender; reciben un salario menor que los hombres por el mismo trabajo y todavía enfrentan impedimentos y limitaciones para realizar determinadas tareas o funciones reservadas en exclusiva para los varones.

La Endireh captó la discriminación hacia las mujeres que por su estado civil o porque tenían hijos pequeños, les bajaron el salario o las despidieron.

La comunidad, llámese barrio, colonia o poblado, puede ser también ámbito de violencia (65.3%). Sus calles, los espacios públicos, son el escenario más importante para agresiones sexuales, que pueden ir desde un piropo grosero, hasta abuso sexual y violación.

El ámbito familiar tampoco es seguro para las mujeres. La Endireh muestra que una de cada 10 vivió algún episodio de violencia, sin tomar en cuenta las relaciones de pareja, que son tratadas en un punto aparte. La mayor parte de estos actos corresponde a la violencia emocional (8.1%), y los agresores son principalmente hermanos (25.3%), padre (15.5%) y madre (14.1%). Desgraciadamente, los tíos y los primos se muestran como los agresores sexuales más señalados.

Las cifras de la violencia contra las mujeres cobran perfiles dramáticos cuando se indaga sobre la dinámica de las relaciones de pareja. Resulta que 44 de cada 100 mujeres dijeron haber experimentado violencia de su actual o última pareja —esposo, novio—, bien sea de carácter emocional, económica o patrimonial e incluso, aunque en menor medida, física y sexual. Esta situación acompaña a las mujeres en todo su ciclo de vida, desde los 15 años hasta la tercera edad, aunque los eventos de violencia están más concentrados entre los 15 y los 44 años.

¿Por qué, si existe violencia, no fue denunciada por las personas afectadas? La Endireh proporciona algunas pistas.

Para casi un tercio, “se trató de algo sin importancia, que no le afectó” (28.8%) y para otras, “por miedo a las consecuencias” (19.8%). Junto con el argumentos de “por vergüenza” (17.3%), o “no quería que su familia se enterara” configuran un escenario en que las mujeres por razones de género dejan a un lado su derecho a una vida libre de violencia y prefieren sobrellevar en silencio lo que aún consideran “la cruz que me tocó cargar”.

En los comparativos de la Endireh Yucatán no sale bien librado: en el ámbito de “relaciones de pareja” aparece arriba de la media nacional (45.2%-43.9%) y en todos los demás se encuentra muy cerca del promedio.


La Endireh da para mucho. Quedan pendiente de comentar el abuso sexual en la infancia y el maltrato en la atención obstétrica. En este último apartado Yucatán se ubica por arriba de la media nacional, 36.5%-33.4%. Si las encuestas son un reflejo de la sociedad, lo que vemos en la Endireh es preocupante. La violencia no tiene compartimientos-estanco: cuando se trata de las mujeres, se sufre en la escuela, se tolera en el hogar, se practica en la fábrica y afecta al conjunto social. Para vivir en paz demandamos políticas públicas más eficaces para combatirla, atender a sus víctimas y buscar erradicarla.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de agosto de 2017

El legado de Cervera, trece años después

Dulce María Sauri Riancho
“Murió Víctor Cervera Pacheco”. Esa triste noticia me alcanzó al otro lado del mundo, en las lejanas Islas Fidji. Imposible llegar al sepelio y al homenaje que el pueblo yucateco, desde el más humilde al más encumbrado, le rindió ese día. Han pasado 13 años y muchas cosas han cambiado en la vida política y económica de Yucatán. Comienzan a desdibujarse en el tiempo las características más notables del gobierno y de la personalidad de quien fue ejecutivo del estado entre 1984 y 1988 y después, de 1995 a 2001, diez años en total.

Vale la pena hacer un breve repaso, que nos permita recuperar de la neblina de la memoria algunos de estos rasgos. Sobre todo, para poner al personaje en su justa dimensión y encontrar en su legado, aliento para enfrentar los retos del siglo XXI.
Foto: internet 
El puerto de altura de Progreso. Comienzo con la tarea del gobernante que supo remontar la adversidad de una hacienda pública —la federal y la estatal— empobrecida por la inestabilidad y la crisis económica de finales del siglo pasado. Alcanzar el calado y mejorar las instalaciones para las maniobras portuarias parecía una obra fuera del alcance de la administración federal en 1984.

La crisis de finales del sexenio de José López Portillo había impactado severamente las finanzas gubernamentales.

Se necesitaba ser un mago para convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se requería un nuevo puerto en Yucatán y a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de que había necesidad de invertir recursos presupuestales más allá del creciente subsidio a la actividad henequenera.

En esos años no existía posibilidad alguna de que el estado aportara recursos, menos se contaba con inversión privada.

Todo tendría que provenir de la magra bolsa federal, comenzando por el proyecto ejecutivo. Cervera lo consiguió: anunció la obra a finales de 1984.

Muy pronto, hileras interminables de camiones iniciaron el traslado de material pétreo hasta la orilla del mar. De ahí, en chalanas se trasladaba hasta una distancia de 7 kilómetros de la costa, donde era arrojado hasta formar una especie de isla.

La genialidad del gobernador fue comenzar por el final, la plataforma de servicios, y no por el extremo del muelle construido por la compañía danesa Christiane Nielsen, cincuenta años atrás. Así, Cervera cerró la posibilidad de dejar a medias la obra y obligó al gobierno federal a seguir entregando su aportación, hasta concluir en 1989.

Los cruceros turísticos tardaron en venir a las nuevas instalaciones, pero los barcos graneleros aprovecharon inmediatamente el mayor calado y la terminal especializada construida para recibirlos.

Gracias a los granos, Yucatán se convirtió en poco tiempo en una maquiladora de cárnicos —cerdo, pollo, pavo— y después, en un exportador a Japón y a otras regiones de México.

La austeridad de la administración en tiempos de Cervera. Muy poco se invertía en publicidad y propaganda gubernamentales, a grado tal que en su interinato no hubo foto oficial del gobernador, pues fue utilizada la misma que empleó en su campaña de senador en 1976, con traje y corbata. “¿Para qué gastar —decía— en esas frivolidades?”

Cervera fue un gobernante “24×7”, día y noche, semana completa, incluyendo domingos. La combi blanca se volvió parte del paisaje nocturno de las calles de la ciudad de Mérida.

Cervera lucía invariablemente pantalón caqui y guayabera blanca de manga larga, una especie de uniforme gubernamental autoasignado.

Su casa de Itzimná, primero frente al parque, luego a un costado, con enrejado que permite vislumbrar a los transeúntes jardín y entrada, nada oculto tras altos muros. Habrá quien señale que las extenuantes jornadas del gobernador y de sus colaboradores se hubieran podido reducir con una mejor planeación de sus tiempos.

Quizá. Pero hasta el más recóndito lugar del estado sabía que en cualquier momento, el gobernador podía aparecer, listo a recorrer en un camión de carga brechas y caminos apartados, hasta llegar a donde se construía una unidad de riego, se electrificaba un poblado o se techaba su escuela.

No parientes, pocos amigos. Los funcionarios de las dos administraciones de Cervera no fueron necesariamente los amigos de juventud, sino aquellas personas —entre ellos o fuera de ese círculo— que podían responder a las exigencias de absoluta dedicación y completa honradez en el desempeño de sus responsabilidades.

Contra las costumbres prevalecientes a mitad del siglo pasado, la esposa de Víctor Cervera, Amira Hernández, trabajó como abogada en el Poder Judicial del Estado desde recién casada. Tras una larga carrera, llegó a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, por derecho propio.

En su primer gobierno, los cuatro hijos de Cervera eran menores de edad. En el segundo, eran jóvenes mujeres y hombres que permanecieron fuera de la administración pública y de los cargos políticos no por falta de aptitudes, quizá tampoco de ganas, sino por la convicción paterna de que la política no era un asunto de parientes y que habría sido injusto favorecer a alguno de ellos a costa de dejar atrás a otros, con iguales o mayores méritos, pero sin padre gobernador.

El legado de Víctor Cervera no es una corriente o grupo político en el interior de su partido.

Nada más ajeno a quien privilegió la cultura del esfuerzo y del mérito, sobre el nepotismo y el amiguismo.


Su principal aportación fue demostrarnos que podemos, que debemos pensar en grande y acometer retos que demandan organización, imaginación y audacia, con la conciencia de que eso es lo que requiere el estado. Es el mejor homenaje a quien hizo de Yucatán su pasión y su vida.— Mérida, Yucatán