miércoles, 19 de julio de 2017

Luminarias y hospitales. Corte y París

Dulce María Sauri Riancho
Dos buenos negocios para unos cuantos, malos para el gobierno y pésimos para la ciudadanía. Me refiero a las luminarias chinas de las calles de Mérida y al inconcluso hospital de Ticul. Los problemas de ambas obras tienen mucho en común pero también algunas importantes diferencias: una involucra al Ayuntamiento panista de Mérida y la otra, al Ejecutivo estatal priista. También son distintas las estrategias desplegadas para defender a la ciudadanía de un abuso y a las arcas públicas de una erogación que, por decirlo suavemente, en ninguno de los casos encuentra justificantes.
Foto: internet 
El oscuro camino de las luminarias chinas en las calles meridanas dio inicio en enero de 2011. Seis meses antes el PRI había logrado ganar la elección municipal, después de más de 20 años, y el nuevo ayuntamiento decidió emprender la renovación total del alumbrado público, al amparo de un proyecto denominado “Ahorro y Eficiencia Energética del Municipio de Mérida”. Nuevas lámparas de inducción magnética sustituirían a las viejas luminarias de vapor de sodio, más gastadoras de electricidad, según las autoridades. El cabildo aprobó por unanimidad la renovación de más de 80 mil lámparas. Mediante una licitación que en su momento se calificó de “a modo”, la empresa AB&C Leasing obtuvo un contrato de arrendamiento por cinco años. A cambio, la Comuna pagaría $7.8 millones de pesos mensuales por ese plazo (60 meses), hasta llegar a un total de $468.8 millones de pesos. No es extraño que una obra o adquisición de gran envergadura involucre a dos o más administraciones gubernamentales y comprometa presupuestos que trascienden los ejercicios anuales. Pero en el caso de las luminarias chinas de Mérida hubo dos factores excepcionales.

El primero se mostró de inmediato: lámparas que en vez de iluminar, generaban el llamado “efecto cebra”, lo que provocó encendidos reclamos de vecinos que se oponían a la sustitución de sus focos viejitos, pero alumbradores, ante el mal resultado en las áreas donde ya había llegado la “modernidad”.

El otro elemento fue cocinado en los despachos de la empresa arrendadora de las luminarias y un conocido banco español, que decidió realizar una operación común en los negocios, como es el factoraje, por el cual la primera le “vendió” el contrato a la segunda. Así fue sustituida la obligación de pago a AB&C Leasing por los depósitos mensuales a la cuenta del banco adquiriente. El ayuntamiento encabezado por Angélica Araujo alcanzó a pagar 18 mensualidades, pero las restantes 42 quedaron a cargo de Renán Barrera, quien ganó la elección en julio de 2012.

Cuando comenzó la administración panista, existía un real reclamo popular sobre las condiciones del alumbrado público. El nuevo alcalde se encontró con que no podía reclamarle al banco por las luminarias defectuosas o apagadas, de acuerdo con el contrato original, sino que tenía que pagar por las 82,000 lámparas, funcionaran o no. Fue uno de los argumentos para rescindir unilateralmente el contrato. Por parte del banco, no es extraña esa actitud, pues se trata de una institución financiera, a la cual lo único que le importa es cobrar los créditos, no el servicio suministrado. El domingo 16 de junio de 2013, antes de cumplir el primer año de su administración, Renán Barrera dio inicio a los trabajos para sustituir casi el 90% de las luminarias chinas por lámparas de vapor de sodio. Para hacerlo, la Comuna tuvo que contraer un nuevo crédito. El problema no quedó ahí. El banco agraviado interpuso una denuncia por incumplimiento del contrato, que después de un largo litigio llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el resultado conocido: la Comuna deberá pagar a AB&C Leasing, para que ésta a su vez, pueda cumplir su contrato de factoraje con el banco.

Para una mayoría de vecinos, la Comuna tuvo la razón moral para impugnar el compromiso que sumió a Mérida en la penumbra, pero la razón legal les fue otorgada a los demandantes. Si el Ayuntamiento 2012-2015 hubiese continuado con los pagos del compromiso de su antecesor, al Cabildo encabezado por Mauricio Vila le hubiera correspondido pagar las últimas seis mensualidades, aunque la ciudad hubiera permanecido a oscuras. ¿Se precipitó el alcalde Barrera? ¿Debió la Comuna demandar al arrendatario por incumplimiento y esperar la resolución de los tribunales administrativos? ¿Podría haber seguido un camino distinto, menos arriesgado para las arcas meridanas, pero sin resolver el problema de fondo?

Lo que ocurrió con el hospital de Ticul puede ayudar a visualizar si existe un camino alterno en la defensa de los intereses de los ciudadanos y de las finanzas del Estado. A unos días de concluir su administración, el 12 de septiembre de 2012, Ivonne Ortega firmó un contrato con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A., filial del Grupo Marhnos, para la construcción de un hospital de segundo nivel con 90 camas en Ticul. Era el primero de tres nosocomios cuya edificación se haría bajo el novedoso esquema de “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS), mismo que se había empleado para la realización del Gran Museo Maya. El gobierno no mete dinero ni para la construcción, equipamiento y operación —¡qué bonito!— pero a cambio se compromete a pagar mensualmente una elevada cantidad durante el plazo del contrato, que en el caso del hospital de Ticul serían alrededor de 223 millones de pesos anuales durante 25 años, para un total de cinco mil 571.5 millones de pesos.

Al comenzar la administración encabezada por Rolando Zapata debe haberse valorado la pertinencia financiera de los compromisos de las obras PPS. Un indicador es que su gobierno no utilizó la autorización del Congreso para construir otros dos hospitales (Mérida y Tizimín) bajo este esquema, desde luego oneroso, y como se vio en Ticul, ineficiente. Pero ¿cómo deshacer un contrato sin riesgo a una elevada penalización? La empresa incumplió la fecha de entrega de la obra, marzo de 2014, prorrogada hasta enero de 2015. Este incumplimiento es causa de rescisión del contrato, tal como se establece en el mismo, por lo que el gobierno estatal activó la cláusula respectiva. A la fecha, no hay hospital en Ticul pero sí existe un litigio entablado por la empresa ante la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia, sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital de Ticul. Hasta el momento, las arcas estatales no han resultado más lastimadas por las irreflexivas autorizaciones para PPS, gracias a la prudencia que ha demostrado la actual administración para no utilizarlos. Otros han sido los esquemas financieros para edificar el nuevo hospital Materno-Infantil de Mérida, que deberá estar concluido el próximo año, con recursos provenientes del presupuesto gubernamental.


Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Internacional de Arbitraje de París. Hasta allá han llegado los litigios emprendidos por las autoridades para responder a las demandas ciudadanas de una buena administración de las finanzas públicas. Tal vez Barrera Concha se precipitó; quizá Zapata esperó con cautela tiempos y circunstancias favorables para deshacer un oneroso compromiso. Ojalá que París traiga mejores noticias que Ciudad de México. Por mi parte, me quedo con el clásico: “¡Pero qué necesidad”… de PPS, factorajes, etcétera.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 12 de julio de 2017

Casonas y árboles. Bien público, propiedad privada.

Dulce María Sauri Riancho
“Lo mejor que puede sucederles a las casas viejas en el centro de Mérida es que se derrumben. Claro que requieren ayuda para que esto ocurra. En temporada de lluvias, tápenle los desagües de los techos y así, la mampostería cederá. No hay que esperar demasiado”. Quien condenaba a las viejas casonas a la destrucción era precisamente uno de los altos funcionarios responsabilizados de las obras públicas estatales, que participaba en un grupo de trabajo conformado por representantes de diversas dependencias, entre los cuales me encontraba. Al comenzar 1980, debíamos entregar el primer programa de desarrollo urbano del Estado, una de cuyas partes principales era el desenvolvimiento de la ciudad de Mérida. No entendí entonces —ni tampoco ahora— cómo un servidor público podía poner los medios para condenar al patrimonio puesto bajo su cuidado.
Contra estas intenciones de destrucción de lo antiguo surgió el decreto de Centro Histórico de Mérida, que puso bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) los predios de valor arquitectónico, histórico y cultural. Se decidió entonces proteger construcciones de la ola mercantilista que nos invadió en varios rumbos de la ciudad. Aun así, establecimientos públicos y privados se edificaron sobre señoriales casonas del Paseo de Montejo, misteriosamente derruidas en una noche. Al paso de los años, lentamente fue cambiando la percepción colectiva sobre el valor de las antiguas edificaciones. Mirando otras partes del mundo y de México, se vio que éstas podían volverse un elemento de identidad, a la vez de buenos negocios para sus propietarios. La relación entre el INAH y los dueños o adquirientes de los predios catalogados como de valor histórico no ha sido fácil. Éstos acusan a la institución gubernamental de obstaculizar cualquier mejora que se pretenda realizar, más cuando implica alguna nueva construcción. Sin embargo, vale decir que si no fuera por la obstinación de un puñado de técnicos del INAH, el daño patrimonial a la ciudad sería todavía mayor.

Llegaron extranjeros e inmigrantes de otros estados del país, compraron casas de diversos rumbos tradicionales de la ciudad y las remodelaron respetando su entorno. Arquitectos yucatecos se han especializado en este tipo de rescates, que han revalorizado sensiblemente los predios otrora abandonados.

Sin embargo, las grandes casonas siguen sin recibir la debida atención de sus propietarios. Las razones pueden ser múltiples: inversiones cuantiosas, pleitos familiares por herencias, o simplemente, desidia para lidiar con los trámites que requiere la aventura de la restauración. Y viene la temporada de lluvias. La maligna receta de los caños tapados cobra sus víctimas anuales. La seguridad de vecinos y transeúntes es prioritaria. Se habla de demolición, parcial o total, de los predios más afectados. La administración municipal actual, en conjunto con el INAH, ha buscado soluciones que combinen la seguridad pública con la preservación del patrimonio. Y es aquí cuando surge la pregunta respecto a los límites de la propiedad privada; hasta dónde puede ser responsable el dueño de una vieja casona por su destino, que forma parte de un bien público, como es la memoria histórica de una sociedad.

Seguramente las autoridades tienen un catálogo actualizado de las propiedades amenazadas de destrucción en el Centro Histórico de Mérida. Sabrán quiénes son sus propietarios y la situación legal de los predios. En estas mismas páginas se ha planteado la pertinencia de la creación de un patronato o un fideicomiso, a semejanza del establecido en Ciudad de México, que tanto ha hecho para la preservación de la zona. Se trata de unir fuerzas, sociedad y gobierno, para rescatar, rehabilitar, mejorar, preservar el patrimonio material de los meridanos. No todos los predios tienen la suerte de la Casa de Montejo con Banamex o del Hospital Rendón Peniche, con la UNAM. Pero hay otras muchas alternativas para darles vida a los edificios rescatados. Algunos, muy pocos, serán museos; otros tendrán usos comerciales —tiendas, restaurantes, hoteles boutiques— y otros más, casas habitación para familias que quieran disfrutar de un Centro Histórico revitalizado.

Como las antiguas casonas, los árboles son parte del patrimonio de la ciudad de Mérida y sus habitantes. El tema de la preservación del patrimonio arbolario a duras penas se abre paso en la conciencia social. Se avanza en los espacios públicos, pero todavía falta mucho para lograrlo en los jardines y patios de las casas. En una desgraciada similitud con las viejas casonas de los desagües tapados, a los árboles “estorbosos”, “sucios” por las hojas que sueltan, se les vierten líquidos venenosos para que mueran y así tener pretexto para cortarlos. O simplemente, se les tala para dejar espacio a una nueva construcción.


Las viejas casonas y los árboles de los patios tienen la común amenaza de ser considerados sólo propiedad privada, sujetos a necesidades individuales sin considerar el bienestar colectivo. Las casonas tienen al INAH y al INBA para su cuidado. Los árboles en las áreas públicas podrán estar protegidos por la nueva “Ley de conservación y desarrollo del arbolado urbano del estado de Yucatán”, expedida en mayo de este año. Las tensiones entre el bien público y la propiedad privada se resuelven con una buena e imaginativa regulación. Pero también con la conciencia de que todos somos por igual, habitantes de Mérida, con derecho al uso y disfrute de su patrimonio. Y la obligación de cuidarlo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 5 de julio de 2017

Temporada política

Dulce María Sauri Riancho
En 365 días, el miércoles 4 de julio de 2018, se estará celebrando en todo el país el recuento de los votos emitidos el domingo anterior. Esa misma noche habrá ganador@ oficial de la presidencia de la república, de la gubernatura de Yucatán y de otros siete estados. En Yucatán tendremos nuev@ gobernador@ el 1 de octubre. En México, quien gane la Presidencia tomará las riendas del país el 1 de diciembre. ¿Es poco o mucho tiempo? Poco, para enmendar o reconsiderar actos de gobierno que los ciudadanos perciben como inadecuados, insuficientes o, lo que es peor, torcidos. Mucho tiempo será si consideramos que en las próximas semanas y meses la agenda política nacional estará dominada por las campañas. Y los ciudadanos, sujetos a una avalancha de propaganda por todos lados.
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Este fin de semana tuvimos en Yucatán una probadita política de lo que viviremos en los meses por venir. Los tres principales partidos tuvieron presencia activa y masiva en la ciudad capital. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena y muy probable candidato presidencial; Margarita Zavala, en busca del apoyo del PAN para su postulación al cargo que hace cinco años concluyera su esposo. El PRI, con sus propias formas y tradiciones, realizó la asamblea estatal preparatoria de su asamblea nacional del próximo agosto. Vale la pena detenerse en analizar la información que los medios de comunicación nos brindaron sobre estos tres eventos, porque nos permitirá tener una visión más amplia sobre lo que se cocina en cada organización política y las distintas formas como se preparan para enfrentar la que ya se califica como la “madre de todas las elecciones”.

Comienzo con el partido en el gobierno. Con la razón y el pretexto de su próxima asamblea nacional de agosto, el PRI concentró a varios miles de militantes en las instalaciones de la Feria de Xmatkuil. El PRI optó por trasladarse al sur de la ciudad, para no generar en el Siglo XXI un caos por la salida masiva de vehículos a Progreso en el primer fin de semana de la temporada. La elección del lugar marca también un cambio de estrategia: cuidar hasta el mínimo detalle la percepción ciudadana sobre sus actos, en particular la de aquellos a los que en breve, tratará de convencer para que voten a su favor.

Asistieron todos los aspirantes a la gubernatura, quienes escucharon a Rolando Zapata marcar rumbo para su partido en los próximos meses. Al PRI le esperan tiempos complicados. Tendrá que decidir sobre la reelección en los 69 municipios que gobierna, al igual que sus 13 diputados locales. Tendrá también que lidiar con los cientos de aspirantes a integrar los 106 cabildos, más diputados locales, federales y senadores. Pero, a mi juicio, tendrá enfrente la trascendental tarea de convencer a un electorado escéptico de que el PRI representa la mejor opción de continuidad y cambio en el panorama político yucateco.

Será hasta después de su asamblea nacional, en agosto, cuando se den los primeros pasos del proceso interno priista hacia la candidatura presidencial y la forma como participarán sus militantes y simpatizantes en su definición.

Margarita Zavala confirmó con su presencia del sábado pasado los serios problemas que afronta el PAN para la definición de las candidaturas de 2018. La aspirante panista mejor posicionada no apoya la estrategia aliancista de su presidente nacional, pues considera que el PAN primero debe definir su candidat@ y, luego, solicitar que otras fuerzas políticas se sumen al proyecto político del partido albiazul. El “huevo de la serpiente” de la ambición anidó en la dirigencia nacional panista.

Nada hay peor para una organización política que su presidente sea juez y parte en el delicado proceso de la definición de la candidatura presidencial. Las tensiones de “arriba” tienen reflejo local. Un síntoma es el vacío que hicieron las dirigencias estatal y municipal de Mérida al evento sabatino de Margarita Zavala. Esta actitud puede haber causado una concurrencia menor a la esperada al Siglo XXI.

El Parque de la Paz, frente al Centenario, fue elegido por Andrés Manuel López Obrador para la firma del Acuerdo Político de Unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Los tres estados peninsulares fueron los últimos del calendario que Morena inició el 29 de enero en Michoacán, como una forma de promover la propuesta de “gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país”. A diferencia de otras entidades, en Mérida la asistencia estuvo integrada principalmente por simpatizantes o miembros de Morena. No se hizo patente que en Yucatán hubiera permeado la convocatoria a sumarse, en lo que corresponde a las clases medias o empresarios. En el evento dominguero destacó la participación de los vallisoletanos, encabezados por su alcaldesa, posible candidata de ese partido a la gubernatura del Estado. Morena dará mucho que hablar a nivel nacional en los próximos meses. No por la candidatura, que ya está virtualmente definida a favor de López Obrador, sino por la unidad de la izquierda. El resultado electoral del Estado de México debiera ser para Morena una dura lección sobre la necesidad de lograr acuerdos con otras fuerzas políticas no sólo con la ciudadanía.


Viene la asamblea nacional del PRI de agosto. Vienen los tiempos de inscribir coaliciones electorales, que habrán de estar conformadas antes de diciembre. Nerviosismo, desbordes, desfiguros habrán de acompañarnos en los próximos y muy políticos meses. ¡Arrancan motores! Vale la pena estar atentos.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 28 de junio de 2017

Nuevo sistema de justicia penal, señales de alerta

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días, el Diario de Yucatán dio cuenta de dos robos cometidos en un exclusivo fraccionamiento del norte de la ciudad. Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los domicilios lograron captar imágenes de uno de los ladrones. Era el mismo personaje que, meses atrás, cometió un asalto similar en Quintana Roo. En esa ocasión fue detenido y llevado a juicio en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Admitió su culpa; aceptó reparar el daño y devolvió a la víctima del robo dos tantos más de lo que supuestamente había sustraído. Una vez conseguido el perdón por esta vía, salió a la calle para continuar sus actividades delictivas. La situación narrada es llamativa, pero no es excepcional. Tal parece que existe una puerta giratoria, una especie de rehilete, por el que más tardan los delincuentes en ser detenidos, que en lograr su libertad al amparo de los nuevos procedimientos judiciales.

Un breve repaso a las características del nuevo sistema de justicia penal puede ayudar a normar nuestro criterio sobre sus retos y posibilidades. Primer paso: la denuncia o detención inmediata, si la persona es sorprendida en flagrancia, tal como lamentablemente sucedió con el asesino de la joven mujer en Plaza Fiesta. Si esto último sucede, pasa de inmediato al juez. Segundo paso: la investigación. Corre a cargo de la policía especializada, que en el caso de Yucatán depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Con los elementos recabados, es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determina si se cuenta con suficientes evidencias para acudir al juez de control, que decide si se somete a juicio a la persona imputada. Si es el caso, el juez puede imponer medidas cautelares para asegurar su presencia. Tercer paso: el juez admite las pruebas que se revisarán durante el juicio y que son presentadas tanto por el imputado como por la víctima. En esta etapa del proceso es cuando se dan las llamadas “salidas alternativas”. Significa que el imputado acepte su culpa (como el ladrón de cajas fuertes) y repare el daño ocasionado a la víctima. Si el esfuerzo de mediación fracasa, se sigue juicio. Cuarto paso: el juicio oral. En el nuevo sistema de justicia, implica una audiencia pública en que el ministerio público, que actúa como acusador, y la defensa del imputado debaten ante el juez. Con estos argumentos, el juzgador decide sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado.
 
Desde mi perspectiva, son tres las novedades del recién implantado sistema penal.

1.- La cárcel. En el sistema anterior, cualquier acusado tenía en los hechos que demostrar su inocencia, las más de las veces, desde la cárcel. Si la media de prisión por los delitos presuntamente cometidos era inferior a cinco años, podía enfrentar el proceso en libertad, previo pago de una fianza. Esto hacía que solamente aquellos que contaran con recursos económicos, además de un buen abogado, pudieran evadir la prisión preventiva. Ahora, casi todos los “imputados” pueden hacerlo en libertad, portando un “brazalete”, que permite ubicar al procesado donde quiera que se encuentre; o el convencional sistema de presentarse a firmar con cierta periodicidad.

2.-Soluciones alternativas al juicio. Evitan que la gente vaya a la cárcel por robar desde una gallina hasta una caja fuerte. Sólo funcionan en los delitos que no son considerados “graves”, como son homicidio, secuestro, violación. Tampoco existe mediación para la violencia doméstica, que pone frente a frente a víctima y victimario, aunque muchas veces las mujeres otorgan el perdón a los cónyuges o parejas agresoras. “De lo perdido, lo que aparezca”, “más vale un buen arreglo a un mal pleito”, etc., refranes de la sabiduría popular que abonan a la mediación para evitar ir a juicio.

3.-El juicio. Es público y oral. Todo se graba en video-, para cualquier consulta posterior. De esta manera se pueden conocer con claridad los argumentos de las partes y las razones del juez para condenar o liberar al imputado.

No son pocas las voces de la sociedad que critican severamente los resultados de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. En algunos casos, como sucede en la ciudad de México, sus mismas autoridades atribuyen el aumento de los robos y asaltos a los nuevos mecanismos que, supuestamente, hacen nulos los esfuerzos de la policía y de los ministerios públicos para contener las actividades criminales. Y cuando nos enteramos de sucesos como los de los ladrones de cajas fuertes, también se los atribuimos al nuevo sistema, que no dejó bajo resguardo a los delincuentes.


Desconocemos el porcentaje de personas sujetas a proceso que respetan las nuevas medidas cautelares. Parece que sólo uno de cada diez lo hace, en tanto que los demás aprovechan la opción de libertad para poner pies en polvorosa, con todo y brazaletes electrónicos. Los acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército (metralletas, “cuernos de chivo”, morteros, etc.), también pueden rápidamente volver a la calle, porque no es delito grave. Estas aberraciones legales serán seguramente corregidas en breve tiempo. Pero falta el cambio verdadero, que se manifiesta en el terreno de la cultura y las prácticas sociales. ¿Por qué no huyen los acusados en Estados Unidos y aquí sí? Porque conocen el elevado costo que representa hacerlo. Reaprehendidos, los mandan a prisión sin alternativa alguna. La reincidencia delictiva se castiga duramente. Por eso la sociedad confía en un sistema que da oportunidad de rectificación. Pero si la persona no la aprovecha, entonces cae sobre ella el “duro peso de la ley”. Es el siguiente paso que debemos dar. En tanto, démosle oportunidad de madurar al nuevo sistema de justicia penal. Arreglémoslo, mejorémoslo, pero no lo desdibujemos y sobre todo, no caigamos en la nostalgia de extrañar el pasado. dulcesauri@gmail.com