jueves, 11 de noviembre de 2010

Vieja virtud: "Veo, oigo y ¿callo?

La libertad de expresión

Dulce María Sauri Riancho


En la educación de las jóvenes y las niñas del siglo pasado la discreción era una virtud que se enseñaba con la conocida frase: "ver, oír y callar".

El simbolismo era muy claro: a pesar de conocer o de enterarse de determinado acontecimiento que afectase de alguna manera su vida y su pensamiento, el silencio era la única forma de cumplir con el papel de obediencia y subordinación que la sociedad asignaba a las mujeres.

Algo semejante sucede con la libertad de expresión. La principal diferencia estriba en que ahora se trata de los dos sexos, mujeres y hombres; que quien aconseja o impone callar no es la abuelita, no son las costumbres y las tradiciones, sino la fuerza del poder que se concentra en el Estado, en el gobierno o en algunos grupos con suficiente capacidad para pasar por encima de las leyes y obligar a personas, a medios de comunicación, a cerrar la boca.

Imaginemos a la Libertad como un músculo que requiere de continuo ejercicio para mantenerse en forma. Es el que sostiene con su fuerza, al aparato de convivencia social y a otros derechos, como el de Información, de Reunión, de Manifestación. Cuando se debilita, lo resiente el conjunto. Además, la Libertad no puede vivir aislada dentro de las casas, en el seno del hogar y quedarse guardada cuando salimos a la calle, como tampoco podemos dejarla fuera al volver al seno de la familia.

En nuestra Constitución, la Libertad de Expresión es una garantía individual. Esto significa que el Estado, o sea el gobierno, está obligado a garantizar su ejercicio, a eliminar los obstáculos que atenten contra ella y a propiciar su activo desarrollo.

La educación es la mejor vitamina para la Libertad; en sentido contrario, la ignorancia y el analfabetismo son cadenas de sumisión y silencio.

No podemos esperar hasta que toda la población esté educada y vivamos en una sociedad igualitaria para demandar garantías para expresarnos, para informarnos, para manifestarnos y ejercer la crítica, para revisar la actuación del gobierno.

Si "no hay peor ciego que el que no quiere ver", también existen autoridades que se encargan de ocultar los resultados de sus obligaciones. Por una parte, una sociedad con escasa o nula información poco puede demandar de sus funcionarios. Algunos de ellos siguen la táctica de guardar "bajo siete llaves" las nóminas, los gastos, los compromisos financieros; otros prefieren sepultarlos en un aluvión de datos inconexos, palabras vacías de contenido, eso sí, envueltas en la magia de los promocionales de televisión.

Otra frase nos recuerda que "no hay peor sordo que el que no quiere oír". Corresponde a quienes prefieren encerrarse en sí mismos, concentrarse en su trabajo y no meterse en el lío de enterarse de lo que pasa en su entorno, no escuchar las voces y las opiniones de otros.

Vivimos una etapa en que un sector prefiere no ver, no oír, callar. "Desinterés ciudadano" le denominan los especialistas; "mayoría silenciosa", le dicen los políticos. Esta omisión cívica se vuelve autocensura y temor frente a los gobernantes; no se les reclama ni siquiera la liquidación de los adeudos, no sea que se vayan a molestar y ejerzan su ira contra los acreedores. "Aguantar", "tolerar" son los verbos favoritos de los ilusos que creen poder salvarse solos. Algún día, quizá dolorosamente, tendrán que rendirse ante la evidencia de que los derechos humanos alcanzan a toda la sociedad y que su violación afecta a todos, que no existen "islas" individuales.

Las medicinas para curar a las libertades lastimadas están a nuestro alcance. No digo que sea fácil exigir a las autoridades que informen con claridad, en forma detallada y de fácil comprensión y acceso. Tan importante es conocer el costo y el destino de los "mucbilpollos viajeros" como las causas y los alcances de la "iliquidez" que diagnosticó el Dr. Baqueiro, a pesar de la transfusión de 1,840 millones de pesos. Para lograr la información que requiere cualquier expresión fundamentada se necesita tesón, perseverancia y ánimo social que hay que recuperar.

Tenemos que voltear la mirada a los medios de comunicación social existentes en nuestro estado. Ellos, sus propietarios, sus empleados y trabajadores hacen posible el ejercicio de la libertad de expresión. En otras partes de México su vida ha sido vulnerada, su libertad cercenada frente a la actuación del crimen organizado. En Yucatán eso no ha acontecido, pero eso no significa falta de tarea. Es indispensable en términos de salud social, conocer el gasto gubernamental en publicidad, propaganda (abierta o encubierta) que se aplica en los medios impresos y electrónicos de nuestro estado. Dónde, cuánto, a quién se paga, son preguntas que exigen respuestas claras. Tiene que ver con la actitud de los editores para recoger las distintas expresiones ciudadanas, comenzando por las críticas al propio gobierno. La célebre frase: "no les pago para que me peguen" no pertenece al pasado; está presente y se practica. Por eso es vital conocer los compromisos financieros del gobierno estatal con los medios de comunicación, locales y nacionales.

Esto vale para los medios públicos también: canal 13 de televisión local, propiedad del gobierno estatal; Radio IMER (ex Solidaridad) y Radio Peto; éstos tendrían que ser el mayor escaparate para el ejercicio de la libertad de expresión, verdaderos medios de "Estado", lo que significa servir a la sociedad en sus múltiples expresiones, no sólo a su propietario, el gobierno o a su responsable temporal, la gobernadora.

"Hablar", no callar, es la consigna de la libertad: para pensar, expresarse, actuar. "Veo, oigo y hablo", aunque incomode (y no sólo a mi abuelita, que en paz descanse).