miércoles, 17 de diciembre de 2014

Patrimonio y memoria. Rector de libros

Dulce María Sauri Riancho
El próximo 31 de diciembre termina la gestión del rector Alfredo Dájer al frente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde esa importante posición académica coincidió con tres gobernadores, uno del PAN y dos del PRI, pues inició su responsabilidad el 1 de enero de 2007.

Estos ocho años han transcurrido entre cambios políticos en el país y en el estado; turbulencias económicas con sus secuelas sobre el presupuesto universitario y un ambiente de crispación que rodea la función pública en general, consecuencia del clima de desconfianza que se vive.

Le compete a la comunidad universitaria hacer el balance de la administración que concluye. También a la sociedad yucateca a la que sirve y se debe la Uady. En esta parte que me corresponde quiero destacar dos aspectos que, no me cabe duda, marcarán con un sello característico el paso del rector Dájer. Uno de ellos es el relativo al traslado de facultades y escuelas a nuevos edificios en modernos campus, localizados en la parte externa del periférico. Apenas el lunes pasado se inauguraron formalmente las instalaciones de la Facultad de Derecho que, junto con Antropología y Economía, fueron reubicados camino a Cholul. Incluso, se habla de que el tradicional edificio central de la Universidad será destinado a actividades culturales, en tanto que la rectoría se cambiará a alguno de los locales desocupados. Dájer deja un patrimonio material acrecentado a la Universidad Autónoma de Yucatán. Nuevos edificios, campus de Ciencias Exactas e Ingeniería, Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, que junto con el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicado cerca de Xmatkuil desde hace varios años, integran las instalaciones localizadas fuera del periférico. En tanto, Ciencias de la Salud y Arquitectura, Arte y Diseño, permanecen en sus edificios tradicionales. La primera, muy cerca del hospital escuela O’Horán, del cual no debe apartarse. Y Arquitectura, afortunadamente en una edificación del siglo XVII, anexo del viejo templo de La Mejorada, entre cuyos gruesos y antiguos muros se forman jóvenes profesionales que han dado relieve nacional a la arquitectura yucateca.

La otra parte del legado patrimonial del rector Dájer tiene que ver con lo intangible, aquello que pertenece al mundo de la memoria social y de la identidad colectiva. Me refiero a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), cuya primera edición en 2012 conmemoró los noventa años de la fundación de la Universidad por Felipe Carrillo Puerto. Este 2015 tendrá su cuarta edición, la cual presenta además de exposición y venta de libros, seminarios y encuentros de escritores, entre los que destaca el Congreso Internacional de Literatura UC (Universidad de California)-Mexicanistas. Iniciar una tradición cuando de libros se trata, siempre tiene un alto grado de dificultad. Dájer logró llevar adelante este esfuerzo para poner al alcance de la sociedad yucateca lo mejor en cuanto a literatura y sobre todo, de irradiar desde el recinto de la Filey, amor por la lectura y los libros. A la Uady le cuesta dinero ciertamente, pero es una forma como la Universidad devuelve a la comunidad algo de lo mucho que hace por ella. Espero que la próxima administración que da inicio el 1 de enero, así lo asuma y no se deje seducir por los “angustiosos” gritos de sirenas administrativas que demandan ajustes presupuestales donde no deberían ni siquiera ser considerados.

Ese compromiso con los libros y la lectura debe haber estado en el fondo de la determinación de que la Uady asumiera el proyecto de dotar a Yucatán de una nueva Historia General. Heredera de la Enciclopedia Yucatanense, editada por primera vez en la década de 1940, y reeditada con adición de tres volúmenes en 1980, comparte con Yucatán en el Tiempo que vio la luz en 1999, la singularidad de ser obras de carácter colectivo que aportan a la memoria social de los yucatecos. Para nosotros, el conocimiento de los tiempos pretéritos nos brinda certidumbre e identidad en el presente. Por eso no es casualidad que en esta tierra se haya registrado a lo largo de generaciones un significativo esfuerzo intelectual por conocer, describir y analizar el tiempo pasado. El sentimiento del pasado es parte integrante y fundamental de la identidad yucateca, porque afirma nuestro ser colectivo y nos dota de identidad para transitar en un mundo globalizado.


Sin embargo, acometer la hechura de una obra de la magnitud de una historia general por parte de la Universidad exigía un gran esfuerzo de investigación, coordinación y presupuesto para que finalmente viera la luz de una edición. Sucedió. Tres investigadores de la Uady, bajo la coordinación general del doctor Sergio Quezada, lograron concertar textos provenientes de otros académicos reconocidos de distintas partes del mundo, además de México y de Yucatán, un total de nueve mujeres y veintisiete hombres. Y el lunes pasado se presentó y se puso a la venta. Ese mismo día, por la mañana, Alfredo Dájer mostró el legado de su gestión con el patrimonio tangible de las nuevas instalaciones. Y en la tarde, en el vetusto edificio sede de la Facultad de Arquitectura, presentó a través de la Historia General de Yucatán, su parte intangible, la de los libros y la lectura, la que nutre el alma en estos tiempos de crispación e incertidumbre. Rector de libros. Al tiempo…- Mérida, Yucatán.

lunes, 15 de diciembre de 2014

Violencia en el sur de Yucatán: Una señal de alarma

Dulce María Sauri Riancho
En estas últimas semanas se han dado a conocer los resultados de diversos estudios sobre la seguridad en el país, provenientes tanto de datos estadísticos como de encuestas de opinión. La encuesta anual del Inegi (Envipe), así como otros trabajos de investigación realizados por organizaciones de carácter privado coinciden en señalar a Yucatán y a Mérida como dos de los lugares más seguros para vivir. Esta consideración descansa tanto en las cifras de homicidios, secuestros y otros delitos de alto perfil asociados al crimen organizado, como -lo más relevante- en la percepción que los yucatecos tenemos de vivir seguros.

Tantas “porras” nacionales recibidas en materia de seguridad parece que han logrado adormecer de alguna manera el sentido de alerta ante acontecimientos que deberían encender “focos amarillos” en el plácido tablero de nuestra complacencia. Y una de esas señales de alarma proviene del Sur. Entre las huertas de frutales y sembrados de hortalizas se está gestando un fenómeno que aún no captura el interés debido de las autoridades. Un ejemplo reciente de esta situación lo representan los sucesos de Pustunich, comisaría de Ticul, donde “… un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, encapuchados y en motocicletas, trató de matar a pedradas a un par de cuñados, JFCH y JMC, y a la esposa de este último…”.

La región sur de Yucatán se caracteriza por la convivencia entre poblaciones y localidades prósperas, con recursos económicos provenientes de las actividades agrícolas y el comercio de frutas y verduras producidas en sus numerosas huertas. Cuenta también con tecnología moderna para cultivar en invernaderos y en grandes extensiones dedicadas a las hortalizas de exportación al mercado norteamericano. Pero, por otra parte, en la zona sur se ubica Tahdziú, el municipio clasificado como el más pobre de Yucatán, cuyos habitantes están dedicados en su mayoría a la milpa tradicional, con sus magros rendimientos. Si sumamos que atrás de la prosperidad se oculta el desempleo y la falta de opciones productivas para los jóvenes, incluyendo los egresados de las instituciones de educación superior de la zona, entenderemos las razones de la población trabajadora sureña que, ante la falta de oportunidades en su región, se va a laborar a Cancún y a la Riviera Maya. Unos son los llamados “semaneros”, porque cada fin de semana retornan a sus casas, donde han permanecido sus esposas e hijos pequeños, además de los ancianos que ya no pueden realizar las desgastantes jornadas de trabajo y traslados de cada siete días. Otros sureños han emprendido viajes mucho más largos que al norte de Quintana Roo. Son aquellos que, desde hace más de 50 años participaron en el programa “Bracero”, por medio del cual se trasladaban a los Estados Unidos con un contrato temporal. Quizá esta experiencia fue el origen de la costumbre de ir a trabajar al vecino país, con papeles o sin ellos. En algunos casos permanecieron e hicieron su vida por allá. En otros, regresaron, bien fuera por propia voluntad o deportados después de alguna experiencia terrible con la “migra” norteamericana.

Desde hace varios años se han dado a conocer diversos incidentes de violencia que traspasan, con mucho, los delitos tradicionales cometidos en el sur de Yucatán. Me refiero al aumento del número de homicidios cometidos en riña, dicen que motivado por el alcohol o como resultado de la violencia doméstica, que se suman al aumento considerable de denuncias de robos de bombas para regar, tubería y otros instrumentos del trabajo agrícola, que hasta hace poco eran respetados, aun si se encontraban en aisladas huertas de la región y sin vigilancia humana alguna.

Más grave que la cantidad es la forma como se han cometido diversos ilícitos en la región sur de Yucatán. Se han ejecutado en pandilla, mediante la asociación de grupos de jóvenes que se organizan para amenazar, despojar, agredir e incluso matar a aquellos con quienes disputan espacios y propiedades de determinados bienes. Por eso resulta particularmente preocupantes los sucesos de Pustunich, por la casi veintena de jóvenes que se pusieron de acuerdo para amagar y apedrear a tres personas, con intenciones de privarlas de la vida.

Ignoro las causas de la agresión al trío de Pustunich. Pero la forma de ejecución en su modalidad de “pandilla” es razón suficiente para encender con particular intensidad la señal de alarma. Es cierto que las armas fueron piedras, no metralletas, pero ¿se trata de esperar hasta que haya un enfrentamiento en que salgan a relucir pistolas, balazos y muertos? Las poblaciones del sur de Yucatán merecen sentirse tan tranquilas como los habitantes de Mérida.


El Sur de unos y de otros necesita un programa especial que permita ejercer el derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. En su diseño deberán intervenir antropólogos y sociólogos, además de los responsables de la seguridad pública estatal. Habría de convocarse a las organizaciones sociales y cívicas de la región, para escuchar sus opiniones y comprometer su acción, en conjunto con las instituciones gubernamentales. Castigar el delito no basta: se requiere llegar a sus raíces y combatirlo. Reconocer que existe el problema es el primer paso para actuar. Estamos a tiempo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Municipios intervenidos. Contra la infiltración del crimen

Dulce María Sauri Riancho
El pasado jueves (27 de noviembre) el presidente Peña Nieto presentó una batería de diez puntos como parte de una estrategia integral para combatir la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad, así como las desigualdades sociales más lacerantes, localizadas en el sur-sureste de México. De esta manera, plantea una primera respuesta articulada ante las intensas manifestaciones de descontento que se han dado a lo largo y ancho del país desde el pasado 26 de septiembre, cuando ocurrieron los reprobables hechos en Iguala.

La agenda presidencial incluye lo mismo acciones concretas, de resultados inmediatos, que el diseño y aplicación de políticas públicas, con efectos en el mediano y largo plazo, como es el combate a la pobreza en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Independientemente de los tiempos de ejecución o de los mecanismos de coordinación intergubernamental considerados, los diez temas merecen ser analizados y discutidos ya que tocan campos de interés muy cercanos a la vida de los ciudadanos y de las familias. Es el caso de las propuestas dirigidas a la organización y el funcionamiento de los municipios.

Con mucho ingenio, Denise Maerker escribió a finales de mayo, en ocasión del nombramiento del comisionado federal para Michoacán: “Estados intervenidos, la verdadera novedad en materia de seguridad”. Algo así parece haber sucedido con el primer punto del decálogo presidencial. Municipios intervenidos, cuando se considere que han sido infiltrados por el crimen organizado. Municipios despojados de su policía, porque no funciona, porque se ha corrompido. Cuando se trata de cualquier iniciativa legal o propuesta de cambio para el régimen municipal vigente, es indispensable tomar en cuenta que el gobierno municipal es la instancia más cercana a los ciudadanos, a las familias y a las comunidades. Las alcaldías son las encargadas de brindar directamente los servicios públicos fundamentales o, en su defecto, de interceder ante otros niveles de gobierno para asegurar la dotación de los mismos.

Con el paso de los años y dada la centralización de recursos y facultades que impera en México, los ayuntamientos hacen las veces de trinchera contra el autoritarismo y contra los excesos, provengan éstos del gobernador de la entidad de la que son parte o de las incontables agencias del gobierno federal. La elevada cohesión demostrada por las redes municipales ha sido factor determinante en el largo y complejo proceso de descentralización del poder (recursos y atribuciones) que se ha vivido en México, sobre todo en los últimos 30 años cuando se tuvieron señales evidentes de que el sistema presidencialista se agotaba.

El proceso de descentralización que ha fortalecido a las estructuras municipales y a sus funciones no ha sido lineal ni siempre ascendente, sino de altas y bajas, de avances y retrocesos. En contrapartida, las propuestas presidenciales sobre la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado y el establecimiento de Policías Estatales Únicas, dejan sentir mayor intervención federal a expensas de los ayuntamientos y sus atribuciones.

En el renglón municipal, me parece que las medidas propuestas son “invasivas”, en el mismo sentido que se le da a este término en el lenguaje médico. Tras haberse diagnosticado que la debilidad estructural de los municipios es “campo de cultivo” de la corrupción y la impunidad que benefician a la delincuencia organizada, el remedio que se propone es “extirpar” el órgano enfermo -las policías municipales o el cabildo en pleno, en los casos comprobados de infiltración de la delincuencia- sin intentar siquiera la terapia curativa.

La propuesta presidencial descansa en un supuesto peligroso: al anular los órganos factibles de infiltrar se anulará cualquier posibilidad de inserción al crimen organizado. Habría que empezar por preguntarse si las partidas de la policía estatal o de los contingentes federales que actualmente están en los municipios y comunidades son refractarios naturales a la corrupción y a la influencia de la delincuencia organizada. Y en caso de resultar inmunes, ¿lo seguirán siendo una vez que desaparezcan los cuerpos municipales y sean ellos “cabeza de ratón” en materia de seguridad municipal?

Pero de mayor gravedad y con efectos muy profundos es la vulneración de facultades que sufren los ayuntamientos, más allá de la desaparición de sus policías. La amenaza latente de desaparecer a cualquier cabildo con el argumento de la infiltración golpea en la “línea de flotación” al municipio libre, lo degrada en su autonomía, ya que no sólo será objeto de supervisión, de control y de sanción por parte de los poderes legislativo (del estatal y del federal) y judicial (del orden estatal o del federal) sino ahora también de los mandos y de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.


Me pregunto sobre la conveniencia de encontrar otros caminos para combatir la asociación perversa autoridades municipales-delincuencia organizada. Uno de ellos podría consistir en una reforma radical a los alcances del fuero constitucional del que están investidas las autoridades de los tres niveles. Que si un funcionario es presunto responsable de cometer delito, que se le pueda detener y poner a disposición de los jueces. Pero que la misma vara sirva para medir a los gobernadores y los funcionarios estatales y federales, incluyendo a todas las fuerzas de seguridad. Considero que ésta sí sería una respuesta directa y efectiva a los reclamos de la ciudadanía, porque lo que tiene harta a la sociedad son los privilegios.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Violencia contra las mujeres. Memoria de Juárez

Dulce María Sauri Riancho
Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión reviste un significado especial para nuestro país, inmerso en la tragedia de Ayotzinapa. La crispación y el coraje que acompañan estos trágicos acontecimientos de manera alguna pueden desviar o desvanecer la importancia de perseverar en la lucha contra la violencia que afecta a la población femenina por su condición de género, es decir, simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Hacer memoria de la dura trayectoria hasta lograr el reconocimiento del abuso de poder que representan las distintas manifestaciones de la violencia -física, psicológica, sexual- contra las mujeres ayuda a no perder la dimensión de un problema que, si bien las afecta individualmente, incide también en la convivencia social y en las condiciones de la seguridad pública. Este ejercicio de memoria también arroja luz sobre el origen de la crisis de credibilidad que afronta la institución clave en la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene a partir de la semana pasada nuevo presidente.

Hasta finales de 1996, hace 18 años, hubo un reconocimiento formal por parte del gobierno de que la violencia doméstica era un asunto de interés público y no una cuestión que por suceder tras las paredes de una casa y entre miembros de una familia pertenecía exclusivamente a la esfera de lo privado. En esos mismos años había dado inicio una grave situación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mujeres jóvenes desaparecían y algunas finalmente aparecían atrozmente asesinadas, tirados sus cuerpos destrozados en los linderos de esa población fronteriza con los Estados Unidos. El gobierno del Estado, en manos de Acción Nacional por primera vez, minimizó la situación, por lo que madres y familiares de las víctimas, junto con activistas de los derechos humanos de la región se vieron orillados a atraer el interés y la preocupación de instituciones académicas de la ciudad de México. Recuerdo en forma especial una reunión a la que asistí en mi calidad de coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer en el Colegio de México, cuando se mostró con cifras aterradoras la impunidad que reinaba en Juárez.

Poco y muy tarde se movieron las instancias responsables de la procuración de justicia. Los delicados equilibrios políticos entre un gobierno federal del PRI y uno estatal del PAN deben haber incidido en la tardanza en la actuación conjunta de las autoridades ante un fenómeno grave. La primera reacción fue minimizarlo, banalizarlo. Una y otra vez se remarcaba que eran las propias mujeres las que se ponían en situación de riesgo, porque eran jóvenes desarraigadas, trabajadoras de la industria maquiladora. Cuando comenzaron a desaparecer jovencitas escolares, la explicación se amplió a la huida del hogar. Una parte de la sociedad juarense se asumía agredida cuando se señalaba en otras partes del país lo que acontecía en su ciudad, más cuando estos comentarios críticos provenían del extranjero. Incluso llegaron a mencionar que eran víctimas de una intriga internacional tramada por sus competidores en la industria maquiladora de exportación. La semilla de la violencia se había instaurado en Juárez. La impunidad sentó sus reales. Muy pronto sus amargos frutos se dejaron sentir en la proliferación del crimen organizado, bandas de narcotraficantes que disputaron el territorio y el mercado, a costa de cientos de vidas y de la tranquilidad de la población juarense.

Finalmente, una instancia nacional, la CNDH, intervino en cumplimiento de su obligación de preservar los derechos humanos y defender a las víctimas. Era el año de 1998 cuando Mireille Roccatti, primera mujer presidenta de este organismo nacional, ordenó la investigación de los hechos y emitió la recomendación 98/044, donde señalaba responsabilidades gubernamentales que se habían dejado de cumplir y mencionaba un listado de acciones necesarias para restablecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez. Pero los tiempos políticos contaron mucho para los receptores de esta importante recomendación. Era la etapa de campaña electoral para la renovación de la gubernatura. El PAN se asumió atacado por la recomendación de la CNDH; incluso hubo comentarios que atribuyeron su derrota ante el PRI a la erosión en la opinión pública causada por su actuación. El supuesto agravio cometido por la doctora Roccatti se quedó guardado, en espera del tiempo para ser “cobrado”. Este llegó cuando la Constitución fue reformada a finales de 1999 para dotar de autonomía constitucional a la Comisión. Fue el argumento utilizado por los senadores del PAN para negar la permanencia de la doctora Roccatti al frente del organismo. Esta lamentable experiencia puede haber marcado la actuación de los siguientes “ombudsman”, que tuvieron especial cuidado en sus recomendaciones para no confrontar a las figuras políticas de relevancia.

La violencia contra las mujeres forma parte de ese entramado de abuso de poder que deriva en un “ecosistema de impunidad”, tal como lo cataloga Juan E. Pardinas (director del Instituto Mexicano de la Competitividad), donde lo mismo cabe asesinar mujeres, que desaparecer estudiantes o practicar la corrupción en los contratos o la asignación de proyectos.

Combatir la violencia, hacerse intolerante frente a ella significa reforzar las acciones para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de la permanente zozobra de ver violentado el derecho humano fundamental de vivir en paz.- Mérida, Yucatán.

viernes, 21 de noviembre de 2014

El hartazgo de la sociedad en el aniversario de la revolución

Dulce María Sauri Riancho
“¿Listos para la revolución?” fue la pregunta que me espetó un joven profesional compañero de natación al comenzar la jornada de ejercicio matinal. La frase me acompañó durante la hora siguiente, como un eco que demandaba comprender las razones que podría tener un joven yucateco, en uno de los pocos lugares del país que se perciben a sí mismos como tranquilos, para sentirse estrechamente compenetrado con los acontecimientos que suceden en otras regiones.

La invocación revolucionaria de mi compañero trae consigo un juicio categórico sobre la imposibilidad de impulsar los cambios por la vía pacífica, cuando la ciudadanía decide que quienes ejercen el poder público no lo han hecho con eficiencia y a su entera satisfacción. Sólo un giro radical, se insinúa en la pregunta del joven profesional, puede afrontar la situación que vive México y éste se llama Revolución.

Así pensó una parte de la generación estudiantil del 68, aquellos que en ese año de la Olimpiada tenían entre 15 y 25 años de edad; de los pocos privilegiados que podían asistir a los centros de educación superior en un país cuyo promedio escolar escasamente rebasaba el cuarto año de primaria. Las demandas de entonces, que giraron en torno a un suceso violento que se entrelazó con la organización de los Juegos Olímpicos, culminaron trágicamente en Tlatelolco el 2 de octubre.

Al relevo gubernamental en 1970 se aplicó una doble estrategia: darle cauce a una parte de esa inconformidad juvenil incorporándolos a las organizaciones político-partidistas: PRI, CNC, principalmente; a las cámaras de diputados o a la administración pública. En cambio, a los que optaron por la vía armada, se les persiguió hasta aniquilarlos, desaparecerlos o recluirlos en las cárceles.

Aun en la desazón de entonces, había esperanza. Se materializó con la reforma política de 1977 que dio amnistía a los presos políticos; instauró la pluralidad en los ayuntamientos y los congresos, con la participación abierta y reconocida de fuerzas políticas opositoras al PRI. Más aún: la reforma legalizó al Partido Comunista, que operaba en la clandestinidad y que, tras sucesivas transformaciones, se convirtió en el PRD.

En 1989, el PRI perdió la primera gubernatura en Baja California. Nunca como entonces la vía electoral se asumió como la opción para el cambio político. Las sucesivas reformas garantizaron el respeto al voto, la ciudadanización de los órganos electorales y el financiamiento público a los partidos, para poder alcanzar la equidad en las contiendas. En las elecciones de 1997 el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados y el 2000 trajo la alternancia partidista en la Presidencia.

Las estrategias de campaña que siguió Vicente Fox hicieron creer a grandes sectores de la población que el simple desplazamiento del PRI de la Presidencia de la República habría de resolver mágicamente problemas de todo tipo. La incomprensión del momento político y la frivolidad hicieron estragos en la credibilidad ciudadana sobre la política y los partidos.

Restos en el arcón

Pero todavía quedaban restos en el arcón de las esperanzas, que se vieron frustradas, una vez más, tras la polarización electoral de 2006. El sexenio se inició con violencia y déficit de legitimidad; y así terminó, con miles de muertos y desaparecidos, redes criminales extendidas en amplios espacios del territorio nacional y con un severo desgaste de las instituciones del Estado, en particular las responsables de la seguridad.

La elección de 2012 mostró que la disminuida esperanza de los mexicanos todavía daba para votar pacíficamente y darle el triunfo al PRI. Volvía a gobernar a una sociedad distinta a la de 1968: urbana, más educada, con acceso a redes de comunicación que no pasan por los tradicionales medios impresos y electrónicos. También, más exigente y menos tolerante ante el fracaso de las políticas públicas o ante el incumplimiento de los compromisos de gobierno.

Año y medio de resultados, en los que el presidente Peña Nieto sacó adelante su propuesta de grandes reformas constitucionales en sectores claves de la economía parecían alejar el fantasma del fracaso gubernamental. Esos éxitos ocultaron los desaciertos en la estrategia para enfrentarse a la violencia y a la descomposición que habían alcanzado a los gobiernos municipales y estatales en varias regiones del país. Y llegó Ayotzinapa.

No ha sido, por desgracia, el único episodio de extrema violencia en los últimos meses. Sin embargo, con Ayotzinapa se rebasaron los límites de la tolerancia de una sociedad que parecía impermeable a las ejecuciones, desapariciones, secuestros y extorsiones.

La reacción que cunde se puede sintetizar en la frase: “que se vayan todos”, es decir, los políticos, los partidos, los legisladores. Como expresión de una exigencia, no se detiene a considerar por quiénes serían sustituidos; basta con que éstos, los de ahora, desaparezcan de la esfera de las decisiones políticas. Del optimismo desbordado de 2000, al pesimismo sin esperanza de 2014.

La situación es complicada y las alternativas de solución no son sencillas de imaginar, menos aún de instrumentar cuando quienes tienen la atribución legal de hacerlo, son los mismos cuestionados en su capacidad y en su honorabilidad. Culminar la investigación sobre Ayotzinapa es sólo el principio del largo proceso para combatir la impunidad.


Restaurar la legitimidad de las autoridades de los distintos niveles pasa por cambios drásticos a la manera de concebir y ejercer el poder y la representación ciudadana. Urge que se encuentren nuevos reservorios de autoridad moral que ayuden al difícil proceso de curación de una sociedad que hoy se mira a sí misma enferma y desvalida ante la adversidad.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Demanda de resultados

#SigueJesus

Dulce María Sauri Riancho
Durante 26 minutos había informado detalladamente y después de media hora de preguntas, al concluir su respuesta sobre la intervención tardía de la PGR, “.nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de la delincuencia organizada.”, y eso sucedió hace 33 días, hasta cuando la procuraduría de Guerrero declinó continuar con la investigación del caso. Entonces susurró la frase: “… Ya me cansé…”. Ese viernes por la tarde Jesús Murillo presentó un amplio informe sobre las pesquisas donde encontraron restos humanos; en el mismo se reprodujo parte de las declaraciones de tres personas que confesaron ser los autores materiales de la ejecución de los 43 jóvenes estudiantes. Autoridades y policías municipales de Iguala y Cocula, involucradas con el crimen organizado de la región, dijeron, se los habían entregado. La capacidad para reducir, asesinar e incinerar los restos de 43 jóvenes, estas personas hablan de que no era la primera ocasión que realizaban actos de esta naturaleza. Las fosas encontradas con otros cadáveres, más de 30, en los alrededores, son testigos mudos de los horrores allá experimentados. La Procuraduría, así lo señaló Murillo, está obligada a continuar sus investigaciones, tanto para encontrar y poner a disposición de los jueces a los responsables que aún continúan prófugos, como para lograr identificar con precisión a los jóvenes cuyos restos calcinados fueron arrojados al río en bolsas de basura.

Desgraciadamente, no es la primera vez que suceden episodios sangrientos con decenas de personas muertas. Tal sucedió en San Fernando, con los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en un rancho del lugar. También en Tamaulipas, en la localidad de Allende, se tiene noticias de más de trescientos habitantes desaparecidos, una tercera parte del total de su población. Las denuncias sobre desapariciones de personas reflejan el dolor y la impotencia de padres, hermanos, hijos y cónyuges, que no saben ya a dónde acudir para obtener alguna respuesta sobre el destino de su familiar. A grandes pinceladas, este paisaje se ha vuelto parte de lo cotidiano, en los medios de comunicación para algunos estados privilegiados como Yucatán, y en la vida diaria de aquellas regiones azotadas por la violencia en distintas partes de México. Entre esta aparente “rutinización de la violencia”, ¿qué removió Ayotzinapa para provocar una oleada gigantesca de indignación que invade el país entero?

Los científicos sociales le llaman “catalizador”; la sabiduría popular le dice: “la gota que colmó el vaso”. Tal sucedió en España con la cacería de elefantes del rey Juan Carlos y el proceso que se sigue contra su hija, la infanta Cristina, por tráfico de influencias e irregularidades fiscales. Tal vez en un escenario de prosperidad económica, estas conductas censurables podrían haber sido digeridas por una mayoría. Pero ante la crisis y el fin de las expectativas de millones de españoles, estos hechos escalaron hasta llegar a cuestionar la existencia misma del régimen monárquico en España. Para México, Ayotzinapa parece ser catalizador y gota. Sus involuntarios protagonistas son jóvenes, como la mayoría de los que mueren ejecutados en las calles, catalogados como sicarios o bien, “daños colaterales” en los enfrentamientos. Son estudiantes de una normal rural, la “Isidro Burgos”, tal como lo fueron estudiantes y maestros de la normal rural “Flores Magón” que en 1965 asaltaron el cuartel Madera en Chihuahua. Son también como los estudiantes que perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Quizá son las reminiscencias de estos hechos lo que encendió la hoguera, alimentada por la carestía y la falta de expectativas de mejoramiento en muchos hogares de clase media, ante el bajo crecimiento económico. O tal vez han sido las denuncias reiteradas de corrupción en los altos niveles de gobierno de los estados, municipios o de la misma federación, que han quedado sin respuesta y mucho menos, con rigurosa aplicación de la ley y sanción a los culpables. El hecho es que como si fuera chispa en yesca seca, el fuego de la indignación se ha encendido sin que hasta el momento haya habido una iniciativa creíble por parte de las autoridades para enfrentar la situación.


Sobre la situación que rodea a la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha el único avance tangible han sido las investigaciones de la PGR. De ninguna manera soluciona la grave situación de sus familiares, ni calman su indignación y su dolor. En el ambiente de incredulidad en que vivimos, muchas personas cuestionan la validez de sus afirmaciones e incluso, existen algunas voces que demandan la remoción del Procurador, sustentando su exigencia en el susurro de la frase “ya estoy cansado”. No estoy de acuerdo. Sería absurdo pretender la salida del funcionario que está dando resultados, aunque no sean aquéllos que teníamos esperanzas de obtener. Interrogado sobre su frase, que alcanzó la categoría de “trending topic” en internet, el procurador respondió “… estoy cansado de una violencia brutal… Sí me cimbra. Además de que tenía yo 40 horas sin dormir…” (entrevista con Carlos Loret de Mola, en Televisa, lunes 10 de noviembre). Que conserve el procurador su sensibilidad ante la violencia y el dolor de las víctimas y sus familiares es la mejor garantía de que seguirá adelante en las indispensables investigaciones sobre otros cientos de casos que han recibido poca o nula atención por parte de las autoridades responsables. La lección de Ayotzinapa demanda no desestimar las denuncias en contra de las autoridades, por más incómodas, políticamente hablando, que puedan ser. Murillo Karam tiene la energía y la convicción. En sus palabras: “… No es un problema de vigor (para seguir), es un asunto de sentimiento. Desde luego que quiero seguir, quiero terminar con el asunto…”. Y ése no es otro que la justicia por la que claman miles de víctimas. #siguejesus.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Ante la crisis de legitimidad

Dulce María Sauri Riancho
Elijo dos palabras para describir estos primeros días de noviembre: confusión y descomposición. Grandes sectores de la sociedad mexicana, enterados por los medios de comunicación de lo acontecido en Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y otras entidades de la república, están confundidos y angustiados ante los diversos sucesos de violencia que se repiten todos los días, como si fueran parte del acontecer diario del país. La sensación de estar viviendo una situación de descomposición de las instituciones acompaña a los pobladores de regiones completas, que asisten impotentes a la inacción de sus autoridades más próximas, como son los ayuntamientos y los gobiernos estatales o, lo que es peor, a su abierta complicidad con las redes del crimen organizado en torno al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Las válvulas de escape de la presión social se encuentran obstruidas por la impunidad y la corrupción, cuyas muestras más patentes alcanzan cotas que ni la imaginación más truculenta lograba avizorar hace apenas unos meses.

La “consulta popular” aprobada en la reforma constitucional de 2013 parecía que podría constituirse en válvula de escape para esa presión social. Preguntar sobre los energéticos y su destino, sobre la pertinencia de elevar el salario mínimo o de eliminar a una parte de los legisladores plurinominales ayudaría a procesar una parte de la inconformidad por la reforma petrolera, por el encarecimiento de la vida e incluso, los sentimientos de animadversión que se han creado en torno a los presuntos excesos de los integrantes del Congreso de la Unión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que ninguna de las cuatro preguntas a responder por la ciudadanía en el próximo proceso electoral satisfacía los requisitos que la propia Constitución establece para ser materia de consulta popular porque o bien afectaban los ingresos públicos, como en el caso del petróleo y los salarios mínimos; o implicaban cuestiones relacionadas con el régimen de gobierno y el tema electoral, materias también prohibidas. Políticamente, la Suprema Corte quedó muy bien, pues descalificó a todos por igual: PRI, PAN, PRD y Morena. Pero ¿no que la consulta era de ciudadanos y dirigida a éstos? Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos y sus intereses organizándola y adjudicándose la representación de la sociedad sobre las cuestiones que le preocupan? La respuesta es sencilla: sólo ellos, los partidos, tienen la estructura capaz de cumplir los requisitos para siquiera aspirar a pasar el primer filtro: el porcentaje de electores que respaldan la posibilidad de la consulta. Así lo diseñaron los legisladores y lo aprobó el Constituyente Permanente.

La otra vía propuesta por el presidente Peña Nieto para despresurizar la grave coyuntura de violencia que vive el país consiste en la suscripción de un nuevo acuerdo en materia de seguridad, que abarque, “… la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad civil para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo…”. Parece ser una especie de segunda edición del Pacto por México, que funcionó al inicio del actual gobierno, pero en otras circunstancias muy diferentes a las que actualmente prevalecen. No sería extraño que el PAN aceptara incorporarse, a cambio de una ley “anti-corrupción” cuya paternidad pretende adjudicarse. Y que el PRD hiciera lo mismo, preocupado por realizar el “control de daños” frente a lo acontecido en Guerrero. Sin embargo, quienes firmarían ese pacto son los mismos señalados por la sociedad como ineficientes o cómplices de lo que pretenden ahora corregir.


En el fondo, vivimos una grave crisis de legitimidad en torno a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que abarca a todos los partidos políticos. El azote de la incredulidad afecta palabras, compromisos y promesas de los funcionarios públicos de todos los niveles. “Por sus frutos los conoceréis” y hasta ahora éstos han sido magros o de plano inexistentes. Entonces, la legitimidad se refugia en otros personajes de la misma sociedad, a quienes se les escucha y se les cree en sus opiniones porque corresponden a una actitud que es percibida por amplios sectores sociales como honesta y comprometida. Tal es el caso de Carmen Aristegui, conductora de la primera edición del noticiero de “MVS Radio”, que vino el viernes pasado a dar una charla en el auditorio “Cepeda Peraza” de la Uady. La cola para ingresar al recinto se extendía por una cuadra en la calle 60, subía por la escalera del segundo piso y se desparramaba en los corredores del edificio central de la Universidad. Compartían la fila jóvenes y mayores, mujeres y hombres de distintos grupos sociales, actividades y tendencias políticas. Muchos no pudimos entrar, pero haber compartido la larga espera fue para mí la oportunidad de encontrar una luz de esperanza y reconocer el liderazgo social basado en la autenticidad del testimonio de vida. Y eso, no hay pacto que lo compre ni Corte que lo descalifique.- Mérida, Yucatán.

lunes, 3 de noviembre de 2014

El sacerdote y el procurador. Iguala duele

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el martes 28 de octubre de 2014 en el Diario de Yucatán)

Al mediodía del jueves 23 se reunieron el padre Alejandro Solalinde y el procurador general de la república, Jesús Murillo. La entrevista había sido motivada por la información que el presbítero católico había recibido de un testigo del asesinato y posterior incineración de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Por su parte, la Procuraduría federal había estado realizando intensas investigaciones en el área de Iguala, durante las cuales logró encontrar nueve fosas y 30 cadáveres, aunque aparentemente ninguno correspondía al de los estudiantes desaparecidos.

He revisado con atención las diversas notas sobre el encuentro en los medios de comunicación. Lo primero que destaca es el tono de serenidad y la sensación de que hubo un esfuerzo real de intercambio de información entre el sacerdote y el procurador, ambos coincidentes en el propósito común de conocer la verdad sobre los hechos, que permita actuar contra el terrible crimen de desaparición forzada de personas o, el más grave aún, el de ejecución extrajudicial, si se comprueba que los jóvenes de Ayotzinapa fueron asesinados por policías del municipio de Iguala o de su vecino Cocula. El respeto guardado hacia los activistas sociales por el procurador -estaban presentes la escritora Elena Poniatowska y una religiosa, responsable de la Pastoral de Migrantes- fue recíproco, lo cual hace abrigar esperanzas para una eficaz colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad hacia un fin común.

El padre Alejandro Solalinde es un sacerdote católico singular, que vive intensamente su compromiso evangélico. Es parte de un grupo de sacerdotes comprometidos cuya trayectoria recoge el libro “Ovejas negras. Rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI” (Emiliano Ruiz Parra; Ed. Océano). Ingresó en esta clasificación tras abrir un albergue para migrantes en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, en 2006 y, contra viento y marea, mantenerlo funcionando. Justamente por allá pasa el tren que corre de Tapachula hacia Acayucan, para enlazar con la red ferroviaria que llega hasta la frontera norte. El sobrenombre que ha recibido este medio de transporte para miles de centroamericanos que buscan cumplir el “sueño americano”, lo dice todo: La Bestia, porque víctimas de extorsión, secuestros, violencia sexual y física, cientos de migrantes pierden su poco dinero, sus extremidades e incluso la vida, en el intento de abordar y permanecer sobre los vagones de carga que integran el tren. Muchos de ellos tienen que esperar que pase para poderlo abordar, ya que las “corridas” no se dan diariamente ni en forma regular. Mientras, los migrantes requieren alimentos, agua, un techo donde guarecerse de las inclemencias del tiempo y dónde dormir con relativa seguridad. Estas necesidades apremiantes son las que atiende el albergue del padre Solalinde, incluso contra las autoridades municipales y de una parte de la población de Ixtepec, que consideran a “Hermanos en el Camino” -es su nombre- como un peligro.

Hace algún tiempo, un grupo de vecinos intentó quemarlo para acabar de una vez por todas con ese recinto de ayuda a quienes esperan abordar el tren hacia el norte, a los que consideran delincuentes en potencia. Esta breve descripción puede mostrar el grado de dificultad y de riesgo que entraña la labor del padre Solalinde. Pero también ilustra la profundidad de su compromiso con los débiles y los vulnerables, por lo que no es de extrañar que él haya sido escogido para las confidencias de testigos de los horrores de Iguala, convencidos de que el padre Solalinde las haría escuchar por quienes tienen la obligación de hacer justicia.

Jesús Murillo tampoco es un funcionario público cortado con la tijera de la burocracia. Ha sabido combinar las cualidades del político con la disciplina de trabajo que normalmente se asocia a los llamados “tecnócratas” del gobierno. Conozco, por experiencia propia, que no se arredra ante los problemas ni las situaciones de alto grado de dificultad, como las que vivimos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI después de la derrota en la elección presidencial de 2000. Esos días, cuando los compañeros del poder abandonaban al partido en busca de nuevos horizontes, Jesús se mantuvo firme ayudando en el difícil trance, resistiendo presiones y traiciones de los veleidosos que antepusieron sus intereses a los de la organización política que les había permitido desempeñarse en distintos cargos de representación popular.

Le correspondió a Jesús, junto a Beatriz Paredes, tejer la reconstrucción del PRI después del amargo tercer lugar en la elección presidencial de 2006. Al triunfo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo recibió el que es quizá el encargo más complejo y comprometido de la administración pública: la Procuraduría General de la República, la misma que en la reforma política de 2013 fue dotada de autonomía constitucional y transformada en Fiscalía General de la República. Más allá de estos importantes cambios legislativos, la gran demanda de la sociedad mexicana por seguridad tiene en la procuración de justicia, en el combate a la impunidad, su primera y fundamental estación. Y la PGR y su procurador son los principales responsables de que estos propósitos se materialicen.


Iguala duele al sacerdote y al procurador. El padre Solalinde es la voz que llega a los más altos niveles de la administración para demandar justicia. El procurador Murillo Karam es quien recoge los reclamos, los hace suyos más allá de la sola obligación constitucional, con la convicción personal y el compromiso institucional de dar resultados tangibles a la sociedad. Lo hará: estoy convencida.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 22 de octubre de 2014

Violencia y economía, tormenta perfecta.

Dulce María Sauri Riancho
Hace más de diez años asistimos a la proyección de “La Tormenta Perfecta”, protagonizada por el carismático George Clooney, quien caracterizaba al capitán de un pesquero dedicado a la captura de pez espada en las costas de Massachusetts. La relativa escasez y la expectativa de aprovechar los altos precios del mercado llevaron a Billy Thyne a abandonar sus áreas tradicionales de trabajo para trasladarse hasta un alejado punto, donde efectivamente encontraron el preciado producto en grandes volúmenes. Llenaron sus bodegas, ignorantes de que en la zona comenzaban a formarse dos tormentas, una alimentada por las corrientes frías del norte, y otra, por las cálidas temperaturas del sur. El choque de ambas desata una violencia inimaginable incluso para los más experimentados marinos, en tanto que el “Andrea Gali”, nombre de la embarcación a cargo de Clooney, intentaba hacer frente al desastre sin perder su carga y llegar a puerto.

Podemos trazar algunos paralelismos entre esta película -por cierto basada en un hecho real- y lo que acontece actualmente en México. La decisión de impulsar importantes cambios estructurales al rumbo del desarrollo del país llevaba implícito el reconocimiento que el modelo económico simplemente no podía satisfacer las necesidades de crecimiento y bienestar de la sociedad mexicana. El Pacto por México permitió realizar las reformas constitucionales en 11 áreas, que abarcaron educación, telecomunicaciones, energía, político-electoral, entre otras. Satisfecha la condición básica de transformar las leyes, comenzó la difícil tarea de su aplicación en las políticas públicas, en el presupuesto gubernamental y en las nuevas inversiones que se han presentado como la vía que simultáneamente hará crecer la economía, modernizará la infraestructura y satisfará demandas y necesidades de muchas personas.

Quizá el saldo más importante de esta etapa que comprende los dos primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto fue la percepción de que el país volvía a tener un Estado capaz de orientar y organizar los cambios, de negociar y resolver los desacuerdos internos como se hace en una democracia, con diálogo que permita construir la mayoría y, si es posible, consensos. Íbamos bien, al menos así lo percibía un grupo importante de la sociedad. Pero comenzaba a gestarse un huracán en las cálidas aguas del sur. La violencia, conocida y sufrida en extensas regiones del país por más de una década, escaló a niveles inimaginables hace unos cuantos meses. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desde hace 24 días; el descubrimiento de diversas fosas clandestinas donde fueron depositados restos humanos, sin nombre ni apellido; conocer que las propias autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana, como son los cuerpos de policía municipal, son considerados los principales sospechosos de ser los perpetradores de estos crímenes ha generado una indignación nacional. Se vuelve a cuestionar con razón y severidad a las instituciones del Estado mexicano en su conjunto y su capacidad para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Es una especie de huracán gestado en las entrañas mismas del suelo mexicano, tal como sucediera 200 ó 100 años atrás.

La tormenta del norte la alimenta el frío que afecta la economía nacional. El incremento de los precios en los artículos de consumo diario, en las gasolinas, el transporte y otros servicios han aumentado aún más la carga de las familias. Despacito, sin el estruendo de años anteriores cuando la inflación alcanzaba dos dígitos, pero con las mismas consecuencias de deterioro de la calidad de vida, millones de familias siguen esperando que las reformas estructurales se reflejen en más empleos, salarios suficientes y menores precios de la electricidad y combustibles. Lamentablemente, nada de lo anterior es novedad si no fuera porque en estos días el eje sobre el cual descansa el presupuesto federal y, en consecuencia, el de los estados y los municipios empieza a registrar signos alarmantes de deterioro. Me refiero a la caída del precio del barril de petróleo de exportación, que se cotiza en 77 dólares americanos, cinco dólares menos del precio estimado en la Ley de Ingresos 2015. Los diputados, que la aprobaron hace unos días, ajustaron los ingresos ¡incrementando la relación peso/dólar!, que pasó de 13 pesos a 13.40. El problema radica en que los pronósticos internacionales plantean un descenso continuado de los precios, ante el incremento de la producción en el Oriente Medio, el empleo de energías alternativas al petróleo, como el gas shale, y una posible reducción del consumo por el estancamiento de la economía, que no ha podido superar la Unión Europea. Si esto llegara a materializarse en el transcurso del próximo año, en plena campaña electoral, tendrían que tomarse graves decisiones, como reducir el presupuesto, tal como llegó a suceder a finales de la década de 1990, o aumentar el nivel de endeudamiento del gobierno, ya de por sí elevado, poniendo en riesgo la salud de las finanzas públicas.

Están las dos tormentas, la de la violencia y la de la economía, en riesgo de incrementarse, chocar y volverse una sola, con una fuerza e intensidad desconocida para esta generación de mexicanos. La diferencia entre la que sufrió el “Andrea Gali” y la que puede ocurrir en México estriba en que, en la primera, fueron las fuerzas de la naturaleza las que actuaron implacablemente; en la segunda, la acción de la sociedad y de funcionarios del gobierno, si son eficaces, puede disipar el panorama y, al menos, impedir que se junten. Eso espero.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Elecciones 2015: Paridad y Reelección

Dulce María Sauri Riancho
El pasado 7 de octubre dio inicio el proceso electoral, que tendrá su momento estelar el domingo 7 de junio del año próximo. Ese día, más de setenta millones de personas con credencial de elector votarán en todo el país para elegir a los quinientos integrantes de la Cámara de Diputados; en diecisiete estados y el Distrito Federal, lo harán por las planillas de novecientos tres ayuntamientos, dieciséis delegados y por seiscientos treinta y nueve diputados locales. Además, en nueve estados la ciudadanía elegirá gobernador o gobernadora, entre otros, en nuestro vecino Campeche. No cabe duda que la mayor participación se registra cuando se trata de elegir autoridades locales, con excepción del poderoso imán que representa la Presidencia de la república cada seis años. Por eso, en el calendario electoral, la jornada más floja en cuanto a participación de votantes, ha sido tradicionalmente la elección de diputados federales cuando van solos. En esta ocasión, es altamente probable que se tengan dos escenarios distintos: de alta participación ciudadana en las 17 entidades en que concurren elecciones locales y federales, y de baja participación en las quince entidades en las que sólo se elegirán diputados federales.

A Yucatán le corresponderá elegir a cinco diputados federales, veinticinco representantes al Congreso del estado y nuevas autoridades en los ciento seis municipios. Iremos a las mesas de casilla donde encontraremos una sola directiva, que nos dará tanto las boletas de diputados federales, como las de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado. Además, si la Suprema Corte aprueba alguna de las solicitudes de consulta popular, tendremos una papeleta con la pregunta correspondiente, bien sea en materia energética, de reducción del número de legisladores plurinominales o sobre el salario mínimo. A nadie escapa la situación tan distinta -y complicada- que vivirá el votante en su paso por la casilla.

Pero éstas no son las únicas novedades de la próxima elección. Por primera vez se aplicará el principio de la paridad de género en las candidaturas de los diez partidos políticos nacionales que participan en la contienda. Quiere decir que en todos los casos, sin excepción alguna, para la renovación del poder Legislativo federal y local los partidos tendrán que presentar mitad de candidaturas de hombres y mitad de mujeres. Significa que en Yucatán todos los partidos habrán de postular a siete u ocho mujeres, en los quince distritos electorales en que está dividido el estado; y en las listas plurinominales, cinco tendrán que ser del sexo femenino y cinco, del masculino. Sobre las candidaturas a los ayuntamientos, algunos estados como Nuevo León y Querétaro asumieron plenamente el compromiso de la reforma constitucional en materia de paridad y legislaron para que las planillas de cabildos quedaran conformadas paritariamente, mitad y mitad. En cambio, Yucatán se quedó corto, pues mantuvo la “cuota” del 30% de mujeres candidatas a regidoras en sus planillas. En lo personal, considero que este porcentaje quedará fácilmente rebasado, más cuando en el Foro de Análisis Político celebrado en Monterrey el pasado mes de septiembre, el presidente del Comité Nacional del PRI, César Camacho, planteó que el partido a su cargo habrá de conformar planillas paritarias para cada una de las elecciones municipales del país, incluyendo desde luego, a las que habrán de ponerse a consideración del electorado yucateco, aunque la ley no obligue a ello. Por si no fuera suficiente, el gobernador Rolando Zapata fue designado como responsable de la Comisión de Igualdad creada por la Conago el 10 de octubre, ante el Presidente de la república y sus pares.

Algunos partidos como el PRI y el PAN se están preparando para la postulación de mujeres en la mitad de sus candidaturas. Celebran cursos de capacitación política dirigidos específicamente a ellas. Saben sus dirigencias que tendrán que cumplir la norma, pues si no lo hacen, el Instituto Nacional Electoral (INE) les negará el registro para el conjunto de sus candidaturas. Los partidos tendrán que combinar procedimientos democráticos con candidaturas competitivas. No se valdrá mandar a las mujeres sólo a los distritos perdidos. Está sancionado por la Ley y será vigilado cuidadosamente por un Observatorio que está próximo a ser instalado. Otra cuestión son las candidaturas femeninas a las gubernaturas por parte de los partidos que tienen posibilidades reales de ganar, así como a las presidencias municipales. Al menos en la mitad de los estados con elecciones de gobernador, hay mujeres en condiciones de ser postuladas por el PRI o por el PAN, bien porque son senadoras, presidentas municipales de la capital o se encuentran colocadas en alguna destacada posición administrativa. Veremos a cuántas dejan pasar las estructuras machistas todavía prevalecientes, esas que creemos extintas, pero que cuando se trata del acceso al poder Ejecutivo, resucitan con extraordinaria virulencia.

Los ayuntamientos también se cuecen aparte. Hay pocas presidentas municipales, aunque Mérida y otras importantes poblaciones del estado han sido gobernados por mujeres en más de una ocasión.

Pero los obstáculos relacionados con los recursos económicos disponibles para las campañas y los condicionamientos sociales que todavía pesan en el ánimo de algunas, hacen más complicadas las postulaciones femeninas para encabezar las planillas.


El otro tema relevante de 2015 es la posibilidad de que quienes resulten electos/as en los procesos locales, puedan reelegirse en 2018. A partir de ahora tendremos autoridades preocupadas por hacer lo necesario para aparecer como candidatos en el siguiente proceso electoral. Hay mucho que analizar al respecto. Pero por espacio y respeto a ustedes, amigo/as lectoras, lo dejo para otra ocasión.- Mérida, Yucatán.

jueves, 9 de octubre de 2014

Iguala de la Independencia. Del honor al horror

Dulce María Sauri Riancho
Está a casi mil quinientos kilómetros de Mérida. Sin embargo, desde la escuela primaria aprendemos que en Iguala se firmó el pacto que hizo posible la consumación de la Independencia en 1821. Desgraciadamente, este papel de honor en la historia de México ha sido sustituido por el horror que han causado los hechos que, hasta el momento, llevan la dolorosa cuenta de siete personas asesinadas -entre ellos un joven futbolista de 15 años- y cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

A finales de septiembre, un grupo de jóvenes de esta aguerrida escuela se dirigió a Iguala, tercera ciudad en población del estado de Guerrero, distante 258 kilómetros, para recolectar recursos que les permitiesen trasladarse a la ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del aniversario de Tlatelolco, el 2 de octubre.

Siguiendo una mala tradición, se dirigieron a la terminal de autobuses para “confiscar” tres unidades que les sirvieran para su transporte a la capital.

Fueron interceptados por la Policía Municipal que, en vez de someterlos y consignarlos a las autoridades responsables de aplicar justicia, los “desaparecieron”, aunque todo indica que a ellos corresponden los cadáveres semicalcinados que fueron encontrados en seis fosas excavadas en las goteras de Iguala.

¿Cuáles son las circunstancias que permiten y propician una situación de violencia extrema como la que se ha generado en Iguala de la Independencia? La retórica política marcaría que las causas están en la pobreza y marginación que caracterizan al estado de Guerrero que, junto con Oaxaca y Chiapas, ocupan los últimos lugares de la tabla nacional de bienestar. Sin embargo, no es explicación suficiente. Tampoco lo sería culpar a la historia de haber gestado un “destino manifiesto” de violencia, a pesar de que sus montañas de la Sierra Madre del Sur albergaron a las guerrillas de las guerras de Reforma a mediados del siglo XIX y cien años después, al movimiento armado de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez Rojas, así como al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Más bien, habría que buscar por el lado de la fuerza institucional indispensable para poder conducir una entidad. El gobierno es frágil en Guerrero. Ha sido la entidad de la república en que el Senado ha declarado la desaparición de poderes un mayor número de veces desde que se estableció esa facultad en la Constitución de 1917. Son muy pocos los gobernadores de Guerrero que han concluido su gestión en el plazo para el cual fueron electos, pues acusados de matanzas de campesinos (1935), de represión de una protesta estudiantil (1961), de fraude (1975) y otras más, se han visto obligados a abandonar el cargo. En 2015 se cumplen veinte años de la matanza de Aguas Blancas, cuando un grupo de policías estatales dispararon contra campesinos que se dirigían hacia un mitin, matando a diecisiete de ellos. Este acto motivó que el gobernador Rubén Figueroa renunciara, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución condenatoria, por grave violación de los derechos humanos.

El desbordamiento del fenómeno del narcotráfico en todo el país ha tenido en Guerrero consecuencias funestas.

A la estructura caciquil prevaleciente se sumó la colusión de autoridades locales y narcotraficantes, en una combinación explosiva, como lo demuestran los sucesos de Iguala. La explicación, hasta el momento, radica en la infiltración de la policía municipal por una supuesta banda autodenominada “Guerreros del Sur”, que actuando por cuenta propia o por orden de algunos políticos se encargaban de eliminar a sus enemigos.

El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la intervención del Ejecutivo Federal en el municipio de Iguala, con el envío de la recién estrenada Gendarmería Nacional y el desplazamiento de más unidades del Ejército Mexicano. Pero ¿llegaron para quedarse o en cuanto se desplace la atención mediática se trasladarán a apagar otros fuegos dejando todavía encendido éste?

Más vale reconocer que en Guerrero tenemos un “Estado rebasado”. No es “fallido”, porque en varias regiones de la misma entidad de alguna manera funciona. Los guerrerenses trabajan, van a la escuela, tratan de hacer una vida normal en condiciones de adversidad.

El reto estriba en cómo reconstruir el tejido institucional, indispensable si se pretenden poner las bases para hacer lo propio con el tejido social. Más cuando habrá elecciones de gobernador en menos de ocho meses, el primer domingo de junio de 2015.

¿Cómo competirán los partidos si el PAN resiente el asesinato de su secretario general en el estado; si el PRI tiene una estructura seriamente dañada por las dos sucesivas derrotas; si el PRD, actualmente en el gobierno, es presa de sus conflictos internos y el colaboracionismo dudoso de algunos de sus militantes? Más de lo mismo en Guerrero significa continuar pagando una elevada cuota de sangre. Se requiere un saneamiento radical de las instituciones y de los tres poderes que las agrupan: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


Sólo así podrán comenzar a restañarse las dolorosas heridas de la impunidad, el abandono y la indiferencia que han sentado sus reales en la tierra de Vicente Guerrero, de Juan Álvarez y de la bandera nacional.- Mérida, Yucatán.

martes, 7 de octubre de 2014

Seguridad carretera. Conciliar intereses enfrentados

Dulce María Sauri Riancho
El Diario de Yucatán, en su edición del lunes 22 de septiembre, informó de una reunión que tuvieron el viernes 19 dirigentes de distintas organizaciones empresariales con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Can Marín, solicitó al licenciado Ruiz Esparza que se procediera a la revisión de la clasificación de carreteras, con la finalidad de que puedan circular por carreteras federales algunas unidades de carga que ahora sólo pueden transitar por carreteras de cuota. Para normar el transporte carretero de carga, que es una atribución federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con dos instrumentos básicos: uno es la Norma Oficial Mexicana 012 SCT-2 , sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; y el segundo, la clasificación de carreteras, que establece el tipo de camiones, su peso y volumen, para circular por las carreteras del país, atendiendo a sus características técnicas. Esta última es la que obliga a que determinadas unidades de carga transiten exclusivamente por autopistas.

La NOM 012 SCT-2 fue recientemente revisada con cambios profundos en relación con la de 2008, que era la vigente. Las modificaciones fueron sugeridas por un grupo de expertos. Culminado el complejo sistema de consultas, la nueva norma se dio a conocer el pasado 24 de septiembre, en la reunión que celebró el Consejo Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, que se realizó en Cancún. Fue aprobada por mayoría, con los votos en contra de los representantes de cinco organizaciones del sector privado.

Desde luego que los funcionarios de gobierno están obligados a escuchar y analizar todas las opiniones, sugerencias y reclamaciones de la sociedad, provengan éstas de individuos o de organizaciones. Pero los gobernantes no pueden atender exclusivamente a demandas de tipo económico, por legítimas que sean, cuando está de por medio la vida y la seguridad de tantas personas, para no hablar de daños materiales, cuando alguno de estos enormes transportes ocasiona algún percance. Periódicamente, el reporte de algún accidente carretero, con elevadas cifras de muertos y heridos, sacude a la opinión nacional y arranca críticas por la falta de vigilancia de las autoridades y la nula precaución de choferes y usuarios en general. Por desgracia, los accidentes mortales en las carreteras del país son cada vez más frecuentes y más graves, pues un alto porcentaje de los mismos involucra a unidades de transporte de pasajeros y a grandes camiones de carga. Un grave accidente detonó la revisión de la NOM en 2013, en San Pedro Xalostoc, en el Estado de México, cuando el remolque de una pipa que transportaba combustible se desprendió causando el incendio de numerosas casas, con saldo de 24 personas fallecidas y más de 30 gravemente quemadas. Se sumaba a la cifra de 242 accidentes ocurridos entre 2008 y 2013, en los que habían estado involucradas unidades “de doble remolque”.

Costó muchísimo tiempo y esfuerzo cambiar la normatividad vigente desde 2008, atendiendo las reclamaciones de mayor seguridad de distintos sectores, como reacción a estos frecuentes y graves percances ocurridos en las carreteras del país. Entonces ¿por qué el dirigente empresarial yucateco realizó el planteamiento? Desde luego que tiene que ver con la carretera de cuota Mérida-Cancún, los “doble remolque” y otros camiones cargados de turbosina, materiales de construcción y otros, que obligatoriamente tienen que tomar la autopista para trasladarse a Valladolid, Cancún o la Riviera Maya desde esta ciudad. La única forma de entender el reclamo-solicitud empresarial es prestando atención al cobro de cuotas de peaje que se realiza en sus dos casetas: Chichén Itzá y Nuevo Xcán, apenas incrementadas el pasado 14 de septiembre. Para los camiones de carga el precio por el trayecto total de 242 kilómetros fluctúa entre mil noventa pesos (camiones de tres ejes) y un máximo de dos mil 241 pesos (siete ejes y más), sólo viaje de ida. Muy probablemente los socios yucatecos de la Canacintra aducen que lo elevado de las tarifas no compensa el tiempo ahorrado y sí eleva sus costos y, por lo tanto, les resta competitividad en los mercados quintanarroenses.

La autopista a Cancún es cara, pero ha liberado a numerosas poblaciones del paso de las pesadas unidades que durante mucho tiempo acompañó sus días y perturbó su descanso nocturno. Allá es donde la autoridad de la SCT tiene la posibilidad de intervenir ante el concesionario, en este caso Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para encontrar una fórmula que permita no sólo conservar sino incentivar su utilización como vía por excelencia para el traslado de mercancías y personas en condiciones de seguridad y rapidez. Más porque en poco tiempo entrará en servicio el ramal que llevará directamente hasta Playa del Carmen. Habrá que explorar alternativas. Una de ellas podría fincarse en incrementar la deducibilidad de los gastos de cuota y peaje para las empresas que utilicen la autopista.


Lo que de manera alguna es una solución es la “liberación” de las carreteras federales para que transiten libremente, como antaño, enormes y peligrosos camiones. Es más: habría de realizarse una revisión sobre las normas estatales en la materia, para alinearlas con las federales. ¿O vamos a esperar a que una tragedia como la de San Pedro Xalostoc enlute hogares yucatecos para reconsiderar?- Mérida, Yucatán.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Participación popular. Más consultas novedosas

Dulce María Sauri Riancho*
Entre las novedades electorales de 2015 asoma la posibilidad de que, por vez primera, los mexicanos participemos en una “consulta popular”. Las reformas constitucionales recientes la incluyeron en su artículo 35, como vía para que la ciudadanía pudiera expresarse sobre temas de trascendencia nacional, que por su impacto en la vida colectiva ameritaran un respaldo que fuese más allá de la sanción de diputados y senadores. Una disposición de tal calibre, que podría eventualmente enmendarle la plana a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene, sin embargo, numerosos y difíciles requisitos que cumplir para poder materializarse. En primer lugar, está limitado el número de quienes tienen la facultad de solicitar una consulta de esta naturaleza: el Presidente de la República, un tercio de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión y -¡ojo!- los ciudadanos, en una cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que está integrada por más de 80 millones de personas. Por lo tanto, quienes intenten introducir una pregunta deberán recabar más de un millón setecientas mil firmas.



Una tarea de tal magnitud difícilmente puede ser acometida por agrupamientos de ciudadanos ajenos a los partidos políticos. El despliegue de organización exigido para conseguir las firmas y los datos de las credenciales de elector de cada uno de los participantes es de enorme complejidad. Por esta razón no es de extrañar que hayan sido cuatro partidos políticos nacionales los que intenten activar el mecanismo constitucional de la consulta popular.

PAN, PRD, PRI y el nuevo partido Morena pretenden someter a consulta temas relacionados con la propiedad de los energéticos, la reducción del número de legisladores del Congreso de la Unión y el monto del salario mínimo. Demos una rápida revisión a cada una de ellos. El PAN propone la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por Coneval?”. Sin duda alguna es un tema de relevancia, pero ¿será en la legislación laboral donde deberá resolverse? ¿O más bien, como propone el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se necesita un gran acuerdo nacional para el aumento de los salarios mínimos?

El PRI, por su parte, propone preguntar sobre la eliminación de 100 diputados de representación proporcional y de los treinta y dos senadores de lista nacional. Los argumentos para someterlo a consulta descansan en cuestiones de índole económica (costará menos el Congreso), de mejor conducción de los trabajos parlamentarios, y política, puesto que las minorías -aducen- ya no necesitan de la representación proporcional en el número aprobado en 1987 y 1996 respectivamente, para contar con una participación efectiva en el Poder Legislativo.

El tema energético tiene varias aristas. Fue el primero en ser planteado como susceptible de consulta popular, en el marco del ríspido debate parlamentario suscitado por la reforma. Son dos partidos de izquierda -PRD y Morena- los que pretenden preguntar sobre el petróleo y la electricidad, pero no pudieron ponerse de acuerdo para desarrollar una estrategia en común.

La pregunta del PRD tiene que ver directamente con la reforma constitucional recientemente aprobada: “¿Estás de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?” En cambio, el cuestionamiento de Morena está relacionado con la participación de particulares en la explotación de los energéticos en México: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros en materia de petróleo, gas, refinación del petróleo, petroquímica y en la industria eléctrica nacional?”.

En las próximas semanas el INE revisará el cumplimiento del requisito de número de ciudadanos participantes. Las propuestas que califiquen serán turnadas para que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictamine sobre la pertinencia constitucional de su consulta, tanto sobre el tema como por la forma en que han sido formuladas las preguntas. La SCJN tendrá que vigilar que ninguno de los temas propuestos corresponda a alguna de las cuestiones expresamente excluidas de la consulta popular por la propia Constitución. Si, finalmente, logran cubrir todos los requisitos, el Congreso de la Unión convocará a la consulta, que se realizaría el domingo 7 de junio de 2015, junto con las elecciones de diputados federales y, en el caso de Yucatán y de diecisiete entidades más, de autoridades locales. Pero las dificultades no cesan ese día. Si una pregunta gana la voluntad de la mayoría, para que su resultado sea “vinculatorio”, es decir, que obligue al Presidente de la República o al Congreso a cambiar sus disposiciones, se requiere que haya participado cuando menos, el cuarenta por ciento de los votantes, esto es, más de 32 millones de electores.


Escocia y su reciente referéndum de autonomía muestran la importancia de la consulta popular en temas de trascendencia nacional. Ojalá que las estrategias políticas de los partidos no banalicen a este instrumento ciudadano que apenas pugna por nacer entre los ásperos pañales de la democracia mexicana.- Mérida, Yucatán.

Imagen: estudiosecumenicos.org.mx