miércoles, 24 de septiembre de 2014

Participación popular. Más consultas novedosas

Dulce María Sauri Riancho*
Entre las novedades electorales de 2015 asoma la posibilidad de que, por vez primera, los mexicanos participemos en una “consulta popular”. Las reformas constitucionales recientes la incluyeron en su artículo 35, como vía para que la ciudadanía pudiera expresarse sobre temas de trascendencia nacional, que por su impacto en la vida colectiva ameritaran un respaldo que fuese más allá de la sanción de diputados y senadores. Una disposición de tal calibre, que podría eventualmente enmendarle la plana a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene, sin embargo, numerosos y difíciles requisitos que cumplir para poder materializarse. En primer lugar, está limitado el número de quienes tienen la facultad de solicitar una consulta de esta naturaleza: el Presidente de la República, un tercio de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión y -¡ojo!- los ciudadanos, en una cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que está integrada por más de 80 millones de personas. Por lo tanto, quienes intenten introducir una pregunta deberán recabar más de un millón setecientas mil firmas.



Una tarea de tal magnitud difícilmente puede ser acometida por agrupamientos de ciudadanos ajenos a los partidos políticos. El despliegue de organización exigido para conseguir las firmas y los datos de las credenciales de elector de cada uno de los participantes es de enorme complejidad. Por esta razón no es de extrañar que hayan sido cuatro partidos políticos nacionales los que intenten activar el mecanismo constitucional de la consulta popular.

PAN, PRD, PRI y el nuevo partido Morena pretenden someter a consulta temas relacionados con la propiedad de los energéticos, la reducción del número de legisladores del Congreso de la Unión y el monto del salario mínimo. Demos una rápida revisión a cada una de ellos. El PAN propone la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por Coneval?”. Sin duda alguna es un tema de relevancia, pero ¿será en la legislación laboral donde deberá resolverse? ¿O más bien, como propone el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se necesita un gran acuerdo nacional para el aumento de los salarios mínimos?

El PRI, por su parte, propone preguntar sobre la eliminación de 100 diputados de representación proporcional y de los treinta y dos senadores de lista nacional. Los argumentos para someterlo a consulta descansan en cuestiones de índole económica (costará menos el Congreso), de mejor conducción de los trabajos parlamentarios, y política, puesto que las minorías -aducen- ya no necesitan de la representación proporcional en el número aprobado en 1987 y 1996 respectivamente, para contar con una participación efectiva en el Poder Legislativo.

El tema energético tiene varias aristas. Fue el primero en ser planteado como susceptible de consulta popular, en el marco del ríspido debate parlamentario suscitado por la reforma. Son dos partidos de izquierda -PRD y Morena- los que pretenden preguntar sobre el petróleo y la electricidad, pero no pudieron ponerse de acuerdo para desarrollar una estrategia en común.

La pregunta del PRD tiene que ver directamente con la reforma constitucional recientemente aprobada: “¿Estás de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?” En cambio, el cuestionamiento de Morena está relacionado con la participación de particulares en la explotación de los energéticos en México: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros en materia de petróleo, gas, refinación del petróleo, petroquímica y en la industria eléctrica nacional?”.

En las próximas semanas el INE revisará el cumplimiento del requisito de número de ciudadanos participantes. Las propuestas que califiquen serán turnadas para que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictamine sobre la pertinencia constitucional de su consulta, tanto sobre el tema como por la forma en que han sido formuladas las preguntas. La SCJN tendrá que vigilar que ninguno de los temas propuestos corresponda a alguna de las cuestiones expresamente excluidas de la consulta popular por la propia Constitución. Si, finalmente, logran cubrir todos los requisitos, el Congreso de la Unión convocará a la consulta, que se realizaría el domingo 7 de junio de 2015, junto con las elecciones de diputados federales y, en el caso de Yucatán y de diecisiete entidades más, de autoridades locales. Pero las dificultades no cesan ese día. Si una pregunta gana la voluntad de la mayoría, para que su resultado sea “vinculatorio”, es decir, que obligue al Presidente de la República o al Congreso a cambiar sus disposiciones, se requiere que haya participado cuando menos, el cuarenta por ciento de los votantes, esto es, más de 32 millones de electores.


Escocia y su reciente referéndum de autonomía muestran la importancia de la consulta popular en temas de trascendencia nacional. Ojalá que las estrategias políticas de los partidos no banalicen a este instrumento ciudadano que apenas pugna por nacer entre los ásperos pañales de la democracia mexicana.- Mérida, Yucatán.

Imagen: estudiosecumenicos.org.mx