miércoles, 5 de noviembre de 2014

Ante la crisis de legitimidad

Dulce María Sauri Riancho
Elijo dos palabras para describir estos primeros días de noviembre: confusión y descomposición. Grandes sectores de la sociedad mexicana, enterados por los medios de comunicación de lo acontecido en Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y otras entidades de la república, están confundidos y angustiados ante los diversos sucesos de violencia que se repiten todos los días, como si fueran parte del acontecer diario del país. La sensación de estar viviendo una situación de descomposición de las instituciones acompaña a los pobladores de regiones completas, que asisten impotentes a la inacción de sus autoridades más próximas, como son los ayuntamientos y los gobiernos estatales o, lo que es peor, a su abierta complicidad con las redes del crimen organizado en torno al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Las válvulas de escape de la presión social se encuentran obstruidas por la impunidad y la corrupción, cuyas muestras más patentes alcanzan cotas que ni la imaginación más truculenta lograba avizorar hace apenas unos meses.

La “consulta popular” aprobada en la reforma constitucional de 2013 parecía que podría constituirse en válvula de escape para esa presión social. Preguntar sobre los energéticos y su destino, sobre la pertinencia de elevar el salario mínimo o de eliminar a una parte de los legisladores plurinominales ayudaría a procesar una parte de la inconformidad por la reforma petrolera, por el encarecimiento de la vida e incluso, los sentimientos de animadversión que se han creado en torno a los presuntos excesos de los integrantes del Congreso de la Unión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que ninguna de las cuatro preguntas a responder por la ciudadanía en el próximo proceso electoral satisfacía los requisitos que la propia Constitución establece para ser materia de consulta popular porque o bien afectaban los ingresos públicos, como en el caso del petróleo y los salarios mínimos; o implicaban cuestiones relacionadas con el régimen de gobierno y el tema electoral, materias también prohibidas. Políticamente, la Suprema Corte quedó muy bien, pues descalificó a todos por igual: PRI, PAN, PRD y Morena. Pero ¿no que la consulta era de ciudadanos y dirigida a éstos? Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos y sus intereses organizándola y adjudicándose la representación de la sociedad sobre las cuestiones que le preocupan? La respuesta es sencilla: sólo ellos, los partidos, tienen la estructura capaz de cumplir los requisitos para siquiera aspirar a pasar el primer filtro: el porcentaje de electores que respaldan la posibilidad de la consulta. Así lo diseñaron los legisladores y lo aprobó el Constituyente Permanente.

La otra vía propuesta por el presidente Peña Nieto para despresurizar la grave coyuntura de violencia que vive el país consiste en la suscripción de un nuevo acuerdo en materia de seguridad, que abarque, “… la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad civil para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo…”. Parece ser una especie de segunda edición del Pacto por México, que funcionó al inicio del actual gobierno, pero en otras circunstancias muy diferentes a las que actualmente prevalecen. No sería extraño que el PAN aceptara incorporarse, a cambio de una ley “anti-corrupción” cuya paternidad pretende adjudicarse. Y que el PRD hiciera lo mismo, preocupado por realizar el “control de daños” frente a lo acontecido en Guerrero. Sin embargo, quienes firmarían ese pacto son los mismos señalados por la sociedad como ineficientes o cómplices de lo que pretenden ahora corregir.


En el fondo, vivimos una grave crisis de legitimidad en torno a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que abarca a todos los partidos políticos. El azote de la incredulidad afecta palabras, compromisos y promesas de los funcionarios públicos de todos los niveles. “Por sus frutos los conoceréis” y hasta ahora éstos han sido magros o de plano inexistentes. Entonces, la legitimidad se refugia en otros personajes de la misma sociedad, a quienes se les escucha y se les cree en sus opiniones porque corresponden a una actitud que es percibida por amplios sectores sociales como honesta y comprometida. Tal es el caso de Carmen Aristegui, conductora de la primera edición del noticiero de “MVS Radio”, que vino el viernes pasado a dar una charla en el auditorio “Cepeda Peraza” de la Uady. La cola para ingresar al recinto se extendía por una cuadra en la calle 60, subía por la escalera del segundo piso y se desparramaba en los corredores del edificio central de la Universidad. Compartían la fila jóvenes y mayores, mujeres y hombres de distintos grupos sociales, actividades y tendencias políticas. Muchos no pudimos entrar, pero haber compartido la larga espera fue para mí la oportunidad de encontrar una luz de esperanza y reconocer el liderazgo social basado en la autenticidad del testimonio de vida. Y eso, no hay pacto que lo compre ni Corte que lo descalifique.- Mérida, Yucatán.