jueves, 4 de diciembre de 2014

Municipios intervenidos. Contra la infiltración del crimen

Dulce María Sauri Riancho
El pasado jueves (27 de noviembre) el presidente Peña Nieto presentó una batería de diez puntos como parte de una estrategia integral para combatir la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad, así como las desigualdades sociales más lacerantes, localizadas en el sur-sureste de México. De esta manera, plantea una primera respuesta articulada ante las intensas manifestaciones de descontento que se han dado a lo largo y ancho del país desde el pasado 26 de septiembre, cuando ocurrieron los reprobables hechos en Iguala.

La agenda presidencial incluye lo mismo acciones concretas, de resultados inmediatos, que el diseño y aplicación de políticas públicas, con efectos en el mediano y largo plazo, como es el combate a la pobreza en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Independientemente de los tiempos de ejecución o de los mecanismos de coordinación intergubernamental considerados, los diez temas merecen ser analizados y discutidos ya que tocan campos de interés muy cercanos a la vida de los ciudadanos y de las familias. Es el caso de las propuestas dirigidas a la organización y el funcionamiento de los municipios.

Con mucho ingenio, Denise Maerker escribió a finales de mayo, en ocasión del nombramiento del comisionado federal para Michoacán: “Estados intervenidos, la verdadera novedad en materia de seguridad”. Algo así parece haber sucedido con el primer punto del decálogo presidencial. Municipios intervenidos, cuando se considere que han sido infiltrados por el crimen organizado. Municipios despojados de su policía, porque no funciona, porque se ha corrompido. Cuando se trata de cualquier iniciativa legal o propuesta de cambio para el régimen municipal vigente, es indispensable tomar en cuenta que el gobierno municipal es la instancia más cercana a los ciudadanos, a las familias y a las comunidades. Las alcaldías son las encargadas de brindar directamente los servicios públicos fundamentales o, en su defecto, de interceder ante otros niveles de gobierno para asegurar la dotación de los mismos.

Con el paso de los años y dada la centralización de recursos y facultades que impera en México, los ayuntamientos hacen las veces de trinchera contra el autoritarismo y contra los excesos, provengan éstos del gobernador de la entidad de la que son parte o de las incontables agencias del gobierno federal. La elevada cohesión demostrada por las redes municipales ha sido factor determinante en el largo y complejo proceso de descentralización del poder (recursos y atribuciones) que se ha vivido en México, sobre todo en los últimos 30 años cuando se tuvieron señales evidentes de que el sistema presidencialista se agotaba.

El proceso de descentralización que ha fortalecido a las estructuras municipales y a sus funciones no ha sido lineal ni siempre ascendente, sino de altas y bajas, de avances y retrocesos. En contrapartida, las propuestas presidenciales sobre la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado y el establecimiento de Policías Estatales Únicas, dejan sentir mayor intervención federal a expensas de los ayuntamientos y sus atribuciones.

En el renglón municipal, me parece que las medidas propuestas son “invasivas”, en el mismo sentido que se le da a este término en el lenguaje médico. Tras haberse diagnosticado que la debilidad estructural de los municipios es “campo de cultivo” de la corrupción y la impunidad que benefician a la delincuencia organizada, el remedio que se propone es “extirpar” el órgano enfermo -las policías municipales o el cabildo en pleno, en los casos comprobados de infiltración de la delincuencia- sin intentar siquiera la terapia curativa.

La propuesta presidencial descansa en un supuesto peligroso: al anular los órganos factibles de infiltrar se anulará cualquier posibilidad de inserción al crimen organizado. Habría que empezar por preguntarse si las partidas de la policía estatal o de los contingentes federales que actualmente están en los municipios y comunidades son refractarios naturales a la corrupción y a la influencia de la delincuencia organizada. Y en caso de resultar inmunes, ¿lo seguirán siendo una vez que desaparezcan los cuerpos municipales y sean ellos “cabeza de ratón” en materia de seguridad municipal?

Pero de mayor gravedad y con efectos muy profundos es la vulneración de facultades que sufren los ayuntamientos, más allá de la desaparición de sus policías. La amenaza latente de desaparecer a cualquier cabildo con el argumento de la infiltración golpea en la “línea de flotación” al municipio libre, lo degrada en su autonomía, ya que no sólo será objeto de supervisión, de control y de sanción por parte de los poderes legislativo (del estatal y del federal) y judicial (del orden estatal o del federal) sino ahora también de los mandos y de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.


Me pregunto sobre la conveniencia de encontrar otros caminos para combatir la asociación perversa autoridades municipales-delincuencia organizada. Uno de ellos podría consistir en una reforma radical a los alcances del fuero constitucional del que están investidas las autoridades de los tres niveles. Que si un funcionario es presunto responsable de cometer delito, que se le pueda detener y poner a disposición de los jueces. Pero que la misma vara sirva para medir a los gobernadores y los funcionarios estatales y federales, incluyendo a todas las fuerzas de seguridad. Considero que ésta sí sería una respuesta directa y efectiva a los reclamos de la ciudadanía, porque lo que tiene harta a la sociedad son los privilegios.- Mérida, Yucatán.