lunes, 15 de diciembre de 2014

Violencia en el sur de Yucatán: Una señal de alarma

Dulce María Sauri Riancho
En estas últimas semanas se han dado a conocer los resultados de diversos estudios sobre la seguridad en el país, provenientes tanto de datos estadísticos como de encuestas de opinión. La encuesta anual del Inegi (Envipe), así como otros trabajos de investigación realizados por organizaciones de carácter privado coinciden en señalar a Yucatán y a Mérida como dos de los lugares más seguros para vivir. Esta consideración descansa tanto en las cifras de homicidios, secuestros y otros delitos de alto perfil asociados al crimen organizado, como -lo más relevante- en la percepción que los yucatecos tenemos de vivir seguros.

Tantas “porras” nacionales recibidas en materia de seguridad parece que han logrado adormecer de alguna manera el sentido de alerta ante acontecimientos que deberían encender “focos amarillos” en el plácido tablero de nuestra complacencia. Y una de esas señales de alarma proviene del Sur. Entre las huertas de frutales y sembrados de hortalizas se está gestando un fenómeno que aún no captura el interés debido de las autoridades. Un ejemplo reciente de esta situación lo representan los sucesos de Pustunich, comisaría de Ticul, donde “… un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, encapuchados y en motocicletas, trató de matar a pedradas a un par de cuñados, JFCH y JMC, y a la esposa de este último…”.

La región sur de Yucatán se caracteriza por la convivencia entre poblaciones y localidades prósperas, con recursos económicos provenientes de las actividades agrícolas y el comercio de frutas y verduras producidas en sus numerosas huertas. Cuenta también con tecnología moderna para cultivar en invernaderos y en grandes extensiones dedicadas a las hortalizas de exportación al mercado norteamericano. Pero, por otra parte, en la zona sur se ubica Tahdziú, el municipio clasificado como el más pobre de Yucatán, cuyos habitantes están dedicados en su mayoría a la milpa tradicional, con sus magros rendimientos. Si sumamos que atrás de la prosperidad se oculta el desempleo y la falta de opciones productivas para los jóvenes, incluyendo los egresados de las instituciones de educación superior de la zona, entenderemos las razones de la población trabajadora sureña que, ante la falta de oportunidades en su región, se va a laborar a Cancún y a la Riviera Maya. Unos son los llamados “semaneros”, porque cada fin de semana retornan a sus casas, donde han permanecido sus esposas e hijos pequeños, además de los ancianos que ya no pueden realizar las desgastantes jornadas de trabajo y traslados de cada siete días. Otros sureños han emprendido viajes mucho más largos que al norte de Quintana Roo. Son aquellos que, desde hace más de 50 años participaron en el programa “Bracero”, por medio del cual se trasladaban a los Estados Unidos con un contrato temporal. Quizá esta experiencia fue el origen de la costumbre de ir a trabajar al vecino país, con papeles o sin ellos. En algunos casos permanecieron e hicieron su vida por allá. En otros, regresaron, bien fuera por propia voluntad o deportados después de alguna experiencia terrible con la “migra” norteamericana.

Desde hace varios años se han dado a conocer diversos incidentes de violencia que traspasan, con mucho, los delitos tradicionales cometidos en el sur de Yucatán. Me refiero al aumento del número de homicidios cometidos en riña, dicen que motivado por el alcohol o como resultado de la violencia doméstica, que se suman al aumento considerable de denuncias de robos de bombas para regar, tubería y otros instrumentos del trabajo agrícola, que hasta hace poco eran respetados, aun si se encontraban en aisladas huertas de la región y sin vigilancia humana alguna.

Más grave que la cantidad es la forma como se han cometido diversos ilícitos en la región sur de Yucatán. Se han ejecutado en pandilla, mediante la asociación de grupos de jóvenes que se organizan para amenazar, despojar, agredir e incluso matar a aquellos con quienes disputan espacios y propiedades de determinados bienes. Por eso resulta particularmente preocupantes los sucesos de Pustunich, por la casi veintena de jóvenes que se pusieron de acuerdo para amagar y apedrear a tres personas, con intenciones de privarlas de la vida.

Ignoro las causas de la agresión al trío de Pustunich. Pero la forma de ejecución en su modalidad de “pandilla” es razón suficiente para encender con particular intensidad la señal de alarma. Es cierto que las armas fueron piedras, no metralletas, pero ¿se trata de esperar hasta que haya un enfrentamiento en que salgan a relucir pistolas, balazos y muertos? Las poblaciones del sur de Yucatán merecen sentirse tan tranquilas como los habitantes de Mérida.


El Sur de unos y de otros necesita un programa especial que permita ejercer el derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. En su diseño deberán intervenir antropólogos y sociólogos, además de los responsables de la seguridad pública estatal. Habría de convocarse a las organizaciones sociales y cívicas de la región, para escuchar sus opiniones y comprometer su acción, en conjunto con las instituciones gubernamentales. Castigar el delito no basta: se requiere llegar a sus raíces y combatirlo. Reconocer que existe el problema es el primer paso para actuar. Estamos a tiempo.- Mérida, Yucatán.