viernes, 21 de noviembre de 2014

El hartazgo de la sociedad en el aniversario de la revolución

Dulce María Sauri Riancho
“¿Listos para la revolución?” fue la pregunta que me espetó un joven profesional compañero de natación al comenzar la jornada de ejercicio matinal. La frase me acompañó durante la hora siguiente, como un eco que demandaba comprender las razones que podría tener un joven yucateco, en uno de los pocos lugares del país que se perciben a sí mismos como tranquilos, para sentirse estrechamente compenetrado con los acontecimientos que suceden en otras regiones.

La invocación revolucionaria de mi compañero trae consigo un juicio categórico sobre la imposibilidad de impulsar los cambios por la vía pacífica, cuando la ciudadanía decide que quienes ejercen el poder público no lo han hecho con eficiencia y a su entera satisfacción. Sólo un giro radical, se insinúa en la pregunta del joven profesional, puede afrontar la situación que vive México y éste se llama Revolución.

Así pensó una parte de la generación estudiantil del 68, aquellos que en ese año de la Olimpiada tenían entre 15 y 25 años de edad; de los pocos privilegiados que podían asistir a los centros de educación superior en un país cuyo promedio escolar escasamente rebasaba el cuarto año de primaria. Las demandas de entonces, que giraron en torno a un suceso violento que se entrelazó con la organización de los Juegos Olímpicos, culminaron trágicamente en Tlatelolco el 2 de octubre.

Al relevo gubernamental en 1970 se aplicó una doble estrategia: darle cauce a una parte de esa inconformidad juvenil incorporándolos a las organizaciones político-partidistas: PRI, CNC, principalmente; a las cámaras de diputados o a la administración pública. En cambio, a los que optaron por la vía armada, se les persiguió hasta aniquilarlos, desaparecerlos o recluirlos en las cárceles.

Aun en la desazón de entonces, había esperanza. Se materializó con la reforma política de 1977 que dio amnistía a los presos políticos; instauró la pluralidad en los ayuntamientos y los congresos, con la participación abierta y reconocida de fuerzas políticas opositoras al PRI. Más aún: la reforma legalizó al Partido Comunista, que operaba en la clandestinidad y que, tras sucesivas transformaciones, se convirtió en el PRD.

En 1989, el PRI perdió la primera gubernatura en Baja California. Nunca como entonces la vía electoral se asumió como la opción para el cambio político. Las sucesivas reformas garantizaron el respeto al voto, la ciudadanización de los órganos electorales y el financiamiento público a los partidos, para poder alcanzar la equidad en las contiendas. En las elecciones de 1997 el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados y el 2000 trajo la alternancia partidista en la Presidencia.

Las estrategias de campaña que siguió Vicente Fox hicieron creer a grandes sectores de la población que el simple desplazamiento del PRI de la Presidencia de la República habría de resolver mágicamente problemas de todo tipo. La incomprensión del momento político y la frivolidad hicieron estragos en la credibilidad ciudadana sobre la política y los partidos.

Restos en el arcón

Pero todavía quedaban restos en el arcón de las esperanzas, que se vieron frustradas, una vez más, tras la polarización electoral de 2006. El sexenio se inició con violencia y déficit de legitimidad; y así terminó, con miles de muertos y desaparecidos, redes criminales extendidas en amplios espacios del territorio nacional y con un severo desgaste de las instituciones del Estado, en particular las responsables de la seguridad.

La elección de 2012 mostró que la disminuida esperanza de los mexicanos todavía daba para votar pacíficamente y darle el triunfo al PRI. Volvía a gobernar a una sociedad distinta a la de 1968: urbana, más educada, con acceso a redes de comunicación que no pasan por los tradicionales medios impresos y electrónicos. También, más exigente y menos tolerante ante el fracaso de las políticas públicas o ante el incumplimiento de los compromisos de gobierno.

Año y medio de resultados, en los que el presidente Peña Nieto sacó adelante su propuesta de grandes reformas constitucionales en sectores claves de la economía parecían alejar el fantasma del fracaso gubernamental. Esos éxitos ocultaron los desaciertos en la estrategia para enfrentarse a la violencia y a la descomposición que habían alcanzado a los gobiernos municipales y estatales en varias regiones del país. Y llegó Ayotzinapa.

No ha sido, por desgracia, el único episodio de extrema violencia en los últimos meses. Sin embargo, con Ayotzinapa se rebasaron los límites de la tolerancia de una sociedad que parecía impermeable a las ejecuciones, desapariciones, secuestros y extorsiones.

La reacción que cunde se puede sintetizar en la frase: “que se vayan todos”, es decir, los políticos, los partidos, los legisladores. Como expresión de una exigencia, no se detiene a considerar por quiénes serían sustituidos; basta con que éstos, los de ahora, desaparezcan de la esfera de las decisiones políticas. Del optimismo desbordado de 2000, al pesimismo sin esperanza de 2014.

La situación es complicada y las alternativas de solución no son sencillas de imaginar, menos aún de instrumentar cuando quienes tienen la atribución legal de hacerlo, son los mismos cuestionados en su capacidad y en su honorabilidad. Culminar la investigación sobre Ayotzinapa es sólo el principio del largo proceso para combatir la impunidad.


Restaurar la legitimidad de las autoridades de los distintos niveles pasa por cambios drásticos a la manera de concebir y ejercer el poder y la representación ciudadana. Urge que se encuentren nuevos reservorios de autoridad moral que ayuden al difícil proceso de curación de una sociedad que hoy se mira a sí misma enferma y desvalida ante la adversidad.- Mérida, Yucatán.