miércoles, 12 de noviembre de 2014

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#SigueJesus

Dulce María Sauri Riancho
Durante 26 minutos había informado detalladamente y después de media hora de preguntas, al concluir su respuesta sobre la intervención tardía de la PGR, “.nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de la delincuencia organizada.”, y eso sucedió hace 33 días, hasta cuando la procuraduría de Guerrero declinó continuar con la investigación del caso. Entonces susurró la frase: “… Ya me cansé…”. Ese viernes por la tarde Jesús Murillo presentó un amplio informe sobre las pesquisas donde encontraron restos humanos; en el mismo se reprodujo parte de las declaraciones de tres personas que confesaron ser los autores materiales de la ejecución de los 43 jóvenes estudiantes. Autoridades y policías municipales de Iguala y Cocula, involucradas con el crimen organizado de la región, dijeron, se los habían entregado. La capacidad para reducir, asesinar e incinerar los restos de 43 jóvenes, estas personas hablan de que no era la primera ocasión que realizaban actos de esta naturaleza. Las fosas encontradas con otros cadáveres, más de 30, en los alrededores, son testigos mudos de los horrores allá experimentados. La Procuraduría, así lo señaló Murillo, está obligada a continuar sus investigaciones, tanto para encontrar y poner a disposición de los jueces a los responsables que aún continúan prófugos, como para lograr identificar con precisión a los jóvenes cuyos restos calcinados fueron arrojados al río en bolsas de basura.

Desgraciadamente, no es la primera vez que suceden episodios sangrientos con decenas de personas muertas. Tal sucedió en San Fernando, con los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en un rancho del lugar. También en Tamaulipas, en la localidad de Allende, se tiene noticias de más de trescientos habitantes desaparecidos, una tercera parte del total de su población. Las denuncias sobre desapariciones de personas reflejan el dolor y la impotencia de padres, hermanos, hijos y cónyuges, que no saben ya a dónde acudir para obtener alguna respuesta sobre el destino de su familiar. A grandes pinceladas, este paisaje se ha vuelto parte de lo cotidiano, en los medios de comunicación para algunos estados privilegiados como Yucatán, y en la vida diaria de aquellas regiones azotadas por la violencia en distintas partes de México. Entre esta aparente “rutinización de la violencia”, ¿qué removió Ayotzinapa para provocar una oleada gigantesca de indignación que invade el país entero?

Los científicos sociales le llaman “catalizador”; la sabiduría popular le dice: “la gota que colmó el vaso”. Tal sucedió en España con la cacería de elefantes del rey Juan Carlos y el proceso que se sigue contra su hija, la infanta Cristina, por tráfico de influencias e irregularidades fiscales. Tal vez en un escenario de prosperidad económica, estas conductas censurables podrían haber sido digeridas por una mayoría. Pero ante la crisis y el fin de las expectativas de millones de españoles, estos hechos escalaron hasta llegar a cuestionar la existencia misma del régimen monárquico en España. Para México, Ayotzinapa parece ser catalizador y gota. Sus involuntarios protagonistas son jóvenes, como la mayoría de los que mueren ejecutados en las calles, catalogados como sicarios o bien, “daños colaterales” en los enfrentamientos. Son estudiantes de una normal rural, la “Isidro Burgos”, tal como lo fueron estudiantes y maestros de la normal rural “Flores Magón” que en 1965 asaltaron el cuartel Madera en Chihuahua. Son también como los estudiantes que perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Quizá son las reminiscencias de estos hechos lo que encendió la hoguera, alimentada por la carestía y la falta de expectativas de mejoramiento en muchos hogares de clase media, ante el bajo crecimiento económico. O tal vez han sido las denuncias reiteradas de corrupción en los altos niveles de gobierno de los estados, municipios o de la misma federación, que han quedado sin respuesta y mucho menos, con rigurosa aplicación de la ley y sanción a los culpables. El hecho es que como si fuera chispa en yesca seca, el fuego de la indignación se ha encendido sin que hasta el momento haya habido una iniciativa creíble por parte de las autoridades para enfrentar la situación.


Sobre la situación que rodea a la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha el único avance tangible han sido las investigaciones de la PGR. De ninguna manera soluciona la grave situación de sus familiares, ni calman su indignación y su dolor. En el ambiente de incredulidad en que vivimos, muchas personas cuestionan la validez de sus afirmaciones e incluso, existen algunas voces que demandan la remoción del Procurador, sustentando su exigencia en el susurro de la frase “ya estoy cansado”. No estoy de acuerdo. Sería absurdo pretender la salida del funcionario que está dando resultados, aunque no sean aquéllos que teníamos esperanzas de obtener. Interrogado sobre su frase, que alcanzó la categoría de “trending topic” en internet, el procurador respondió “… estoy cansado de una violencia brutal… Sí me cimbra. Además de que tenía yo 40 horas sin dormir…” (entrevista con Carlos Loret de Mola, en Televisa, lunes 10 de noviembre). Que conserve el procurador su sensibilidad ante la violencia y el dolor de las víctimas y sus familiares es la mejor garantía de que seguirá adelante en las indispensables investigaciones sobre otros cientos de casos que han recibido poca o nula atención por parte de las autoridades responsables. La lección de Ayotzinapa demanda no desestimar las denuncias en contra de las autoridades, por más incómodas, políticamente hablando, que puedan ser. Murillo Karam tiene la energía y la convicción. En sus palabras: “… No es un problema de vigor (para seguir), es un asunto de sentimiento. Desde luego que quiero seguir, quiero terminar con el asunto…”. Y ése no es otro que la justicia por la que claman miles de víctimas. #siguejesus.- Mérida, Yucatán.