jueves, 13 de diciembre de 2012

Mérida se renta, se vende.


Paseo de Montejo y Centro Histórico
Dulce María Sauri Riancho

Después de varias sesiones de llevarles, amigos lectores, por los rumbos de la política nacional, regresemos a casa.

Uno, dos, tres, cuatro… al llegar a 12 la tristeza me ganó. Son decenas los locales que lucen letreros de “Se Renta”, “En Venta”, en ambas aceras del Paseo de Montejo. Y la cuenta puede continuar en todas y cada una de las arterias del Centro Histórico. Lo que antaño fuera zona residencial privilegiada, hace años dejó de serlo para dar paso a un bullicioso y variado mundo comercial y de negocios. Ahora también los comercios y las oficinas se han mudado o han optado por cerrar. Hay calles de nuestra ciudad que transmiten un mensaje de desesperanza por el deterioro en que se encuentran sus construcciones. Hay rumbos del Centro Histórico que, apenas oscurece, se vuelven lúgubres, al grado de despertar temor para transitar, sobre todo para las mujeres. Lo cierto es que la Mérida tradicional empieza a lucir abandonada y demanda a gritos una transfusión de vida y de creatividad.

Es cierto; el desarrollo de la propiedad inmobiliaria es actividad privada. Lo que se haga con las propiedades urbanas, el monto de las rentas, las operaciones de compraventa, todos estos aspectos cruciales de la economía y del propio desarrollo urbanístico se encuentran en el ámbito de “lo privado”. Pero cuando la dinámica del libre intercambio desaparece y las actividades inmobiliarias se colapsan al grado de poner en riesgo la sana convivencia, entonces se hace necesaria la intervención de los poderes públicos, la realización de diagnósticos certeros sobre la causa o posibles razones y, como consecuencia, la implementación de políticas públicas diseñadas de manera específica para revertir el deterioro. Aunque obvio, es necesario destacar que el diseño y la adecuada implementación de las políticas y de las acciones de gobierno -en cualquiera que sea el campo de interés- implica la participación directa y comprometida de todos los grupos sociales involucrados.

Desde hace varios años se ha venido promoviendo y aplicando una serie de programas dirigidos a reactivar al Centro Histórico meridano. La mayoría de estas propuestas provenía originalmente del sector privado, de organizaciones empresariales y fundaciones. Con el paso de los años, tanto las autoridades municipales como las estatales y las federales hicieron suyas algunas de estas propuestas, lo que permitió escalar objetivos y alcances. El esfuerzo más reciente y ambicioso consistió en aplicar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo en la restauración de calles, parques y banquetas y en la intervención de cientos de fachadas de construcciones privadas localizadas en el Centro Histórico. Aunque los trabajos no se concluyeron y aún los terminados y entregados muestran deficiencias, no pueden negarse los beneficios que un programa tan amplio representa para nuestra ciudad.

Otra cosa han dejado en claro los trabajos de restauración de nuestro Centro Histórico: la rehabilitación de la Mérida tradicional supone y demanda mucho más, que el mejoramiento de la infraestructura entendida como darle una “manita de gato” a las fachadas de casas y construcciones que, en muchísimos casos, permanecen desocupadas y con sus interiores en estado ruinoso. No se considera ni se sugiere la suspensión de los programas en marcha. Tampoco se propone disminuir el ritmo o cambiar el destino de los presupuestos de obra pública. Pero es urgente diseñar y aplicar programas complementarios, conformar una estrategia integral, dirigida específicamente para reactivar la ocupación y lograr la dinamización del centro y de los barrios tradicionales de nuestra ciudad.

Reactivar la ocupación habitacional del llamado “primer cuadro” significa combinar tal vez la ocupación de casas por familias locales y extranjeras, con instalaciones dedicadas al turismo. Se debieran brindar facilidades para el desarrollo de pequeños hoteles pero, también, de casas para estudiantes y, ¿por qué no? de casas para el cuidado de adultos mayores. Las vetustas casonas del centro pueden recibir a las instalaciones de universidades, la reubicación de bancos y oficinas corporativas. Lo anterior supone la implementación de un sistema eficaz de transporte público (el uso intensivo de la bicicleta, tal vez) y un diseño audaz de la vialidad en la zona. La construcción de estacionamientos públicos es indispensable; la disponibilidad de banquetas más amplias y seguras (sin las trampas y los desniveles de las actuales); zonas peatonales y cruceros seguros para los viandantes. En síntesis, se requiere recuperar a plenitud los espacios públicos, devolver a las personas, a las familias, a los vecinos, la tranquilidad y las comodidades que fueron usurpadas por los vehículos y por el desorden en las actividades comerciales.

Para fortuna nuestra y de nuestra ciudad, no hay que “inventar el hilo negro”. Hay muchas y muy variadas experiencias exitosas aplicadas en ciudades de todo el mundo. De todas ellas podemos aprender; de algunas podemos replicar programas; de otras, adaptar iniciativas a las condiciones locales y a nuestra forma de ser. Lo que hagamos por nuestra ciudad será en beneficio de todos sus pobladores. Pero hay que actuar ahora, no dejar pasar más el tiempo. Por nuestra desidia y falta de compromiso pasados nos alcanzó el presente. Que no perdamos el futuro.- Mérida, Yucatán.

viernes, 7 de diciembre de 2012

El arranque de Peña Nieto


Trece decisiones, 95 compromisos
Dulce María Sauri Riancho

No hay plazo que no se cumpla. El sábado 1 de diciembre dio inicio la presidencia de Enrique Peña Nieto. Aún con el escepticismo cultivado a lo largo de varios cambios sexenales, en que las palabras emocionaron y después vino la decepción, he decidido recetarme unas cucharadas de jarabe de optimismo para abordar el análisis de los primeros pasos del nuevo gobierno.

En el discurso inaugural, el Presidente estableció los “cinco ejes” de su administración. Un México en paz es el primero, con las familias y las personas en el centro de las políticas de seguridad. México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la enorme brecha de desigualdad; un país con educación de calidad para todos y crecimiento económico suficiente para lograr la prosperidad, son los otros tres ejes, al que se suma el quinto: México, como actor internacional con responsabilidad global.

Hasta aquí no hay nada distinto de otros mensajes inaugurales, pero Peña Nieto “aterrizó” en 13 “Decisiones Presidenciales”, donde detalla la sustancia de sus planteamientos, de los cuales se derivarán acciones concretas en los próximos días, semanas, meses. Las dos primeras tienen que ver con la seguridad; consiste en la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito y el desistimiento del Ejecutivo federal de la controversia que impide la publicación de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso. En el terreno legislativo Peña Nieto comprometió una iniciativa presidencial para que el país tenga un Código Penal único, en vez de los 33 actuales.

La cuarta decisión presidencial guarda semejanza con un programa instrumentado por el presidente Lula, de Brasil. Se trata de una Cruzada Nacional contra el Hambre, a comenzar dentro de los próximos 60 días. La quinta y la sexta tienen que ver con la atención a grupos vulnerables: para las jefas de familia, un seguro de vida; para los adultos mayores de 65 años, pensión universal. Lo más importante de esta determinación presidencial es que será el primer paso hacia la creación del Sistema de Seguridad Social Universal, que ampare a los mexicanos durante todo su ciclo de vida.

El número siete de la suerte se reservó para la Reforma Educativa. Mediante una iniciativa de reforma constitucional, se establecerán las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente, como una manera de garantizar que serán el trabajo y los méritos los únicos componentes en la evaluación y ascenso de los maestros. En voz del Presidente nos enteramos que nadie, ni siquiera la Secretaría de Educación, sabe cuántas escuelas, maestros y alumnos hay realmente en el país, por lo que ordenó la realización de un censo, indispensable para una buena planeación educativa.

Las decisiones ocho y nueve tienen que ver con la infraestructura: carretera, ferroviaria, portuaria, que será impulsada en forma decisiva, con atención especial hacia el Sur de México, la región más rezagada. Anunció también la construcción de trenes de pasajeros, entre los cuales estará el Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.

El número 10 corresponde a las telecomunicaciones, el derecho de acceso a los servicios de banda ancha e internet, que será elevado a rango constitucional y, en forma paralela, se licitarán dos cadenas de televisión abierta y se generará mayor competencia en telefonía, internet, radio y televisión. En la decisión 11, Peña Nieto se compromete a encontrar “una solución inmediata” al grave endeudamiento en que han incurrido estados y municipios, mediante una iniciativa de Ley que lo corrija e impida en el futuro.

A las finanzas públicas corresponden las dos últimas decisiones, la 12, que es el compromiso de “cero déficit presupuestal” para el Paquete Económico 2013 y la 13, que consiste en racionalizar el gasto corriente. Ahora tendrán los nuevos funcionarios de Hacienda la difícil tarea de hacer el “milagro de los panes y los peces”, pues sin cobrar nuevos impuestos tienen que suministrar recursos a los nuevos programas comprometidos por el Presidente.

Otro reto de estas 13 Decisiones tiene que ver con el Congreso de la Unión. El Presidente anunció, al menos, tres reformas constitucionales e igual número de nuevas leyes. Tendrá que haber una intensa negociación política entre el Ejecutivo y el poder Legislativo para que las 13 Decisiones no queden empantanadas en los procedimientos parlamentarios.

El 2 de diciembre se suscribió el Pacto por México por los tres partidos políticos más grandes -PRI, PAN, PRD- y el Presidente de la República. Contiene la friolera de ¡95! compromisos adoptados para impulsar cinco grandes acuerdos. En palabras del secretario de Gobernación, se trata de poner un coto a “… La creciente influencia de poderes fácticos (que) frecuentemente reta la vida institucional del País y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano…”. Todo hace suponer que se refiere a las grandes televisoras y empresas de telecomunicaciones -Televisa, Azteca, Telmex-, así como a los sindicatos magisteriales, SNTE de la maestra Elba Esther y la Coordinadora, de su disidencia. Hay un acuerdo por la Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que a la vez se desglosa en compromisos concretos.

Como verán, amigos lectores, hay ingredientes para el jarabe de optimismo. Pero mi pócima tiene fecha de caducidad: terminará en 2013, cuando las 13 Decisiones presidenciales se hayan ejecutado o, de nuevo, las haya enterrado en mi panteón particular de las desilusiones.- Mérida, Yucatán.

martes, 27 de noviembre de 2012

El empacho de la Sedesol


Reforma administrativa del sexenio de Peña Nieto
Dulce María Sauri Riancho

Llegó la esperada propuesta de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que Enrique Peña Nieto presenta en el Congreso de la Unión a través de los legisladores del PRI y del Verde. Los tiempos están correctamente calculados, pues si se aprueban y el presidente Calderón las publica antes del 1 de diciembre, se evitarán los problemas de seguir sosteniendo secretarías, como la de Planeación en Yucatán, cuando se ha decidido desaparecerlas.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Han surgido diversos cuestionamientos en torno a la pertinencia de varios de los cambios que se darían si la iniciativa de marras fuera aprobada en sus términos. Quiero llamar su atención sobre el significado de algunas modificaciones, aparentemente poco trascendentes, pero que de ser aprobadas tendrán un impacto definitivo en la construcción de las nuevas formas de ejercer la responsabilidad de gobernar. Me refiero a las “siete hermanas”, todas ellas instituciones que tienen en común su carácter transversal, la participación en varias de ellas de representantes de la sociedad civil en calidad de consejeros o supervisores de su actuación, que la iniciativa de reforma pretende concentrar (sectorizar es el término) en la Secretaría de Desarrollo Social. Rápidamente las enumero:

1) La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo descentralizado, no sectorizado, de la administración pública federal. Mucho ojo con esta característica, pues significa que la CDI, al igual que 2) el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dependen del Presidente de la República, lo que además de rango administrativo, les otorga visibilidad para el desempeño de sus tareas.

3) El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también es un órgano desconcentrado, aunque perteneciente a la Secretaría de Gobernación. 4) El Instituto Nacional de la Juventud está sectorizado en Educación Pública. 5) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la Secretaría de Salud. 6) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que también está sectorizado en Gobernación, y por último, 7) el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el único perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El argumento de la iniciativa para agrupar a las “siete hermanas” consiste en “… evitar la dispersión de políticas de atención a grupos específicos de la sociedad mexicana, para impulsar con sentido integral las tareas de inclusión social que se requieren, con esfuerzo coordinado…”. Esta razón meramente operativa y aparentemente funcional pretende sumar “peras con manzanas”, pues tienen esferas de responsabilidad y mandamiento legal distintos.

Las dos que hasta la fecha se encuentran directamente vinculadas a la Presidencia de la República requieren de la fuerza de la institución presidencial para aplicar las políticas que involucran a las distintas y poderosas secretarías, como Comunicaciones, Salud, Agricultura, entre otras. La ley establece que la CDI es instancia de consulta obligada para el conjunto de la administración pública federal en materia indígena. (Art. 2o. constitucional), creado en 1948 como Instituto Nacional Indigenista, luchó por transformarse en un órgano no sectorizado, porque los pueblos originarios de México requieren acciones coordinadas de las secretarías y dependencias del gobierno en su conjunto. Es el mismo caso de Inmujeres, conformado en enero de 2001, que tiene una Junta de Gobierno integrada por los titulares de 16 secretarias y dependencias del gobierno en su conjunto, además de ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo Social, la mayoría representantes de la sociedad civil.

El Conapred, dedicado a combatir la discriminación con el apoyo de Gobernación, está definido en la Ley como “… órgano de Estado…” que tiene, además, atribuciones para resolver reclamaciones y quejas sobre actos considerados como discriminatorios, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional.

Por razones de experiencia personal, profundizo en Inmujeres. Desde hace 37 años, en 1975 comenzó la construcción de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres en México. Veinte años después surgió el Programa Nacional de la Mujer (Pronam) 1995-2000, para hacer realidad los compromisos adoptados por México en Beijing. En junio de 1996 fui nombrada coordinadora nacional del Pronam, con la responsabilidad de armar la estructura administrativa que hiciera posible la ejecución del Programa. El comienzo fue muy difícil, no sólo por la ausencia casi total de apoyos materiales y personal, sino por la “fina” indiferencia del aparato gubernamental hacia los temas de mujeres. Para vencer los obstáculos de todo tipo que se presentaron, fue crucial la participación de las mujeres integrantes del Consejo Consultivo y de la Contraloría Social, que provenían de distintos mundos: partidistas, ideológicos, de diversas experiencias, pero que se unieron para procurar la instalación y el arraigo de la Comisión Nacional de la Mujer, sectorizada desde su origen en la Secretaría de Gobernación. El esfuerzo demandaba ir más lejos, hacia una institución dependiente en forma directa del Presidente de la República. Así surgió Inmujeres, con su ley correspondiente, en 2001.

La compactación en Sedesol no es una buena idea. En vez de avanzar, ampliando los espacios de participación de la sociedad, éstos se limitarán, porque disminuirá necesariamente su peso político. ¿Ustedes creen que un secretario de Gobernación, por ejemplo, aceptará tratar con el responsable de la Conapred, dependiente de otra secretaría? ¿O qué pasará con Inmujeres y la Defensa Nacional, con la que tantos avances pudo concretar en el sexenio que termina?

Por esta comelitona burocrática, la Sedesol podría sufrir un severo “empacho institucional”. No es la vía para combatir la dispersión, sino para desalentar esfuerzos de muchos años y muchos grupos.- Mérida, Yucatán.

martes, 20 de noviembre de 2012

Hora del equipo presidencial

Dulce María Sauri Riancho
Los retos de Peña (3)

Se acerca la “hora cero” para Enrique Peña Nieto. En mayor o menor grado, cada seis años se renueva la esperanza de que -ahora sí- las cosas van a cambiar para mejorar, que el nuevo gobierno será más eficiente y menos corrupto que el que lo antecedió; que serán las y los más capaces, preparados y honorables quienes estarán al frente de las 20 dependencias que integran el gabinete del próximo Presidente de la República.

A las difíciles circunstancias de inseguridad en muchas regiones de México se suma el franco debilitamiento del Estado, que se refleja en el deterioro que experimentan muchas de las instituciones públicas desde que se agotó el modelo que rigió las relaciones políticas por más de 70 años. A partir de la alternancia del año 2000, habría tenido que comenzar a construirse uno nuevo, distinto y mejor del que teníamos, pero no sucedió. Por el contrario, el gobierno se vio arrinconado en múltiples áreas, tanto políticas como económicas. Establecer las bases de las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad es una tarea pendiente que tendrá que comenzar el próximo gobierno. Por eso Peña Nieto tendrá que combinar en su equipo talento, experiencia, determinación y entrega.

Con estas cualidades indispensables para las mujeres y hombres del próximo gabinete, hagamos un repaso a las funciones de las secretarías para acercar responsabilidades institucionales y perfil de las personas que estarían a cargo.

El nombramiento del secretario de Gobernación es quizá el más delicado de los veinte del “primer círculo”. Quien ocupe el cargo tendrá que reconstruir la red de relaciones políticas que hacen funcionar al gobierno en sus tres niveles -federal, estatal, municipal-, en las nuevas circunstancias de pluralidad, diversidad y respeto al federalismo. Peña Nieto ha anunciado su iniciativa para reintegrar a la Segob la importante función de la seguridad, lo que significará con certeza el fin de la Secretaría de Seguridad Pública. ¡Menuda carga! Espero que haya sido cuidadosamente ponderada en sus consecuencias, pues por la gravedad de los problemas en materia de inseguridad y violencia que viven muchas regiones del país, corremos el riesgo de que la acción de reconstrucción política quede postergada. El presidente Peña necesita a una persona que rebase con mucho las cualidades de un buen operador político, si lo que pretende es recuperar la visión y la función de Estado para su gobierno.

En los nombramientos para encabezar las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina ha privado, tradicionalmente, el respeto a la trayectoria realizada dentro de la dependencia, mucho más entre las fuerzas armadas que en el servicio exterior, que ha registrado algún titular “de fuera”. Para reconstruir la participación de México en el exterior, quizá Peña Nieto decida “sacudir el cotarro” e invitar a un personaje ajeno al servicio diplomático.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la reina de las dependencias en materia económica. No ha importado PRI o PAN en el gobierno, sus titulares son funcionarios formados en las filas de las finanzas, conocidos de los poderosos circuitos económicos internacionales. Las secretarías de: Economía, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura y Turismo tendrán que estar encabezadas por personas que, además de las relaciones en el propio sector, comprendan y tengan experiencia en materia económica y administrativa. A estas cualidades habría que añadir estatura política y capacidad de negociación para las y los titulares de las dependencias responsables de la política social, como las secretarías de Desarrollo Social, Trabajo y Salud.

Hago mención aparte de dos dependencias que en los últimos 12 años han estado bajo el “fuego graneado” de los compromisos político-partidistas en el nombramiento de sus titulares. Me refiero a la secretaría de Educación, con el sindicato de maestros (SNTE) y la de Medio Ambiente, que hace 12 años ocasionó la ruptura de la alianza política PAN-Partido Verde, al negarse Vicente Fox a nombrar a un improvisado para realizar esa delicada encomienda. Veremos cómo resuelve Peña Nieto ese compromiso con el partido ahora aliado del PRI. En cuanto a la Reforma Agraria, parece que recibirá “cristiana sepultura” en la próxima administración.

Los miembros del “equipo de transición” que nombró Peña Nieto a finales de septiembre no serán necesariamente los futuros titulares del gabinete, así lo dijo el mismo presidente electo, quien puntualizó que podría invitar a otras personas. El yucateco Jorge Carlos Ramírez forma parte del grupo de transición. La ex gobernadora Ortega está en espera, aunque se dice que su destino posiblemente sería la Secretaría de Turismo, tercer aportante de dólares a la economía del país. Sucedería a otra mujer, Gloria Guevara. Por cierto, el perfil de la actual titular nos muestra el lugar privilegiado que ocupó este sector en la administración federal que concluye: ingeniera de Sistemas, especializada en la Universidad Northwestern, desarrolló programas de educación y entrenamiento en 20 países, de los cinco continentes, para empresas trasnacionales vinculadas al turismo. Visión del mundo, experiencia en el sector, eso se requiere. Veremos muy pronto la vara de Peña Nieto para medir a las mujeres y hombres que lo acompañarán en su gobierno, al menos, en el primer tramo.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Las decisiones de Peña Nieto (2)


“Economía negra”, futuro incierto
Dulce María Sauri Riancho

“Economía negra”, así se califica al trabajo realizado fuera del amparo de las instituciones de seguridad social, como el IMSS y el Infonavit. Tal es el caso de quienes laboran “por su cuenta”, en su tiendita o comercio ambulante; los que trabajan en un taller que no tiene inscrito a sus empleados en el Seguro Social, entre otros grupos de trabajadores que en Yucatán ascienden a poco menos de la mitad del total de personas con responsabilidades laborales. No sólo se trata de la carencia de los servicios de salud, sino también de la falta de cotización para conseguir una vivienda y, lo que es muy relevante, de contar con una pensión para el futuro, cuando la ancianidad nos alcance. Si a esto le sumamos que los salarios de los trabajadores yucatecos son “… los más bajos del país…”, se comprenderá por qué muchos jóvenes de esta tierra deciden salir del estado o del país en búsqueda de un futuro mejor.

Esta situación, con distintos grados de intensidad, se presenta en todo México. Es lo que ocasiona que cada año, más de 300 mil personas se establezcan en los Estados Unidos para tratar de ganarse la vida, con documentos legales o sin ellos, y puedan así mandarles a sus familias el dinero duramente ganado. Este es el origen de las remesas, segundo rubro de ingresos de divisas (dólares) a las cuentas nacionales, después del petróleo.

Entonces, ¿qué hacer? Desde luego, dinamizar la economía para ampliar las oportunidades para obtener un trabajo “decente”, con salario digno y prestaciones que comprendan atención médica, vivienda y ahorro para el retiro. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la reforma laboral, enviada por el presidente Calderón en calidad de “iniciativa preferente” al Congreso de la Unión. Más allá de la culminación del proceso legislativo, todavía en trámite en la Cámara de Diputados, la reforma está “coja”, al menos en los propósitos y planteamientos que ha realizado Enrique Peña Nieto para el próximo gobierno que encabezará.

Me explico. Los cambios legislativos se proponen flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores, para así reducir el costo de la fuerza laboral para las empresas e incrementar su productividad, único camino para que crezca la economía. Pero si no se cuenta con el seguro contra el desempleo, esta reforma actuará contra los legítimos intereses de los trabajadores de mantener su trabajo y crear antigüedad que le permita gozar de una pensión cuando se jubilen. En contraparte, la propuesta del próximo presidente de la República sobre “seguridad social universal”, implicará, de llevarse a la práctica, que todas las personas cuenten con atención médica y posibilidades de recibir una pensión cuando cumpla más de 65 años. Cumplir con un propósito tan amplio y ambicioso sería la única manera de conjugar crecimiento económico con justicia social, a más de ampliar el derecho a un trabajo “decente” para todas y todos los mexicanos, independientemente si están inscritos en el IMSS, el Issste, o si trabajan en su hogar; esta última condición, tan importante para las mujeres dedicadas de tiempo completo a la atención de su familia.

El país puede competir con otras regiones del mundo a partir del abaratamiento de su fuerza laboral, en un vano intento de retener inversión o atraer a nuevas empresas a su territorio. Sin embargo, en un sistema económico globalizado, donde el trabajo a distancia (o teletrabajo), la robótica, la “inteligencia artificial” sustituyen capacidades humanas como por ejemplo, el ensamblaje de automóviles y televisiones, esta sería una apuesta perdida de antemano. En cambio, la “seguridad social universal” podría conjugar la dimensión económica y la competitividad, con las nuevas formas de organización que demanda la participación exitosa en la mundialización. Además, tendría un doble efecto sobre el desarrollo de la economía: por una parte, el fortalecimiento del mercado interno que, traducido a cuestiones concretas, significaría aumentar el poder de compra de las familias, su capacidad para adquirir bienes y demandar servicios generados en México por otros trabajadores, que al igual que ellos, se verían beneficiados. El otro efecto se ubicaría en la denominada “economía del cuidado”, que tiene que ver con la atención de las personas en todo su ciclo de vida, pero en particular cuando son más vulnerables, es decir, en la niñez y la ancianidad. Esta determinación implica, desde luego, jornada escolar de tiempo completo y una red de programas institucionales de atención a los adultos mayores.

¿Que la “seguridad social universal” cuesta mucho dinero? Sí, pero no tomar decisiones a tiempo tiene un costo mucho más elevado. La población mexicana es ahora predominantemente de jóvenes, pero tan pronto como en 2020, los demógrafos prevén que se acelerará el incremento del grupo de más de 65 años. ¿Quiénes se harán cargo de sostener a los adultos mayores, de garantizar su calidad de vida? ¿La organización familiar, que también se ha transformado? ¿O será una responsabilidad compartida entre las familias y la sociedad, con el apoyo y participación del gobierno? De las respuestas dependerá el rumbo del desarrollo del país para las próximas décadas: si los dólares enviados por los mexicanos en el extranjero continúan siendo fundamentales para sobrevivir en millones de hogares de todo el país, o si se vuelven un obsequio cariñoso de los parientes que están fuera de casa.- Mérida, Yucatán.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Las decisiones de Peña Nieto (1)


¿Una nueva frontera?
Dulce María Sauri Riancho

Dentro de un mes, el sábado 1 de diciembre, se inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal entraña hacerse cargo de la administración pública, de sus programas y presupuestos y de más de cuatro millones de trabajadores al servicio del Estado. No lo hará directamente, sino con el equipo que designará para ese propósito, encabezado por los secretarios de despacho y los directores de las empresas paraestatales. ¡Claro que son las especulaciones sobre las y los futuros integrantes del gabinete presidencial lo más sabroso de comentar! Lo haré con ustedes, amigos lectores, pero antes, tratemos de revisar cuáles son aquellos temas que pueden aportar un nuevo rumbo al desarrollo del país. Para este efecto, decidí seleccionar los tres sectores que al día de hoy son la principal fuente de divisas para la economía de México: Petróleo, Remesas y Turismo. Comienzo con el primero.

La venta de petróleo crudo al extranjero ha sido desde hace más de treinta años la fuente más importante de dólares para las arcas gubernamentales y riqueza que nos ha salvado en las crisis, como la de 1994-1995. Además, los impuestos y derechos que paga Pemex al fisco federal representan alrededor del 40% de la totalidad de los ingresos públicos. Ahora resulta que el petróleo, la “leche negra” de las entrañas de la tierra, está amenazado de agotamiento, que se necesitan cuantiosas inversiones y una nueva estrategia productiva para evitar que su declinación impacte severamente en las finanzas y el desarrollo de la economía nacional. En este sentido, Peña Nieto tendrá que tomar una crucial decisión sobre la estrategia a seguir el próximo sexenio: o instrumenta la exploración y producción petrolera en aguas profundas del Golfo de México, o aplica una estrategia de recuperación y explotación de los yacimientos existentes con nuevas tecnologías y procedimientos, desconocidos años atrás cuando numerosos pozos y campos petroleros fueron abandonados.

“Aguas profundas” quiere decir más de 500 metros hacia abajo desde la superficie del mar. Equivale a recorrer en bajada hacia el lecho marino una distancia equivalente a la que hay entre el Palacio de Gobierno y el parque de Santa Ana (500 metros) o entre la Plaza Grande y el Tecnológico de Mérida (4 kilómetros y medio) y a partir de ahí, perforar. La tecnología para encontrar petróleo en esas profundidades, extraerlo y bombearlo hasta la superficie es cara y de origen extranjero. El riesgo de perforar donde no hay petróleo es elevado; aun así, si los precios internacionales del crudo permanecen altos, esta “nueva frontera” podrá ser una opción.

Si la perforación en aguas profundas es la estrategia que prevalece en el próximo gobierno para la producción de petróleo crudo, tendrá que haber una amplia explicación a la sociedad mexicana sobre las razones para adoptarla, frente a la alternativa más barata y segura de rehabilitación y recuperación de yacimientos abandonados o ubicados en las llamadas “aguas someras” (menos de 300 metros).

Vale la pena detenerse a reflexionar sobre la posible participación de capital privado en estos “megaproyectos” de extracción de petróleo y gas. Aparte de Carlos Slim y su corporativo, difícilmente habrá capital mexicano con capacidad para disputarle a las grandes transnacionales petroleras esta inversión. Pemex es una empresa pública, con un régimen especial de tributación, lo que significa que el gobierno le quita vía diversos gravámenes, seis de cada 10 pesos de sus ingresos.

Si queremos garantizar equidad, Pemex tendría que pagarle al fisco federal los mismos impuestos que cualquier corporativo privado, lo que tendría como consecuencia una caída severa en los ingresos públicos no sólo de la federación, sino de todos los estados y los municipios, salvo que se realice la muchas veces postergada “reforma fiscal profunda” para compensar por otra vía los recursos que dejarán de percibir. Además, abrir paso a la inversión privada extranjera en petróleo sería una determinación que difícilmente se podría revertir, aunque hubiese razones de sobra para ello. En este terreno, “palo dado, ni Dios lo quita”, por lo que habrá que actuar con mucha cautela.

“¿Y los yucatecos, qué?”, se preguntarán, amigos lectores. Como ciudadanos y como contribuyentes, los aciertos del futuro gobierno los disfrutaremos, pero también podremos pagar sus errores de cálculo o su imprevisión. La zona del arrecife de “Los Alacranes” colinda con uno de los campos de exploración para extracción petrolera en aguas profundas. Si localizan yacimientos, comenzarán a explotarlos.

Lo menos que podemos hacer es organizarnos para exigir al gobierno federal y a Pemex la certificación internacional de seguridad para esas actividades, tal como tienen las empresas que trabajan en los campos petroleros del Mar del Norte.

Las profundidades pueden traer cosas buenas a la superficie, como es el caso del descubrimiento de un enorme depósito de agua dulce 2,000 metros abajo del lecho lacustre de la ciudad de México. Su explotación garantizaría el abasto de agua potable para toda la capital por muchos años, sin afectar lugares tan lejanos como Cutzamala. Desvelar los secretos de las profundidades, sean petroleras, fiscales, mantos acuíferos o la ciudad perdida de la Atlántida, exige prudencia, si lo que se busca es el bienestar colectivo y no la simple novedad o cesión a las presiones de los poderosos intereses económicos que las rondan y las prohíjan.

En la próxima: Seguridad Universal y Turismo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 25 de octubre de 2012

En la economía global: El Dragon Mart, ¿una oportunidad?


En la década de 1980 Japón y las empresas niponas se habían adueñado de la economía del mundo. Resurgida de las cenizas de la segunda guerra mundial, la sociedad japonesa dio ejemplo de trabajo y disciplina para superar las adversidades de la destrucción y el aislamiento. En tanto, en esa misma región asiática, otra nación, China, parecía mantenerse al margen de los grandes cambios que experimentaba la organización económica mundial. Encerrada entonces en su enorme territorio habitado por la quinta parte de la población del orbe, acicateada tal vez por la prosperidad de sus vecinos, los japoneses, el régimen socialista chino dio inicio a la transformación de su organización económica. Treinta años después, la economía japonesa no ha logrado recuperar la dinámica que la caracterizó en el siglo pasado. Su lugar en la región y en el mundo ha sido ocupado por China que, después de la apertura gradual de la década de 1990, ingresó a la Organización Mundial de Comercio en 2001, hasta ubicarse como la tercera economía mundial el pasado 2011.

En la imaginación colectiva mexicana pasa ahora con los productos chinos lo que sucedía con los japoneses en 1960. Se decía entonces que eran malas copias, que se descomponían pronto, aunque -eso sí- costaban poco. Recuerdo a mi abuelita que comparaba orgullosa a su máquina Singer alemana con las modestas y baratas marcas niponas. Lo mismo sucede ahora con China, sólo que sus productos abarrotan los anaqueles de cualquier tienda departamental, a diferencia de entonces que en muy contados lugares podía comprarse mercancía extranjera.

China es mucho más que sus 1,350 millones de habitantes, donde un porcentaje importante es pobre, aunque esta situación está mejorando aceleradamente. Podemos cerrar los ojos a esta realidad; engañarnos pensando que este país es un gran productor de baratijas, y olvidar que es una potencia que emerge con enorme fuerza en los nuevos territorios de la ciencia y la tecnología, desde la informática, computación, biotecnología, hasta la hazaña de poner a un ser humano en el espacio, sin dejar a un lado su desarrollo nuclear.

Las cifras de intercambio comercial entre México y China no son diferentes a las que presentan otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Esta nación asiática vende casi nueve veces más que lo que nos compra. Un porcentaje importante son insumos que utilizan las plantas ensambladoras mexicanas para producir equipos varios; otros más vienen como teléfonos celulares (el renglón más importante de las importaciones, 14%) y computadoras (por cierto, una empresa china compró la división de PC de IBM). A cambio, México vende petróleo, mineral de cobre y ¡automóviles!, como los rubros más importantes. En estas grandes cifras, los textiles y las prendas de vestir no figuran significativamente, porque hasta hace unos cuantos meses, los impuestos a la importación (aranceles compensatorios) eran muy elevados.

A grandes líneas, éste es el panorama en el que se enmarca el anuncio del proyecto Dragon Mart, a instalarse en Cancún. Recientes reportajes del Diario de Yucatán han aclarado varios puntos, entre otros, su carácter privado, pues son empresarios chinos y mexicanos -uno de ellos yucateco- los que invertirán en el desarrollo de un gran centro comercial al mayoreo en los terrenos inicialmente destinados a una pista de carreras de Fórmula Uno. Será una gran concentración de vendedores mayoristas de artículos producidos en China, que podrán contar con un sitio de exhibición y oficinas para atender a sus posibles clientes de América Latina y el Caribe, incluyendo México. Han anunciado también que habrá venta al menudeo de algunos bienes de consumo final, como vestido, calzado, juguetes, entre otros.

Qué le dice a Yucatán un proyecto como el Dragon Mart. En primer lugar, creo que destaca una cuestión que, una y otra vez, hemos señalado como ventaja para la península, pero particularmente para esta entidad: nuestra ubicación geográfica. Por esta sola condición no hubiese sido concebido un proyecto de esta naturaleza, pero si lo combinamos con la existencia en Cancún de un nudo de comunicaciones aéreas entre América Latina y el Caribe, con Europa y los Estados Unidos, adquiere mucho sentido la localización de oficinas para concertar intercambios comerciales que posiblemente concluyan en empresas o tiendas de Argentina, Guatemala o República Dominicana, por ejemplo. El Dragon Mart aspira a convertirse en un gran centro de negocios transoceánico, en que las empresas chinas vendan y las latinoamericanas y caribeñas compren.

Un proyecto de esta naturaleza se corresponde con la estrategia de expansión de la economía de China en el mundo entero. Poseedores de las mayores reservas monetarias internacionales, de un crecimiento espectacular de su economía, serán muy pronto vecinos presentes en la península yucateca. El modelo de localización y de asociación aplicado por los exportadores chinos pudiera ser replicado por empresarios locales, para el intercambio de otros bienes y servicios, aprovechando las sinergias que generará la apertura de una nueva actividad económica en un centro de primera importancia en materia de comunicaciones, como es Cancún. De nosotros depende vencer el miedo y tomar la oportunidad para repensar a Yucatán como parte de la economía global.- Mérida, Yucatán.

Giro radical a la política social


Dulce María Sauri Riancho

Recibí por correo electrónico una comunicación de Guillermo Mendicuti, presidente de la recién creada Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac), con una serie de interesantes precisiones sobre el trabajo que se propone realizar esta organización recién constituida. Convencida como estoy del desarrollo social como una tarea de envergadura colectiva que debe sumar las fuerzas de la sociedad y del gobierno, comparto con ustedes algunas reflexiones ante la afortunada coincidencia del inicio de los gobiernos municipales y estatal, del muy próximo de la administración federal y los loables propósitos de este grupo de empresarios yucatecos.

Sin duda se requiere dar un giro radical al conjunto de políticas públicas y programas que integran la política social de la administración estatal, tan maltrecha en los últimos cinco años. El gran reto consiste en alejarla del asistencialismo y acercarla a la sostenibilidad, es decir, que en un futuro determinado las personas beneficiadas puedan mantenerse por sí mismas, sin necesidad de la continua inyección de recursos presupuestales. Un postulado de esta naturaleza de ninguna manera implica que el gobierno se desatienda una responsabilidad fundamental para el bienestar de la mayoría, sino que aplique correctamente los recursos y consiga motivar a los grupos que atiende para propiciar su participación en las decisiones y en la aplicación y vigilancia de los programas.

En el mediano plazo, nada sustituye al “trabajo decente”, concepto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acuñó y aplica desde hace años para describir al empleo digno y bien remunerado que, además de ingreso adecuado y seguridad laboral, genera satisfacción personal y estima individual y familiar. Esto no sucede en Yucatán, donde una tercera parte de la población trabajadora se desempeña en la economía “informal” y tres de cada cinco desempleados son jóvenes mujeres y hombres a quienes poco les sirvió haber completado el ciclo obligatorio de 10 años en la escuela. Sí, Yucatán es el quinto estado con menor desempleo en el país pero, desgraciadamente, es también la cuarta entidad con los ingresos más bajos.

Por eso, la primera acción gubernamental tendrá que ser el fomento del empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y negocios yucatecos. Los frutos de una estrategia de este tipo no se ven en lo inmediato, por lo que el gobierno tiene que continuar atendiendo las urgencias de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, que integran un importante grupo de la población de Yucatán. La enorme complejidad administrativa que implica la correcta utilización del presupuesto asignado a los programas sociales federales se puede detectar en los trabajos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que enlista 273 programas y acciones por derechos sociales y bienestar económico. Desde luego que no todos operan en Yucatán, pero sí uno de los principales, “Oportunidades”, que atiende a tres de cada 10 familias yucatecas con becas, ayuda alimentaria y atención a la salud, por un monto en promedio de dos mil pesos mensuales para cada una.
Si el gobierno local se conforma con repartir cosas que sólo amortiguan por un corto tiempo una necesidad -despensa, cobijas, zapatos-, no estará conduciendo la política social sino practicando el asistencialismo, que tal vez le proporcione popularidad entre los beneficiados, pero no repercute en la solución definitiva de su pobreza. El gobierno tiene que ayudar a las familias pobres, particularmente a la población campesina, tan olvidada en los últimos años. Pero si la “política comunitaria” se queda en esas acciones, no habrá “desarrollo social” ni habrá dinero que alcance, a pesar de la austeridad y el ahorro.

Éste es el nicho de oportunidad para abrir la participación por parte del gobierno a las organizaciones de la sociedad. Ellas no han necesitado permiso para servir de múltiples formas a los más desamparados: albergues para ancianos y enfermos, comedores populares, centros de capacitación y atención a personas con discapacidad, entre múltiples acciones que reproducen cotidianamente el milagro de los panes y los peces. Pero una renovada actitud de apertura por parte del gobierno y la sociedad mucho ayudará. Por eso me gustó la expresión del presidente de la Feyac que, dice, ni agremia ni afilia organizaciones, sino que aspira a atender a todas en su camino hacia la institucionalización, lo que significará informar y capacitar para utilizar mejor las facilidades que otorga el actual régimen legal, que permite hacer deducibles fiscalmente las aportaciones que reciben, para utilizar íntegramente el régimen de donaciones que tiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, para elaborar proyectos dirigidos a las agencias donantes de México o del extranjero, entre otras.

Si además la Feyac cuenta con la experiencia de Adolfo Patrón y el Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y con la de Armando Palma y el Centro de Educación Chilero que lleva su nombre, habrán avanzado un buen trecho. Ahora, ¡a sacudir la modorra del asistencialismo!, y a integrar una verdadera política social.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Los primeros 10 días del nuevo gobierno: entre nubes de terciopelo


Dulce María Sauri Riancho

Periodo de “gracia” o “luna de miel”, lo cierto es que se percibe una distensión en el ambiente social yucateco. El mero cambio del titular del Ejecutivo del Estado significó un considerable alivio de los excesos de los últimos tiempos, a lo que se sumó el tradicional resurgimiento de la esperanza en que -ahora sí- tendremos un mejor gobierno que el anterior. Así, entre “nubes de terciopelo” han transcurrido los primeros 10 días y se comienzan a desgranar los compromisos del discurso inaugural de Rolando Zapata.

La secuencia de los eventos marca las prioridades del nuevo gobierno. Abrió con la presentación del Programa de Ajuste Financiero y Nueva Cultura de la Austeridad Pública, para poner remedio hacia adelante a los males de dispendio y frivolidad en el uso de los recursos provenientes de los impuestos, que se volvió una forma de gobernar en los últimos cinco años. El ahorro estimado para los tres últimos meses de 2012 -ciento cincuenta millones de pesos- parece poco frente a las enormes erogaciones en otros menesteres y las deudas por pagar, pero si se mantiene la disciplina y se vuelve parte integral del desempeño de las actividades del sector público, será mucho más que dinero lo que se logre, pues sería una nueva forma de concebir y realizar la función pública.

Luego siguió la instalación del Consejo Estatal de Salud. Por encima de sus laudables propósitos de mejorar la infraestructura y los servicios, se ubica una situación sanitaria de emergencia causada por el dengue cuyo portador, el Aedes Aegypti, parece haber sentado sus reales en Yucatán ante la negligencia y la dejadez de las instituciones responsables. Cómo estará la situación que el último día de gobierno se emitió el decreto de alerta sanitaria y, por si fuera poco, el representante presidencial al acto de toma de posesión de Rolando Zapata fue el mismísimo secretario de Salud del gobierno federal. La acción concreta e inmediata se tradujo en un fin de semana de recolección de cacharros y basura en las colonias de Mérida que, aún con deficiencias que los propios vecinos han estado denunciando, marcó una nueva forma de cooperación entre las autoridades estatales y municipales, indispensable para enfrentar esta grave amenaza.

La presentación de la Fundación del Empresariado Yucateco, A. C., con la presencia del gobernador, me hizo pensar que se comenzaban a desgranar las medidas para fomentar la economía y la productividad en el estado. Ya había habido un reconocimiento de la necesidad de reactivar la estrategia de promoción turística, ante el anuncio de la baja ocupación hotelera y el incierto panorama para fin de año, a pesar del interés por las profecías mayas del fin de la cuenta larga del tiempo. No fue así. La nueva Fundación estará enfocada al desarrollo social, económico y humano de la población de bajos ingresos del estado. No lo hará directamente, sino por medio de las más de 500 organizaciones civiles que calcula existen en la entidad.

La propuesta del gobernador sobre nuevo responsable de la Fiscalía del Estado recayó en una mujer de formación y experiencia, Celia Rivas. Ésta -a mi juicio- afortunada designación del Congreso comenzaría a cubrir el importante déficit femenino que padece el nuevo equipo de gobierno, con una persona que seguramente tendrá un desempeño a la altura de las circunstancias en ese complicado cargo.

Este primer recuento, ¿es para entusiasmarse? Sí, pero no tanto. La ansiada coordinación -que no subordinación- entre las autoridades estatales y del municipio de Mérida parece que no alcanzó al programa de bacheo emergente que ha emprendido el Ayuntamiento. El crédito de 14 millones daría mucho más si pudiese el Cabildo contar con la ayuda estatal que se suspendió días antes del cambio de gobierno. En cuanto a los empresarios, bienvenida su participación en los asuntos sociales y de combate a la pobreza, pero la pretensión de sostener las operaciones de la nueva Fundación con los recursos del impuesto estatal del 2.5% sobre nóminas, me parece que tendría que sopesarse cuidadosamente por dos situaciones: la primera, porque en su origen ese gravamen fue instituido para fomentar la construcción de infraestructura productiva y de apoyo a las actividades económicas de Yucatán; y la segunda, tiene que ver con la libertad de las mismas organizaciones, porque no creo que se trate de centralizar y mucho menos de controlar sus actividades, mucho menos de limitar su autogestión, que se vería restringida si la nueva Fundación se constituye en el único canal para que fluyan los recursos gubernamentales.

En espera permanece el anuncio formal del programa de emergencia para el campo. Además, es necesario enterar a la ciudadanía en forma amplia y clara sobre los cuestionados manejos de los anteriores funcionarios. De otra manera, sería muy difícil entender la “alerta roja” lanzada por el propio gobernador el 1 de octubre. Aún falta concluir con los relevos o ratificaciones de los secretarios y de los responsables de organismos descentralizados como la Japay, Cultur, entre otros. Y lo más importante, ante el desastroso resultado de imponer subsecretarios como “cuñas” para pagar favores políticos, saber si el nuevo gobernador dará la confianza a sus colaboradores para nombrar a su vez a sus equipos de trabajo. Mucho falta. Y estaremos pendientes.

Entre escepticismo y esperanza


Dulce María Sauri Riancho

Gobernador en el alambre

Si como decía don Jesús Reyes Heroles “la forma es fondo”, el lunes 1 de octubre asistimos los yucatecos al inicio de un cambio en la visión y el estilo de gobernar. Acorde con las recientes reformas a la Constitución de Yucatán, el nuevo gobernador no rindió protesta, sino “compromiso constitucional”, que es lo mismo, pero traducido al lenguaje jurídico en boga. A esto le sumamos que el evento comenzó casi a tiempo, cuando lo usual durante cinco años fue la impuntualidad en los distintos actos públicos.

El discurso inaugural conjugó tres elementos: lo que habrá de conservar de la administración que concluye, lo que tendrá que reconstruir y lo que se propone innovar. En cuanto a lo que habrá de preservar de su antecesora, destaca como único punto la seguridad, tan importante para la población de Yucatán. El secretario de Seguridad Pública fue ratificado en su cargo, como una garantía de que lo que bien se hizo, se reconocerá y fortalecerá en el futuro inmediato. Hasta allá.

Zapata Bello propuso un cambio de rumbo. No lo dijo con esas palabras, no era necesario. Pero reconocer el estado desastroso en que se encuentra el campo yucateco y el compromiso de una acción institucional urgente para rescatarlo dice mucho del abandono y desidia que caracterizaron a la administración saliente en este rubro. Al proponer una nueva orientación de la política social, dijo adiós -eso espero- a la estrategia del reparto de cosas -zapatos, cobertores, láminas de cartón, etcétera- que conformó durante cinco años la sustancia de las acciones gubernamentales para abatir el rezago y la marginación. En cambio, ofreció una estrategia basada en la salud, combate a la pobreza y empleos de calidad. En el renglón productivo, destacó al turismo, las exportaciones y el impulso a la plataforma logística para fomentar el crecimiento económico de la entidad.

Fue en la descripción del futuro ejercicio de gobierno donde se sintió más claramente el propósito de reconstrucción de una imagen deteriorada por la frivolidad y el dispendio. El nuevo titular del Ejecutivo yucateco comprometió un gobierno “austero y disciplinado”, en el que campee la “rigurosa honestidad” y se combata “ferozmente” a la corrupción. Estas palabras deben haber causado incomodidad y tal vez preocupación entre los funcionarios salientes, pues de llevarlas al terreno de los hechos se traducirían en investigaciones y procesos criminales contra más de uno. “Hay mucho qué hacer en la reducción del gasto no esencial”, dijo. Y haciendo gala del cumplimiento inmediato de este compromiso, convocó al día siguiente, martes 2, a la presentación del “Programa de Ajuste Financiero y Nueva Cultura de Austeridad en el Gasto Público”. No hay que olvidar que, a diferencia de su antecesora, de esto Zapata Bello sí conoce, pues fue secretario de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con el hoy famoso Luis Videgaray como presidente de la misma. Pero las cuestiones de reconstrucción gubernamental no quedaron allá: anunció el gobernador una “… profunda reforma y reorganización de la administración pública estatal, que tenga como eje el adelgazamiento de las estructuras gubernamentales…”.

Como un equilibrista en el alambre de las palabras y con la gobernadora saliente a un lado, Rolando Zapata trazó el perfil propio de la administración que encabeza desde el 1 de octubre. Tendrá, dijo, como principio “ancla” el de un gobierno realista: “… que no sueñe una realidad inexistente o viva de un ideal inalcanzable…”. Atrás quedó la mercadotecnia vacía de “tejer”, “apadrinar” o volver a Yucatán “tierra de sueños”, muchos de los cuales se convirtieron en pesadillas de incumplimiento. Continuó el deslinde con el pasado inmediato al expresar que su gobierno no ofrecerá lo que no pueda hacer ni asumirá gastos y compromisos financieros que no pueda sostener. Aún hay más: comprometió un gobierno “… que termine todo lo que inicia…”, lo que significará el fin de las “primeras” -y únicas- piedras; que entienda “perfectamente” que el realismo es lo que le da (al gobierno) seriedad y credibilidad.

La innovación más trascendente anunciada en el discurso inaugural de Zapata Bello se refiere a la manera como se propone construir las relaciones entre su gobierno y la sociedad yucateca. Asumió el compromiso de construir “con todos”, no sólo para todos, en una actitud abierta y proactiva a favor de la participación ciudadana. Habló del diálogo como sinónimo de gobernar y afirmó que la calidad del debate público califica la calidad de un gobierno. En lo que denominó su “credo político”, consignó sus creencias en la democracia de resultados, la libertad, la tolerancia y la cultura del éxito.

Una vez más sale a relucir el argumento del “beneficio de la duda” frente a un gobierno que empieza. La memoria me lleva a recordar otros discursos de inauguración que anunciaban nuevos y mejores tiempos, que conmovieron y lograron sembrar expectativas entre la población de México y de Yucatán. Pasaron los días y los años, y las palabras quedaron atrapadas en una realidad que abiertamente las contradijo. La invocación de Rolando Zapata al “optimismo perenne” de los yucatecos, “… a pesar de tener nublada el alma…”, me plantea una disyuntiva: hacerle caso a la razón, que me llama al escepticismo como forma de autoprotegerme frente a una potencial desilusión, o darme el lujo de abrir mi corazón a la esperanza. ¿Ustedes qué piensan, amigos lectores?

Innovar con imaginación


Dulce María Sauri Riancho

Los retos de Rolando (3)

A Rolando Zapata le corresponderá un tramo de seis años en los corchetes del tiempo político de Yucatán. Podría tomar la opción de limitarse a restaurar los mayores daños a la administración pública y de recuperar niveles razonables de eficiencia para llevar de la mejor manera el día a día. Pero si quiere innovar, el nuevo gobernador deberá abordar una tarea de mayor envergadura, que consiste ni más ni menos, que en la definición del papel de la sociedad yucateca  en la globalización mundial, es decir, cómo y en qué forma habremos de insertarnos en un proceso que se antoja como imparable.

El primer gran desafío de Zapata Bello será sacudir la frivolidad y el conformismo que permeó la actuación de las autoridades en los últimos tiempos, lo que nos lleva a la necesidad de repensar la estrategia para que Yucatán ocupe un lugar en el mundo. Son tres pasos básicos: uno, Imaginarla; dos, volverla proyectos; tres, organizarse conjuntamente gobierno y sociedad para aplicarla.

En esa primera parte, la de la imaginación, planteo tres ideas para darle a Yucatán identidad y participación en los procesos de mundialización de la economía y de la sociedad. Tienen que ver con la “cara oculta” de la riqueza que dispone esta entidad, en ubicación geográfica, recursos naturales y culturales.

No es nueva la propuesta para hacer uso de la ubicación geográfica del estado de Yucatán como puerta de entrada al Golfo de México y al Caribe. Es el asiento del proyecto “Plataforma Logística” que comenzó en la administración de Patricio Patrón y que registró pocos avances en los años recientes, para establecer una sinergia entre los servicios portuarios, carreteros y aéreos para la movilización de carga y pasajeros. Innovar sería cambiar el eje de sustentación del mar- el puerto de Progreso- y tierra –sólo carreteras, excluyendo ferrocarril-, al aire –aeropuertos, en particular el de Kaua-, pero también del tipo de carga a movilizar, en cuanto a su origen y destino. Me explico. La mayoría de los esfuerzos han estado concentrados en facilitar importaciones –como los granos- requeridas en la península de Yucatán y lograr exportar productos de la región. El planteamiento innovador consistiría en volver al aeropuerto de Kaua una especie de hub de carga aérea, en que las mercancías destinadas a América del Norte –Estados Unidos y Canadá-, procedentes de otras partes de América puedan pasar la certificación aduanera y migratoria en el mismo recinto aeroportuario, a partir de la cual podrían salir como carga doméstica a cualquier aeropuerto norteamericano, pues ya habría cumplido con los requisitos de importación. Miami, el aeropuerto de Estados Unidos que cumple esta función para las mercaderías procedentes de América Latina y el Caribe, está saturado, lo que hace que los servicios sean lentos y caros. Kaua está construido, subutilizado y es propiedad del gobierno estatal, que bien podría concertar un acuerdo con el gobierno federal para echar a andar una propuesta de esta naturaleza, que implicaría aduaneros y agentes migratorios norteamericanos y canadienses en suelo mexicano, como sucede en otras partes del mundo, como en la República Popular China.

La riqueza del subsuelo yucateco, el denominado “oro azul”, es el inmenso acuífero de los ríos subterráneos, cenotes y aguadas donde se conserva agua dulce, que año tras año es recargada por las lluvias. En el mundo se prevé escasez general de agua para beber y para la agricultura. No muy lejos, en el norte de México, las sequías azotan extensas regiones de Chihuahua este año, por citar un solo ejemplo. Para conservar y manejar en forma sustentable este recurso se requiere innovar, desde la visión hasta los programas encaminados a evitar su contaminación y la silenciosa privatización de extensas superficies, adquiridas sólo para disponer en un futuro de esa riqueza.

El carácter pluriétnico de la sociedad yucateca es una enorme riqueza en riesgo de desaparición. La forma de concebir el mundo de los mayas; su pensamiento cíclico del tiempo como un continuo proceso de renovación, están ahora amenazados por la incomprensión y la indiferencia sobre importancia de este legado. Ocupar un lugar en la globalización mundial demanda afirmar identidades, de las cuales lo maya para los yucatecos es un componente esencial. Pero la mayoría de las mujeres y los hombres mayas de hoy, padecen marginación y pobreza. Se requiere una acción estratégica de gran calado que empodere a la población maya y que a la vez sea símbolo visible del compromiso del Estado con el pueblo originario de Yucatán. Innovar en este sentido sería declarar la lengua maya como lengua oficial del estado, al igual que el castellano o español. Implicaría de entrada, por ejemplo, que todos los trámites oficiales, los anuncios y avisos de las oficinas públicas y las carreteras, serían en los dos idiomas. Sería sólo un primer paso, pero marcaría un camino para reivindicar una cultura constitutiva de la identidad yucateca.

Rolando Zapata Bello gobernador, puede y debe Innovar. Tendrá que tomar decisiones, organizarse, conseguir recursos, remover obstáculos burocráticos y combatir prejuicios. Ojalá así sea.

Los retos de Rolando (1)


Dulce María Sauri Riancho

Armar su gobierno

En una serie de tres artículos abordé el arranque de Renán Barrera al frente del Ayuntamiento de Mérida con la perspectiva que nos ofrecen tres procesos, cualitativamente distintos pero complementarios: armar, reconstruir e innovar. Comienzo ahora un ejercicio similar para el inicio de la administración estatal que encabezará Rolando Zapata Bello.

Para fortuna nuestra, el esfuerzo por imaginar la forma como el nuevo gobernador realizará la formación de su gabinete no lo tendremos que hacer “en el aire”, pues el pasado lunes, Rolando Zapata presentó su Equipo de Transición, un nutrido grupo de hombres (24) y de mujeres (4) a los que el gobernador en ciernes encargó doble tarea: cumplir con el proceso administrativo de entrega-recepción y ser testigos del desempeño de la nueva administración y del cumplimiento de los 227 compromisos suscritos durante la campaña electoral.

De entrada, creo que debemos celebrar la decisión de convocar a hombres y mujeres -todos ellos con amplio reconocimiento en sus campos de actividad y bien ganado prestigio personal- para enriquecer el desempeño de un gobierno y de sus integrantes. Es bueno también que Rolando se esfuerce por entretejer a su gobierno con la sociedad desde un principio, que multiplique los puentes entre ambas instancias, que fortalezca las vías y los mecanismos para interactuar. Si mantiene esta tónica y lo refrenda en cada paso trascendente que dé su administración, habrá marcado una diferencia profunda con el gobierno que termina.

Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas”. Dos cosas resultan preocupantes en esta primera decisión del nuevo gobierno: una, que la instrucción recibida para que el Equipo de Transición se aboque de inmediato a los asuntos de “largo aliento”, sin responsabilizarse en forma directa e inmediata del proceso de entrega-recepción de las distintas oficinas de la administración estatal. El nuevo gobernador, pero especialmente la sociedad, necesitan conocer, por lo menos, en dónde están parados y qué se puede hacer con lo existente y con las deudas. Además, Rolando Zapata tiene que sacudirse el sello de “continuismo” que su cercanía con la administración que concluye le puede imponer.

La segunda preocupación surge de la ambigüedad que acompañó a la presentación de este grupo de asesores y del anuncio, casi implícito o sobrentendido, de sus tareas y alcances. Bien se dice que el camello fue la propuesta a la que llegó un comité convocado para diseñar al caballo. En el caso que nos ocupa, están participando muchas personas, muy valiosas y experimentadas, dispuestas a hacer… ¿qué? ¿Con qué disponibilidad de tiempo? ¿Recibirán o no un pago por sus servicio? ¿De qué apoyos técnicos, económicos y humanos dispondrán?¿Cuáles son los plazos para entregar sus evaluaciones y cuáles sus alcances? Sus propuestas, ¿serán meros consejos, recomendaciones o adquirirán sentido vinculatorio, lo que significa que serán obligatoriamente atendidas por quien los invitó a participar?

El gobierno que concluye en estas semanas conformó un gran número de “consejos consultivos”. El tiempo y los acontecimientos nos permiten afirmar que ninguno de esos órganos colegiados se reunió con regularidad ni tuvo actuación digna de tomarse en cuenta. La inmensa mayoría de ellos sólo tuvo una sesión: la de su integración y “presentación en sociedad”. El riesgo de que esto se repita es alto y su costo sería sumamente elevado para un gobierno que inicia y para un gobernador que se comprometió a hacer las cosas de manera distinta.

La integración de este grupo de “notables” apunta algunas cuestiones que, de replicarse en el “armado” del equipo de gobierno, resultarían igualmente benéficas y prometedoras. Revisemos algunas. Se privilegió el carácter “ciudadano” y el talento profesional. No se notan distingos de edad ni exigencia partidista. Rolando Zapata está obligado a conformar su gabinete con personas capaces, no con amigos ni correligionarios. El gobierno que se inicia debe dar resultados inmediatos en cuestiones fundamentales para la sociedad yucateca, como la producción agropecuaria; la calidad educativa. La reducción de la plantilla burocrática, abultada exageradamente para cumplir compromisos políticos, y la calidad del gasto estatal; la normalización en los controles y en las tareas sanitarias y el mejoramiento sustancial de la calidad de los servicios de salud, son otros temas igualmente candentes.

Todo cambio supone buena dosis de esperanzas y conlleva una carga de expectativas. En el caso particular de Rolando Zapata, los contenidos que aportó a su campaña y el estilo mismo de proselitismo electoral que realizó, generaron grandes expectativas de que las cosas en Yucatán pueden mejorar. Es innegable que existe un sentimiento, se puede palpar, que habrá un cambio, para bien, con el relevo en la administración estatal. El tamaño y la extensión de estas esperanzas colectivas representan un doble reto para Rolando Zapata. Cuenta con una base social, con un grado de legitimación que le permitirá intentar grandes cosas pero que, de no responder a la intensidad y a la extensión de esas expectativas el “coletazo” de la sociedad sería muy duro y muy costoso, para él y para su gobierno. Por lo pronto y de aquí al lunes 1º de octubre, pensemos que un gobierno de “solamente las y los mejores” es posible para Yucatán y que Rolando Zapata está decidido a contratarlos.